Language of document : ECLI:EU:C:2016:127

Asuntos acumulados C‑443/14 y C‑444/14

Kreis Warendorf

contra

Ibrahim Alo

y

Amira Osso

contra

Region Hannover

[Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania)]

«Procedimiento prejudicial — Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951 — Artículos 23 y 26 — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 2011/95/UE — Normas relativas al contenido de la protección internacional — Estatuto de protección subsidiaria — Artículo 29 — Protección social — Requisitos de acceso — Artículo 33 — Libertad de circulación en el Estado miembro de acogida — Concepto — Restricción — Obligación de residencia en un lugar determinado — Trato diferente — Comparabilidad de las situaciones — Reparto equilibrado de las cargas presupuestarias entre las colectividades administrativas — Motivos relacionados con la política de migración e integración»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 1 de marzo de 2016

1.        Derecho de la Unión Europea — Interpretación — Textos plurilingües — Interpretación uniforme — Divergencias entre las diferentes versiones lingüísticas — Consideración de la estructura general y de la finalidad de la normativa de que se trate

(Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 33)

2.        Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Libertad de circulación en el Estado miembro — Alcance — Libertad de desplazarse y de escoger su lugar de residencia — Normativa nacional que impone una obligación de residencia a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria — Improcedencia

(Art. 78 TFUE, ap. 1; Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, art. 26; Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, considerandos 3, 4, 8, 9, 23, 24 y 39 y arts. 20, ap. 2, y 33)

3.        Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Libertad de circulación en el Estado miembro — Alcance — Libertad de desplazarse y de escoger su lugar de residencia — Normativa nacional que impone una obligación de residencia a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria que perciban determinadas prestaciones sociales específicas — Medida dirigida a llevar a cabo un reparto adecuado de la carga que supone el pago de dichas prestaciones — Improcedencia

(Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 29 y 33)

4.        Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Libertad de circulación en el Estado miembro — Normativa nacional que impone una obligación de residencia a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria que perciban determinadas prestaciones sociales específicas — Justificación — Integración de los nacionales de terceros países en el Estado miembro de que se trate — Procedencia — Requisitos — Trato equivalente de los nacionales de terceros países que se hallan en una situación comparable

(Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 33)

1.        Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 23 a 27)

2.        El artículo 33 de la Directiva 2011/95, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que una obligación de residencia impuesta a un beneficiario del estatuto de protección subsidiaria supone una restricción a la libertad de circulación garantizada por dicho artículo, aun cuando la referida medida no prohíba a ese beneficiario desplazarse libremente por el territorio del Estado miembro que le ha concedido dicha protección ni permanecer temporalmente en su territorio fuera del lugar designado por la obligación de residencia.

A este respecto, los considerandos 8, 9 y 39 de dicha Directiva indican que el legislador de la Unión quiso, en respuesta al llamamiento del Programa de Estocolmo, establecer un estatuto uniforme para todos los beneficiarios de protección internacional y que, en consecuencia, optó por conceder a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria los mismos derechos y prestaciones a que tienen derecho los refugiados, salvo las excepciones que sean necesarias y estén objetivamente justificadas. El artículo 33 de la Directiva 2011/95 puntualiza que la libertad de circulación que consagra se garantiza a los beneficiarios de protección internacional, lo cual implica que los refugiados y los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria están sujetos, a este respecto, al mismo régimen.

Pues bien, el artículo 26 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de refugiados cuya aplicación por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros sobre la base de conceptos y criterios comunes fomentan las disposiciones de la Directiva, garantiza a los refugiados el disfrute de la libertad de circulación al disponer expresamente que tal libertad no solamente engloba el derecho de viajar libremente por el territorio del Estado que les haya concedido el estatuto de refugiado, sino también el derecho de escoger su lugar de residencia en tal territorio. No hay ningún dato que indique que el legislador de la Unión optó por incluir en la Directiva 2011/95 únicamente el primero de dichos derechos y no el segundo. Una interpretación diferente implicaría que tal derecho sólo se garantizaría a los refugiados, creando así —pese a la falta de indicación explícita en este sentido en la referida Directiva— una distinción, contraria al objetivo de establecer un estatuto uniforme para todos los beneficiarios de protección internacional, entre el contenido de la protección que se garantiza a este respecto a los refugiados, por una parte, y a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria, por otra.

(véanse los apartados 28, 32, 34 a 36 y 40 y el punto 1 del fallo)

3.        Los artículos 29 y 33 de la Directiva 2011/95, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se imponga una obligación de residencia a un beneficiario del estatuto de protección subsidiaria que perciba determinadas prestaciones sociales específicas con el objetivo de llevar a cabo un reparto adecuado entre las distintas instituciones competentes en la materia de la carga que supone el pago de dichas prestaciones, si la normativa nacional aplicable no contempla la imposición de tal medida a los refugiados, a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el Estado miembro de que se trate por razones que no sean de Derecho internacional, humanitarias o políticas o a los nacionales de dicho Estado miembro que perciban tales prestaciones.

En efecto, por una parte, en virtud del artículo 33 de la Directiva 2011/95 y del artículo 26 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, pertinente para determinar el alcance de la libertad de circulación de los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria, dichos beneficiarios no pueden estar sujetos, en principio, por lo que respecta a la elección de su lugar de residencia, a un régimen más restrictivo que el aplicable a otros nacionales de terceros países que residan legalmente en el Estado miembro que les haya concedido dicha protección.

Por otra parte, en los dos supuestos contemplados en el artículo 29 de la Directiva 2011/95, los requisitos a los que se condicione el acceso de los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria a la asistencia social que les ofrece el Estado miembro que les haya concedido dicha protección deben ser los mismos a los que se supedite la concesión de tal asistencia a los nacionales de ese Estado miembro.

Es cierto que la normativa nacional podría prever válidamente que se impusiese una obligación de residencia a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria sin imponer tal medida a los refugiados, a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio del Estado miembro de que se trate por otras razones y a los nacionales de ese Estado miembro en caso de que tales colectivos no se hallasen en una situación objetivamente comparable en relación con el fin perseguido por dicha normativa.

No obstante, la circulación de las personas que perciben dichas prestaciones o su concentración desigual en el territorio del Estado miembro puede suponer un reparto inadecuado entre las distintas instituciones competentes en la materia de la carga que supone el pago de dichas prestaciones, sin que la eventual condición de beneficiario del estatuto de protección subsidiaria revista una relevancia particular a este respecto.

(véanse los apartados 42 a 45, 50, 54 y 55 y el punto 2 del fallo)

4.        El artículo 33 de la Directiva 2011/95, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se imponga una obligación de residencia a un beneficiario del estatuto de protección subsidiaria que perciba determinadas prestaciones sociales específicas con el objetivo de facilitar la integración de los nacionales de terceros países en el Estado miembro que le haya concedido dicha protección, aunque la normativa nacional aplicable no prevea la imposición de tal medida a los nacionales de terceros países que residan legalmente en dicho Estado miembro por razones que no sean de Derecho internacional, humanitarias o políticas que perciban tales prestaciones, siempre que los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria no se hallen en una situación objetivamente comparable, en relación con el fin perseguido por dicha normativa, a la de los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio del Estado miembro de que se trate por razones que no son de Derecho internacional, humanitarias o políticas, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional.

Podrá apreciarse tal diferencia de situación si el hecho de que un nacional de un tercer país que recibe asistencia social sea beneficiario de protección internacional implica que tendrá que hacer frente a mayores dificultades de integración que otro nacional de un tercer país que resida legalmente en el Estado miembro de que se trate y que reciba asistencia social.

Así podría ocurrir, en particular, si, por efecto de una norma nacional según la cual la residencia de los nacionales de terceros países que residen legalmente en dicho Estado miembro por razones que no son de Derecho internacional, humanitarias o políticas se supedita con carácter general a un requisito que tiene como fin que éstos estén en condiciones de subvenir a sus propias necesidades, dichos nacionales no pudiesen recibir asistencia social hasta que hubiesen residido legalmente de manera ininterrumpida durante un determinado período de tiempo en el Estado miembro de acogida. En efecto, tal residencia llevaría a presumir que los nacionales de terceros países afectados están suficientemente integrados en dicho Estado miembro, de modo que no se hallarían en una situación comparable a la de los beneficiarios de protección internacional en relación con el objetivo de facilitar la integración de los nacionales de terceros países.

(véanse los apartados 62 a 64 y el punto 3 del fallo)