Language of document : ECLI:EU:F:2015:91

AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA

de 15 de julio de 2015

Asunto F‑94/15 R

Oren Wolff

contra

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)

«Función pública — Procedimiento sobre medidas provisionales — Demanda de suspensión de la ejecución — Elecciones al comité de personal — Urgencia — Inexistencia — Ponderación de los intereses en juego»

Objeto:      Recurso interpuesto en virtud de los artículos 278 TFUE y 157 EA, así como del artículo 279 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, por el que el Sr. Wolff solicita la suspensión de la ejecución de la decisión de 23 de abril de 2015, por la que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) desestimó su recurso de invalidación del resultado de las elecciones a miembros del comité de personal.

Resultado:      Se desestima la demanda de medidas provisionales del Sr. Wolff. Se reserva la decisión sobre las costas.

Sumario

1.      Recursos de funcionarios — Interés en ejercitar la acción — Contencioso en materia de elecciones al comité de personal — Funcionario que tiene la condición de elector en el momento de la celebración de las elecciones

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

2.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Perjuicio sufrido por un funcionario en su condición de elector en el momento de las elecciones al comité de personal — Circunstancia que no constituye en sí un perjuicio grave — Incidencia del derecho a la tutela judicial efectiva — Inexistencia

(Art. 278 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 115, ap. 2)

3.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Perjuicio grave e irreparable — Concepto

(Art. 278 TFUE)

4.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Perjuicio sufrido por un funcionario en su condición de elector en el momento de las elecciones al comité de personal — Ponderación de todos los intereses en conflicto — Inexistencia de urgencia

(Art. 278 TFUE; Estatuto de los Funcionarios, anexo II, art. 1)

1.      Por lo que respecta a los órganos de representación del personal y de los otros agentes y en lo que atañe a la posibilidad de interponer un recurso de anulación o de participar en dicho procedimiento, todo elector posee un interés directo y real en que las elecciones se desarrollen en unas condiciones y conforme a un sistema electoral que respete las disposiciones estatutarias reguladoras del procedimiento electoral.

A este respecto, siempre que tenga la condición de elector en el momento de las elecciones al comité de personal y haya invocado tal condición para solicitar el control jurisdiccional de su resultado, un funcionario no pierde su legitimación activa por el mero hecho de que durante el procedimiento haya expirado el mandato del comité de personal salido de tales elecciones.

(véanse los apartados 25 y 30)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: sentencia de 24 de septiembre de 1996, Marx Esser y del Amo Martínez/Parlamento, T‑182/94, EU:T:1996:130, apartado 40

Tribunal de la Función Pública: auto de 19 de julio de 2011, Bömcke/BEI, F‑105/10, EU:F:2011:122, apartados 23 y 24

2.      El artículo 278 TFUE sienta el principio de la falta de carácter suspensivo de los recursos, pues los actos adoptados por las instituciones de la Unión disfrutan de una presunción de legalidad. Por lo tanto, únicamente con carácter excepcional puede el juez de medidas provisionales ordenar que se suspenda la ejecución de un acto impugnado judicialmente en cuanto al fondo. En consecuencia, el requisito de urgencia y, más concretamente, la necesidad —a la que está supeditada la suspensión a la ejecución— de que el demandante pueda invocar legítimamente un riesgo de perjuicio grave e irreparable no puede confundirse con la exigencia de que para que un funcionario pueda interponer un recurso válido al amparo de los artículos 90 y 91 del Estatuto debe justificar un interés personal en la anulación del acto impugnado.

De ello se deduce, a este respecto, que el hecho de que un funcionario tenga la condición de elector en el momento de las elecciones al comité de personal y de que, como todo elector, tenga interés en que sus representantes sean elegidos en condiciones legales no basta entonces para acreditar la existencia de un riesgo de perjuicio grave e irreparable que pueda justificar la suspensión de la ejecución de la decisión impugnada.

Por otra parte, si bien el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza a toda persona el derecho a la tutela judicial efectiva, dicho derecho admite implícitamente limitaciones, pues requiere, por su propia naturaleza, una regulación y no puede, por tanto, llevar a eludir el artículo 278 TFUE, del que se deduce que no puede ordenarse una suspensión de la ejecución sin que se haya acreditado la existencia de un riesgo de perjuicio grave e irreparable.

(véanse los apartados 26, 27 y 29)

Referencia:

Tribunal General: auto de 27 de abril de 2010, Parlamento/U, T‑103/10 P(R), EU:T:2010:164, apartado 34

3.      La suspensión de la ejecución no depende, en sí misma, del provecho que los beneficiarios del acto impugnado pudieran obtener de él, sino del perjuicio grave e irreparable que dicho acto podría causar a los intereses propios de quien la solicita.

(véase el apartado 33)

4.      En materia de medidas provisionales, no está acreditado el requisito de la urgencia en una demanda de suspensión de la ejecución de una decisión por la que se desestima el recurso administrativo de un funcionario para que se invalide el resultado de las elecciones a miembros de comité de personal, pues el resultado de la ponderación de los intereses en juego se inclina en todo caso en favor de la institución de que se trate.

En efecto, la celebración de elecciones periódicas se justifica por la necesidad de garantizar que las ideas de los representantes del cuerpo electoral reflejen los cambios fundamentales en éste, ya que toda representación corre el riesgo, con el tiempo, de dejar de corresponder a las aspiraciones dominantes de los electores. Ahora bien, tal riesgo existiría si volviera a estar en funciones el antiguo comité de personal, a la espera de la sentencia del juez de la Unión sobre el recurso de anulación del resultado de las elecciones a dicho comité, siendo así que el legislador de la Unión consideró, al adoptar el artículo 1 del anexo II del Estatuto, que el comité de personal debe renovarse cada tres años como máximo, para garantizar su representatividad. Además, la eficacia de la representatividad del comité de personal anterior se vería mermada por la limitación de sus competencias a la mera gestión de los asuntos corrientes. Ahora bien, tal limitación, concebida para un período breve, podría perturbar la gestión interna de la institución de que se trata cada vez que ésta deba recurrir a dicho comité o a otros órganos cuya composición deriva del mismo, como el comité paritario de promoción, el comité de informes y el comité de medidas sociales.

A este respecto, dado que la impugnación de la elección del comité de personal actual sólo se basa en el hecho de que la junta electoral prolongó por segunda vez el período de voto con el fin de alcanzar el quórum, en vez de organizar una segunda vuelta de votación que habría permitido que las elecciones fueran válidas con una participación simplemente mayoritaria, procede ponderar la representatividad a la vez amplia y actual del nuevo comité de personal —aunque esté impugnada— frente a la representación obsoleta y una eficacia mermada del antiguo comité, y declarar que el interés de la institución de que se trata en disponer de una representación contemporánea y plenamente operativa del personal, encargada de garantizar un contacto permanente con éste y de cooperar en el buen funcionamiento de los servicios, prevalece sobre el interés de un elector.

(véanse los apartados 37 a 40)