Language of document : ECLI:EU:F:2010:89

AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

de 14 de julio de 2010

Asunto F‑41/10 R

Moisés Bermejo Garde

contra

Comité Económico y Social Europeo (CESE)

«Función pública — Procedimiento sobre medidas provisionales — Demanda de suspensión de la ejecución — Urgencia — Inexistencia»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo a lo dispuesto en los artículos 278 TFUE y 157 EA, y en el artículo 279 TFUE, aplicables al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, por el que el Sr. Bermejo Garde solicita, en particular, que se suspenda la decisión del presidente del CESE, de 13 de abril de 2010, por la que se procede a su cambio de destino, a partir del 6 de abril de 2010, como jefe de unidad en la Dirección de logística del CESE.

Resultado: Se desestima la petición de medidas provisionales del demandante. Se reserva la decisión sobre las costas.

Sumario

1.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Urgencia — Carácter acumulativo

(Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 39 y anexo I, art. 7, ap. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 102, ap. 2)

2.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Perjuicio grave e irreparable — Carga de la prueba

(Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 102, ap. 2)

3.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Perjuicio grave e irreparable — Interés del demandante en obtener la suspensión solicitada — Decisión administrativa negativa

(Art. 278 TFUE)

4.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Competencia del juez de medidas provisionales — Pronunciamiento de órdenes conminatorias de carácter provisional

(Art. 279 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 39)

5.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Suspensión de ejecución de una decisión de cambio de destino

(Art. 278 TFUE)

1.      En virtud, por una parte, de lo dispuesto en los artículos 278 TFUE, 279 TFUE y 157 EA y, por otra parte, en el artículo 39 del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de la Función Pública en virtud de lo establecido en el artículo 7, apartado 1, del anexo I de dicho Estatuto, este Tribunal puede, si estima que lo exigen las circunstancias, ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado o dictar otras medidas provisionales. En virtud de lo dispuesto en el artículo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, las demandas de medidas provisionales especificarán el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista (fumus boni iuris) la concesión de la medida provisional solicitada. Los requisitos referentes a la urgencia y al fumus boni iuris son acumulativos, de manera que las demandas de medidas provisionales deben ser desestimadas cuando no se dé alguno de ellos. En el marco de este examen de conjunto, el juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la existencia de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma jurídica le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional.

(véanse los apartados 19 a 22)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 9 de agosto de 2001, De Nicola/BEI (T‑120/01 R, RecFP pp. I‑A‑171 y II‑783), apartados 12 y 13

Tribunal de la Función Pública: 31 de mayo de 2006, Bianchi/ETF (F‑38/06 R, RecFP pp. I‑A‑1‑27 y II‑A‑1‑93), apartados 20 y 22

2.      El procedimiento sobre medidas provisionales no tiene por finalidad asegurar la reparación de un perjuicio, sino garantizar la plena eficacia de la sentencia en cuanto al fondo. Para alcanzar este último objetivo, es preciso que las medidas solicitadas sean urgentes, en el sentido de que, para evitar que los intereses de la parte demandante sufran un perjuicio grave e irreparable, es necesario que tales medidas sean acordadas y comiencen a surtir efectos antes de que se dicte una resolución en el procedimiento principal. Además, corresponde a la parte que solicita las medidas provisionales aportar la prueba de que no puede esperar a que se resuelva el procedimiento principal sin sufrir un perjuicio grave e irreparable. A este respecto, el juez de medidas provisionales sólo puede tener en cuenta el perjuicio grave e irreparable alegado en la medida en que pueda afectar a los intereses de la parte que solicita la medida provisional.

(véanse los apartados 25, 28 y 85)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 25 de marzo de 1999, Willeme/Comisión [C‑65/99 P(R), Rec. p. I‑1857], apartado 62

Tribunal de Primera Instancia: 10 de septiembre de 1999, Elkaïm y Mazuel/Comisión (T‑173/99 R, RecFP pp. I‑A‑155 y II‑811), apartado 25; 21 de mayo de 2001, Schaefer/Comisión (T‑52/01 R, RecFP pp. I‑A‑115 y II‑543), apartado 47; 19 de diciembre de 2002, Esch-Leonhardt y otros/BCE (T‑320/02 R, RecFP pp. I‑A‑325 y II‑1555), apartado 27

3.      En principio, no está prevista la formulación de la demanda de suspensión de ejecución contra una decisión administrativa negativa, dado que la concesión de una suspensión no puede tener como efecto la modificación de la situación de la parte demandante. Sin embargo, podría considerarse la suspensión de ejecución de un acto negativo cuando mediante una decisión negativa se rechaza mantener la situación actual de un demandante, con la consiguiente modificación de dicha situación. En cambio, no puede ser objeto de tal suspensión una decisión negativa que no implica modificación alguna en la situación del demandante.

(véanse los apartados 38, 40 y 42)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 23 de marzo de 1988, La Terza/Tribunal de Justicia (76/88 R, Rec. p. 1741), apartado 18; 30 de abril de 1997, Moccia Irme/Comisión [C‑89/97 P(R), Rec. p. I‑2327], apartado 45

4.      El juez de medidas provisionales puede utilizar diferentes formas de intervención para responder a las exigencias específicas de cada caso concreto, es decir, no sólo órdenes conminatorias, ya que en nada prejuzgan la decisión del juez que resuelve en el asunto principal, sino asimismo una simple exhortación a respetar las disposiciones vigentes, pues una exhortación de ese tipo puede constituir un instrumento apropiado, acorde con los principios que regulan el procedimiento sobre medidas provisionales, y capaz de proporcionar provisionalmente una protección adecuada de los derechos del demandante.

(véase el apartado 44)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 12 de diciembre de 1995, Connolly/Comisión (T‑203/95 R, Rec. p. II‑2919), apartados 25, 43 y 44

5.      A la vista de la amplia facultad de apreciación de que disponen las instituciones para la organización de sus servicios, en consonancia con las misiones que se les confían y, de forma paralela, respecto a la provisión de destinos de su personal, una decisión de cambio de destino, aun cuando produzca inconvenientes a los funcionarios afectados, no es un acontecimiento anormal e imprevisible en su carrera. En tales circunstancias, la suspensión de la ejecución de una decisión como esa sólo puede justificarse por circunstancias imperativas y excepcionales que puedan causar un perjuicio grave e irreparable al funcionario afectado.

(véase el apartado 47)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 12 de julio de 1996, Presle/Cedefop (T‑93/96 R, RecFP pp. I‑A‑369 y II‑1093), apartado 45