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Recurso interpuesto el 9 de julio de 2008 - Comisión de las Comunidades Europeas / Reino de España

(Asunto C-306/08)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: A. Alcover San Pedro y D. Kukovec, agentes)

Demandada: Reino de España

Pretensiones

Que se declare que el Reino de España:

al atribuir los Programas de Actuación Integrada conforme a la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la Actividad Urbanística en la Comunidad Valenciana, ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a la Directiva 93/37/CEE1 del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, y particularmente sus artículos 1, 6, párrafo 6, 11, 12, así como el Título II de su Capítulo IV (artículos 24 a 29),

al atribuir los Programas de Actuación Integrada conforme a la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, desarrollada mediante el Decreto regional valenciano 67/2006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 6, 24, 30, 31, párrafo 4, apartado a), 48, párrafo 2, y 53 de la Directiva 2004/18/CE2 del Parlamento europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios.

Que se condene en costas al Reino de España.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión señala que la adjudicación de programas de actuación integrada, "PAI", un instrumento de desarrollo urbanístico establecido en la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana (LRAU) y su sucesora, la Ley 16/205, Urbanística Valenciana (LUV), se refieren a obras públicas, que deben adjudicarse siguiendo lo dispuesto en las Directivas 93/37/CE y 2004/18/CE. En otras palabras, la Comisión afirma que los PAI son contratos públicos de obras adjudicados por entidades locales que incluyen la realización de obras públicas de infraestructura por parte de agentes urbanizadores seleccionados por la Administración local.

La Comisión considera que la LUV infringe las Directivas comunitarias de contratación pública en varios aspectos, relativos, entre otros, a la posición privilegiada del primer licitador, a la experiencia de los licitadores en contratos similares, a la presentación de alternativas a la propuesta del primer licitador en sobre abierto, a la regulación de las variantes, a los criterios de la adjudicación de los PAI, a la posibilidad de modificar el contrato tras su adjudicación (por ejemplo, la posibilidad de incrementar las cargas de urbanización) y a la regulación de los supuestos de ejecución incompleta del contrato por parte del licitador adjudicatario. Algunas de estas infracciones son comunes a la LRAU y otras son específicas de la LUV.

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1 - DO L 199, p. 54

2 - DO L 134, p. 114