Language of document : ECLI:EU:F:2014:215

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Tercera)

de 17 de septiembre de 2014

Asunto F‑117/13

Kari Wahlström

contra

Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa
en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros
de la Unión Europea (Frontex)

«Función pública — Personal de Frontex — Agente temporal — No renovación de un contrato de duración determinada — Procedimiento de renovación — Artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a ser oído — Vulneración — Influencia en el sentido de la decisión»

Objeto:      Recurso interpuesto al amparo del artículo 270 TFUE, en el que el Sr. Wahlström solicita la anulación de la decisión del director ejecutivo de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex), de 19 de febrero de 2013, de no renovar su contrato de agente temporal.

Resultado:      Se anula la decisión del director ejecutivo de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea, de 19 de febrero de 2013, de no renovar el contrato de agente temporal del Sr. Wahlström. Se desestima el recurso en todo lo demás. Se condena a la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea a cargar con sus propias costas y con las costas del Sr. Wahlström.

Sumario

Funcionarios — Agentes temporales — Contratación — No renovación de un contrato de duración determinada — Adopción de la decisión sin dar al interesado la oportunidad de presentar previamente sus observaciones — Violación del derecho a ser oído

[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2, letra a); Régimen aplicable a los otros agentes, art. 47]

Como una decisión por la que no se renueva un contrato de agente temporal de duración determinada afecta desfavorablemente a la situación del agente de que se trate, pues tiene como consecuencia privarle de la posibilidad de proseguir su relación laboral, incumbe a la institución, con arreglo al artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, permitir que dicho agente formule adecuadamente sus observaciones antes de adoptar la decisión. En efecto, el derecho de defensa, actualmente consagrado por dicho artículo 41, incluye, pese a ser más amplio, el derecho procedimental —formulado en el apartado 2, letra a), de dicho artículo— de toda persona a ser oída antes de que se tome en su contra una medida individual desfavorable.

No obstante, para que una violación del derecho a ser oído pueda entrañar la anulación de la decisión impugnada, es necesario examinar además si, de no haber existido tal irregularidad, el resultado del procedimiento habría podido ser diferente.

A este respecto, cuando la decisión de no renovar un contrato de agente temporal se basa sólo en la apreciación de las cualidades y de la calificación del interesado, no cabe excluir que la conclusión de no renovar el contrato hubiese podido ser diferente si el interesado hubiera estado en condiciones de exponer adecuadamente su punto de vista sobre el nivel de sus prestaciones profesionales, con la perspectiva de proseguir su relación laboral con Frontex, y que, por lo tanto, el respeto del derecho a ser oído hubiese podido influir así en el contenido de la decisión de no renovar el contrato.

(véanse los apartados 27, 28 y 32)

Referencia:

Tribunal de Justicia: sentencias Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, apartado 65; M., C‑277/11, EU:C:2012:744, apartados 81 a 83; Comisión/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartados 98 y 99, y G. y R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, apartado 38, y la jurisprudencia citada

Tribunal General: sentencia L/Parlamento, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, apartado 81

Tribunal de la Función Pública: sentencia CH/Parlamento, F‑129/12, EU:F:2013:203, apartado 38