AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Tercera)

de 12 de septiembre de 2011

Asunto F‑98/10

Francesca Cervelli

contra

Comisión Europea

«Función pública — Funcionarios — Indemnización por expatriación — Solicitud de reconsideración — Hechos nuevos y sustanciales — Recurso manifiestamente inadmisible»

Objeto:      Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, mediante el cual la Sra. Cervelli solicita la anulación de la decisión de la Comisión que desestima su solicitud de reconsideración de la decisión que le denegó el beneficio de la indemnización por expatriación.

Resultado:      Se declara el recurso manifiestamente inadmisible. La demandante cargará con la totalidad de las costas.

Sumario

Funcionarios — Recursos — Recurso interpuesto contra la negativa a reconsiderar una resolución definitiva — Admisibilidad — Requisito

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

La decisión que no ha sido impugnada por el destinatario en los plazos previstos adquiere para él carácter definitivo. No obstante, la existencia de hechos nuevos y sustanciales puede justificar la presentación de una demanda de reconsideración de una decisión anterior que ha adquirido carácter definitivo.

Un recurso interpuesto contra una decisión denegatoria de la reconsideración de una decisión que haya adquirido carácter definitivo deberá declararse admisible si la solicitud de reconsideración resulta basarse efectivamente en hechos nuevos y sustanciales. Por el contrario, si la solicitud de reconsideración no se basa en tales hechos, deberá declararse la inadmisibilidad del recurso contra la decisión por la que se deniega la reconsideración solicitada.

Los efectos jurídicos de una sentencia que anula un acto sólo se refieren, además de a las partes, a las personas directamente afectadas por el propio acto anulado y tal sentencia sólo puede constituir un hecho nuevo con respecto a estas personas.

Por otra parte, una resolución que no proceda de la institución que emplea al interesado, sino de otra institución, no puede ser considerada tampoco un hecho nuevo y sustancial. A este respecto, aunque, con arreglo al principio de unicidad de la función pública, tal como se formula en el artículo 9, apartado 3, del Tratado de Ámsterdam, todos los funcionarios de todas las instituciones de la Unión se rigen por las mismas disposiciones, tal principio no implica que las instituciones deban hacer uso de forma idéntica de la facultad de apreciación que les ha conferido el Estatuto, dado que, al contrario, en la gestión de su personal, estas últimas gozan de un «principio de autonomía».

(véanse los apartados 19, 20 y 23 a 25)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 26 de septiembre de 1985, Valentini/Comisión (231/84), apartado 14; 8 de marzo de 1988, Brown/Tribunal de Justicia (125/87), apartado 13

Tribunal de Primera Instancia: 16 de septiembre de 1997, Gimenez/Comité de las Regiones (T‑220/95), apartado 72; 24 de marzo de 1998, Becret-Danieau y otros/Parlamento (T‑232/97), apartado 43; 7 de febrero de 2001, Inpesca/Comisión (T‑186/98), apartados 40, 47 y 48; 16 de septiembre de 2009, Boudova y otros/Comisión (T‑271/08 P), apartado 48