Language of document : ECLI:EU:F:2011:184

AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

de 16 de noviembre de 2011

Asunto F‑67/11 R

Luigi Marcuccio

contra

Comisión Europea

«Función pública — Procedimiento sobre medidas provisionales — Demanda de suspensión de la ejecución — Urgencia — Inexistencia — Ponderación de los intereses»

Objeto:      Recurso interpuesto con arreglo a los artículos 278 TFUE y 157 EA y al artículo 279 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, mediante el que el Sr. Marcuccio solicita, esencialmente, la suspensión de la ejecución de la decisión de rechazar su solicitud de 28 de febrero de 2011 sobre la adopción, en particular, de las medidas de ejecución del punto 2 del fallo de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 9 de junio de 2010, Marcuccio/Comisión (F‑56/09).

Resultado:      Se desestima la demanda de medidas provisionales del demandante. Se reserva la decisión sobre las costas.

Sumario

1.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Urgencia — Carácter acumulativo — Ponderación de todos los intereses en conflicto — Orden de ejecución y modo de verificación — Facultad de apreciación del juez de medidas provisionales

(Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 102, ap. 2)

2.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Carga de la prueba — Perjuicio económico

(Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 102, ap. 2)

1.      El artículo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública dispone que las demandas de medidas provisionales deben especificar, en particular, las circunstancias que den lugar a la urgencia y los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada.

Los requisitos relativos a la urgencia y a los fundamentos de Derecho que justifican a primera vista la demanda (fumus boni iuris) son acumulativos, de manera que la demanda de medidas provisionales debe desestimarse cuando no concurra alguno de ellos. El juez de medidas provisionales debe proceder asimismo, en su caso, a la ponderación de los intereses en juego.

En el marco de este examen de conjunto, el juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la existencia de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma de Derecho le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario ordenar medidas provisionales.

Al ponderar los intereses en juego, el juez de medidas provisionales ante el que el demandante ha invocado el riesgo de sufrir un perjuicio grave e irreparable debe examinar si la eventual anulación de la decisión impugnada por el juez que conoce del fondo del asunto permitiría invertir la situación provocada por su ejecución inmediata y, al contrario, si la suspensión de la ejecución de dicha decisión podría entorpecer la plena eficacia de ésta en el supuesto de que se desestimara el recurso principal.

En caso de que la mera suspensión de la decisión impugnada no vaya a modificar la situación del demandante porque no podría dar lugar, por sí misma, a un derecho cualquiera a la destrucción de las fotografías y de los documentos que se solicita, dicha suspensión carecería de efectos y, en consecuencia, de interés. Ciertamente, el juez de medidas provisionales también es competente con arreglo al artículo 279 TFUE para ordenar otras medidas provisionales aparte de la suspensión de la ejecución, pero esas medidas no pueden llevar a invertir la situación de modo que se prive de objeto al recurso principal.

(véanse los apartados 15 a 17, 26 y 27)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 13 de enero de 1978, Salerno/Comisión (4/78 R), apartado 2; 31 de julio de 1989, S./Comisión (206/89 R), apartados 14 y 15

Tribunal de Primera Instancia: 30 de abril de 2008, España/Comisión (T‑65/08 R), apartado 82, y la jurisprudencia citada

Tribunal de la Función Pública: 3 de julio de 2008, Plasa/Comisión (F‑52/08 R), apartados 21 y 22, y la jurisprudencia citada; 15 de febrero de 2011, de Pretis Cagnodo y Trampuz de Pretis Cagnodo/Comisión (F‑104/10 R), apartado 16

2.      El procedimiento sobre medidas provisionales no tiene por finalidad asegurar la reparación de un perjuicio, sino garantizar la plena eficacia de la sentencia en cuanto al fondo. Para alcanzar este último objetivo es preciso que las medidas solicitadas sean urgentes, en el sentido de que, para evitar que los intereses de la parte demandante sufran un perjuicio grave e irreparable, es necesario que tales medidas sean acordadas y comiencen a surtir efectos antes de que se dicte una resolución en el procedimiento principal. Corresponde a la parte que solicita la concesión de medidas provisionales aportar la prueba de que no puede esperar el resultado del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de dicha naturaleza.

Cuando se trate de un perjuicio económico derivado de la negativa a pagar la indemnización y las multas coercitivas reclamadas, para justificar que concurre el requisito de la urgencia el juez de medidas provisionales debe disponer de indicaciones concretas y precisas, corroboradas por documentos detallados, que demuestren cuál es la situación económica de la parte demandante y que le permitan apreciar las consecuencias que probablemente llevaría aparejadas el hecho de que no se adoptaran las medidas solicitadas.

(véanse los apartados 19 y 21)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 25 de marzo de 1999, Willeme/Comisión [C‑65/99 P(R)], apartado 62

Tribunal de Primera Instancia: 10 de septiembre de 1999, Elkaïm y Mazuel/Comisión (T‑173/99 R), apartado 25; 19 de diciembre de 2002, Esch‑Leonhardt y otros/BCE (T‑320/02 R), apartado 27

Tribunal General: 27 de abril de 2010, Parlamento/U [T‑103/10 P(R)], apartado 37