Recurso interpuesto el 15 de julio de 2009 - Comisión de las Comunidades Europeas / Reino de España

(Asunto C-269/09)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: R. Lyal, y F. Jimeno Fernández, agentes)

Demandada: Reino de España

Pretensiones

Que se declare que al adoptar y mantener en el artículo 14 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio, una disposición por la que los contribuyentes que trasladan su residencia al extranjero están obligados a incluir cualquier renta no imputada en la base imponible del último ejercicio fiscal en el que hayan sido considerados contribuyentes residentes, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 19, 38 y 43 CE y de los artículos 28 y 31 del Acuerdo EEE.

Que se condene en costas al Reino de España.

Motivos y principales alegaciones

De conformidad con el artículo 14 de la Ley española sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el Patrimonio, los ingresos quedan sujetos a la tributación del año civil en que se perciban. No obstante, el apartado 2 de dicho artículo contiene reglas especiales que hacen posible la imputación de algunos tipos de ingresos a varios períodos impositivos. Sin embargo, en los casos en que el contribuyente traslada su residencia al extranjero, el apartado 3 del mismo artículo dispone que toda renta pendiente de imputación se incluya en la base imponible del último ejercicio fiscal en el que dicho contribuyente haya sido considerado residente.

La Comisión considera que la legislación española permite un trato discriminatorio en los casos en que una persona física traslada su residencia fuera de España y la normativa española debería aplicar la misma norma independientemente de que la persona física mantenga o no su residencia en territorio español.

Dicha normativa infringe el principio de libre circulación de personas dispuesto en los artículos 18, 39 y 43 del Tratado CE y en los artículos 28 y 31 del Acuerdo EEE.

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