Language of document : ECLI:EU:F:2010:97

AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

de 10 de septiembre de 2010

Asunto F‑62/10 R

Jürgen Esders

contra

Comisión Europea

«Función pública — Procedimiento sobre medidas provisionales — Demanda de suspensión de la ejecución — Cambio de destino — Reglas de rotación de los funcionarios en las representaciones de la Comisión — Urgencia — Inexistencia»

Objeto: Demanda, interpuesta con arreglo a los artículos 278 TFUE y 157 EA, así como el artículo 279 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, mediante la cual el Sr. Esders, funcionario de la Dirección General de la Comunicación de la Comisión en servicio en la representación en Alemania, solicita que se suspenda la ejecución de la resolución de 27 de julio de 2010 por la que se le destina a la sede de la Comisión con efectos a partir del 1 de septiembre de 2010.

Resultado: Se desestima la demanda de medidas provisionales interpuesta por el demandante. Se reserva la decisión sobre las costas.

Sumario

1.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Urgencia — Carácter acumulativo — Ponderación de todos los intereses en conflicto

(Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 39 y anexo I, art. 7, ap. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 102, ap. 2)

2.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Suspensión de la ejecución de una resolución de cambio de destino a un funcionario anteriormente destinado en una representación de la Comisión en otro Estado miembro — Requisitos para su concesión

(Art. 278 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 102, ap. 2)

1.      En virtud del artículo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, las demandas relativas a medidas provisionales deben especificar, en particular, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de las medidas provisionales solicitadas.

Los requisitos relativos a la urgencia y a la apariencia de buen derecho de la demanda fumus boni iuris son acumulativas, de modo que debe desestimarse una demanda de medidas provisionales en cuanto no concurre uno de dichos requisitos. El juez que conoce de las medidas provisionales procederá asimismo, en su caso, a la ponderación de los intereses en juego. En el marco de este examen de conjunto, el juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la existencia de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma de Derecho le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional.

(véanse los apartados 41 a 43)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 10 de septiembre de 1999, Elkaïm y Mazuel/Comisión (T‑173/99 R, RecFP pp. I‑A-155 y II‑811), apartado 18; 9 de agosto de 2001, De Nicola/BEI (T‑120/01 R, RecFP pp. I‑A-171 y II‑783), apartados 12 y 13

Tribunal de la Función Pública: 31 de mayo de 2006, Bianchi/ETF (F‑38/06 R, RecFP pp. I‑A‑1‑27 y II‑A‑1‑93), apartados 20 y 22

2.      La finalidad del procedimiento de medidas provisionales no es asegurar la reparación de un perjuicio, sino garantizar la plena eficacia de la sentencia sobre el fondo. Para alcanzar este objetivo, es preciso que las medidas solicitadas sean urgentes, en el sentido de que, para evitar que los intereses de la parte demandante sufran un perjuicio grave e irreparable, resulte necesario que tales medidas sean acordadas y surtan efectos desde antes de que se dicte una resolución en el procedimiento principal. Además, corresponde a la parte que solicita la concesión de medidas provisionales aportar la prueba de que no puede esperar el resultado del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de dicha naturaleza.

La constatación hecha por uno o varios médicos no puede bastar, por sí misma, para determinar que, sin la suspensión de la ejecución de la decisión por la que se destina a la sede a un funcionario anteriormente destinado en una representación de la Comisión en otro Estado miembro, éste corre el riesgo de sufrir un perjuicio grave e irreparable. En efecto, los autores de los certificados médicos presentados sólo escucharon el punto de vista del demandante, y no ha quedado acreditado, ni siquiera se ha alegado, que hayan podido disponer del conjunto de la información necesaria para comprender suficientemente el contexto profesional en cuestión.

(véanse los apartados 45 y 47)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 25 de marzo de 1999, Willeme/Comisión [C‑65/99 P(R), Rec. p. I‑1857], apartado 62

Tribunal de Primera Instancia: Elkaïm y Mazuel/Comisión, antes citado, apartado 25; 19 de diciembre de 2002, Esch-Leonhardt y otros/BCE (T‑320/02 R, RecFP pp. I‑A-325 y II‑1555), apartado 27

Tribunal de la Función Pública: 14 de julio de 2010, Bermejo Garde/CESE (F‑41/10 R), apartado 55