Language of document : ECLI:EU:F:2012:182

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Segunda)

de 11 de diciembre de 2012

Asunto F‑107/11

Ioannis Ntouvas

contra

Centro Europeo para la Prevención y el Control
de las Enfermedades (ECDC)

«Función pública — Agente contractual — Ejercicio de evaluación 2010 — Recurso de anulación del informe de evaluación»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, mediante el cual el Sr. Ntouvas solicita, en esencia, que se anule su informe de evaluación correspondiente al año 2010.

Resultado: Se desestima el recurso. El demandante cargará con sus propias costas y con las soportadas por el ECDC.

Sumario

1.      Recursos de funcionarios — Interés en ejercitar la acción — Recurso de anulación de un informe de evaluación — Agente contractual que ya no trabaja en la institución de que se trata — No difusión de dicho informe a terceros — Persistencia del interés en ejercitar la acción

(Estatuto de los Funcionarios, art. 43; Régimen aplicable a los otros agentes, art. 87)

2.      Recursos de funcionarios — Acto lesivo — Concepto — Acto de trámite — Proyecto de informe de evaluación inicial establecido por el evaluador y el calificador y dictamen de la comisión paritaria de evaluación — Exclusión

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

3.      Funcionarios — Calificación — Informe de evaluación — Control jurisdiccional — Límites

(Estatuto de los Funcionarios, art. 43)

1.      El informe de evaluación de un agente contractual, cualquiera que sea su utilidad futura, constituye una prueba escrita y formal sobre la calidad del trabajo realizado por el funcionario. Tal evaluación no es meramente descriptiva de las tareas efectuadas durante el período de que se trata, sino que incluye, en particular, una apreciación de las cualidades mostradas por la persona calificada en el ejercicio de su actividad profesional. Por tanto, todo agente tiene derecho a que su trabajo quede sancionado mediante una evaluación llevada a cabo de modo justo y equitativo. En consecuencia, de conformidad con el derecho a la tutela judicial efectiva, debe reconocerse a todo agente el derecho a impugnar un informe de evaluación que le afecte por razón de su contenido o por no haberse formulado según las reglas establecidas por el Estatuto.

Por tanto, el hecho de que un agente, tras haber interpuesto un recurso impugnando un informe de evaluación, abandone la institución afectada y de que no se difunda a terceros su informe de evaluación no puede privarle de su legitimación para impugnar dicho informe.

(véanse los apartados 35 y 36)

Referencia:

Tribunal de la Función Pública: 10 de noviembre de 2009, N/Parlamento (F‑93/08), apartados 46 y 47

2.      Cuando se trata de actos o decisiones cuya elaboración se efectúa en varias fases, principalmente al finalizar un procedimiento interno, sólo constituyen actos impugnables en el marco de un recurso de anulación las medidas que fijan definitivamente la postura de la institución al finalizar dicho procedimiento, con exclusión de las medidas intermedias cuyo objetivo es preparar la decisión definitiva. Por tanto, en materia de recursos de funcionarios o agentes, los actos preparatorios de una decisión no son lesivos con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, pues no se trata de medidas que, por una parte, produzcan efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a los intereses del demandante modificando de forma caracterizada la situación jurídica de éste ni, por otra parte, fijen definitivamente la posición de la institución.

A este respecto, cuando la elaboración del informe de evaluación de un agente de una agencia europea se efectúe en varias fases al finalizar un procedimiento interno y cuando dicho informe sólo adquiera firmeza, en caso de impugnación del informe de evaluación inicial, establecido por el evaluador y el calificador, mediante resolución del director de la agencia de que se trate, tras dictamen de la comisión paritaria de evaluaciones, únicamente el informe de evaluación firme establecido por el director es un acto lesivo que puede impugnarse. En cambio, el informe de evaluación inicial establecido por el evaluador y el calificador, al igual que el dictamen de la comisión paritaria de evaluaciones, son sólo medidas preparatorias no lesivas para el agente que no pueden recurrirse en anulación, de modo que las pretensiones que se dirigen contra estos actos son inadmisibles.

(véanse los apartados 42 a 44)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 28 de septiembre de 1993, Yorck von Wartenburg/Parlamento (T‑57/92 y T‑75/92), apartado 36, y la jurisprudencia citada; 6 de febrero de 2007, Wunenburger/Comisión (T‑246/04 y T‑71/05), apartado 42, y la jurisprudencia citada

Tribunal de la Función Pública: 10 de noviembre de 2009, N/Parlamento (F‑71/08), apartados 27 a 30

3.      No compete al Tribunal de la Función Pública sustituir con su apreciación la de los responsables de evaluar el trabajo de la persona calificada, al disponer las instituciones de la Unión de una amplia facultad de apreciación para evaluar el trabajo de sus funcionarios y agentes. Por tanto, salvo en caso de error de hecho, de error manifiesto de apreciación o de desviación de poder, no corresponde al Tribunal verificar la procedencia de la apreciación formulada por la Administración sobre las aptitudes profesionales de un funcionario o agente cuando dicha apreciación comprenda juicios de valor complejos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de verificación objetiva.

(véase el apartado 78)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 25 de octubre de 2005, Cwik/Comisión (T‑96/04), apartado 41, y la jurisprudencia citada

Tribunal de la Función Pública: 13 de septiembre de 2011, Nastvogel/Consejo (F‑4/10), apartado 32