AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Tercera)

de 27 de febrero de 2014

Asunto F‑32/13

Robert Walton

contra

Comisión Europea

«Función pública — Agente temporal — Asignación por cese en el servicio — Dimisión constatada mediante sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas — Determinación de la fecha de la dimisión — Fuerza de cosa juzgada — Decisiones de la AFPN convertidas en firmes a falta de recurso contencioso — Incumplimiento del procedimiento administrativo previo — Inadmisibilidad manifiesta»

Objeto:      Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, mediante el que el Sr. Walton solicita en esencia, por una parte, la anulación de un escrito de la Comisión Europea de 13 de abril de 2012 por el que la autoridad facultada para proceder a la contratación tomó posición en relación con su pretensión relativa al crédito que tiene sobre la Comisión, en particular, el pago de uno de los componentes de la indemnización por cese en el servicio, y, por otra parte, la anulación de la decisión de 9 de enero de 2013 por la que la AFPC desestimó la reclamación del demandante al respecto de 17 de septiembre de 2012.

Resultado:      Se declara el recurso manifiestamente inadmisible. El Sr. Walton cargará con sus propias costas y con las costas en que incurrió la Comisión Europea.

Sumario

Procedimiento judicial — Fuerza de cosa juzgada — Alcance

Un recurso es inadmisible debido a la fuerza de cosa juzgada de una sentencia anterior que resolvió un recurso que enfrentó a las mismas partes, se refirió al mismo objeto y se fundó en la misma causa. Para determinar la existencia de tal sentencia anterior, el acto cuya anulación se solicita es un elemento esencial que permite caracterizar el objeto de un recurso. Sin embargo, el hecho de que los recursos se dirijan contra decisiones distintas que la administración adoptó formalmente no basta para concluir que el objeto no es idéntico cuando dichas decisiones tienen un contenido sustancialmente idéntico y se basan en los mismos motivos.

Cuando un demandante impugna, como en el presente caso, la legalidad de decisiones que han devenido firmes, reconocer la admisibilidad de su recurso equivaldría a concederle la posibilidad de hacer que renazca a su favor un derecho de recurso contra estas decisiones, así como permitirle cuestionar la fuerza de cosa juzgada de las sentencias anteriores relativas a esas decisiones.

Respecto a la violación alegada del derecho a un procedimiento justo en caso de que procediese declarar la inadmisibilidad del recurso, las decisiones impugnadas adquirieron firmeza exclusivamente a causa de la inactividad del demandante, que decidió no interponer los recursos administrativos o judiciales a su disposición.

(véanse los apartados 40, 41, 48 y 49)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 19 de septiembre de 1985, Hoogovens Groep/Comisión, 172/83 y 226/83, apartado 9; 27 de octubre de 1987, Diezler y otros/CES, 146/85 y 431/85, apartados 14 a 16

Tribunal de Primera Instancia: 5 de junio de 1996, NMB Francia y otros/Comisión, T‑162/94, apartados 37 y 38

Tribunal General: 25 de junio de 2010, Imperial Chemical Industries/Comisión, T‑66/01, apartado 197

Tribunal de la Función Pública: 11 de junio de 2009, Ketselidis/Comisión, F‑72/08, apartado 33; 25 de febrero de 2014, Marcuccio/Comisión, F‑118/11, apartado 54