Language of document : ECLI:EU:F:2013:211

AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Tercera)

de 12 de diciembre de 2013

Asunto F‑58/12

Luigi Marcuccio

contra

Comisión Europea

«Función pública — Jubilación por invalidez — Anulación por el Tribunal General por falta de motivación — Demanda de ejecución de la sentencia — Solicitud de reincorporación — Anulación de la sentencia del Tribunal General — Falta de legitimación activa — Artículo 266 TUE — Responsabilidad extracontractual de la institución — Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente carente de todo fundamento jurídico»

Objeto:      Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, mediante el cual el Sr. Marcuccio solicita, en esencia, la anulación de la decisión mediante la cual la Comisión Europea desestimó su solicitud de 25 de marzo de 2011 de reincorporación e indemnización del perjuicio sufrido.

Resultado:      Se declara el recurso, en parte, manifiestamente inadmisible, y se desestima, en parte, por manifiestamente carente de todo fundamento jurídico. El Sr. Marcuccio cargará con sus propias costas y con las soportadas por la Comisión Europea.

Sumario

1.      Recursos de funcionarios — Interés en ejercitar la acción — Necesidad de un interés existente y efectivo — Apreciación en el momento de interponer el recurso — Recurso que puede reportar un beneficio al demandante

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

2.      Recursos de funcionarios — Sentencia anulatoria — Efectos — Obligación de adoptar medidas de ejecución — Alcance

(Art. 266 TFUE)

1.      Para que un funcionario o un antiguo funcionario pueda solicitar, en el marco de un recurso interpuesto en virtud de los artículos 90 y 91 del Estatuto, la anulación de un acto lesivo para él, en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, debe tener, en el momento en que interponga el recurso, un interés existente, efectivo y suficientemente caracterizado en que se anule dicho acto, dado que este interés implica que su recurso pueda procurarle, por su resultado, un beneficio.

(véase el apartado 23)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 29 de noviembre de 2006, Agne-Dapper y otros/Comisión y otros, T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 y T‑139/05, apartado 35, y la jurisprudencia citada

Tribunal General: 11 de septiembre de 2013, Marcuccio/Comisión, T‑475/11 P, apartados 13 a 18

2.      Para cumplir con la obligación establecida en el artículo 266 TFUE, corresponde a la institución afectada adoptar las medidas que conlleva la ejecución de una sentencia anulatoria ejerciendo, bajo el control del juez de la Unión, la facultad de apreciación de la que dispone al efecto, con observancia tanto del fallo y de los fundamentos de Derecho de la sentencia como de las disposiciones del Derecho de la Unión.

Por lo que respecta a la ejecución de una sentencia que anula una decisión de jubilación por invalidez por falta de motivación y a la adopción, en su caso, de una nueva decisión por invalidez debidamente motivada, corresponde, en primer lugar, a la institución afectada comprobar el estado de salud del interesado.

(véanse los apartados 33 y 34)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 19 de octubre de 2006, Pessoa e Costa/Comisión, T‑503/04, apartados 69 y 70, y la jurisprudencia citada