Language of document : ECLI:EU:F:2012:84

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Tercera)

de 13 de junio de 2012

Asunto F‑105/11

Hans Davids

contra

Comisión Europea

«Función pública — Agentes temporales — Agente temporal que ocupa un empleo permanente — No renovación de un contrato de duración determinada — Facultad de apreciación de la administración — Artículo 8 del ROA — Artículo 4 de la decisión del director general de la OLAF de 30 de junio de 2005 relativa a la nueva política en materia de contratación y empleo del personal temporal de la OLAF — Duración máxima de los contratos de agente temporal — Abuso de derecho»

Objeto:      Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, por el que el Sr. Davids solicita la anulación de la decisión implícita del director general en funciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), de 25 de marzo de 2011, por la que se desestima su solicitud de prorrogar su contrato de agente temporal.

Resultado:      Se desestima el recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

1.      Funcionarios — Agentes temporales — Contratación — Renovación de un contrato de duración determinada — Facultad de apreciación de la administración — Control jurisdiccional — Límites

[Régimen aplicable a los otros agentes, arts. 8 y 47, ap. 1, letra b)]

2.      Funcionarios — Organización de los servicios — Destino del personal — Facultad de apreciación de la administración — Límites — Interés del servicio — Respeto de la equivalencia de los puestos de trabajo — Control jurisdiccional — Límites

(Estatuto de los Funcionarios, art. 7)

3.      Funcionarios — Agentes temporales — Contratación — Celebración de un contrato para ocupar con carácter temporal un empleo permanente — Requisitos

[Estatuto de los Funcionarios, art. 1 bis, ap. 1; Régimen aplicable a los otros agentes, arts. 2, letra b), 3, 4, 5 y 8, párr. 2]

4.      Funcionarios — Recursos — Impugnación de un contrato de agente contractual auxiliar — Solicitud de recalificación de dicho contrato en contrato de agente temporal — Medios de impugnación judicial

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91; Régimen aplicable a los otros agentes)

5.      Funcionarios — Agentes temporales — Agentes temporales comprendidos en el artículo 2, letra a), del Régimen aplicable a los otros agentes — Renovación tras la primera prórroga del contrato por una duración determinada — Recalificación del contrato de duración determinada en contrato indefinido — Agente contractual auxiliar — Recalificación del contrato de duración determinada en contrato de duración indefinida tras varias renovaciones — Inexistencia

[Régimen aplicable a los otros agentes, arts. 2, letra a), 8, párr. 1, y 88]

1.      Un agente temporal, titular de un contrato de duración determinada no tiene, en principio, derecho alguno a que se renueve su contrato, no siendo ello más que una mera posibilidad supeditada a la condición de que dicha renovación sea conforme al interés del servicio. En efecto, a diferencia de los funcionarios, cuya estabilidad en el empleo está garantizada por el Estatuto, los agentes temporales están comprendidos en otro régimen en cuya base se encuentra el contrato de trabajo celebrado con la institución de que se trate. Del artículo 47, apartado 1, letra b), del Régimen aplicable a los otros agentes se desprende que la duración de la relación laboral entre una institución y un agente temporal contratado por un período determinado se rige, precisamente, por las condiciones establecidas en el contrato celebrado entre las partes. Además, la administración dispone de una amplia facultad de apreciación en materia de renovación de contratos. Así pues, lo único que el juez debe controlar es si, a la vista de los métodos utilizados y de las razones que explican la apreciación de la administración, ésta se ha mantenido dentro de unos límites no criticables y no ha utilizado sus facultades de manera manifiestamente errónea. Así pues, lo único que el juez debe controlar es si, a la vista de los métodos utilizados y de las razones que explican la apreciación de la administración, ésta se ha mantenido dentro de unos límites no criticables y no ha utilizado sus facultades de manera manifiestamente errónea. En este contexto, para demostrar que la administración ha incurrido en un error manifiesto en la apreciación de los hechos que pueda justificar la anulación de una resolución adoptada sobre la base de dicha apreciación, los elementos de prueba que incumbe aportar a la parte demandante deben ser suficientes para privar de plausibilidad a las apreciaciones tenidas en cuenta por la administración. En otros términos, no está demostrada la existencia de un error manifiesto si, pese a los elementos invocados por el agente, la apreciación puesta en tela de juicio puede admitirse como justificada y coherente.

(véanse los apartados 36 a 39)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 12 de diciembre de 1996, AIUFFASS y AKT/Comisión (T‑380/94), apartado 59; 17 de octubre de 2002, Cocchi y Hainz/Comisión (T‑330/00 y T‑114/01), apartado 82; 6 de febrero de 2003, Pyres/Comisión (T‑7/01), apartado 64; 21 de septiembre de 2004, Soubies/Comisión (T‑325/02), apartado 50; 12 de febrero de 2008, BUPA y otros/Comisión (T‑289/03), apartado 221

Tribunal de la Función Pública: 8 de mayo de 2008, Kerstens/Comisión (F‑119/06), apartado 82, y la jurisprudencia citada; 23 de noviembre de 2010, Gheysens/Consejo (F‑8/10), apartado 75

2.      Las instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación para la organización de sus servicios en función de las tareas que tienen atribuidas y para la adscripción a sus puestos de trabajo, a estos efectos, del personal de que disponen, a condición no obstante de que dicha adscripción se lleve a cabo en interés del servicio y respetando la equivalencia de los puestos de trabajo. Así pues, lo único que el juez debe controlar es si, a la vista de los métodos utilizados y de las razones que explican la apreciación de la administración, ésta se ha mantenido dentro de unos límites no criticables y no ha utilizado sus facultades de manera manifiestamente errónea.

(véase el apartado 38)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 17 de octubre de 2002, Cocchi y Hainz/Comisión (T‑330/00 y T‑114/01), apartado 82; 21 de septiembre de 2004, Soubies/Comisión (T‑325/02), apartado 50

Tribunal de la Función Pública: Sentencia Kerstens/Comisión, antes citada, apartado 82, y la jurisprudencia citada; Gheysens/Consejo, antes citada, apartado 75

3.      De una lectura de conjunto del artículo 1 bis, apartado 1, del Estatuto, y de los artículos 2 a 5 del Régimen aplicable a los otros agentes, se desprende que los empleos permanentes de las instituciones están, en principio, destinados a ser ocupados por funcionarios y que sólo excepcionalmente se ocuparán tales empleos por agentes temporales sujetos al Régimen aplicable a los otros agentes. De este modo, si bien el artículo 2, letras b) y d), de dicho Régimen prevé expresamente que los agentes temporales pueden ser contratados para ocupar un puesto de trabajo permanente, dicho artículo también precisa que ello sólo puede hacerse temporalmente. Además, el artículo 8, párrafo segundo, del Régimen aplicable a los otros agentes dispone que el contrato de agente temporal del artículo 2, letra b), no puede tener una duración superior a cuatro años y podrá renovarse una sola vez por un período máximo de dos años. Al término de dicho período, se pondrá fin obligatoriamente a las funciones del agente temporal ya sea mediante su cese en el servicio o mediante su nombramiento como funcionario bajo condiciones establecidas en el Estatuto. Al término de dicho período, se pondrá fin obligatoriamente a las funciones del agente temporal ya sea mediante su cese en el servicio o mediante su nombramiento como funcionario bajo condiciones establecidas en el Estatuto. Esta excepción al principio de que los empleos permanentes están destinados a ser ocupados mediante el nombramiento de funcionarios únicamente puede tener el objetivo de cubrir las necesidades del servicio en un caso dado.

(véase el apartado 41)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 21 de septiembre de 2011, Adjemian y otros/Comisión (T‑325/09 P), apartado 79, y la jurisprudencia citada

4.      Un agente contractual auxiliar, que considera que, a la vista de las funciones que le atribuye su contrato, dicho contrato se calificó erróneamente de contrato de agente contractual auxiliar cuando debía haberse calificado de contrato de agente temporal, puede impugnar dicho contrato ante el juez, dentro de plazo y al término del procedimiento de reclamación previo. Tampoco cabe excluir que un agente contractual auxiliar presente ante la administración, tras la expiración del plazo de recurso contra su contrato, una solicitud dirigida a que, habida cuenta de las funciones que desempeña efectivamente, se le reconozca un período de servicio cumplido formalmente en ejecución de un contrato de trabajo en calidad de agente contractual auxiliar como un período de servicio cumplido en calidad de agente temporal y que, si se deniega su solicitud, dicho agente interponga ante el juez un recurso dirigido contra la denegación de su solicitud en las condiciones previstas en los artículos 90 y 91 del Estatuto.

(véase el apartado 56)

Referencia:

Tribunal General: Sentencia Adjemian y otros/Comisión, antes citada, apartado 88

5.      El juez de la Unión únicamente puede recalificar un contrato cuando el legislador así lo disponga. Por esta razón, habida cuenta de que el artículo 8, párrafo primero, del Régimen aplicable a los otros agentes dispone que la contratación de un agente temporal en virtud del artículo 2, letra a), del referido Régimen no puede renovarse por duración determinada más que una vez, considerándose toda posible renovación ulterior hecha por tiempo indefinido, la referida recalificación ha de operar de pleno Derecho. Por lo que respecta a los contratos de agente contractual auxiliar, el artículo 88 del Régimen aplicable a los otros agentes, por el que se rige su duración, no contiene disposición alguna que establezca, al igual que hace el artículo 8, párrafo primero, de dicho Régimen para los contratos de agente temporal, la transformación del contrato de duración determinada en contrato indefinido después de varias renovaciones.

(véase el apartado 57)

Referencia:

Tribunal de la Función Pública: 13 de abril de 2011, Scheefer/Parlamento (F‑105/09), apartado 60