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Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský soud v Praze (República Checa) el 7 de agosto de 2014 — Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová / FINWAY a.s.

(Asunto C-377/14)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Krajský soud v Praze

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová

Demandada: FINWAY a.s.

Cuestiones prejudiciales

¿Se oponen el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE 1 del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (en lo sucesivo, «Directiva sobre cláusulas abusivas»), el artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2008/48/CE 2 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (en lo sucesivo, «Directiva de contratos de crédito al consumo») u otras disposiciones del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores:

—    al espíritu de la zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (Ley nº 182/2006 sobre el concurso y sus formas de resolución), en su versión modificada por la Ley nº 185/2013 (en lo sucesivo, «Ley concursal») que permite al órgano jurisdiccional evaluar la autenticidad, el importe o el orden de prelación de los créditos derivados de relaciones con consumidores exclusivamente sobre la base de una demanda incidental promovida por el administrador concursal, un acreedor o (con arreglo a las limitaciones anteriores) el deudor (consumidor)?

—    a disposiciones que, en el marco de la legislación nacional sobre procedimientos concursales, limitan el derecho del deudor (consumidor) a solicitar la revisión judicial de los créditos comunicados por los acreedores (proveedores de bienes y servicios) exclusivamente a los casos en los que el concurso del consumidor se resuelva mediante una quita aprobada y, en ese contexto, sólo para los créditos no garantizados, limitándose además las excepciones que el deudor puede invocar, en el caso de créditos exigibles reconocidos por una resolución de la autoridad competente, únicamente a la prescripción o caducidad del crédito, tal como disponen los artículos 192, apartado 3, y 410, apartados 2 y 3, de la Ley concursal?

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, en un procedimiento de revisión de créditos derivados de contratos de crédito al consumo, ¿está obligado el órgano jurisdiccional a apreciar de oficio, incluso en caso de que el consumidor no hubiera formulado ninguna excepción al respecto, el incumplimiento por parte del prestamista de su obligación de información prevista en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva de contratos de crédito al consumo y a deducir las consecuencias previstas en el Derecho nacional consistentes en la invalidez de los acuerdos contractuales?

En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera o segunda:

¿Tienen efecto directo las disposiciones de las Directivas antes mencionadas? ¿Se opone a su aplicación directa la circunstancia de que la iniciación de un procedimiento incidental de oficio por parte del órgano jurisdiccional (o, desde el punto de vista del Derecho nacional, la revisión no permitida de un crédito sobre la base de una impugnación ineficaz por parte del deudor consumidor) interfiera en la relación horizontal entre el consumidor y el proveedor de los bienes o servicios?

¿Qué importe constituye el «importe total del crédito» conforme al artículo 10, apartado 2, letra d), de la Directiva de contratos de crédito al consumo y qué cantidades deben incluirse como «importes de los que se ha dispuesto» a efectos del cálculo de la tasa anual equivalente (TAE) con arreglo a la formula recogida en el anexo I de dicha Directiva, cuando el contrato de crédito prevé formalmente el pago de un importe económico concreto, si bien, al mismo tiempo se estipula que, inmediatamente después de la puesta a disposición del crédito, la comisión del prestamista por la concesión del crédito y la primera cuota de reembolso del crédito (o cuotas posteriores) se deducen en cierta cuantía de la suma desembolsada, de modo que las cantidades deducidas en realidad nunca se abonan al consumidor o en su beneficio y permanecen en todo momento a disposición del acreedor? ¿Afecta la inclusión de dichas cantidades que, en realidad, no se desembolsan, a la cuantía de la TAE calculada?

Con independencia de la respuesta que se dé a las cuestiones anteriores:

Para apreciar si la citada indemnización pactada es desproporcionada en el sentido del apartado 1, letra e), del anexo de la Directiva sobre cláusulas abusivas, ¿es preciso evaluar el efecto acumulativo de todas las clausulas penales convenidas, al margen de que acreedor efectivamente exija su pleno cumplimiento y con independencia de si algunas de ellas pueden considerarse inválidas conforme al Derecho nacional, o debe tenerse únicamente en consideración el importe total de las penalizaciones efectivamente exigidas y que pueden reclamarse?

Si se determina que las cláusulas penales son abusivas, ¿debe excluirse la aplicación de todas las penalizaciones parciales que, únicamente al ser tomadas en consideración conjuntamente, motivaron que el órgano jurisdiccional concluyera que el importe de la indemnización es desproporcionado en el sentido del apartado 1, letra e), del anexo de la Directiva sobre cláusulas abusivas, o sólo de algunas de ellas (y en este caso, qué criterio debe aplicarse al efecto)?

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1 DO L 95, p. 29.

2 DO L 133, p. 66.