Language of document : ECLI:EU:C:2012:595





CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. YVES BOT

presentadas el 27 de septiembre de 2012 (1)

Asuntos acumulados C‑356/11 y C‑357/11

Asunto (C‑356/11)


O. y S.

contra

Maahanmuuttovirasto


y


Asunto (C‑357/11)


Maahanmuuttovirasto

contra

L.

[Peticiones de decisión prejudicial
planteadas por el Korkein hallinto‑oikeus (Finlandia)]

«Ciudadanía de la Unión – Derecho a la reagrupación familiar – Aplicabilidad de los principios que se desprenden de la sentencia Ruiz Zambrano – Reagrupante, progenitor de un niño ciudadano de la Unión habido de una primera unión – Derecho de residencia del nuevo cónyuge del reagrupante, nacional de un tercer Estado – Denegación basada en la falta de recursos suficientes – Derecho al respeto a la vida familiar – Obligación de tener en cuenta el interés del hijo menor de edad»





1.        ¿Puede el derecho de residencia en el territorio de un Estado miembro de un nacional de un tercer Estado derivarse de la ciudadanía de la Unión de un niño del que dicho nacional no es progenitor, sino padrastro?

2.        Esta es, en esencia, la cuestión planteada por el Korkein hallinto‑oikeus (Finlandia), a través de sus dos peticiones de decisión prejudicial.

3.        Estas peticiones se inscriben en el marco de los procedimientos seguidos contra sendas resoluciones del Maahanmuuttovirasto (Oficina Nacional de Inmigración) a instancia de la Sra. S., de nacionalidad ghanesa (C‑356/11), y de la Sra. L., de nacionalidad argelina (C‑357/11), (2) respectivamente, que habían solicitado un permiso de residencia para sus cónyuges, los Sres. O. y M., nacionales de terceros Estados, (3) al amparo del derecho a la reagrupación familiar consagrado por la Directiva 2003/86/CE. (4) El Maahanmuuttovirasto desestimó dichas solicitudes al considerar que los solicitantes no disponían de medios de subsistencia suficientes para residir en territorio finlandés.

4.        El órgano jurisdiccional remitente se plantea si dichas resoluciones son conformes a los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Ruiz Zambrano (5) y a la interpretación dada por éste a las disposiciones del Tratado FUE relativas a la ciudadanía de la Unión. En efecto, tanto la Sra. S. como la Sra. L. ejercen la guarda y custodia en exclusiva de un hijo, ciudadano de la Unión, habido de un primer matrimonio. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, habida cuenta de las circunstancias relacionadas con la situación familiar de los interesados, el Maahanmuuttovirasto no estaba obligado a conceder los permisos de residencia a los solicitantes para evitar que los hijos bajo la guarda y custodia exclusiva de las reagrupantes tuvieran que abandonar el territorio de la Unión Europea y se vieran privados, de ese modo, del disfrute de los derechos que les confiere su estatuto de ciudadanos de la Unión.

5.        Las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente invitan, en consecuencia, al Tribunal de Justicia a precisar el alcance y los límites de los principios establecidos en la sentencia Ruiz Zambrano, antes citada, en el contexto específico de una familia reconstituida en la que el solicitante del permiso de residencia no tiene ninguna responsabilidad parental ni económica con respecto al hijo menor ciudadano de la Unión.

I.      Marco jurídico

A.      Normativa de la Unión

1.      Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

6.        En virtud del artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (6) toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar.

7.        Además, según lo dispuesto en el artículo 24, apartado 2, de la Carta, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial en todos los actos referidos a los mismos, tanto si se llevan a cabo por autoridades públicas como por instituciones privadas. Con arreglo al artículo 24, apartado 3, de la Carta, el niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses.

2.      Directiva 2003/86

8.        La Directiva 2003/86 establece las condiciones en que se ejerce el derecho a la reagrupación familiar de que disponen los nacionales de terceros Estados que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros. A tenor de su segundo considerando, esta Directiva respeta los derechos fundamentales, y en particular el derecho al respeto de la vida familiar consagrado por el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (7) y por la Carta.

9.        El artículo 4 de dicha Directiva define el círculo de personas, miembros de la familia del reagrupante que pueden beneficiarse, en esa condición, de un derecho de residencia, entre los que se encuentra, según se establece en su artículo 4, apartado 1, letra a), el cónyuge del reagrupante.

10.      En cuanto a la regulación del examen de la solicitud de reagrupación familiar, el legislador de la Unión impone a los Estados miembros, con arreglo al artículo 5, apartado 5, de esta Directiva, la obligación de tener en cuenta el «interés mejor del menor». También habrán de tener en cuenta, con arreglo al artículo 17 de dicha Directiva, al denegar una solicitud, retirar el permiso de residencia o denegar su renovación, así como al dictar una decisión de expulsión del reagrupante o de un miembro de su familia, la naturaleza y la solidez de los vínculos familiares de la persona y la duración de su residencia en el Estado miembro, así como la existencia de lazos familiares, culturales o sociales con su Estado de origen.

11.      Sin embargo, los Estados miembros disponen de un margen de maniobra al aplicar los requisitos exigidos para ejercer el derecho a la reagrupación. De este modo, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86, podrán exigir al reagrupante que disponga de recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro de que se trate.

B.      Normativa finlandesa

12.      Con arreglo al artículo 37, apartado 1, de la Ley de extranjería (Ulkomaalaislaki), se considera miembro de la familia al cónyuge de una persona residente en Finlandia.

13.      En virtud del artículo 39, apartado 1, de dicha ley, se le concederá un permiso de residencia siempre que el extranjero disponga de medios de subsistencia suficientes. No obstante, las autoridades competentes podrán hacer una excepción a este requisito si lo justifican circunstancias de especial gravedad o lo exige el interés superior del menor.

14.      Por último, según el artículo 66 bis de la citada ley, cuando se solicita un permiso de residencia por razón de la existencia de un vínculo familiar, las autoridades competentes deben, al examinar la solicitud, tener en cuenta la naturaleza y la solidez de los vínculos familiares del extranjero y la duración de su estancia en el Estado miembro de que se trate, así como la existencia de vínculos familiares, culturales o sociales con su Estado de origen.

II.    Hechos de los procedimientos principales

A.      Asunto C‑356/11

15.      La Sra. S., nacional de Ghana, es titular de un permiso de residencia permanente en Finlandia. El 4 de julio de 2001, contrajo matrimonio con un nacional finlandés con el que tuvo un hijo nacido el 11 de julio de 2003. Este último es ciudadano de la Unión, al tener nacionalidad finlandesa. Sin embargo, jamás ha hecho uso de su derecho a la libre circulación. Desde del 2 de junio de 2005, la Sra. S. tiene encomendada la guarda y custodia exclusiva de este hijo. El 19 de octubre de 2005 se divorció. El padre del niño vive en Finlandia. De la resolución de remisión se desprende que, durante su estancia en Finlandia, la Sra. S. ha estudiado, ha disfrutado del permiso de maternidad, ha aprendido una profesión y desempeñado un trabajo.

16.      El 26 de junio de 2008, la Sra. S. contrajo matrimonio con el Sr. O., nacional de Costa de Marfil. Basándose en esta circunstancia, este último presentó ante el Maahanmuuttovirasto una solicitud de permiso de residencia. De su unión nació en Finlandia, el 21 de noviembre de 2009, un niño que es nacional de Ghana y cuya custodia ejercen conjuntamente sus padres. El Sr. O. convive con la Sra. S. y los dos niños en el mismo domicilio. De la resolución de remisión se desprende que el 1 de enero de 2010 el Sr. O. firmó un contrato de trabajo por una duración de un año. Con arreglo a dicho contrato, la jornada laboral normal era de ocho horas diarias, y el salario de 7,50 euros la hora. No obstante, según la resolución de remisión, el solicitante no ha acreditado documentalmente haber trabajado efectivamente en virtud de dicho contrato.

17.      Mediante resolución de 21 de enero de 2009, el Maahanmuuttovirasto desestimó la solicitud de permiso de residencia formulada por el Sr. O. basándose en el artículo 39, apartado 1, primera frase, de la Ley de extranjería, por considerar que no disponía de medios de subsistencia suficientes. Además, no consideró necesario hacer una excepción a este requisito, como permite dicha Ley cuando concurren circunstancias de especial gravedad o lo exige el interés superior del menor.

18.      Posteriormente, el Helsingin hallinto‑oikeus (Tribunal Administrativo de Helsinki) (Finlandia) desestimó el recurso de anulación interpuesto contra la citada resolución. La sentencia desestimatoria fue recurrida en casación ante el órgano jurisdiccional remitente por el Sr. O. y la Sra. S.

B.      Asunto C‑357/11

19.      El asunto C‑357/11 presenta grandes similitudes con el asunto C‑356/11, dado que el vínculo que une al niño ciudadano de la Unión con el solicitante surge, igualmente, en el marco de una familia reconstituida. En cambio, los hechos del procedimiento principal difieren, especialmente, en lo que respecta al lugar de residencia actual del solicitante.

20.      En este asunto, la Sra. L., de nacionalidad argelina, obtuvo un permiso de residencia permanente a raíz de su unión con un nacional finlandés, de la que nació, en 2004, un niño, de nacionalidad finlandesa, que jamás ha hecho uso de su derecho a la libre circulación. Mediante sentencia de divorcio de 10 de diciembre de 2004, se otorgó a la Sra. L. la guarda y custodia exclusiva del hijo. El padre de este niño reside en Finlandia.

21.      El 19 de octubre de 2006, la Sra. L. contrajo matrimonio con el Sr. M., de nacionalidad argelina. Éste había llegado legalmente a Finlandia en marzo de 2006, donde solicitó asilo político y donde, según sus alegaciones, convivió con la Sra. L. a partir de abril de 2006. En octubre de 2006, el Sr. M. fue devuelto a su Estado de origen. El 29 de noviembre de 2006, la Sra. L. solicitó ante el Maahanmuuttovirasto que se concediera al Sr. M. un permiso de residencia, basándose en su unión y, el 14 de enero de 2007, la Sra. L. dio a luz a un niño, de nacionalidad argelina, cuya guarda y custodia corresponde a la pareja. No ha quedado probado que el Sr. M. haya llegado a conocer a su hijo.

22.      De la resolución de remisión se desprende que la Sra. L. nunca ha desempeñado una actividad profesional durante su estancia en Finlandia y que sus ingresos provienen de una pensión mínima de subsistencia y de otras prestaciones.

23.      El Maahanmuuttovirasto desestimó la solicitud de permiso de residencia del Sr. M. por motivos idénticos a los indicados al analizar la solicitud de permiso de residencia del Sr. O. en el asunto C‑356/11. En cambio, esta resolución fue anulada por el Helsingin hallinto‑oikeus, lo que condujo al Maahanmuuttovirasto a interponer recurso de casación contra dicha sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente.

24.      En las presentes peticiones de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se interroga acerca de la aplicabilidad de los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Ruiz Zambrano, antes citada. En efecto, se pregunta si no puede ocurrir que, ante la denegación por parte del Maahanmuuttovirasto del permiso de residencia a los solicitantes, sus esposas y los niños bajo la custodia de éstas se vean obligados a abandonar el territorio de la Unión para poder vivir juntos.

III. Cuestiones prejudiciales

25.      En este contexto, y para disipar sus dudas, el Korkein hallinto‑oikeus ha resuelto suspender los procedimientos y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, formuladas en idénticos términos en lo que se refiere a la primera de ellas:

–        En el asunto C‑356/11:

«1)      ¿Es contrario al artículo 20 TFUE denegar a un nacional de un tercer Estado un permiso de residencia por carecer de medios de subsistencia, si las relaciones familiares son tales que su cónyuge tiene la guarda y custodia de un hijo ciudadano de la Unión y el nacional del tercer Estado no es ni progenitor de dicho menor, ni le corresponde su guarda y custodia?

2)      En caso de responderse a la primera pregunta de forma negativa, ¿debe valorarse el efecto del artículo 20 TFUE de otro modo si el nacional del tercer Estado que no posee permiso de residencia vive con su cónyuge y con el menor ciudadano de la Unión, sobre el que el cónyuge ejerce la guarda y custodia?»

–        En el asunto C‑357/11:

«1)      ¿Es contrario al artículo 20 TFUE denegar a un nacional de un tercer Estado un permiso de residencia por carecer de medios de subsistencia si las relaciones familiares son tales que su cónyuge tiene la guarda y custodia de un hijo ciudadano de la Unión y el nacional del tercer Estado no es progenitor de dicho menor, ni le corresponde su guarda y custodia ni tampoco vive con su cónyuge o con el menor en cuestión?

2)      En caso de responderse a la primera pregunta de forma negativa, ¿debe valorarse el efecto del artículo 20 TFUE de otro modo si el nacional del tercer Estado, que no posee permiso de residencia y no vive en Finlandia, y su cónyuge tienen un hijo cuya guarda y custodia ejercen conjuntamente, que vive en Finlandia y es ciudadano de un tercer Estado?»

26.      Las partes en el procedimiento principal, los gobiernos danés, alemán, italiano, neerlandés y polaco, así como la Comisión Europea han presentado sus observaciones.

IV.    Análisis

27.      Mediante sus primeras cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente pretende, fundamentalmente, averiguar si las disposiciones del Tratado relativas a la ciudadanía de la Unión han de interpretarse en el sentido de que confieren a un nacional de un tercer Estado un derecho de residencia en el Estado miembro en el que residen legalmente su cónyuge, también nacional de un tercer Estado, y el hijo de éste, ciudadano de la Unión nacido de un primer matrimonio, y ello pese a la falta de medios de subsistencia suficientes del solicitante.

28.      Con esta cuestión, se solicita al Tribunal de Justicia que precise el alcance y los límites de los principios establecidos en la sentencia Ruiz Zambrano, antes citada, en el contexto específico de una familia reconstituida en la que uno de los progenitores ejerce la guarda y custodia exclusiva de un hijo, ciudadano de la Unión, habido de un primer matrimonio.

29.      Se trata de saber si, a la vista de esa jurisprudencia, el Estado miembro está obligado a conceder al solicitante un permiso de residencia pese a no ser progenitor del niño ciudadano de la Unión y no ejercer ninguna responsabilidad parental respecto de él, so pena de obligar a la nueva familia a abandonar el territorio de la Unión y, por consiguiente, de privar a este niño, según la expresión utilizada por el Tribunal de Justicia, «del disfrute efectivo de la esencia de los derechos vinculados al estatuto de ciudadano de la Unión».

30.      En el supuesto de que el Tribunal de Justicia considerara que el Estado miembro no está obligado a conceder tal permiso, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, mediante las segundas cuestiones planteadas, si procede interpretar dichas disposiciones del Tratado de manera diferente, habida cuenta de las circunstancias relacionadas con la situación familiar de cada uno de los solicitantes. En el asunto C‑356/11, el solicitante, su cónyuge y el hijo de ésta, ciudadano de la Unión viven bajo el mismo techo en Finlandia. En cambio, en el asunto C‑357/11, el solicitante regresó a su Estado de origen, pero tiene, con su cónyuge, un hijo, que tiene la nacionalidad de un tercer Estado, y este niño reside en Finlandia y se encuentra bajo la patria potestad de sus dos progenitores. (8)

31.      Examinaré estas cuestiones teniendo en cuenta no sólo las disposiciones del Tratado relativas a la ciudadanía de la Unión y en particular su artículo 20, sino también la Directiva 2003/86.

32.      En cambio, las disposiciones relativas al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros contenidas en la Directiva 2004/38/CE, (9) no servirán para estos fines al no ser, según mi parecer, aplicables al caso.

33.      De acuerdo con una reiterada jurisprudencia, la Directiva 2004/38 reconoce derechos de entrada y de residencia en un Estado miembro no a todos los nacionales de terceros Estados, sino únicamente a aquellos que son miembros de la familia, en el sentido del artículo 2, punto 2, de esta Directiva, de un ciudadano de la Unión que haya ejercido su derecho de libre circulación estableciéndose en un Estado miembro distinto del de su nacionalidad. (10) En efecto, como lo ha vuelto a recordar recientemente el Tribunal de Justicia en la sentencia Dereci y otros, (11) un ciudadano de la Unión, que nunca ha hecho uso de su derecho de libre circulación y que siempre ha residido en un Estado miembro cuya nacionalidad posee, no está incluido en el concepto de «beneficiario» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38, por lo que ésta no le es aplicable. Pues bien, en este contexto, el miembro de su familia tampoco está incluido en este concepto dado que los derechos conferidos por esta Directiva no son derechos propios, sino derechos derivados, adquiridos en condición de miembro de la familia del beneficiario. (12)

34.      En el caso de autos, los ciudadanos de la Unión afectados, a saber, los hijos de las Sras. S. y L., nunca han hecho uso de su derecho de libre circulación y siempre han residido en Finlandia, el Estado miembro cuya nacionalidad poseen. Por ello, considero que, como subraya, por otra parte la Comisión en sus observaciones, esos niños no están incluidos en el concepto de «beneficiario», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38, de manera que ésta no les resulta aplicable ni a ellos mismos, ni a los miembros de sus familias.

A.      Sobre la aplicabilidad de las disposiciones del Tratado relativas a la ciudadanía de la Unión

35.      Antes que nada, debe señalarse que los hijos de la Sra. S. y de la Sra. L. gozan, en su calidad de nacionales de un Estado miembro, del estatuto de ciudadano de la Unión, en virtud del artículo 20 TFUE, apartado 1, y pueden, por lo tanto, invocar los derechos correspondientes a tal estatuto, incluso frente al Estado miembro cuya nacionalidad poseen.

36.      En el asunto que dio lugar a la sentencia Ruiz Zambrano, antes citada, el Tribunal de Justicia, basándose principalmente en esta disposición, se opuso a medidas nacionales que tenían por efecto privar a los ciudadanos de la Unión del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por su estatuto de ciudadano de la Unión. (13)

37.      En dicho asunto, se solicitaba al Tribunal de Justicia que precisase si la negativa de un Estado miembro a conceder el permiso de residencia y de trabajo a un nacional de un tercer Estado traía consigo tal consecuencia cuando dicho nacional asumía la manutención de sus hijos de corta edad, que, como nacionales de dicho Estado miembro, ostentaban la ciudadanía de la Unión. El Tribunal de Justicia consideró que tal negativa tendría como consecuencia que los menores se verían obligados a abandonar el territorio de la Unión para acompañar a sus progenitores, viéndose así privados de la posibilidad de ejercer la esencia de los derechos que les confiere su estatuto de ciudadano de la Unión. (14)

38.      A mi parecer, estos principios no pueden extrapolarse a situaciones como las que se dirimen en el procedimiento principal.

39.      En efecto, los asuntos de los procedimientos principales presentan diferencias sustanciales con el asunto de que dimana la sentencia Ruiz Zambrano, antes citada.

40.      Se desprende de los autos que los solicitantes no son padres de los niños de corta edad ciudadanos de la Unión. No asumen, en modo alguno, la patria potestad con respecto a ellos ni tampoco garantizan su subsistencia. La guarda y custodia de dichos niños está encomendada en exclusiva a sus respectivas madres, que, en consecuencia, asumen solas su manutención y educación. Por lo tanto, la resolución del Maahanmuuttovirasto denegando el permiso de residencia solicitado no priva a los ciudadanos de la Unión de su respectivo padre ni tampoco de medios de subsistencia, dado que éstos son proveídos por sus madres, únicas titulares de la guarda y custodia, que, recuérdese, disfrutan de un permiso de residencia permanente en Finlandia.

41.      Ciertamente, no puede excluirse que las Sras. S. y L. decidan seguir a sus esposos a sus respectivos Estados de origen, con el fin de preservar la unidad de su vida familiar. El hecho de que su hijo tenga la ciudadanía de la Unión no puede implicar, por otra parte, «confinarlas» en el territorio de la Unión, cuando las propias autoridades judiciales de la Unión les han atribuido el pleno ejercicio de la patria potestad.

42.      En cualquier caso, si sus madres optaran por marcharse –lo cual considero poco probable, especialmente en el asunto C‑357/11, por las razones que expondré–, los niños de corta edad, ciudadanos de la Unión, no tendrían, en efecto, otra elección que la de abandonar el territorio de la Unión y perderían, en consecuencia, el disfrute de los derechos que les confiere su estatuto de ciudadano de la Unión. Con todo, creo que el abandono del territorio de la Unión sería resultado de una libre elección de las madres, por razones relacionadas con el mantenimiento de la vida familiar y no el resultado de una imposición de la legislación nacional.

43.      Pues bien, si nos atenemos a los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Dereci y otros, antes citada, no cabe pensar que los hechos alegados puedan ser constitutivos de una infracción al artículo 20 TFUE. En efecto, en el asunto en que se dictó dicha sentencia, el Tribunal de Justicia realizó una interpretación particularmente estricta de los criterios establecidos en la sentencia Ruiz Zambrano, antes citada. En el apartado 68 de su análisis, puntualizó que, tratándose de un ciudadano de la Unión, el sólo hecho de que pueda parecer deseable que un miembro de su familia, nacional de un tercer Estado, obtenga un permiso de residencia por razones de orden económico o por motivos relacionados con el mantenimiento de la unidad familiar no basta por sí mismo para considerar que el ciudadano de la Unión se va a ver obligado a abandonar el territorio de la Unión si ese permiso no es concedido.

44.      Los motivos que determinan la partida del ciudadano de la Unión del territorio de la misma están, por lo tanto, particularmente limitados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Se refieren a situaciones en las que el ciudadano de la Unión no tiene otra elección que la de seguir al interesado al que se ha denegado el derecho de residencia, por estar a cargo de éste y depender enteramente de él para asegurar su subsistencia y satisfacer sus propias necesidades.

45.      Estas situaciones pueden afectar a progenitores nacionales de terceros Estados que tienen a su cargo hijos de corta edad ciudadanos de la Unión, como ocurría en el asunto en que se pronunció la sentencia Ruiz Zambrano, antes citada. Pueden también referirse a hijos mayores de edad que tienen a su cargo a un progenitor, por razón de enfermedad o invalidez. En cambio, no pueden referirse al nacional de un tercer Estado que no ejerce ninguna responsabilidad con respecto al ciudadano de la Unión, ni parental ni económica. En otro caso, existiría, en efecto, el riesgo de fundamentar un derecho de residencia de los nacionales de terceros Estados únicamente en el artículo 20 TFUE y al margen de las disposiciones de Derecho derivado expresamente establecidas por el legislador de la Unión, en particular, a través de la Directiva 2003/86.

46.      No creo que proceda modificar esta apreciación en función de las circunstancias particulares contempladas por el órgano jurisdiccional remitente en sus segundas cuestiones prejudiciales.

47.      Por lo que se refiere al asunto C‑356/11, la situación familiar del solicitante se caracteriza por el hecho de que vive en Finlandia y convive con su cónyuge y el hijo de éste.

48.      Es evidente que de esta circunstancia no se desprende que exista un vínculo de filiación entre el solicitante y el ciudadano de la Unión y que la misma no modifica la conclusión de que, pese a la convivencia de la pareja, únicamente la madre del niño ciudadano de la Unión garantiza su subsistencia, al tener la guarda y custodia exclusiva de dicho menor y ser la única que ejerce una actividad por cuenta ajena. A este respecto, debe recordarse que el solicitante no ha logrado demostrar que desempeñase realmente una actividad profesional.

49.      Por lo que se refiere al asunto C‑357/11, la situación familiar del solicitante se caracteriza por el hecho de que fue devuelto a su Estado de origen y tiene, con su cónyuge, un hijo que es nacional de un tercer Estado, que reside en Finlandia y que se halla bajo la responsabilidad conjunta de sus dos progenitores.

50.      En mi opinión, esta circunstancia no tiene ninguna consecuencia en relación con la interpretación que propongo del artículo 20 TFUE, en la medida en que la existencia de otro niño, nacional de un tercer Estado, no afecta al propio estatuto del niño ciudadano de la Unión.

51.      Es verdad que la existencia de este segundo niño puede determinar la decisión de la madre de seguir a su esposo a su Estado de origen, obligando, por consiguiente, al niño ciudadano de la Unión a abandonar el territorio de ésta. Ahora bien, como he señalado, tal consecuencia no resultaría de una obligación impuesta por la aplicación de la legislación nacional, sino más bien de una decisión deliberada de la madre.

52.      Los hechos del asunto C‑357/11 lo demuestran especialmente bien. En efecto, según consta en autos, el solicitante nunca ha conocido a su hijo. En otros términos, desde que regresó a su estado de origen, la Sra. L., madre del niño ciudadano de la Unión, nunca se desplazó a Argelia para volver a ver a su esposo y presentarle a su hijo. De igual forma, y aunque su expulsión no parece llevar aparejada una prohibición de entrada en el territorio, el solicitante no ha considerado necesario visitar a los miembros de su familia que quedaron en Finlandia. Si se tiene en cuenta que la Sra. L. reside legalmente en Finlandia desde hace nueve años, período en el que tuvo un primer hijo de nacionalidad finlandesa, que tiene un permiso de residencia permanente en dicho Estado, donde obtiene ingresos y que sólo convivió con su pareja durante un período relativamente breve de siete meses, no es seguro que vaya a optar por reunirse con su esposo en su Estado de origen, obligando de este modo al niño, que es ciudadano de la Unión, a abandonar el territorio de ésta. Por lo tanto, el hecho de que el menor ciudadano de la Unión pueda verse privado de la esencia de los derechos que le corresponden por su estatuto de ciudadano de la Unión depende ante todo de las vicisitudes o de las veleidades de la vida conyugal de su madre, más que de una obligación que venga impuesta por la aplicación de la legislación nacional.

53.      A la vista de todos estos elementos, estimo, en consecuencia, que el artículo 20 TFUE ha de interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro deniegue a un nacional de un tercer Estado el permiso para residir en su territorio por no disponer de medios de subsistencia suficientes, cuando dicho nacional pretende residir con su cónyuge, que es nacional de un tercer Estado y reside legalmente en dicho Estado miembro, y con el hijo, ciudadano de la Unión, nacido del primer matrimonio de su cónyuge.

54.      Considero igualmente que no procede interpretar de manera distinta esta disposición cuando, en circunstancias como las que concurren en los procedimientos principales, el nacional del tercer Estado convive con su cónyuge y el hijo de éste en el territorio del Estado miembro en cuestión. Tampoco procede interpretar de manera diferente el artículo 20 TFUE cuando dicho nacional ha regresado a su Estado de origen, pero tiene, con su cónyuge, un hijo que es nacional de un tercer Estado, que reside en el Estado miembro en cuestión y que se encuentra bajo la responsabilidad conjunta de sus dos progenitores.

55.      En cambio, esto no prejuzga la cuestión de si no habría de concederse un permiso de residencia a los solicitantes en virtud del Derecho en materia de protección de la vida familiar y especialmente, del derecho a la reagrupación familiar consagrado en la Directiva 2003/86. En efecto, los permisos de residencia solicitados en los asuntos principales lo han sido con el propósito de reagrupar nacionales de terceros Estados con sus esposas, que disfrutan de un derecho de residencia permanente en el Estado miembro, y con los hijos habidos con éstas. (15)

B.      Sobre el derecho a la reagrupación familiar

56.      Los requisitos que debe reunir el nacional de un tercer Estado que reside legalmente en el territorio de un Estado miembro para poder ejercer su derecho a la reagrupación familiar están establecidos en la Directiva 2003/86. Dicha Directiva es aplicable cuando este nacional disponga de un permiso de residencia de validez superior o igual a un año, cuando exista una perspectiva fundada de obtener un derecho a la residencia permanente y, por último, cuando los miembros de su familia sean nacionales de terceros Estados.

57.      En los asuntos principales, se cumplen todos estos requisitos dado que las reagrupantes, nacionales de Ghana y de Argelia, respectivamente, son titulares de un permiso de residencia permanente en Finlandia y solicitan que se conceda a sus cónyuges, nacionales de terceros Estados, un permiso de residencia, con el fin de mantener la unidad familiar.

58.      Por consiguiente, no hay duda de que la Directiva 2003/86 es aplicable a los interesados.

59.      La autorización de reagrupación familiar es, según el Tribunal de Justicia, la regla general. (16) No obstante, los Estados miembros pueden supeditar la misma al cumplimiento de determinados requisitos especificados en los artículos 6 a 8 de esta Directiva. En particular, los Estados miembros pueden, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), exigir la prueba de que el reagrupante dispone de recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro de que se trate.

60.      Basándose en esta disposición y, en particular, en el artículo 39, apartado 1, de la Ley de extranjería, el Maahanmuuttovirasto desestimó las solicitudes de las Sras. S. y L. que pretendían el reconocimiento de un derecho a la reagrupación familiar. Por lo demás, consideró que no procedía hacer una excepción al principio establecido por dicha disposición, al entender que las circunstancias concurrentes no eran de especial gravedad y no lo exigía el interés superior de los menores.

61.      A la vista de los principios establecidos en la Directiva 2003/86 y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, considero importante que el órgano jurisdiccional remitente se asegure de que las resoluciones del Maahanmuuttovirasto han sido, efectivamente, adoptadas dentro del respeto de la vida familiar de las Sras. S. y L. y, en particular, de que se ha tomado en consideración el interés superior de los menores afectados.

62.      Efectivamente, el Tribunal de Justicia admite que los Estados miembros disponen de un cierto margen de apreciación al examinar las solicitudes de reagrupación familiar (17) y, en particular, al aplicar los criterios definidos en la Directiva 2003/86.

63.      No obstante, por lo que respecta al criterio sentado en el artículo 7, apartado 1, letra c), de esta Directiva, el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia Chakroun, antes citada, que esta disposición debía interpretarse de manera estricta, de forma que no se incumpliera el objetivo de dicha Directiva, que es el de favorecer la reagrupación familiar, ni su efecto útil. (18) Además, el Tribunal de Justicia ha considerado que los Estados miembros deben ejercer su margen de apreciación a la luz del derecho al respeto de la vida familiar consagrado en el artículo 8 del CEDH y garantizado en los mismos términos por el artículo 7 de la Carta. (19) El Tribunal de Justicia se ha referido, a este propósito, al segundo considerando de la Directiva 2003/86, en el que el legislador de la Unión exige que las medidas sobre reagrupación familiar sean adoptadas de conformidad con la obligación de proteger la familia y respetar la vida familiar, tal y como está consagrada en las mencionadas disposiciones.

64.      ¿Qué significa todo ello, en la práctica, a efectos del examen realizado por el órgano jurisdiccional nacional?

65.      Para contestar a esta pregunta, es útil recordar los criterios de análisis adoptados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los que se basa en buena medida nuestra jurisprudencia.

66.      El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que el derecho al respeto de la vida familiar no garantiza, de manera general, el derecho a elegir el lugar más apropiado para desarrollar una vida familiar. (20)

67.      Por otra parte, dicho Tribunal considera que, dado que el CEDH no garantiza, como tal, ningún derecho de los extranjeros a entrar o a residir en el territorio de un determinado Estado, los Estados tienen derecho a controlar la entrada de los no-nacionales en su territorio, sin perjuicio, claro está, de los compromisos internacionales que hayan suscrito. Además, en materia de inmigración, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que los Estados no están obligados a respetar la elección de su residencia común realizada por extranjeros casados, ni a permitir la reagrupación familiar en su territorio. (21)

68.      No obstante, reconoce que las decisiones de un Estado en materia de inmigración y de reagrupación familiar pueden vulnerar el derecho al respeto de la vida familiar, especialmente cuando con tales decisiones se persigue alejar a una persona de un Estado en el que viven miembros de su familia. (22)

69.      Por consiguiente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige que la decisión controvertida se adopte con arreglo a los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 2, del CEDH. De este modo, dicho Tribunal examina, caso por caso, si tal decisión estaba efectivamente «prevista por la ley» e inspirada en un fin legítimo, como el mantenimiento del orden público, y si era «necesaria en una sociedad democrática», y valora su proporcionalidad.

70.      El punto clave de su análisis radica en determinar si, en cada caso concreto, se ha encontrado un justo equilibrio entre el interés general, los intereses de la pareja y, en su caso, los del niño.

71.      El Tribunal Europeo de Derechos Humanos examina, en el marco de su análisis, numerosos factores relacionados con la situación individual y familiar de cada una de las personas afectadas.

72.      Por lo que respecta al solicitante, tiene en cuenta su nacionalidad, así como la naturaleza de los vínculos sociales, culturales y familiares que ha establecido con el Estado de acogida y con el Estado de origen. También tiene en cuenta, en su caso, la duración de su matrimonio y el nacimiento de hijos legítimos, así como cualquier otro elemento que denote el carácter efectivo de la vida familiar de la pareja. Por lo que se refiere al cónyuge, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos presta atención a la naturaleza y gravedad de las dificultades a las que podría enfrentarse en el Estado de origen del solicitante. (23)

73.      Al ponderar los distintos intereses en juego, la consideración determinante es, en su opinión, el interés superior del menor y, dependiendo de su naturaleza y gravedad, dicho interés puede prevalecer sobre el de sus progenitores. (24) El interés del menor exige que los vínculos entre él y su familia se mantengan. Por consiguiente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que, en principio, sólo puede llegarse a la ruptura del vínculo familiar por circunstancias excepcionales y que debe procurarse por todos los medios mantener las relaciones personales y la unidad familiar o «reconstituir» la familia. (25)

74.      El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene en cuenta, a este respecto, varias circunstancias individuales relacionadas con el menor con el fin de determinar del mejor modo su interés y garantizar su bienestar. Tiene en cuenta, en particular, su edad y madurez, así como su grado de dependencia en relación con sus progenitores y toma en consideración, a este respecto, la presencia o ausencia de éstos. También se interesa por el entorno en el que vive y por la situación del progenitor de que se trate en el Estado de origen, con el fin de valorar las dificultades a las que podría tener que enfrentarse allí. (26)

75.      De este modo, teniendo en cuenta el conjunto de estos factores y ponderándolos con el interés general del Estado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos valora si dicho Estado ha llegado a alcanzar en su decisión un justo equilibrio y si ha dado cumplimiento a lo prescrito en el artículo 8 del CEDH.

76.      Al aplicar la Directiva 2003/86, los Estados miembros están también obligados a ponderar los diferentes intereses concurrentes, teniendo especialmente en cuenta los del menor. Así lo ha reconocido expresamente el Tribunal de Justicia en el asunto en que se pronunció la sentencia Parlamento/Consejo, antes citada, refiriéndose, en gran medida, a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al cumplimiento del artículo 8 del CEDH. (27)

77.      Recuérdese que el derecho al respeto de la vida privada y familiar está garantizado en el artículo 7 de la Carta, en los mismos términos que los del artículo 8, apartado 1, del CEDH, lo que significa, en virtud del artículo 52, apartado 3, de la Carta, que el sentido y el alcance de este derecho han de determinarse a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia. (28)

78.      Recuérdese igualmente que, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el derecho al respeto de la vida privada y familiar garantizado en el artículo 7 de la Carta debe ponerse en relación con la obligación de tener en cuenta el interés superior del niño, reconocido en su artículo 24, apartado 2. (29) En otros términos, y con arreglo a las exigencias de esta última disposición, al adoptar, por medio de una autoridad pública o privada, un acto legislativo relativo a los niños, los Estados miembros deberán considerar primordialmente el interés superior del menor. El artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2003/86, recuerda expresamente este imperativo. Asimismo, los Estados miembros deben asegurarse de que el niño pueda mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre. (30)

79.      A la vista de estos elementos, considero, en consecuencia, que corresponderá al órgano jurisdiccional nacional apreciar si, al aplicar los criterios definidos por la Directiva 2003/86 y dentro de los límites del margen de apreciación de que dispone el Estado miembro en la materia, la autoridad nacional competente ha realizado una valoración justa y equilibrada de los respectivos intereses de cada uno y, en particular, si le ha guiado el afán de respetar la vida familiar de los interesados y de llegar a la mejor solución para el niño. En este contexto, deberá examinar en profundidad la situación familiar en su conjunto y tener en cuenta las circunstancias particulares del caso, tanto de orden fáctico, como de carácter afectivo, psicológico o material.

80.      No obstante, deseo formular algunas observaciones en relación con la situación de los interesados en cada uno de los casos.

81.      En el asunto C‑356/11, se plantea la cuestión de la «continuación» de la vida familiar en Finlandia, dado que el solicitante convive con la reagrupante, el hijo de ambos y el hijo de la reagrupante, que es ciudadano de la Unión.

82.      Ciertamente, el solicitante no ha probado haber desempeñado un trabajo que pueda proporcionar ingresos suficientes para cumplir con el requisito establecido en el artículo 39, apartado 1, de la Ley de extranjería. Aun así, me pregunto en qué medida la desestimación de su solicitud y la posibilidad de que la familia se establezca en Costa de Marfil no supondrían consecuencias demasiado gravosas para los niños y para la reagrupante.

83.      En primer lugar, es del interés del menor ciudadano de la Unión, mantener, siempre que sea posible, relaciones continuadas con su padre, que reside en Finlandia y que tal vez tenga atribuido un derecho de visitas –salvo, claro está, que haya resultado particularmente indigno. (31) La denegación del permiso de residencia al solicitante y el desplazamiento de la familia a Costa de Marfil supondrían, de hecho, la ruptura de esos vínculos, en la medida en que sería más difícil para los interesados mantener contacto periódicamente. Por otra parte, este niño siempre ha vivido en Finlandia, en el entorno cultural, social y lingüístico de este Estado miembro, donde incluso está escolarizado. Por estas razones, tiene escasos vínculos o incluso ninguno con la República de Costa de Marfil. Aun cuando por su edad tenga todavía una gran capacidad de adaptación, creo que el órgano jurisdiccional habrá de tener en cuenta las dificultades con las que puede encontrarse si se le desarraiga de su medio habitual para vivir en el Estado de origen del solicitante.

84.      De igual modo, es evidente que el interés del hijo común exige, en razón de su corta edad, que crezca en un medio familiar y que se mantengan los lazos entre él y su padre.

85.      En segundo lugar, se desprende de los autos que la reagrupante ha estudiado, se ha formado profesionalmente y ha desempeñado un trabajo en Finlandia, de manera que ha tejido lazos no sólo personales y sociales, sino también económicos y profesionales en dicho Estado miembro. Además, ha conseguido obtener allí un permiso de residencia permanente. Por lo tanto, se trata ahora de determinar si cabe esperar de la Sra. S. que elija entre abandonar la situación que ha logrado alcanzar en Finlandia, renunciando así a las relaciones personales y económicas que constituyen su vida privada, o renunciar a la compañía de su esposo con el que convive y que constituye un elemento fundamental de su vida familiar. En cualquier caso, la denegación del permiso de residencia a su cónyuge traerá consigo múltiples consecuencias, en primer lugar, en relación con las responsabilidades que le incumben como madre de un menor ciudadano de la Unión, en la medida en que el interés de éste aconseja manifiestamente que permanezca en Finlandia, en segundo lugar, como esposa de un nacional de Costa de Marfil y madre de un segundo niño, de nacionalidad ghanesa, en la medida en que todos ellos tienen interés en vivir juntos y, en tercer lugar, en relación con su situación personal y profesional, dado que no hay duda de que tiene interés en seguir residiendo en Finlandia, a la vista de la situación que ha adquirido en dicho Estado miembro.

86.      En cambio, en el asunto C‑357/11, se plantea la cuestión de la «reunificación» de la familia, dado que el solicitante ya no convive con la reagrupante. Este asunto debe distinguirse del primero por dos razones que tienen que ver con la situación material del solicitante.

87.      En primer lugar, según se desprende de los autos, el solicitante sólo convivió con su compañera durante un período relativamente breve de siete meses, y no ha conocido a su hijo, que tiene ahora cinco años y medio de edad. Es cierto que fue expulsado del territorio finlandés antes del nacimiento de su hijo. A pesar de ello, como ya se ha señalado, nada indica en los autos que su expulsión llevara aparejada una prohibición de entrada en el territorio finlandés. Así pues, me pregunto hasta qué punto no le fue posible al solicitante visitar a los miembros de su familia y encontrarse con su hijo. Del mismo modo, y siempre según los autos, la Sra. L., pese a ser una nacional argelina que, además de ser titular de un permiso de residencia permanente en Finlandia, dispone de medios económicos, jamás se ha desplazado a su Estado de origen para volver a ver a su esposo y presentarle al hijo que tuvieron en común. Considero que estos datos no parecen indicar una verdadera voluntad de vivir juntos y, en cuanto al padre, un deseo real de conocer a su hijo y ocuparse de él.

88.      En segundo lugar, tengo la impresión de que la vida familiar de la Sra. L. y del Sr. M. se inició y se desarrolló en una época en la que la pareja estaba informada de que, a la vista de las normas sobre inmigración, el mantenimiento de la vida familiar en Finlandia revestía, de entrada, un carácter precario. (32) En efecto, el solicitante nunca consiguió un permiso de residencia provisional en Finlandia ni tampoco cumplía los requisitos establecidos por la legislación nacional en relación con sus recursos económicos. Por consiguiente, no hay duda de que los dos podían conocer, en grado suficiente, que cabía el riesgo de expulsión y que la continuidad de la vida familiar en Finlandia estaba en peligro.

89.      Dicho esto, no dispongo de todos los datos necesarios para ponderar la totalidad de los intereses en juego, lo cual requiere, evidentemente, un contacto directo con los interesados que sólo está al alcance de las autoridades nacionales.

90.      A la vista de todos estos elementos, corresponderá, en consecuencia, al órgano jurisdiccional nacional apreciar si, al aplicar los criterios definidos por la Directiva 2003/86 y dentro de los límites del margen de apreciación de que dispone el Estado miembro en la materia, la autoridad nacional competente ha realizado una valoración justa y equilibrada de los intereses en juego y, en particular, si le ha guiado el afán de respetar la vida familiar de los interesados y de llegar a la mejor solución para el niño. En este contexto, deberá examinar en profundidad la situación familiar en su conjunto y tener en cuenta las circunstancias particulares del caso, tanto de orden fáctico, como de carácter afectivo, psicológico o material.

V.      Conclusión

91.      A la vista de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente forma a las cuestiones planteadas por el Korkein hallinto‑oikeus:

1)      El artículo 20 TFUE ha de interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro deniegue a un nacional de un tercer Estado el permiso para residir en su territorio por no disponer de medios de subsistencia suficientes, cuando dicho nacional pretende residir con su cónyuge, que es nacional de un tercer Estado y reside legalmente en dicho Estado miembro, y con el hijo, ciudadano de la Unión, nacido del primer matrimonio de su cónyuge.

No procede interpretar de manera distinta esta disposición cuando el nacional de un tercer Estado convive con su cónyuge y el hijo de éste en el territorio del Estado miembro.

Tampoco procede interpretar de manera diferente dicha disposición cuando el nacional de un tercer Estado ha regresado a su Estado de origen, pero tiene con su cónyuge un hijo que es nacional de un tercer Estado, que reside en el Estado miembro en cuestión y que se encuentra bajo la responsabilidad conjunta de sus dos progenitores.

2)      En cambio, corresponderá al órgano jurisdiccional nacional apreciar si, al aplicar los criterios definidos por la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar y dentro de los límites del margen de apreciación de que dispone el Estado miembro en la materia, la autoridad nacional competente ha realizado una valoración justa y equilibrada de los intereses en juego, y en particular, si le ha guiado el afán de respetar la vida familiar de los interesados y de llegar a la mejor solución para el niño. En este contexto, dicha autoridad deberá examinar en profundidad la situación familiar y tener en cuenta las circunstancias particulares del caso, tanto de orden fáctico, como de carácter afectivo, psicológico o material.


1 – Lengua original: francés.


2 – En lo sucesivo, conjuntamente, «reagrupantes».


3 – En lo sucesivo, conjuntamente, «solicitantes».


4 – Directiva del Consejo de 22 de septiembre de 2003 sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO L 251, p. 12).


5 – Sentencia de 8 de marzo de 2011, C‑34/09, Rec. p. I‑1177.


6 – En lo sucesivo, «Carta».


7 – Convenio firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950; en lo sucesivo, «CEDH».


8 – Lo mismo ocurre en el asunto C‑356/11.


9 – Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 38/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28).


10 – Sentencia de 25 de julio de 2008, Metock y otros (C‑127/08, Rec. p. I‑6241), apartado 73.


11 – Sentencia de 15 de noviembre de 2011 (C‑256/11, Rec. p. I‑11315).


12 – Apartados 53 a 56 y jurisprudencia citada.


13 – Apartado 42.


14 – Apartados 43 y 44.


15 – Según una jurisprudencia reiterada, para dar una respuesta adecuada al órgano jurisdiccional que le plantea una cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho de la Unión no mencionadas por el juez nacional en el enunciado de su cuestión prejudicial (véase, a este respecto, la sentencia de 19 de abril de 2012, Bonnier Audio AB, C‑461/10, apartado 47 y jurisprudencia citada).


16 – Sentencia de 4 de marzo de 2010, Chakroun (C‑578/08, Rec. p. I‑1839), apartado 43.


17 – Sentencia de 27 de junio de 2006, Parlamento/Consejo (C‑540/03, Rec. p. I‑5769), apartado 59.


18 – Sentencia Chakroun, antes citada (apartado 43).


19 – Sentencia Parlamento/Consejo, antes citada (apartados 52 y ss.).


20 – Véase TEDH, sentencia Ahmut c. Países Bajos de 28 de noviembre de 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, p. 2030, § 71.


21 – Véanse TEDH, sentencias Gül c. Suiza de 19 de febrero de 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I, p. 174, § 38; Ahmut c. Países Bajos, antes citada (§ 67), y Şen c. Países Bajos de 21 de diciembre de 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001‑I, § 36. Véase también, como jurisprudencia reciente, TEDH, sentencia Bajsultanov c. Austria de 12 de junio de 2012, § 78 y jurisprudencia citada.


22 – Véanse, en particular, TEDH, sentencias Boultif c. Suiza de 2 de agosto de 2001, § 39 y jurisprudencia citada, así como Bajsultanov c. Austria, antes citada (§ 78 y jurisprudencia citada).


23 – Véanse TEDH, sentencias Boultif c. Suiza, antes citada (§ 48), y Nunez c. Noruega de 28 de septiembre de 2011, § 70.


24 – Sobre el interés superior del menor en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, véase, en particular, TEDH, sentencia Neulinger y Shuruk c. Suiza de 6 de julio de 2010, § 49 a 64.


25 – Ibídem (§ 136 y jurisprudencia citada).


26 – Véanse TEDH, sentencias Şen c. Países Bajos, antes citada (§ 37), y Rodrigues da Silva y Hoogkamer c. Países Bajos de 31 de enero de 2006, Recueil des arrêts et décisions 2006-I, § 39, así como las directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para la determinación del interés superior del niño, documento editado por el ACNUR en mayo de 2008, al que puede accederse en la dirección de Internet http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7126.


27 – Apartados 62 a 66 y jurisprudencia citada.


28 – Sentencia de 22 de diciembre de 2010, DEB (C‑279/09, Rec. p. I‑13849), apartado 35.


29 – Sentencia Parlamento/Consejo, antes citada (apartado 58).


30 – Los derechos consagrados en la Carta están directamente inspirados en los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada el 20 de noviembre de 1989 y que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, Recueil des traités des Nations unies, vol. 1577, p. 3. Véanse, en particular, el artículo 3, apartado 1, el artículo 9, apartados 1 y 3, así como el artículo 10 de esta Convención.


31 – Véase la Observación general nº 17 del Comité de Derechos Humanos en relación con el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976.


32 – El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que, cuando así ocurre, la devolución del miembro de la familia que no tiene la nacionalidad del Estado de acogida sólo es constitutiva de una vulneración del artículo 8 del CEDH en circunstancias particularmente excepcionales [véase TEDH, sentencia Rodrigues da Silva y Hoogkamer c. Países Bajos, antes citada (§ 39 y jurisprudencia citada)].