Language of document : ECLI:EU:F:2013:132

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Tercera)

de 18 de septiembre de 2013

Asunto F‑76/12

Sabine Scheidemann

contra

Comisión Europea

«Función pública — Funcionario — Transferencia interinstitucional — Artículos 43 y 45 del Estatuto — Promoción — Puntos de mérito — Igualdad de trato — Autonomía de las instituciones»

Objeto:      Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, por el que la Sra. Scheidemann solicita, fundamentalmente, por una parte, la anulación de la decisión de la Comisión Europea de 13 de octubre de 2011, relativa a la transformación de los puntos de mérito que adquirió en el seno del Parlamento Europeo y de la lista de funcionarios promovidos en el ejercicio de evaluación y promoción de 2011 (publicada en las Informaciones Administrativas nº 48‑2011, de 27 de octubre de 2011) por no incluir su nombre y, por otra parte, la condena a la Comisión al pago de una indemnización por daños y perjuicios, por un importe calculado provisionalmente y ex aequo et bono en 20 000 euros, en concepto de reparación de los daños materiales que sostiene haber sufrido como consecuencia de esta decisión.

Resultado:      Se desestima el recurso. La Sra. Scheidemann cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

Sumario

Funcionarios — Promoción — Examen comparativo de los méritos — Facultad de apreciación de la administración — Alcance — Autonomía de las instituciones — Funcionario que ha ejercido la movilidad entre instituciones — Competencia compartida en materia de evaluación de méritos y promoción — Inexistencia — Obligación de aplicar las disposiciones internas de la antigua institución relativas a la atribución de los puntos de mérito y a la promoción — Inexistencia

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 43, 45 y 110)

Si bien, con arreglo al principio de unicidad de la función pública, tal como se formula en el artículo 9, apartado 3, del Tratado de Ámsterdam, todos los funcionarios de todas las instituciones de la Unión están sometidos a un Estatuto único, tal principio no implica que las instituciones deban hacer uso de forma idéntica de la facultad de apreciación que les ha conferido el Estatuto. Por el contrario, en la gestión de su personal, estas últimas gozan de un principio de autonomía. Igualmente, el artículo 43 se remite a este respecto a las disposiciones generales de ejecución adoptadas por cada institución para fijar las condiciones en las cuales la capacidad, el rendimiento y la conducta en el servicio de cada funcionario serán objeto de un informe de calificación. Asimismo, en términos generales, el artículo 110 del Estatuto permite que las instituciones, cumpliendo determinados requisitos formales, aprueben disposiciones generales de ejecución por las que se establezcan los procedimientos necesarios para la aplicación del Estatuto, y ello de manera excepcional en el caso de que las disposiciones del Estatuto carezcan hasta tal punto de claridad y precisión que puedan ser objeto de aplicación arbitraria. Tal como se desprende de su artículo 2, apartado 2, el Estatuto no contempla una competencia compartida en materia de evaluación de méritos y promoción de personal, en particular en caso de transferencia interinstitucional, y cada una de las instituciones está facultada para adoptar, con el fin de aplicar los artículos 43 y 45 del Estatuto, su propio marco normativo mediante disposiciones generales de ejecución aprobadas en virtud del artículo 110 del Estatuto.

En el caso de un funcionario que ha sido transferido a otra institución, el hecho de imponer a la nueva institución la obligación de aplicar las disposiciones internas de la antigua institución relativas a la atribución de los puntos de mérito y la promoción, y en particular las medidas de aplicación para la determinación de los puntos de promoción, produciría el efecto de crear, en la apreciación de los méritos, una diferencia de trato entre funcionarios de la nueva institución, dependiendo de si han recurrido o no a la movilidad entre instituciones. A este respecto, incumbe a las instituciones asegurarse, por una parte, de que el desarrollo de la carrera de los funcionarios que han decidido cambiar de puesto no se ve perjudicado por su movilidad y, por otra parte, de que los funcionarios trasladados no son penalizados en el ejercicio de promoción.

(véanse los apartados 26 a 28 y 32)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 9 de julio de 1997, Echauz Brigaldi y otros/Comisión, T‑156/95, apartado 53

Tribunal de la Función Pública: 5 de julio de 2011, V/Parlamento, F‑46/09, apartado 135