SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA UNIÓN EUROPEA (Juez único)

de 27 de octubre de 2015

Asunto F‑81/14

Vassilliki Labiri

contra

Comité de las Regiones de la Unión Europea

«Función pública — Funcionarios — Ejercicio de promoción 2013 — Decisión de no promover a la demandante — Artículo 45, apartado 1, del Estatuto — Comparación de méritos»

Objeto:      Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE mediante el cual la Sra. Labiri solicita la anulación de la decisión del Comité de las Regiones de la Unión Europea, divulgada mediante la comunicación al personal de 9 de octubre de 2013, que publica la lista de funcionarios promovidos al grado AD 13 en el marco del ejercicio de promoción 2013, de no promoverla al grado AD 13 respecto a dicho ejercicio.

Resultado:      Se desestima el recurso. La Sra. Labiri cargará con sus propias costas y con las del Comité de las Regiones de la Unión Europea.

Sumario

Recursos de funcionarios — Objeto — Orden conminatoria dirigida a la administración — Declaración — Inadmisibilidad

(Estatuto de los Funcionarios, art. 91)

El juez de la Unión carece de competencia para dirigir órdenes conminatorias a las instituciones. En efecto, en el marco de un recurso interpuesto al amparo del artículo 91 del Estatuto, resultan manifiestamente inadmisibles las pretensiones que tienen por objeto que el Tribunal de la Función Pública dirija órdenes conminatorias a la administración o que dicho Tribunal reconozca la procedencia de determinados motivos invocados para fundamentar las pretensiones de anulación, ya que no corresponde al juez de la Unión dirigir órdenes conminatorias a las instituciones de la Unión ni hacer declaraciones jurídicas de carácter general. Así sucede en el caso de aquellas pretensiones que tienen por objeto que el Tribunal de la Función Pública establezca la existencia de determinados hechos y ordene a la administración que adopte medidas destinadas a restablecer al interesado en sus derechos.

(véanse los apartados 19 y 20)

Referencia:

Tribunal de la Función Pública: auto de 29 de junio de 2010, Palou Martínez/Comisión, F‑11/10, EU:F:2010:69, apartados 29 a 31, y sentencia de 5 de julio de 2011, V/Parlamento, F‑46/09, EU:F:2011:101, apartado 63, y la jurisprudencia citada