Language of document : ECLI:EU:C:2015:785

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. MELCHIOR WATHELET

presentadas el 26 de noviembre de 2015 (1)

Asuntos C613/13 P, C609/13 P, C625/13 P, C636/13 P y C644/13 P

Comisión Europea

contra

Keramag Keramische Werke GmbH y otros (C613/13 P)

y

Duravit AG y otros

contra

Comisión Europea (C609/13 P)

y

Villeroy & Boch AG

contra

Comisión Europea (C625/13 P)

y

Roca Sanitario, S.A.,

contra

Comisión Europea (C636/13 P)

y

Villeroy & Boch SAS

contra

Comisión Europea (C644/13 P)

«Recursos de casación — Prácticas colusorias — Mercados belga, alemán, francés, italiano, neerlandés y austriaco de los productos y accesorios para cuartos de baño — Coordinación de los precios de venta e intercambio de información comercial sensible — Incoherencia entre sentencias paralelas del Tribunal General — Multa — Gravedad de la infracción — No discriminación»






1.        En las presentes conclusiones, me dispongo a examinar conjuntamente los recursos de casación (2) interpuestos, en primer lugar, por la Comisión Europea (3) contra la sentencia del Tribunal General Keramag Keramische Werke y otros/Comisión (T‑379/10 y T‑381/10, EU:T:2013:457; en lo sucesivo, «sentencia Keramag»); en segundo lugar, por Duravit AG, Duravit SA y Duravit BeLux SPRL/BVBA (4) contra la sentencia Duravit y otros/Comisión (T‑364/10, EU:T:2013:477; en lo sucesivo, «sentencia Duravit»); en tercer lugar, por Villeroy & Boch AG (5) y, en cuarto lugar, por Villeroy & Boch SAS (6) contra la sentencia Villeroy & Boch Austria y otros/Comisión (T‑373/10, T‑374/10, T‑382/10 y T‑402/10, EU:T:2013:455; en lo sucesivo, «sentencia Villeroy & Boch Austria»), y, en quinto lugar, por Roca Sanitario, S.A., (7) contra la sentencia Roca Sanitario/Comisión (T‑408/10, EU:T:2013:440; en lo sucesivo, «sentencia Roca Sanitario»).

2.        Dichas sentencias versaban sobre la Decisión C(2010) 4185 final de la Comisión, de 23 de junio de 2010, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 101 [TFUE] y con el artículo 53 del Acuerdo [EEE] (8) (Asunto COMP/39.092 — Productos y accesorios para cuartos de baño) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).

3.        Mediante la Decisión controvertida, la Comisión impuso multas por un importe total que supera los 622 millones de euros a diecisiete fabricantes de productos y accesorios para cuartos de baño por su participación en una infracción del Derecho de la competencia única y continuada en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño. La Comisión estimó que dichas empresas habían participado regularmente en reuniones con un objeto contrario a la competencia en diversos períodos comprendidos entre el 16 de octubre de 1992 y el 9 de noviembre de 2004 en los territorios siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia y Países Bajos. La Comisión llegó a la conclusión de que la coordinación de los incrementos anuales de precio y de otros elementos de tarificación, así como la divulgación y el intercambio de información comercial sensible, que dichas empresas llevaban a cabo, daban lugar a un cártel. Los productos objeto de la infracción eran, a juicio de la Comisión, los artículos de grifería, las mamparas de ducha y sus accesorios, así como los productos cerámicos (en lo sucesivo, «tres subgrupos de productos»).

4.        Las diferentes sentencias del Tribunal General que versan sobre la Decisión controvertida han desembocado en la interposición de nada menos que catorce recursos de casación ante el Tribunal de Justicia. (9)

5.        De conformidad con la solicitud formulada por el Tribunal de Justicia y como se indica en el punto 1 de las presentes conclusiones, me centraré en dos motivos que subyacen a cinco de los catorce recursos de casación. Estos dos motivos ponen en duda las apreciaciones contradictorias que se atribuyen a algunas de las sentencias del Tribunal General (10) y la correcta ejecución por parte de éste de su competencia jurisdiccional plena. (11) Aun así, es evidente que estas conclusiones podrán ilustrar también al Tribunal de Justicia sobre otros recursos de casación que plantean problemas análogos.

I.      Antecedentes de los litigios y Decisión controvertida

6.        Los antecedentes de los litigios se detallan en los apartados 1 a 26 de la sentencia Keramag, en los apartados 1 a 25 de la sentencia Duravit, en los apartados 1 a 19 de la sentencia Villeroy & Boch Austria y en los apartados 1 a 28 de la sentencia Roca Sanitario. Pueden resumirse del modo que se expone a continuación.

7.        Mediante la Decisión controvertida, la Comisión declaró la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño.

8.        El 15 de julio de 2004, Masco Corp. y sus filiales, entre las que se encuentran Hansgrohe AG, que fabrica artículos de grifería, y Hüppe GmbH, que fabrica mamparas de ducha, informaron a la Comisión de la existencia de un cártel en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño y solicitaron la dispensa del pago de las multas (12) o, subsidiariamente, una reducción del importe de tales multas. El 2 de marzo de 2005, la Comisión adoptó una decisión de dispensa condicional a favor de Masco Corp.

9.        Los días 9 y 10 de noviembre de 2004, la Comisión llevó a cabo inspecciones sin previo aviso en los locales de varias sociedades y asociaciones nacionales profesionales que operan en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño. Entre el 15 de noviembre de 2005 y el 16 de mayo de 2006, la Comisión remitió solicitudes de información a varias sociedades y asociaciones. En el período comprendido entre el 15 de noviembre de 2004 y el 20 de enero de 2006, distintas empresas solicitaron una dispensa del pago de las multas o la reducción de su importe.

10.      El 26 de marzo de 2007, la Comisión emitió un pliego de cargos (en lo sucesivo, «pliego de cargos»), que fue notificado a varias empresas, entre las que se encuentran las recurrentes de los presentes recursos de casación.

11.      Entre el 12 y el 14 de noviembre de 2007 se celebró una audiencia en la que participaron las recurrentes.

12.      El 9 de julio de 2009, la Comisión envió a diferentes sociedades, entre las que se encontraban algunas de las recurrentes de los presentes recursos de casación, un escrito en el que se exponían los hechos y se llamaba la atención sobre determinadas pruebas en las que la Comisión tenía la intención de basarse en el marco de una decisión final. Entre el 19 de junio de 2009 y el 8 de marzo de 2010, la Comisión remitió a diferentes sociedades solicitudes de información complementarias.

13.      El 23 de junio de 2010, la Comisión adoptó la Decisión controvertida.

14.      Para calcular el importe de la multa impuesta a cada empresa, la Comisión se basó en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de 2006»). Determinó el importe de base de la multa precisando que había basado el cálculo en las ventas de cada empresa por Estado miembro, multiplicadas por el número de años de participación en la infracción constatada en cada Estado miembro y respecto del subgrupo de productos considerado, de modo que se había tenido en cuenta que algunas empresas sólo estaban activas en algunos Estados miembros o respecto de uno o dos de los tres subgrupos de productos.

A.      Multa impuesta a Keramag y otros

15.      En cuanto a la gravedad de la infracción, la Comisión fijó el coeficiente en el 15 %, tomando en consideración cuatro criterios: las cuotas de mercado combinadas, la naturaleza, la dimensión geográfica y la ejecución de la infracción.

16.      Además de aplicar un coeficiente multiplicador por la duración de la infracción, la Comisión, con el fin de disuadir a las empresas en cuestión de participar en prácticas colusorias como las que son objeto de la Decisión controvertida, decidió incrementar en un 15 % el importe de base de la multa.

17.      Una vez determinado el importe de base, la Comisión examinó la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes que pudieran justificar su ajuste. No consideró que concurrieran circunstancias de este tipo y, tras aplicar el límite del 10 %, fijó en 57 690 000 euros la multa impuesta a Keramag Keramische Werke GmbH y otros (en lo sucesivo, «Keramag y otros») (artículo 2, apartado 7, de la Decisión controvertida).

B.      Multa impuesta a Duravit y otros

18.      En cuanto a la gravedad de la infracción, la Comisión fijó el coeficiente en el 15 %, tomando en consideración cuatro criterios: las cuotas de mercado combinadas, la naturaleza, la dimensión geográfica y la ejecución de la infracción. Además de aplicar un coeficiente multiplicador por la duración de la infracción, la Comisión, con el fin de disuadir a las empresas en cuestión de participar en prácticas colusorias como las que son objeto de la Decisión controvertida, decidió incrementar en un 15 % el importe de base de la multa.

19.      Una vez determinado el importe de base, la Comisión no consideró que concurrieran circunstancias agravantes o atenuantes y, tras aplicar el límite del 10 %, fijó en 29 266 325 euros la multa impuesta a Duravit y otros (artículo 2 de la Decisión controvertida).

C.      Multas impuestas a Villeroy & Boch AG y a Villeroy & Boch France

20.      En el artículo 1, apartado 1, de la Decisión controvertida, la Comisión sancionó a Villeroy & Boch AG por su participación en una infracción única en el período comprendido entre el 28 de septiembre de 1994 y el 9 de noviembre de 2004 y a sus filiales Villeroy & Boch Austria GmbH (en lo sucesivo, «Villeroy & Boch Austria»), Villeroy & Boch Belgium y Villeroy & Boch SAS (en lo sucesivo, «Villeroy & Boch France») por su participación en la misma infracción en los períodos comprendidos entre el 12 de octubre de 1994, como fecha más temprana, y el 9 de noviembre de 2004.

21.      En el artículo 2, apartado 8, de la Decisión controvertida, la Comisión impuso multas, en primer lugar, por importe de 54 436 347 euros a Villeroy & Boch; en segundo lugar y a título solidario, por importe de 6 083 604 euros a Villeroy & Boch y a Villeroy & Boch Austria; en tercer lugar y a título solidario, por importe de 2 942 608 euros a Villeroy & Boch y a Villeroy & Boch Belgium, y, en cuarto lugar y a título solidario, por importe de 8 068 441 euros a Villeroy & Boch y a Villeroy & Boch France. El importe total de las multas impuestas a Villeroy & Boch AG y a sus filiales alcanzaba, por tanto, los 71 531 000 euros.

D.      Multa impuesta a Roca Sanitario

22.      La Comisión declaró, en el artículo 1, apartado 3, de la Decisión controvertida, que Roca Sanitario y las dos filiales de ésta implicadas en el presente caso habían vulnerado el artículo 101 TFUE, apartado 1, al haber participado en Francia y en Austria en un acuerdo continuado o en prácticas concertadas en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño.

23.      Conforme al artículo 2, apartado 4, de la Decisión controvertida, la Comisión impuso a Roca Sanitario una multa de 17 700 000 euros a título solidario junto con Laufen Austria y una multa de 6 700 000 euros a título solidario junto con Roca France. Por otro lado, impuso a Laufen Austria, individualmente, una multa de 14 300 000 euros por su participación en la infracción durante el período que precede a la adquisición del grupo Laufen por Roca Sanitario.

II.    Procedimiento ante el Tribunal General y sentencias impugnadas

A.      Keramag y otros

24.      El 8 de septiembre de 2010, Keramag y otros recurrieron al objeto de obtener la anulación de la Decisión controvertida (asuntos T‑379/10 y T‑381/10). Se formularon siete motivos de recurso en el asunto T‑379/10 y nueve en el asunto T‑381/10.

25.      El Tribunal General desestimó la mayor parte de los motivos, pero acogió las partes primera y tercera del tercer motivo de Keramag y otros en el asunto T‑381/10. (13) Tras apreciar que la Comisión había incurrido en error al declarar, por un lado, que las sociedades Allia SAS y Produits Céramiques de Touraine SA (PCT) habían participado en la infracción y, por otro, que la participación de la sociedad Pozzi Ginori abarcaba desde el 10 de marzo de 1996 hasta el 14 de septiembre de 2001, cuando tan sólo había quedado fehacientemente acreditada para el período comprendido entre el 14 de mayo de 1996 y el 9 de marzo de 2001, el Tribunal General anuló la parte correspondiente del artículo 1, apartado 1, punto 6, de la Decisión controvertida.

26.      En lo que atañe a la reducción de las multas, el Tribunal General, teniendo en cuenta que el tercer motivo formulado por Keramag y otros había sido parcialmente estimado, anuló el artículo 2, apartado 7, de la Decisión controvertida, «en la medida en que el importe total de la multa impuesta […] supera los 50 580 701 euros» (punto 2 del fallo), lo que supone una reducción de 7 109 299 euros.

B.      Duravit y otros

27.      El 2 de septiembre de 2010, Duravit y otros interpusieron un recurso de anulación de la Decisión controvertida invocando nueve motivos. Los seis primeros motivos, centrados en la anulación de la Decisión controvertida, se basaban respectivamente, en primer lugar, en la vulneración de las exigencias de prueba de la infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1; en segundo lugar, en la violación del derecho de defensa de Duravit y otros y en un error de apreciación de su supuesta participación en un cártel multiproductos en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño; en tercer lugar, en un error de apreciación de la supuesta participación de Duravit y otros en una infracción de las normas sobre la competencia en el sector de los artículos cerámicos en Alemania; en cuarto lugar, en un error de apreciación de la supuesta participación de Duravit y otros en una concertación de precios en Bélgica y en Francia; en quinto lugar, en un error de apreciación al calificar las prácticas controvertidas de infracción única y continuada, y, en sexto lugar, en la vulneración del derecho a ser oído debido a la duración del procedimiento administrativo desde la audiencia de Duravit y otros hasta la adopción de la Decisión controvertida.

28.      El séptimo motivo se centraba en la ilegalidad de las disposiciones del artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1), y de las Directrices de 2006 e incluía la proposición de dos excepciones de ilegalidad.

29.      Con los motivos octavo y noveno, centrados en la reducción del importe de la multa, se censuraba respectivamente que no se hubiera tomado en consideración, para determinar el importe de base de la multa, la menor gravedad de la participación de Duravit y otros en la infracción constatada, comparada con la de los demás participantes, y que el importe final de la multa que se les impuso, tras la aplicación del límite del 10 %, fuera desproporcionado.

30.      El Tribunal General declaró, en el apartado 339 de la sentencia Duravit, que la Comisión había cometido un error de apreciación al estimar que Duravit y otros habían participado en la infracción constatada en los territorios de Italia, Austria y Países Bajos. En consecuencia, acogió en parte, en los apartados 352 a 357 de dicha sentencia, las pretensiones por las se solicitaba, con carácter principal, la anulación parcial de la Decisión controvertida.

31.      Por lo que respecta a las pretensiones formuladas con carácter subsidiario para la reducción del importe de la multa impuesta a Duravit y otros, en primer lugar el Tribunal General desestimó por falta de fundamento, en los apartados 376 y 384 de dicha sentencia, los motivos por los que Duravit y otros alegaban que el método de cálculo del importe de base de la multa no respetaba los principios de igualdad de trato y de individualidad de las sanciones y que el importe final de la multa impuesta no resultaba proporcionado ni igualitario.

32.      En segundo lugar, el Tribunal General estimó, en los apartados 385 y 386 de la sentencia Duravit, que no estaba justificado, en el marco de su competencia jurisdiccional plena, reducir en 29 266 325 euros el importe de la multa impuesta a Duravit y otros y que este importe constituía una sanción apropiada dadas la duración y la gravedad de la infracción controvertida.

C.      Villeroy & Boch AG

33.      El 8 de septiembre de 2010, Villeroy & Boch AG interpuso un recurso ante el Tribunal General al objeto de obtener la anulación de la Decisión controvertida en la medida en que le afectaba y, con carácter subsidiario, la reducción del importe de las multas que se le habían impuesto (asunto T‑374/10).

34.      Alegó que la Comisión había calificado erróneamente la infracción constatada de infracción única, compleja y continuada y, con carácter subsidiario, que había vulnerado, en ese contexto, su obligación de motivación al no haber delimitado con la precisión suficiente los mercados de que se trata. Villeroy & Boch AG alegó asimismo que no había cometido ninguna infracción en Alemania en relación con los tres subgrupos de productos.

35.      Villeroy & Boch AG afirmaba también que no podía atribuírsele responsabilidad por el comportamiento contrario a la competencia de Ucosan BV, una de sus filiales, dado que ésta había actuado de manera autónoma en el mercado. A este respecto, observó que se había asignado por contrato al gerente y fundador de Ucosan BV la responsabilidad final por las operaciones y que sólo él era responsable del marketing y las ventas.

36.      Según Villeroy & Boch AG, la Comisión le atribuyó erróneamente haber participado en un cártel en el mercado austriaco. Estima que, por su condición de sociedad matriz, no podía considerarse que fuera responsable de la infracción cometida por Villeroy & Boch Austria, dado que la jurisprudencia europea sobre la imputación a la sociedad matriz del comportamiento contrario a la competencia de una filial participada al 100 % contraviene, entre otros, los principios de legalidad de los delitos y las penas y de presunción de inocencia. Por otro lado, Villeroy & Boch AG invocaba la falta de pruebas de la infracción en Austria.

37.      Por último, Villeroy & Boch AG negó la existencia de infracción en Francia, Bélgica e Italia e impugnó el carácter solidario de las multas impuestas.

38.      En opinión del Tribunal General, la Comisión no había demostrado que Villeroy & Boch AG hubiera participado en dicha infracción única antes del 12 de octubre de 1994 (véase el apartado 321 de la sentencia Villeroy & Boch Austria). Sin embargo, la anulación parcial del artículo 1, apartado 1, de la Decisión controvertida, que se deriva de esa apreciación, no repercutió en el cálculo del importe de la multa impuesta a Villeroy & Boch AG en el artículo 2, apartado 8, de dicha Decisión. Según el Tribunal General, en el cálculo mencionado, la Comisión sólo había tenido en cuenta, en cualquier caso, la participación en la infracción de Villeroy & Boch AG a partir del 12 de octubre de 1994.

D.      Villeroy & Boch France

39.      El 8 de septiembre de 2010, Villeroy & Boch France interpuso ante el Tribunal General un recurso al objeto de obtener la anulación de la Decisión controvertida en la medida en que le afecta o, con carácter subsidiario, la reducción del importe de las multas que se le habían impuesto (asunto T‑382/10). El Tribunal General desestimó el recurso de Villeroy & Boch France en su totalidad.

E.      Roca Sanitario

40.      El 8 de septiembre de 2010, Roca Sanitario interpuso ante el Tribunal General un recurso al objeto de obtener la anulación de la Decisión controvertida en la medida en que le afecta o, con carácter subsidiario, la reducción del importe de las multas que se le habían impuesto.

41.      En apoyo de las pretensiones de anulación parcial de dicha Decisión, Roca Sanitario invocaba esencialmente seis motivos. Los motivos primero, segundo y quinto se referían a la atribución de responsabilidad a Roca Sanitario por el comportamiento contrario a la competencia de sus filiales. En particular, el quinto motivo versaba sobre la determinación del período por el que podía considerarse responsable a Roca Sanitario de la actuación de Laufen Austria. El tercer motivo se basaba en la vulneración del derecho de defensa. El cuarto motivo versaba sobre el cálculo de la multa impuesta solidariamente a Roca Sanitario y a Laufen Austria. El sexto motivo se basaba en la violación del principio de igualdad de trato a la hora de determinar el importe de base de las multas.

42.      Por otro lado, Roca Sanitario formuló dos alegaciones en apoyo de sus pretensiones con el fin subsidiario de que se redujese el importe de las multas. La primera alegación se basaba en la menor gravedad de la infracción por la que se le imputaba responsabilidad en comparación con la cometida por otras participantes en el cártel. En la segunda alegación, Roca Sanitario solicitaba que se le concediera cualquier reducción del importe de la multa que el Tribunal General reconociera eventualmente a sus filiales en los recursos paralelos interpuestos por éstas.

43.      Dado que el Tribunal General, en su sentencia sobre el recurso de Roca France, redujo el importe de la multa impuesta solidariamente a esta última y a Roca Sanitario por un error cometido por la Comisión al apreciar los elementos aportados por Roca France en el marco de su solicitud de clemencia, estimó la segunda alegación formulada por Roca Sanitario en apoyo de sus pretensiones subsidiarias. Por lo tanto, el Tribunal General redujo el importe de la multa impuesta a Roca Sanitario a título solidario junto con Roca France en un 6 %, es decir, en 402 000 euros. Desestimó el recurso en todo lo demás.

III. Sobre los recursos de casación

44.      En la vista de 10 de septiembre de 2015 se oyeron los informes orales de todas las partes.

A.      Asunto Comisión/Keramag Keramische Werke y otros

1.      Sobre el recurso de casación: exclusivamente partes segunda, tercera y quinta del primer motivo

a)      Segunda parte del primer motivo (el Tribunal General no examinó la solicitud de clemencia de Roca France)

i)      Resumen sucinto de las alegaciones de las partes

45.      La Comisión alega que el Tribunal General, tras haber constatado erróneamente que la declaración presentada por American Standard Inc. (en lo sucesivo, «Ideal Standard») en el marco de la solicitud formulada en virtud de la Comunicación de 2002 sobre la cooperación debía corroborarse mediante otro medio de prueba, erró también al abstenerse de examinar la declaración que Roca France había adjuntado a su solicitud de clemencia y, pese a haberla examinado en otras sentencias dictadas el mismo día, por los mismos jueces y sobre el mismo cártel, le negó sin motivación alguna todo valor probatorio para confirmar la declaración de Ideal Standard, mediante la mera referencia a un pasaje de la Decisión controvertida en el que se resumía la respuesta de Roca France al pliego de cargos.

46.      Por el contrario, Keramag y otros alegan con carácter general que: i) la Comisión interpreta erróneamente la naturaleza del control jurisdiccional al considerar que el Tribunal General no puede llegar a diferentes conclusiones en asuntos distintos, en un contexto en que las alegaciones formuladas y las pruebas aportadas son diversas; ii) se remite a pruebas inadmisibles, que no se adjuntaron a los autos del correspondiente asunto y que, por tanto, no pueden invocarse contra Keramag y otros; iii) la Comisión distorsiona las pruebas aportadas a los autos por estimar que las sentencias en los asuntos paralelos atañen a las mismas pruebas, cuando las pruebas que invoca la Comisión no forman parte de los autos del asunto en cuestión, y iv) cuando solicita que el Tribunal de Justicia anule la sentencia del Tribunal General, basándose en las pruebas presentadas en otros asuntos, la Comisión solicita en realidad que el Tribunal de Justicia vulnere el derecho de defensa de Keramag y otros.

47.      En lo que atañe concretamente a la segunda parte del motivo, Keramag y otros alegan que no correspondía al Tribunal General examinar la declaración presentada por Roca France en el marco del procedimiento de clemencia, puesto que la Comisión no la había aportado a los autos. Por lo que respecta a la respuesta de Roca France al pliego de cargos, el Tribunal General no incurrió en error al basarse en los pasajes pertinentes de la Decisión controvertida. Por último, no se han distorsionado las pruebas en el presente caso, dado que se trata de pruebas diferentes, debatidas de distinto modo en asuntos diversos.

ii)    Apreciación

48.      Con carácter preliminar, cabe señalar, en línea con lo mantenido por la Comisión, que existe una contradicción fundamental entre la sentencia Keramag, por un lado, y tres de las otras sentencias dictadas contra la misma Decisión, el mismo día y por los mismos jueces, en relación con los mismos hechos y las mismas pruebas.

49.      Mientras que en la sentencia Keramag, el Tribunal General no examinó la declaración de Roca France que se adjuntaba a su solicitud de clemencia, a la que negó por tanto todo valor probatorio para confirmar la declaración de Ideal Standard, se pronunció de otro modo en las sentencias Villeroy & Boch Austria, Duravit y Roca:

–        en efecto, en la sentencia Villeroy & Boch Austria, el Tribunal General consideró que habían quedado suficientemente demostradas las conversaciones contrarias a la competencia mantenidas en la reunión de la Association française des industries de céramique sanitaire (en lo sucesivo, «AFICS») de 25 de febrero de 2004. A este respecto, se basó en las respectivas solicitudes de clemencia presentadas por Ideal Standard y por Roca France, que se corroboraban mutuamente, y aplicó su jurisprudencia conforme a la cual una solicitud de clemencia puede quedar corroborada por otra; (14)

–        en la sentencia Duravit, el Tribunal General llegó a la misma conclusión, y

–        en la sentencia Roca, el Tribunal General concedió una reducción de la multa del 6 % a Roca France porque había aportado un valor añadido significativo al demostrar que en la reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004 se habían mantenido conversaciones contrarias a la competencia, es decir, el mismo componente de la infracción que es objeto del presente recurso de casación. (15)

50.      Me dispongo a analizar ahora las dos alegaciones formuladas por la Comisión.

–       Primera alegación: el Tribunal General no tuvo en cuenta la declaración de Roca France que se adjuntaba a su solicitud de clemencia

Resumen de la jurisprudencia

51.      En este contexto, procede recordar que una parte recurrente puede alegar en casación que el Tribunal General no ha respetado las reglas de Derecho y los principios generales sobre la carga de la prueba o las reglas de procedimiento en materia de prueba. (16)

52.      Asimismo, la sentencia del Tribunal General debe contar con la suficiente motivación como para que el Tribunal de Justicia pueda reexaminarla. (17)

53.      Por otro lado, «la cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal [General] es contradictoria o insuficiente constituye una cuestión de Derecho que, como tal, puede ser invocada en el marco de un recurso de casación». (18)

54.      Se consideran también admisibles en fase de casación los motivos basados en el examen incompleto de los hechos (19) y es también una cuestión de Derecho la determinación de si el Tribunal General ha interpretado erróneamente el acto impugnado al atribuirle algo que no contiene o al citarlo de modo inexacto. En ese caso, el Tribunal General comete un error de Derecho al sustituir la motivación del acto por la suya propia. (20)

55.      Por ejemplo, en la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6), apartados 381 a 385, el Tribunal de Justicia declaró que «el Tribunal de Primera Instancia excluyó del cálculo de las multas impuestas a Ciments français el volumen de negocios de las filiales españolas y griega de esta sociedad porque quedó acreditado que todavía no las controlaba en el período con respecto al cual se le imputan los comportamientos constitutivos de la infracción. El Tribunal de Primera Instancia admitió, por otra parte, que en 1990 Ciments français había abandonado todo comportamiento litigioso. […] Pues bien, de la propia Decisión Cemento se desprende que Ciments français había tomado el control de CCB durante el año 1990, es decir, el mismo año en el que había adquirido el control de sus filiales en España y en Grecia. […] el Tribunal de Primera Instancia incurrió, en consecuencia, en un error manifiesto que podía haberse detectado al leer un documento como la Decisión Cemento, que evidentemente se encontraba desde el principio en el centro de los debates» (el subrayado es mío).

56.      Asimismo, en la sentencia PKK y KNK/Consejo (C‑229/05 P, EU:C:2007:32), apartados 37 a 54, el Tribunal de Justicia declaró que «[…] resulta que la apreciación de que “según el testimonio del Sr. [Osman] Ocalan, aportado como documento adjunto a la demanda, el congreso del PKK […] decidió su disolución”, que figura en el apartado 35 del auto recurrido, es inexacta y contraria al tenor de la declaración del Sr. Osman Ocalan a que se refiere dicha apreciación. […] Asimismo, la afirmación contenida en el apartado 37 del auto recurrido, según la cual “lejos de demostrar la capacidad jurídica del Sr. [Osman] Ocalan para representar al PKK, los demandantes afirman por el contrario que dicha entidad ya no existe”, no es conforme con los elementos de prueba de que disponía el Tribunal de Primera Instancia. […] Por tanto, las apreciaciones de hecho contenidas en los apartados 35 y 37 del auto recurrido son inexactas y constituyen una desnaturalización de los elementos de prueba de que disponía el Tribunal de Primera Instancia. De ello resulta que el cuarto motivo es fundado» (el subrayado es mío).

57.      Asimismo, en la sentencia Industrias Químicas del Vallés/Comisión (C‑326/05 P, EU:C:2007:443), apartados 60 a 69, el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que «es preciso reconocer que las apreciaciones de hecho formuladas en los apartados 94 y 104 de la sentencia recurrida, según las cuales la Comisión no había cambiado en absoluto de posición sobre la necesidad de que la demandante presentara un “expediente completo” en apoyo de su solicitud de registro del metalaxil, son inexactas y constituyen una desnaturalización de las pruebas sometidas al Tribunal de Primera Instancia».

58.      Por último, como ha señalado el Abogado General Mischo, (21) «según reiterada jurisprudencia, en principio, en el contexto de un recurso de casación, no puede cuestionarse una comprobación de hecho efectuada por el Tribunal [General]. Sin embargo, este principio admite como excepción el caso de que dicha comprobación adolezca de un error manifiesto de apreciación. En particular, éste es el caso cuando la comprobación de los hechos por parte del Tribunal [General] esté contradicha por los documentos que obran en autos» (el subrayado es mío).

Análisis

59.      En mi opinión, el análisis debe encabezarse por la cita completa de los apartados 112 a 121 de la sentencia Keramag, en la medida en que contienen las apreciaciones del Tribunal General relativas a la infracción cometida en el marco de la AFICS:

«112      A este respecto, debe señalarse que del cuadro D que figura en el considerando 1223 de la Decisión [controvertida] se desprende que la Comisión tuvo en cuenta una participación efectiva de PCT y de Allia en la infracción constatada en el mercado francés de una duración de ocho meses, correspondiente al período comprendido entre el 25 de febrero y el 9 de noviembre de 2004, sobre la base de su presencia en la reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004.

113      Por otro lado, de los considerandos 556 y 590 de la Decisión [controvertida] resulta que la conclusión de la Comisión de que, en la reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004, los fabricantes de artículos cerámicos coordinaron sus precios mínimos para los productos de gama baja se fundamenta en cuatro pruebas: en primer lugar, la respuesta de Duravit al pliego de cargos (considerando 584 de la Decisión [controvertida]); en segundo lugar, la solicitud presentada por Ideal Standard al amparo de la Comunicación de 2002 sobre la cooperación (considerando 583 de la Decisión [controvertida]); en tercer lugar, un cuadro que Ideal Standard había adjuntado a dicha solicitud (considerando 588 de la Decisión [controvertida]), y, en cuarto lugar, la solicitud presentada por Roca [France] al amparo de la Comunicación de 2002 sobre la cooperación (considerando 556 de la Decisión [controvertida]).

114      El examen sucesivo de estas diferentes pruebas, al objeto de verificar su valor probatorio, debe efectuarse a la luz de la jurisprudencia citada en los apartados 95 a 108 de la presente sentencia.

115      En primer lugar, por lo que respecta a la declaración de Duravit en la respuesta al pliego de cargos, por la que se confirma que se habían mantenido conversaciones sobre los precios mínimos en la reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004, procede señalar que, como ha confirmado la Comisión en respuesta a una cuestión planteada por el Tribunal [General] en la vista, esta declaración no se comunicó a las demandantes en el proceso administrativo. Además, debe destacarse que no se aludía a ella en el escrito de exposición de los hechos de 9 de junio de 2009 que fue remitido a las demandantes.

116      Conforme a la jurisprudencia, las informaciones contenidas en un documento que, pese a que haya servido de fundamento a las conclusiones de la Comisión, no se haya comunicado a la empresa interesada no pueden utilizarse en el marco del procedimiento (véase, en este sentido, la sentencia […] AKZO/Comisión, C‑62/86 [EU:C:1991:286], apartado 21). En consecuencia, no puede considerarse que dicho documento constituya una prueba válida a su respecto (véase, en este sentido, la sentencia […] AEG-Telefunken/Comisión, 107/82 [EU:C:1983:293], apartado 27). Por lo tanto, no cabe ver en la declaración de Duravit [y otros] un medio de prueba que pueda oponerse a las demandantes.

117      En segundo lugar, por lo que respecta a las declaraciones efectuadas por Ideal Standard en el marco de la solicitud que presentó al amparo de la Comunicación de 2002 sobre la cooperación, procede recordar que, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 105 de la presente sentencia, en el caso de que de una empresa acusada de haber participado en un cártel formule una declaración cuya exactitud nieguen varias de las demás empresas acusadas, dicha declaración no puede considerarse una prueba suficiente de la existencia de una infracción si no está respaldada por otras pruebas.

118      En el presente caso, se desprende de la Decisión [controvertida] que las declaraciones de Ideal Standard sobre la reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004 habían sido refutadas. De este modo, en el considerando 585 de la Decisión [controvertida], la Comisión hizo constar que Villeroy & Boch y Allia consideraban que la coordinación de los precios mínimos, especialmente en el marco de dicha reunión, no había quedado demostrada. Por consiguiente, procede considerar que las declaraciones de Ideal Standard no pueden, por sí mismas, constituir una prueba suficiente de que las conversaciones mantenidas en dicha reunión fueran contrarias a la competencia.

119      En tercer lugar, en lo que atañe al cuadro que Ideal Standard adjunta a la solicitud presentada al amparo de la Comunicación de 2002 sobre la cooperación, el Tribunal [General] señala que comprende cuatro columnas con el título, respectivamente, de “mini”, “maxi”, “IS” y “Porcher”, el tercero de los cuales se entiende referido a Ideal Standard y el cuarto es un signo registrado como marca a nombre de Ideal Standard. Ahora bien, debe señalarse que el cuadro no lleva fecha ni ninguna otra indicación que pueda relacionarlo con la reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004 ni con ninguna conversación contraria a la competencia. En particular, el cuadro no menciona nombres de competidores ni precios mínimos o máximos que deban aplicar. Por tanto, no puede afirmarse, como hace la Comisión en su escrito de contestación, que el cuadro constituya una prueba documental que corrobore la fijación de los precios en el marco de dicha reunión, tal como la describe Ideal Standard en las declaraciones referentes a la solicitud presentada al amparo de la Comunicación de 2002 sobre la cooperación.

120      En cuarto lugar, en lo que atañe a la solicitud presentada por Roca [France] en virtud de la misma Comunicación, procede señalar que la propia Comisión indica, en el considerando 586 de la Decisión [controvertida], que si bien Roca [France] confirma de modo general en dicha solicitud que hubo un intercambio de precios mínimos en el seno de la AFICS entre 2002 y 2004, también afirma, en particular en cuanto a la reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004, que la descripción de Ideal Standard sobre la coordinación de los precios mínimos con motivo de dicha reunión no se ha visto confirmada por otras empresas que han presentado una solicitud al amparo de la Comunicación mencionada. Por lo tanto, procede declarar que, a falta de pruebas confirmatorias, la Comisión no podía basarse en las declaraciones que había efectuado Roca [France] en el marco de la solicitud presentada en virtud de dicha Comunicación, para demostrar que se había producido una coordinación de los precios mínimos en la reunión referida.

121      Habida cuenta del conjunto de consideraciones anteriores, las demandantes censuran acertadamente a la Comisión el haber concluido que Allia y PCT habían participado en actuaciones contrarias a la competencia en la reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004. Por lo tanto, procede acoger la primera parte del tercer motivo por resultar fundada.»

60.      En el punto 1 del fallo de la sentencia Keramag, el Tribunal General anuló el artículo 1, apartado 1, punto 6, de la Decisión controvertida, en la medida en que la Comisión concluía que Allia SAS y PCT habían participado en una infracción relativa a un cártel en el mercado francés entre el 25 de febrero de 2004 y el 9 de noviembre de 2004. Aun cuando el punto 2 del fallo no menciona expresamente a Allia SAS y a PCT, se redujo la multa para reflejar el apartado 326 de la sentencia Keramag. (22)

61.      Los apartados de la sentencia Keramag que se han citado anteriormente no ponen claramente de manifiesto las razones por las que el Tribunal General no tuvo en cuenta la declaración de Roca France que se adjuntaba a su solicitud de clemencia.

62.      Considero, al igual que la Comisión, que el Tribunal General probablemente estimó suficiente remitirse al considerando 586 de la Decisión controvertida, en el que se resume la respuesta de Roca France al pliego de cargos, (23) para no tomar en consideración la declaración de Roca France que se adjuntaba a su solicitud de clemencia.

63.      Ahora bien, esta respuesta de Roca France al pliego de cargos no formaba parte de los autos. Por lo tanto, se plantea la cuestión de si el Tribunal General podía anular una parte de la Decisión controvertida basándose en un documento que no constaba en los autos.

64.      Según reiterada jurisprudencia, «el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar las pruebas que el Tribunal [General] haya admitido en apoyo de éstos. En efecto, siempre que dichas pruebas se hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y de valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal [General] apreciar la importancia que ha de atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados». (24) En consecuencia, esta apreciación no constituye, «sin perjuicio del caso de la desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia». (25)

65.      Por otro lado, conforme a la jurisprudencia, «corresponde al órgano jurisdiccional [de la Unión] decidir respecto a la necesidad de que se presente un documento, en función de las circunstancias del litigio, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Procedimiento acerca de las diligencias de prueba. En cuanto al Tribunal [General], de lo dispuesto en […] su Reglamento de Procedimiento resulta que la petición de aportación de documentos forma parte de las diligencias de prueba que el Tribunal [General] puede ordenar en cualquier fase del procedimiento». (26)

66.      Asimismo, conforme a la jurisprudencia, (27) «sólo el Tribunal [General] puede decidir, cuando procede, sobre la necesidad de completar la información de que dispone en los asuntos de que conoce. El valor probatorio de los documentos obrantes en autos depende de su apreciación soberana de los hechos, que […] no está sujeta al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en los casos de desnaturalización de las pruebas presentadas ante el Tribunal [General] o cuando la inexactitud material de las comprobaciones del Tribunal [General] se desprenda de los documentos aportados a los autos» (el subrayado es mío).

67.      Además, como la jurisprudencia ha recordado en numerosas ocasiones, «la apreciación efectuada por el Tribunal [General] de los elementos de prueba que le fueron presentados no constituye, salvo casos de desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de Derecho sometida al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación», (28) al tiempo que «el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar las pruebas que el Tribunal [General] haya admitido en apoyo de éstos. En efecto, siempre que dichas pruebas se hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y de valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal [General] apreciar la importancia que debe atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados. Así pues, esta apreciación no constituye, salvo en caso de desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia». (29)

68.      La facultad de control por el Tribunal de Justicia sobre las apreciaciones de hecho efectuadas por el Tribunal General sólo se extiende «a la inexactitud material de estas comprobaciones que se desprenda de los documentos que obran en autos, a la desnaturalización de los medios de prueba, a la calificación jurídica de éstos y a la cuestión de si se han cumplido las reglas en materia de carga y práctica de la prueba». (30)

69.      Por último, a título de ejemplo del control ejercitado por el Tribunal de Justicia en este contexto, cabe citar lo declarado en el apartado 57 de la sentencia Activision Blizzard Germany/Comisión (C‑260/09 P, EU:C:2011:62), conforme al cual «el control efectuado por el Tribunal de Justicia al examinar el presente motivo, basado en una distorsión de [los] faxes [controvertidos en dicho asunto], debe limitarse a la verificación de que el Tribunal General no sobrepasó manifiestamente los límites de una apreciación razonable de dichos faxes cuando hizo constar, basándose en tales documentos, que CD - Contact Data había participado en un acuerdo ilegal destinado a restringir el comercio paralelo en general. En este caso concreto, lo que incumbe, pues, al Tribunal de Justicia, no es apreciar de manera autónoma si la Comisión acreditó de forma jurídicamente suficiente esa participación y cumplió así su obligación de probar la existencia de una infracción de las normas del Derecho de la competencia, sino determinar si el Tribunal General, al llegar a la conclusión de que ése era efectivamente el caso, interpretó los mencionados faxes de un modo manifiestamente contrario a su tenor literal, cuestión esta última que debe recibir una respuesta negativa» (el subrayado es mío).

70.      Cabe trazar un paralelismo entre el presente caso y la sentencia UFEX y otros/Comisión (C‑119/97 P, EU:C:1999:116), en la que el Tribunal de Justicia declaró que «dado que [los recurrentes] habían solicitado de modo expreso al Tribunal de Primera Instancia que ordenara que se aportase el mencionado escrito, dicho Tribunal incurrió en error de Derecho en la aplicación del concepto de desviación de poder al estimar que tal escrito no constituía un indicio suficiente, sin haber tomado medidas para proceder a examinarlo» (apartado 109); que «procede señalar que el Tribunal de Primera Instancia no podía denegar la petición de los demandantes de ordenar que se aportara un documento aparentemente pertinente para la solución del litigio, basándose en que tal documento no obraba en autos y en que ningún elemento permitía confirmar su existencia» (apartado 110), y que «es preciso hacer constar que del apartado 113 de la sentencia recurrida [en dicho asunto] se desprende que los demandantes habían indicado el autor, el destinatario y la fecha del escrito cuya aportación solicitaban. A la vista de tales elementos, el Tribunal de Primera Instancia no podía contentarse con desestimar las alegaciones de las partes por insuficiencia de prueba, cuando lo cierto era que incumbía a dicho Tribunal, accediendo a la petición de los demandantes de ordenar la presentación de documentos, hacer disipar la incertidumbre que podía existir en cuanto a la exactitud de tales alegaciones o explicar las razones por las cuales un documento de ese tipo no podía, en ningún caso y fuera cual fuese su contenido, resultar pertinente para la solución del litigio» (apartado 111).

71.      En mi opinión, la jurisprudencia citada en los apartados anteriores no puede implicar que el Tribunal General esté facultado para basarse en las declaraciones contenidas en un documento que se resuman en otro para anular una decisión, sin haber tenido acceso a las declaraciones de que se trata —en este caso, la respuesta de Roca France al pliego de cargos— ni haberlas examinado.

72.      Además, la mencionada respuesta no obraba en los autos del asunto ni se comunicó a las demandantes en primera instancia. (31)

73.      Como ha declarado el Tribunal de Justicia, por un lado, «por regla general, el principio de contradicción implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicación de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas», (32) y, por otro lado, «basar una resolución judicial en hechos y documentos de los cuales las propias partes, o una de ellas, no han podido tener conocimiento, y sobre los cuales, por tanto, no han podido presentar sus observaciones, supondría violar un principio jurídico elemental». (33)

74.      En efecto, «para cumplir los requisitos vinculados al derecho a un proceso equitativo, procede que las partes tengan conocimiento y puedan debatir de forma contradictoria los elementos tanto de hecho como de Derecho decisivos para la resolución del procedimiento». (34)

75.      El derecho de defensa figura entre los derechos fundamentales que forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia. (35) El respeto del derecho de defensa en un procedimiento seguido ante la Comisión que tenga por objeto imponer una multa a una empresa por vulneración de las normas sobre la competencia exige que la empresa afectada haya podido dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias invocados, así como sobre los documentos que la Comisión haya tenido en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción del Tratado. (36) En el artículo 41, apartado 2, letras a) y b), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») se materializan estos derechos.

76.      Por lo tanto, la circunstancia de que el Tribunal General haya basado sus conclusiones, en el apartado 120 de la sentencia Keramag, en el resumen contenido en la Decisión controvertida sobre las alegaciones de Roca France que figuraban en su respuesta al pliego de cargos, sin examinarlas directamente ni a través de la declaración presentada por Roca France junto con su solicitud de clemencia, vulnera el principio de respeto del derecho de defensa e incumple la obligación de motivación. Por otro lado, como señala la Comisión, si Roca France no hubiera ayudado a la Comisión, como declaró el Tribunal General en el apartado 120 de la sentencia Keramag, no habría debido obtener la reducción de la multa en la sentencia Roca Sanitario.

77.      A diferencia de lo que afirma el Tribunal General, que sugiere una modificación de la postura expresada por Roca France, considero que Roca France pretendía minimizar el valor probatorio de las declaraciones de Ideal Standard con el fin de incrementar el valor añadido de las suyas.

78.      La interpretación por la que me inclino en este asunto no sólo la comparte la Comisión, sino que también se ve corroborada por las conclusiones alcanzadas por el Tribunal General en la sentencia Roca, asunto en el que, por otro lado, el Tribunal General examinó como tal la respuesta de Roca France al pliego de cargos, que, en contraste con lo que sucede en este caso, obraba efectivamente en los autos, y las declaraciones efectuadas por Roca en el marco de la solicitud de clemencia.

79.      Si se concede que debe atribuirse mayor relevancia a la sentencia dictada en el asunto en el que se han examinado los documentos en cuestión, obrantes en autos, que a la dictada en un asunto en que el Tribunal General no ha llevado a cabo dicho examen o en que tales documentos ni siquiera obraban en autos, no puede sino reafirmarse dicha interpretación.

80.      Ahora bien, si se examina con mayor atención la sentencia Roca, el Tribunal General consideró en dicha sentencia que las pruebas proporcionadas por Ideal Standard no eran suficientes para demostrar la existencia de la infracción, mientras que Roca France había aportado un «valor añadido significativo» en las declaraciones que había presentado en el marco de la solicitud de clemencia (apartados 197 a 202). En posteriores apartados (apartado 203 y siguientes), el Tribunal General examinó si había contradicción entre la declaración presentada por Roca France en el marco de la solicitud de clemencia y su respuesta al pliego de cargos y declaró, en el apartado 210, que «los elementos mencionados en el considerando 586 de la Decisión [controvertida], tal como los desarrolló la Comisión en sus escritos procesales, no permiten concluir que la demandante desacreditara la información que ella misma había aportado. En efecto, por una parte, se desprende tanto de la Decisión [controvertida] como de los escritos procesales de la Comisión que la demandante confirmó los intercambios relativos a los precios mínimos de los productos cerámicos de gama baja en el seno de la AFICS, en particular en 2004, lo cual no ha sido rebatido. Por otra parte, es cierto que la demandante cuestionó el valor probatorio de la declaración de Ideal Standard relativa a la reunión de la AFICS celebrada el 25 de febrero de 2004 y del documento que ésta aportó en apoyo de su declaración. No obstante, es preciso considerar que, al obrar de este modo, la demandante se limitó a presentar a la Comisión argumentos dirigidos a demostrar que los elementos presentados por Ideal Standard no bastaban para demostrar la existencia de una infracción relativa a los productos cerámicos cometida en Francia en 2004, con el fin de demostrar que la información que ella misma había presentado en el marco de su solicitud de concesión de una reducción del importe de la multa era necesaria para que la Comisión pudiera demostrar la comisión de dicha infracción y, por lo tanto, presentaba un valor añadido significativo».

81.      Las conclusiones relativas a las declaraciones de Roca France que se exponen en la sentencia Keramag y en la sentencia Roca son, por lo tanto, manifiestamente contradictorias.

82.      En consecuencia, el Tribunal General cometió un error de Derecho al anular una parte de la Decisión controvertida basándose en un documento que no constaba en autos y que, por otro lado, le sirvió para sacar otras conclusiones en un asunto paralelo en el que sí obraba en autos y había sido debatido detalladamente.

83.      Queda por saber si el Tribunal General erró al declarar en el mismo apartado 120 de su sentencia Keramag que, «por lo tanto, […] a falta de pruebas confirmatorias, la Comisión no podía basarse en las declaraciones que había efectuado Roca [France] en el marco de la solicitud presentada en virtud de [la] Comunicación [sobre la clemencia], para demostrar que se había producido una coordinación de los precios mínimos en la reunión referida».

84.      En primer lugar, pese a la presencia de la locución «por lo tanto», me cuesta encontrar una relación entre la remisión al considerando 586 de la Decisión controvertida y la imposibilidad de que la Comisión se basara en las declaraciones de Roca France que se adjuntaban a su solicitud de clemencia.

85.      Por otro lado, en el apartado 197 de la sentencia Roca, el Tribunal General afirmó que «sin la información facilitada por [Roca France], la Comisión no hubiera podido demostrar, únicamente a partir de los elementos presentados por Ideal Standard en el marco de su solicitud de concesión de una reducción del importe de la multa, la infracción relativa a los productos cerámicos cometida en Francia en 2004» (el subrayado es mío).

86.      Además, en las sentencias Duravit (apartado 324) y Villeroy & Boch Austria (apartados 289 y 290), el Tribunal General se refirió expresamente a la declaración formulada por Roca France en el marco de la solicitud de clemencia como elemento de un conjunto de pruebas que le permitían concluir que había quedado demostrada la infracción relativa a los productos cerámicos en Francia. El Tribunal General estimó en esas dos sentencias que Ideal Standard y Roca France habían corroborado recíprocamente sus declaraciones. (37)

87.      En efecto, con la idea de corroboración no se alude necesariamente a la situación en la que encontramos la misma prueba dos o tres veces, sino más bien a la presencia de dos o tres piezas distintas del mismo «puzle» que se encajan para mostrar el cuadro en su conjunto.

88.      Por lo tanto, el Tribunal General declaró en las sentencias Villeroy & Boch Austria, Duravit y Roca que una declaración presentada en el marco de una solicitud de clemencia podía verse corroborada por otra, apreciación que no resulta sorprendente. Ahora bien, en la sentencia Keramag, el Tribunal General no examinó el valor probatorio de la declaración de Roca France ni hasta qué punto corroboraba la presentada por Ideal Standard, remitiéndose simplemente a una frase del resumen de la respuesta de Roca France al pliego de cargos, documento que ni siquiera formaba parte de los autos de ese asunto.

89.      De lo anterior cabe deducir dos conclusiones.

90.      En primer lugar, considero, al igual que la Comisión, que la sentencia del Tribunal General adolece de error de motivación por no haber examinado el valor probatorio de la declaración de Roca France, máxime cuando constituía una prueba determinante en las sentencias Villeroy & Boch Austria, Duravit y Roca, y por haber reemplazado este examen por una mención descontextualizada de un resumen, incluido en la Decisión controvertida, sobre la respuesta de Roca France al pliego de cargos, que, además, recibía una interpretación distinta en la sentencia Roca.

91.      En mi opinión, el Tribunal General no podía basarse, prescindiendo de toda motivación, en la jurisprudencia que lo autoriza a no examinar el valor de las pruebas que carecen de pertinencia, (38) cuando en tres sentencias paralelas había considerado esta prueba completamente pertinente.

92.      En segundo lugar, coincido con la Comisión en que la apreciación por la que el Tribunal General, en el apartado 120 de la sentencia Keramag, excluye que una declaración presentada en el marco de una solicitud de clemencia pueda verse corroborada por otra también adolece de error de Derecho, por cuanto el Tribunal General sí que consideró con acierto en tres asuntos paralelos que pudiera ser así y llegó a la conclusión de que las declaraciones de Ideal Standard y las de Roca France se corroboraban entre sí (al menos por lo que respecta a los productos «de gama baja»).

–       Segunda alegación: los fundamentos de las sentencias Keramag, por una parte, y Villeroy & Boch Austria, Duravit y Roca, por otra, se contradicen

Resumen de la jurisprudencia

93.      Según la jurisprudencia, (39) «la obligación del Tribunal General de motivar sus sentencias no supone, en principio, que justifique la solución adoptada en un asunto con respecto a la adoptada en otro asunto sobre el que se haya pronunciado, aun cuando éste se refiera a la misma decisión. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que si el destinatario de una decisión decide interponer recurso de anulación, al juez de la Unión sólo se le somete la parte de la decisión que afecta a dicho destinatario. En cambio, las que hagan referencia a otros destinatarios no integran el objeto del litigio que el Juez de la Unión ha de resolver» (el subrayado es mío).

94.      Asimismo, conforme a la jurisprudencia, (40) «el control que lleva a cabo el Tribunal de Justicia para apreciar un motivo basado en la desnaturalización de alguna prueba se limita a la verificación de que el Tribunal General, al basarse en esa prueba para constatar la participación en una práctica colusoria, no ha sobrepasado manifiestamente los límites de su apreciación razonable. Por lo tanto, lo que incumbe al Tribunal de Justicia no es apreciar de manera autónoma si la Comisión ha acreditado suficientemente esa participación y ha cumplido con ello su obligación de probar la existencia de una infracción de las normas del Derecho de la competencia, sino determinar si el Tribunal General, al llegar a la conclusión de que efectivamente era así, interpretó la prueba de un modo manifiestamente contrario a su tenor» (el subrayado es mío).

Análisis

95.      Considero que el Tribunal General ha «sobrepasado manifiestamente los límites de la apreciación razonable» de una prueba al tratarla de modo por completo distinto en asuntos paralelos relativos a una misma infracción y a una misma Decisión.

96.      Por otro lado, cabe destacar que, según lo declarado por el Tribunal de Justicia, «en principio», «la obligación del Tribunal General de motivar sus sentencias no supone […] que justifique la solución adoptada en un asunto con respecto a la adoptada en otro asunto sobre el que se haya pronunciado, aun cuando éste se refiera a la misma decisión», lo que implica admitir la posibilidad de situaciones excepcionales en las que la jurisprudencia referente a las contradicciones en la motivación, que por lo general se aplica a la motivación contenida en una única sentencia, deba también aplicarse a la motivación contradictoria desarrollada en sentencias paralelas. En mi opinión, esto es lo que sucede en el presente caso.

97.      Los recursos de casación que son objeto de las presentes conclusiones se refieren en efecto a una situación bastante inusual. La Comisión constató la existencia de una infracción única, continuada y compleja (41) que se extendía a varios Estados miembros y a tres gamas de productos (productos cerámicos, mamparas de ducha y artículos de grifería). Ahora bien, en cuatro sentencias, en relación con los mismos considerandos de la misma Decisión controvertida, idénticos hechos y mismo conjunto de pruebas, el Tribunal General llegó a conclusiones diametralmente opuestas. En tres de ellas (sentencias Villeroy & Boch Austria, Duravit y Roca), el Tribunal General consideró constatada la infracción de la AFICS, pero en la sentencia Keramag y sobre la base de la misma prueba —admitida en las tres primeras sentencias y descartada en la cuarta— llegó a la conclusión contraria, sin motivar de modo alguno este contraste.

98.      Deduzco de lo anterior que la sentencia Keramag, con su interpretación de la respuesta de Roca France y la remisión a la respuesta de ésta al pliego de cargos, incurre en una distorsión de las pruebas obrantes en autos.

99.      Este error de Derecho se añade a los demás errores de Derecho que tuvieron una influencia determinante en el resultado del asunto (falta de motivación de la omisión de examen sobre la solicitud de clemencia de Roca France, anulación de la Decisión controvertida sobre la base de un documento que no figuraba en los autos y apreciación de que una declaración presentada en el marco de una solicitud de clemencia no puede corroborar otra).

100. En consecuencia, debe acogerse la segunda parte del primer motivo de la Comisión.

b)      Tercera parte del primer motivo (el Tribunal General estimó erróneamente que el cuadro que Ideal Standard adjuntaba a su solicitud de clemencia debía por sí solo demostrar la existencia de contactos contrarios a la competencia, sin haber examinado las explicaciones relativas a dicho cuadro)

101. La Comisión afirma que el Tribunal General, apartándose de una reiterada jurisprudencia, interpretó la exigencia de que las pruebas se vean corroboradas de una manera demasiado restrictiva por lo que respecta al cuadro mencionado, relativo a la reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004.

102. Por su parte, Keramag y otros consideran que el Tribunal General examinó el cuadro correctamente y que la Comisión no ha aportado explicaciones que puedan confirmar su conclusión de que la reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004 tuviera por objeto conversaciones contrarias a la competencia.

103. En primer lugar, cabe señalar que el Tribunal General descarta que el cuadro constituya una prueba documental confirmatoria del establecimiento de los precios en la mencionada reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004, tal como la describe Ideal Standard en las declaraciones que acompaña a su solicitud de clemencia (véase el apartado 119 de la sentencia Keramag), porque «no lleva fecha», «ni ninguna otra indicación que pueda relacionarlo con la reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004 ni con ninguna conversación contraria a la competencia» y «no menciona nombres de competidores ni precios mínimos o máximos que deban aplicar».

104. En la sentencia Salzgitter Mannesmann/Comisión (C‑411/04 P, EU:C:2007:54), apartado 47, el Tribunal de Justicia confirmó el enfoque seguido por el Tribunal General en la sentencia que era objeto de casación, conforme al cual «una prueba de origen anónimo, como el documento del “criterio de reparto”, no puede por sí sola demostrar que se cometió una infracción del Derecho comunitario de la competencia», pero que «debe considerarse que [las] pruebas pueden reforzarse mutuamente».

105. En efecto, las pruebas confirmatorias son aquellas que, si bien no demuestran por sí solas la existencia de una infracción, pueden redundar en favor de otras pruebas, como pueda ser una solicitud de clemencia.

106. En la misma sentencia Salzgitter Mannesmann/Comisión (C‑411/04 P, EU:C:2007:54), apartados 44 a 50, el Tribunal de Justicia consideró que el origen anónimo del documento no bastaba para privarlo de todo valor probatorio si su origen, la fecha probable de su redacción y su contenido podían determinarse con suficiente certeza. (42) Por otro lado, aun cuando no conste la firma en un documento, deben tenerse en cuenta las explicaciones proporcionadas por la empresa con la que colabore quien lo haya redactado. (43)

107. En el presente caso, el Tribunal General no tomó en consideración las explicaciones proporcionadas por Ideal Standard sobre, entre otros extremos, las circunstancias de redacción del cuadro, su autor o su fecha, pese a que había sido elaborado por un testigo de los hechos, estrechamente vinculado a éstos, factores que, en principio, refuerzan su fiabilidad. (44)

108. Por lo tanto, al igual que la Comisión, considero que, al imponer exigencias no razonables y demasiado estrictas a las pruebas consideradas separadamente y, en cualquier caso, a su examen global, el Tribunal General privó de sentido a la jurisprudencia existente sobre la posibilidad de que las pruebas se corroboren recíprocamente.

109. En consecuencia, opino que, al exigir que el cuadro referido demostrase por sí mismo la existencia de la infracción, sin tener en cuenta las demás pruebas y explicaciones complementarias (las contenidas en la solicitud de clemencia de Ideal Standard), el Tribunal General incumplió su obligación de motivación.

110. Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que la apreciación de la misma prueba en el asunto paralelo Duravit condujo a una conclusión totalmente distinta, es decir, al reconocimiento del carácter probatorio del cuadro. Por lo tanto, si el Tribunal hubiera examinado esas explicaciones —como acertó en hacer en la sentencia Duravit—, el resultado del presente asunto habría sido diferente.

111. De lo anterior se desprende que debe estimarse la tercera parte del primer motivo de la Comisión.

c)      Quinta parte del motivo (el Tribunal General no llevó a cabo una apreciación global)

112. La Comisión alega que el Tribunal General, al no haber examinado diversas pruebas (especialmente los cuadros mensuales con cifras de venta confidenciales o la declaración del Sr. Laligné) y al haber aplicado exigencias de prueba demasiado estrictas por lo que respecta a las pruebas efectivamente examinadas, no llevó a cabo la apreciación global de las pruebas que exige una reiterada jurisprudencia.

113. Keramag y otros observan que invocaron la declaración del Sr. Laligné para demostrar la falta de coherencia de las solicitudes de clemencia de Ideal Standard y que, en cualquier caso, dicha declaración carecía de pertinencia para la Decisión controvertida. Alegan que la inexistencia de examen de ciertas pruebas, en particular de aquellas irrelevantes, no significa que el Tribunal General no haya efectuado un examen global.

114. En mi opinión, el Tribunal General no examinó, en efecto, si la existencia de un comportamiento contrario a la competencia podía inferirse de ciertas coincidencias e indicios que, considerados en su conjunto, podían constituir la prueba de una infracción. (45)

115. Dado que no examinó diversas pruebas pertinentes y requirió, en el apartado 119 de la sentencia Keramag, que el cuadro relativo a una reunión contraria a la competencia, invocado como prueba confirmatoria, llevara la fecha y contuviera los nombres de los competidores, así como las indicaciones de los precios mínimo y máximo, el Tribunal General exigió efectivamente que ese cuadro constituyera por sí mismo una prueba suficiente de la existencia de la infracción.

116. Ahora bien, el Tribunal de Justicia ha admitido claramente que las pruebas de una práctica colusoria son normalmente fragmentarias y dispersas.

117. El Tribunal de Justicia ha declarado que «para demostrar la existencia de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, es necesario que la Comisión aporte pruebas serias, precisas y concordantes […]. No obstante, cada una de las pruebas aportadas por ésta no debe necesariamente responder a estos criterios en relación con cada elemento de la infracción. Basta con que el conjunto de indicios invocados por dicha institución, apreciado en su globalidad, responda a este requisito. […] Por consiguiente, aun suponiendo que ninguno de los diferentes elementos de la infracción de que se trata constituya, considerado separadamente, un acuerdo o práctica concertada prohibidos por el artículo 81 CE, apartado 1, […] tal conclusión no impide que dichos elementos, considerados en su conjunto, constituyan tal acuerdo o tal práctica. […]. En efecto, […] al ser notorias tanto la prohibición de participar en acuerdos y prácticas contrarios a la competencia como las sanciones a las que se pueden exponer los infractores, es habitual que las actividades que comportan tales prácticas y acuerdos se desarrollen clandestinamente, que las reuniones se celebren en secreto, a menudo en un Estado tercero, y que la documentación al respecto se reduzca al mínimo. Aunque la Comisión descubra documentos que acrediten explícitamente un contacto ilícito entre los operadores, como las actas de una reunión, dichos documentos sólo tendrán carácter fragmentario y disperso, de modo que con frecuencia resulta necesario reconstruir algunos detalles por deducción. En la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia». (46)

118. La influencia de dicho error en el asunto principal se ve corroborada por el hecho de que en tres sentencias paralelas el Tribunal General ha adoptado una postura distinta.

119. Al no haber examinado si las pruebas, consideradas de modo global, podían reforzarse mutuamente, (47) el Tribunal General incumplió su obligación de motivación.

120. De lo anterior se deriva que los mismos motivos que justificaban la estimación de la tercera parte del primer motivo abogan también por la estimación de la quinta parte del mismo motivo.

121. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que anule la sentencia Keramag. (48)

d)      Consecuencias de la anulación de la sentencia Keramag por el Tribunal de Justicia

122. Lo anteriormente expuesto demuestra que el conjunto de pruebas utilizadas en la sentencia Keramag era relativamente limitado, pero, dado que el Tribunal de Justicia tiene la ventaja de contar con otras sentencias del Tribunal General en las que se examinan pormenorizadamente esas pruebas, considero que el principio de economía procesal impone que el propio Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el recurso de anulación interpuesto por Keramag y otros en primera instancia.

123. En dicho recurso, Keramag y otros afirmaban esencialmente que la conclusión alcanzada por la Comisión en los considerandos 556 y 590 de la Decisión controvertida, conforme a la cual Allia y PCT habían coordinado sus precios mínimos para los productos de gama baja en la reunión celebrada el 25 de febrero de 2004 en el marco de la AFICS, se basaba en pruebas que son bien inadmisibles, bien no fiables, no corroboradas o insuficientes.

124. Ahora bien, como he señalado anteriormente, en contraste con la sentencia Keramag, en la que el Tribunal General ha cometido diversos errores de Derecho en el análisis de los acontecimientos acaecidos en el seno de la AFICS, el Tribunal General consideró acertadamente en la sentencia Villeroy & Boch Austria (apartado 286) que «en el considerando 556 de la Decisión referida, la Comisión indicó que sólo disponía de pruebas que demostraban la participación de los miembros de la AFICS en conversaciones de coordinación de precios a partir de la reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004. En el considerando 572 de [la] Decisión [controvertida], la Comisión mencionó que, según Ideal Standard, los participantes en dicha reunión acordaron que sus precios mínimos eran demasiado bajos y que convenía aumentarlos, incrementando en un 3 % los precios sobre catálogo. En el considerando 573 de la Decisión [controvertida], la Comisión precisó que estos datos habían sido corroborados por Roca [France]. En el considerando 574 de dicha Decisión, la Comisión constató que los participantes se habían intercambiado información confidencial sobre los precios y las ventas tras la mencionada reunión».

125. En primer lugar, el Tribunal General declaró, en el apartado 287 de dicha sentencia que «procede desestimar por infundada la alegación de Villeroy & Boch y de Villeroy & Boch France de que la Comisión no ha aportado ninguna prueba que acredite la participación de Villeroy & Boch France en las tres reuniones de la AFICS que se celebraron en 2004 (véase el anexo 11 de la Decisión [controvertida]). Como se desprende de los considerandos 572 y 573 de la Decisión [controvertida], la Comisión se basó en las declaraciones de Ideal Standard y de Roca [France] para demostrar la participación de Villeroy & Boch France en esas reuniones».

126. En segundo lugar, conforme al apartado 288 de dicha sentencia, «deben desestimarse por infundadas las alegaciones por las que Villeroy & Boch y Villeroy & Boch France censuran a la Comisión no haber acreditado suficientemente las conversaciones ilícitas en el marco de la AFICS de 25 de febrero de 2004, por haberse basado en declaraciones orales a posteriori, vagas y contradictorias, lo que, en su opinión, reconoce la propia Comisión en la Decisión [controvertida]».

127. El Tribunal General recuerda acto seguido en la misma sentencia (apartado 289) que «se desprende, en efecto, de la jurisprudencia que la declaración del beneficiario de una reducción total o parcial de una multa, cuando esa reducción haya sido refutada por alguna parte, debe ser confirmada por otro medio, [(49)] sin que nada obste a que lo sea a través del testimonio de otra empresa que haya participado en el cártel, aun cuando se haya beneficiado también de la reducción de una multa. Se confirma también de este modo que se entablaron conversaciones sobre los precios mínimos, mencionadas en el acta de la reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004».

128. Además, en el apartado 290 de dicha sentencia, tras analizar la declaración de Roca France y la de Ideal Standard —y llegar a la conclusión de que la primera era más vaga y estaba más matizada que la segunda—, el Tribunal General señaló que «lo anterior no pone en entredicho, sin embargo, la apreciación de que el testimonio de Roca [France] confirma esencialmente el período, el lugar, los participantes y el objeto de las conversaciones ilícitas de que se trata, como consta en un punto del orden del día. En este contexto, debe afirmarse que la declaración de Ideal Standard, como fue corroborada por la declaración de Roca [France], acreditaba suficientemente el contenido de las conversaciones ilícitas de que se trata».

129. En el apartado 293 de dicha sentencia, el Tribunal General añade que «aun cuando la Comisión no se base, en la Decisión [controvertida], en [la declaración presentada por Duravit en el marco de su solicitud de reducción de la multa al amparo de la Comunicación de 2002 sobre la cooperación] no deja de ser cierto que, a diferencia de lo que afirman Villeroy & Boch y Villeroy & Boch France, Duravit también confirmó la declaración de Ideal Standard sobre el contenido de las conversaciones ilícitas que se mantuvieron “probablemente” el 25 de febrero de 2004».

130. Por último, en el apartado 295, el Tribunal General confirma que «las declaraciones de Ideal Standard y de Roca [France] bastan para constatar la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, […] derivada de la participación en la reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004».

131. Por lo tanto, a los efectos del presente recurso de casación, lo que antecede resulta aplicable mutatis mutandis en el caso de Keramag y otros y es suficiente para desestimar —en línea con la postura seguida por el Tribunal General en las sentencias Villeroy & Boch Austria y Duravit— el recurso de anulación de Keramag y otros en la medida en que se refiere a los acontecimientos producidos en el seno de la AFICS.

2.      Sobre la adhesión a la casación (sobre el segundo motivo)

132. El segundo motivo de la adhesión a la casación se refiere esencialmente a dos aspectos interrelacionados: la supuesta distorsión de los hechos y la supuesta incoherencia con lo dispuesto en la sentencia Wabco Europe y otros/Comisión (T‑380/10, EU:T:2013:449) (también denominada «sentencia Ideal Standard»; en lo sucesivo, «sentencia Wabco»).

a)      Posible existencia de una distorsión de los hechos

133. Keramag y otros alegan, con carácter subsidiario, que la apreciación, recogida en el apartado 289 de la sentencia Keramag, de que el pliego de cargos contenía suficiente información para permitir a Keramag y otros «tener conocimiento exacto del comportamiento imputado a Pozzi Ginori» supone una manifiesta distorsión del contenido del pliego de cargos que puede dar lugar a un recurso de casación.

134. Alegan que, al indicarse únicamente, en el apartado 277 del pliego de cargos, que Pozzi Ginori estaba presente en algunas reuniones en que se produjeron «actuaciones contrarias a la competencia», sin que se indicase en el mismo pliego cuál era la naturaleza de esas actuaciones, el Tribunal General no podía considerar que dicho pliego fuera lo suficientemente concreto. La apreciación contenida en el apartado 289 de la sentencia Keramag («en el apartado 277 del pliego de cargos, la Comisión indicó a las demandantes la naturaleza de las actuaciones [en el marco de las reuniones del grupo Michelangelo] identificadas por la Comisión, su frecuencia, la fecha precisa en que se produjeron y las pruebas de que disponía», de modo que el pliego de cargos permitía a Keramag y otros «tener conocimiento exacto del comportamiento imputado a Pozzi Ginori») resulta directamente contradictoria con la apreciación efectuada sobre la adecuación del mismo pasaje del pliego de cargos en la sentencia Wabco, lo que constituye por sí mismo un indicio de distorsión de los hechos.

135. Cabe señalar, en línea con lo defendido por la Comisión, que Keramag y otros no han citado ninguna prueba que haya sido supuestamente distorsionada y admiten de hecho que en el apartado 288 de la sentencia Keramag el Tribunal General trasladó correctamente el contenido del apartado 277 del pliego de cargos. En consecuencia, lo que solicitan, sencillamente, es que el Tribunal de Justicia reexamine este apartado.

136. En cualquier caso, en la medida en que Keramag y otros buscan fundamento en la sentencia Archer Daniels Midland/Comisión (C‑511/06 P, EU:C:2009:433), alegando que el Tribunal General no aplicó el criterio jurídico desarrollado en dicha sentencia para apreciar la capacidad de defensa de Keramag y otros, este argumento no puede prosperar. Las actuaciones contrarias a la competencia se describían efectivamente en los apartados 256 y 393 a 400 del pliego de cargos y Keramag y otros demostraron, con su respuesta a dicho pliego, que habían comprendido cabalmente la «naturaleza» de tales actuaciones. La supuesta insuficiencia del pliego de cargos no puede, por tanto, tener ninguna influencia en el procedimiento.

b)      Posible existencia de incoherencia entre las sentencias Keramag y Wabco

137. Keramag y otros alegan que el Tribunal General consideró suficiente el pliego de cargos, por lo que respecta al sector cerámico en Italia, basándose en una fundamentación contradictoria, sin motivar adecuadamente la sentencia a este respecto. Alegan que la apreciación del pliego de cargos en el asunto paralelo Wabco, en lo que atañe a las reuniones del grupo Michelangelo, es contradictoria con la efectuada en el presente asunto. A juicio de Keramag y otros, el pliego de cargos debe tener idéntico alcance para todos los destinatarios.

138. En cualquier caso, afirman que la conclusión del Tribunal General está insuficientemente motivada, dado que no es posible determinar las razones por las que la apreciación del nivel de detalle empleado en el mismo apartado del mismo pliego de cargos debe ser distinta en la sentencia Keramag y en la sentencia Wabco.

139. Keramag y otros consideran que esta diferencia en el tratamiento del pliego de cargos vulnera su derecho de defensa, en la medida en que la elección de su estrategia defensiva habría sido probablemente distinta si se les hubiera informado correctamente de las imputaciones que se les formulaban. Afirman que la falta de mención en el pliego de cargos de las imputaciones atribuidas a Sanitec Europe y Pozzi Ginori influyó en su defensa y en la Decisión controvertida. A juicio de Keramag y otros, se deriva de lo anterior que esta Decisión debería ser total o parcialmente anulada, por cuanto se concluye en ella que Sanitec Europe y Pozzi Ginori habían incurrido en infracción en el sector cerámico en Italia, y que la multa debería anularse o reducirse en consecuencia. Añaden que la Decisión controvertida hubiera sido otra de no haberse vulnerado su derecho de defensa, precisando que esta sola vulneración impone en cualquier caso la anulación de la Decisión controvertida, incluso con independencia de tal circunstancia.

140. En el marco del recurso de casación de la Comisión (puntos 93 y 96 de las presentes conclusiones) se ha puesto de manifiesto que, conforme a la jurisprudencia, (50) «la obligación del Tribunal General de motivar sus sentencias no supone, en principio, que justifique la solución adoptada en un asunto con respecto a la adoptada en otro asunto sobre el que se haya pronunciado, aun cuando éste se refiera a la misma decisión» (el subrayado es mío). Ya he precisado que el empleo por el Tribunal de Justicia de los términos «en principio» implica admitir que la jurisprudencia referente a las contradicciones en la motivación, que por lo general se aplica a la motivación contenida en una única sentencia, pueda aplicarse, en situaciones excepcionales, en relación con los fundamentos expuestos en dos o más sentencias dictadas en asuntos paralelos sobre la misma infracción y la misma decisión.

141. Ahora bien, a diferencia de lo que se afirma en el recurso de casación de la Comisión, considero que no se da una situación excepcional en la adhesión a la casación.

142. Con independencia de la falta de precisión del argumento formulado por Keramag y otros en relación con la sentencia Wabco, en la medida en que no concreta el pasaje de la sentencia Wabco en que se fundamenta, basta con señalar que no hay incoherencia entre las conclusiones formuladas por el Tribunal General en ambas sentencias. Diferían fundamentalmente en estos dos asuntos tanto el contexto en que el Tribunal General examinó si el apartado 277 del pliego de cargos era suficiente como las cuestiones tratadas. En primer lugar, como señala la Comisión, el asunto Wabco versaba sobre la posibilidad de equiparar la decisión de guardar silencio a la confesión de un comportamiento contrario a la competencia, pero no sobre si el pliego de cargos resultaba o no suficiente para permitir a Keramag y otros ejercer su derecho de defensa. En segundo lugar, a diferencia de Wabco, Pozzi Ginori no guardó silencio sobre las alegaciones relativas a las reuniones del grupo Michelangelo en Italia.

143. En cualquier caso, cabe observar que Keramag y otros no han citado ninguna otra prueba que hubieran podido invocar si se hubiera precisado de otro modo la «naturaleza de las actuaciones contrarias a la competencia» que se llevaron a cabo en las reuniones Michelangelo. En este contexto, los argumentos formulados por Keramag y otros no pasan de conjeturas y carecen de todo fundamento.

144. Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad del segundo motivo de la adhesión a la casación y, en cualquier caso, desestimarlo por infundado.

B.      Asuntos Duravit y otros/Comisión (tercer motivo), Villeroy & Boch AG/Comisión (motivos primero y segundo), Villeroy & Boch SAS/Comisión (motivos primero y segundo)

145. Soy de la opinión de que en estos asuntos el Tribunal de Justicia puede con bastante brevedad sacar conclusiones de la casación de la sentencia Keramag y de mi propuesta de que el Tribunal de Justicia resuelva por sí mismo el recurso formulado por Keramag y otros.

146. En principio, la argumentación de Duravit y otros, Villeroy & Boch AG y Villeroy & Boch SAS no es sino la otra cara de la argumentación desarrollada por la Comisión en su recurso de casación contra la sentencia Keramag. Ahora bien, como ya he explicado, donde la valoración de la prueba se ha revelado incorrecta es precisamente en la sentencia Keramag. En relación con las mismas pruebas, no hay, a diferencia de lo que afirman las recurrentes, ni distorsión ni falta de motivación en las sentencias Duravit y Villeroy & Boch Austria. Por lo tanto, los motivos referentes a estas pruebas son inadmisibles, al tiempo que, a la luz de las conclusiones que he expuesto acerca del recurso de casación Comisión/Keramag Keramische Werke y otros, debe disiparse ipso facto cualquier consideración relativa a la desigualdad de trato en las distintas sentencias, sin prejuzgar la posible admisibilidad o inadmisibilidad de este argumento.

147. En consecuencia, sólo con carácter subsidiario y en cumplimiento de mi función como Abogado General, me dispongo a examinar a continuación estos asuntos.

1.      Sentencia Duravit y otros/Comisión (tercer motivo)

148. Duravit y otrosalegan que el Tribunal General distorsionó en diversas ocasiones, de modo manifiesto y determinante, el contenido de los autos, incurriendo así en errores de Derecho y vulnerando los principios reconocidos sobre la valoración de la prueba.

149. De entre las catorce distorsiones de la prueba que invocan Duravit y otros, las identificadas en séptimo y duodécimo lugar (referentes a los apartados 213 y 312 y siguientes de la sentencia del Tribunal General) censuran la divergencia en la interpretación, por parte del Tribunal General, de las mismas pruebas en el asunto de que se trata y en otros asuntos paralelos.

150. A juicio de la Comisión, deben desestimarse todas las alegaciones de distorsión de la prueba, habida cuenta de que se basan en la errónea interpretación de la sentencia Duravit o de que, en parte, lo que Duravit y otros pretenden en realidad es obtener por este medio una nueva apreciación de los hechos, sin que se demuestre su manifiesta distorsión por parte del Tribunal General.

151. Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, el análisis de este motivo en las presentes conclusiones se limitará a la cuestión de si las apreciaciones del Tribunal General sobre determinadas pruebas que difieren de las efectuadas en otros asuntos pueden tenerse en cuenta en este asunto (lo que circunscribe el análisis a las distorsiones de la prueba alegadas por Duravit y otros en séptimo y duodécimo lugar).

152. Duravit y otros hacen constar que el Tribunal General apreció de distinto modo las mismas pruebas en el presente asunto y en asuntos paralelos (sentencias Keramag y Villeroy & Boch Austria) por lo que respecta, en particular, al contenido y a la consideración, para la demostración de la existencia de prácticas contrarias a la competencia, de determinadas reuniones en las que pudieran haber participado Duravit y otros.

153. Considero que en el presente asunto el Tribunal General no ha sobrepasado los límites de la apreciación razonable de las pruebas.

a)      Sobre la distorsión de la prueba alegada en séptimo lugar

154. Duravit y otros afirman que el Tribunal General, en el apartado 213 de la sentencia Duravit, distorsionó las pruebas y vulneró los principios de valoración de la prueba en lo que respecta al contenido de las notas del colaborador de Hansgrohe, el Sr. Schinle, acerca de la reunión del DSI (Freundeskreis der deutschen Sanitärindustrie)/IFS [Industrie Forum Sanitär (Fórum de la industria sanitaria)] de 5 de octubre de 2000, que se interpretaron de otro modo en la sentencia Keramag.

155. En mi opinión, estas alegaciones no son más que un pretexto para poner en entredicho la apreciación de la prueba efectuada por el Tribunal General en el apartado 213 de la sentencia, que no puede impugnarse como tal en fase de casación.

156. En efecto, es jurisprudencia reiterada que la distorsión alegada debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. (51)

157. En cualquier caso, como señala la Comisión, del apartado 213 de la sentencia Duravit se desprende que, al remitirse a la jurisprudencia citada en los apartados 210 a 212 de dicha sentencia, el Tribunal General dice lo mismo que en el apartado 133 de la sentencia Keramag, al que aluden Duravit y otros.

158. En ese apartado 133, el Tribunal General declaró sin ambigüedad que consideraba que de las notas relativas a la reunión de 5 de octubre de 2000 se desprendía el objeto contrario a la competencia: «El pasaje de las notas de Hansgrohe que se cita en el apartado 132 de esta sentencia demuestra sin ambigüedad alguna que dicha reunión tenía un objeto contrario a la competencia. Los incrementos de precios para 2001 que los participantes se comunicaron en esa ocasión constituyen información sensible a efectos de la jurisprudencia mencionada en los apartados 54 a 57 de la presente sentencia» (el subrayado es mío).

b)      Sobre la distorsión de la prueba alegada en duodécimo lugar

159. Duravit y otros sostienen que el Tribunal General, en los apartados 312 y siguientes de la sentencia Duravit, distorsionó el contenido de la Decisión controvertida en relación con el valor probatorio de las pruebas relativas a la reunión de la IFS de 24 de abril de 2001 y a las reuniones del Fachverband Sanitärkeramische Industrie (en lo sucesivo, «FSKI») de 23 de enero y 5 de julio de 2002.

160. Como he señalado en relación con la distorsión de la prueba alegada en séptimo lugar, con estos argumentos también se pretende poner en entredicho la apreciación de la prueba por el Tribunal General, que, como tal, no puede impugnarse en fase de casación.

161. El Tribunal General declaró efectivamente, en la sentencia Keramag, que en los fundamentos de la Decisión controvertida no se mencionaba que las dos reuniones citadas del FSKI hubieran dado lugar a actuaciones contrarias a la competencia entre sus participantes. El Tribunal General efectúa la misma apreciación por lo que respecta a la reunión del IFS de 23 de enero de 2002 (apartado 129 de dicha sentencia).

162. No obstante, no creo que la sentencia Duravit diga lo contrario. En ningún momento examina estas tres reuniones. La remisión que se realiza en el apartado 313 de dicha sentencia al elevado valor probatorio que reviste la «práctica totalidad» de las pruebas relativas a las reuniones del IFS y del FSKI sólo puede referirse a las reuniones examinadas por el Tribunal General. Las tres reuniones citadas quedan, por tanto, excluidas. La misma conclusión debe aplicarse a la reunión del IFS de 14 de noviembre de 2001.

c)      Conclusión

163. Deben bien declararse inadmisibles bien desestimarse las distorsiones de la prueba que invocan, en séptimo y duodécimo lugar, Duravit y otros.

2.      Asunto Villeroy & Boch AG/Comisión

a)      Sobre el primer motivo (la apreciación de la infracción imputada en Francia es contradictoria, contraria al principio de igualdad de trato, al principio in dubio pro reo y a las reglas de la lógica)

i)      Resumen sucinto de las alegaciones de Villeroy & Boch AG

164. Villeroy & Boch AGrefuta la apreciación de las pruebas relativas al conjunto de los hechos acaecidos en Francia. El análisis de las pruebas incurre, en su opinión, en importantes contradicciones. Considera que un análisis lastrado de semejantes contradicciones vulnera el principio de igualdad de trato y precisa que el Tribunal General ha cometido diversos errores de Derecho que la han perjudicado. Por un lado, Villeroy & Boch AGsostiene que la apreciación por parte del Tribunal General sobre dos de las pruebas (declaraciones presentadas por Ideal Standard y por Roca France en el marco de la solicitud de clemencia) es diametralmente opuesta a la efectuada en la sentencia Keramag, lo que redunda en su perjuicio y supone la vulneración de los principios de igualdad de trato y de beneficio de la duda. Por otro lado, Villeroy & Boch AGafirma que el Tribunal General analizó también una prueba inutilizable (la declaración de Duravit y otros) de modo desfavorable a sus intereses, sin seguir su propia jurisprudencia e ignorando los principios de igualdad de trato y de beneficio de la duda, así como los artículos 263 TFUE y 296 TFUE, párrafo segundo, con lo que sustituyó ilícitamente la motivación de la Decisión controvertida.

165. Además, a juicio de Villeroy & Boch AG, el testimonio de una empresa que ha presentado una solicitud de clemencia puede, en virtud del principio testis unus, testis nullus, que se deriva de la jurisprudencia, verse también corroborado por el de otros participantes en el cártel. Se afirma que así sucede en el presente asunto, dado que el testimonio proporcionado en el marco de la solicitud de clemencia de Ideal Standard fue confirmado por la declaración de Roca France. La apreciación de las pruebas en su perjuicio para demostrar su participación en Francia resulta completamente refutada por la apreciación incluida en la sentencia Keramag.

166. Villeroy & Boch AG considera que, dado que no se ha empleado legalmente ninguna otra prueba sobre la infracción que podía supuestamente imputarse a Villeroy & Boch AG en Francia, su condena se basa en un error de Derecho del mismo tipo que los anteriormente mencionados en relación con los hechos acaecidos en Francia. Por lo tanto, debería anularse la infracción única considerada por el Tribunal General, puesto que, en relación con Francia, no se reúnen los requisitos de la infracción compleja y continuada. Cuando menos, procedería anular las apreciaciones efectuadas en los artículos 1 y 2 de la Decisión controvertida por lo que respecta a Francia.

167. La Comisión considera infundados estos argumentos.

ii)    Análisis

168. Como he señalado en mi análisis sobre el recurso de casación Comisión/Keramag Keramische Werke y otros (apartados 45 a 131 de las presentes conclusiones), algunas de las apreciaciones contenidas en la sentencia Keramag incurren en total contradicción con las correspondientes apreciaciones efectuadas en tres sentencias paralelas (Roca Sanitario, Duravit y Villeroy & Boch Austria), dictadas el mismo día, por los mismos jueces y contra la misma Decisión de la Comisión. Todas estas sentencias tienen por objeto los mismos hechos y en ellas la Comisión invocaba las mismas pruebas.

169. Ahora bien, a diferencia de lo que afirma Villeroy & Boch AG, el Tribunal General consideró acertadamente en la sentencia Villeroy & Boch Austria que las conversaciones contrarias a la competencia mantenidas en la reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004 habían quedado suficientemente demostradas en el plano jurídico, basándose a este respecto en las solicitudes concordantes presentadas por Ideal Standard y por Roca France a efectos de la aplicación de la Comunicación sobre la clemencia. Con ello, el Tribunal General siguió la reiterada jurisprudencia que permite que el contenido de una solicitud de aplicación de la Comunicación sobre la clemencia sea confirmado por otra solicitud presentada en virtud de esta misma Comunicación. (52) Llegó al mismo resultado en la sentencia Duravit (apartado 324). Por último, en la sentencia Roca (apartados 198 y 239), como he indicado en el tercer guion del punto 49 de las presentes conclusiones, el Tribunal General concedió una reducción de la multa del 6 % por presentar la información proporcionada un valor añadido significativo, en la medida en que acreditaba que se habían mantenido conversaciones contrarias a la competencia en la reunión de la AFICS de 25 de febrero de 2004. La sentencia Roca versaba, por tanto, sobre el mismo aspecto de la infracción de que se trata en el presente asunto.

170. Como ya se ha indicado, mientras que en tres sentencias (Roca, Duravit y Villeroy & Boch Austria) el Tribunal General constató que se había cometido una infracción en el seno de la AFICS, llegó a la conclusión opuesta en la sentencia Keramag. Dicho esto, y como ya he señalado en el punto 99 de las presentes conclusiones, el error de apreciación de las pruebas se circunscribe a la sentencia Keramag, cuya anulación propongo.

171. En cualquier caso, incluso si el Tribunal de Justicia no suscribe mi propuesta en el asunto Comisión/Keramag y otros, no quiero dejar de señalar que Villeroy & Boch AG no alega que la sentencia Villeroy & Boch Austria contenga una insuficiente fundamentación ni que el Tribunal General haya distorsionado las pruebas. Como señala la Comisión, si el Tribunal General no hubiera dictado la sentencia Keramag, Villeroy & Boch AG no impugnaría esta parte de la sentencia.

172. En la sentencia Koninklijke Wegenbouw Stevin/Comisión, (53) la recurrente había también invocado la vulneración del principio de igualdad de trato y de las exigencias fundamentales de la coherencia de las resoluciones judiciales y el Tribunal de Justicia declaró inadmisible el motivo, por no haber alegado la recurrente ninguna distorsión de las pruebas controvertidas. Lo mismo cabe decir del argumento basado en la insuficiente fundamentación de la sentencia Villeroy & Boch Austria (apartado 18 del recurso de casación).

173. En cuanto a la supuesta infracción de los principios testis unus, testis nullus, in dubio pro reo y de presunción de inocencia y, más concretamente, en cuanto a la insuficiencia de las pruebas examinadas para constatar la infracción que pudiera haber cometido Villeroy & Boch AG en Francia, cabe recordar (véase el apartado 169 de las presentes conclusiones) que, según la jurisprudencia, (54) una solicitud de aplicación de la Comunicación sobre la clemencia puede verse confirmada por otra solicitud. En la sentencia Keramag, el Tribunal General dejó simplemente sin apreciar el valor probatorio de las declaraciones de Roca France que se adjuntaban a la solicitud (véanse, en este contexto, los puntos 77 y siguientes de las presentes conclusiones).

174. En el presente caso, esto es, en la sentencia Villeroy & Boch Austria, pero también, como se ha indicado, en la sentencia Duravit, el Tribunal General afirmó expresamente que las declaraciones presentadas por Roca France en el marco de su solicitud de clemencia formaban parte del conjunto de pruebas que le permitían constatar la infracción relativa a los artículos sanitarios cerámicos en Francia. Indicó en estas dos sentencias que Ideal Standard y Roca France confirmaban mutuamente sus declaraciones, al menos en lo que atañe a los productos «de gama baja», puesto que las conclusiones de la Comisión se referían a esta categoría de productos.

175. El Tribunal General no consideró necesario examinar otras pruebas, (55) por estimar suficientes las declaraciones de Ideal Standard y de Roca France. En efecto, sólo si el Tribunal de Justicia opinase que las respectivas declaraciones de Ideal Standard y de Roca France no fueran suficientes para constatar la infracción en Francia, correspondería al Tribunal General (o al Tribunal de Justicia si estimara que el estado del asunto permite su resolución) examinar el valor probatorio de estas pruebas complementarias.

176. Por lo tanto, debe declararse la inadmisibilidad del primer motivo formulado por Villeroy & Boch AG o desestimarlo por infundado.

b)      Sobre el segundo motivo, segunda parte (vulneración de las reglas de la lógica y del principio de igualdad de trato en lo que atañe a la evaluación material y a la imputación en relación con Italia)

177. Villeroy & Boch AGcensura al Tribunal General haberle imputado, como fabricante de artículos sanitarios cerámicos, infracciones cometidas en Italia por operadores que no son competidores suyos (fabricantes de artículos de grifería), cuando no ejercía actividades en ese país ni estaba presente en las reuniones supuestamente contrarias al Derecho sobre los cárteles. Asimismo, señala que el Tribunal General estimó, en asuntos paralelos, que las empresas presentes en dicho mercado debían quedar fuera de cuestión. A este respecto, precisa que, además, ha sido objeto de un trato no igualitario manifiestamente discriminatorio y que se han vulnerado en su perjuicio la presunción de inocencia y las reglas de la lógica.

178. La Comisión niega la admisibilidad del motivo basado en la vulneración del principio de igualdad de trato en lo que atañe a las apreciaciones efectuadas por el Tribunal General en tres procedimientos paralelos relativos a otros fabricantes de artículos sanitarios cerámicos. Aun cuando se hubieran efectuado en otras sentencias apreciaciones que pudieran también aplicarse a Villeroy & Boch AG, no deja de ser cierto que esta última empresa no formuló ningún motivo correspondiente en primera instancia.

179. Sea como fuere, basta con señalar que, conforme a la jurisprudencia, Villeroy & Boch AG «puede legítimamente interponer un recurso de casación en el que invoque, ante el Tribunal de Justicia, motivos basados en la propia sentencia recurrida» (56) (en concreto, la diferencia de trato dispensado en comparación con el recibido por otras partes).

180. Si nos centramos en un análisis de fondo, sin que sea necesario pronunciarse sobre la pertinencia de la alegación basada en la eventual desigualdad de trato en comparación con otras empresas objeto de las sentencias paralelas del Tribunal General, procede señalar que la anulación parcial acordada por el Tribunal General en relación con la infracción constatada en Italia resulta únicamente de la menor extensión en el tiempo de la participación de ciertas empresas y no afecta en absoluto a la cuestión de si Villeroy & Boch AG podía estar al corriente o prever cabalmente la infracción producida en dicho país. Para poder imputar una infracción global, debe demostrarse que la empresa no podía ignorar el alcance general ni las características esenciales del cártel, sin que sea en absoluto determinante el desconocimiento de algún detalle. (57)

181. Me gustaría abordar ahora con más detenimiento los aspectos siguientes.

182. En primer lugar, como subraya la Comisión, el Tribunal General declaró en la sentencia Duravit (apartados 37 a 41 del recurso de casación) que las pruebas no eran suficientes para llegar a la conclusión de que Duravit y otros tuvieran conocimiento de la infracción cometida en Italia, como habían refutado Duravit y otros con claridad y precisión.

183. Además, Villeroy & Boch AG y Duravit y otros no se encontraban en la misma situación, por una parte, porque Duravit y otros habían participado en la infracción en tres Estados miembros, en comparación con los cinco en que se había acreditado la participación de Villeroy & Boch AG, y, por otra parte, porque esta última participación se había extendido durante un período considerablemente mayor, aspectos ambos que contribuyen, en principio, a formarse una idea más aproximada del alcance real de un comportamiento infractor.

184. En segundo lugar, por lo que respecta a la sentencia Wabco (apartados 42 y 43 del recurso de casación), la anulación parcial se basa en un problema particular. Una gran parte de la multa se refería a una infracción en relación con los artículos sanitarios cerámicos vendidos en Italia, de modo que una parte de la multa se había calculado sobre el valor de las ventas de estos artículos en Italia, mientras que en el caso de Villeroy & Boch AG la multa se había calculado sin tener en cuenta el valor de las ventas efectuadas en Italia.

185. En tercer lugar, en el asunto Wabco, el Tribunal General declaró que la participación de esta empresa en la infracción relativa a los artículos sanitarios cerámicos sólo se había demostrado en el mercado italiano para un período determinado, por lo que redujo la multa en consecuencia. Sin embargo, afirmó claramente que Ideal Standard había también participado en este cártel a través del intercambio de información con los fabricantes de artículos de grifería. (58) La parte de la multa que se basaba en el valor de las ventas de artículos de grifería en ese mercado no fue refutada por Ideal Standard y el Tribunal General tampoco la anuló. Dado que el Tribunal General no llegó a la conclusión de que Ideal Standard no tuviera conocimiento de una parte de la infracción, al igual que la Comisión, yo tampoco veo de qué modo la situación de Villeroy & Boch AG en Italia pueda compararse a la de Ideal Standard.

186. En cuarto lugar, por lo que respecta a la sentencia Keramag (apartados 44 a 47 del recurso de casación), la anulación acordada por el Tribunal General se refiere a una parte limitada de la infracción y se deriva de la falta de pruebas sobre la participación de Pozzi Ginori durante un período de algunos meses. No supuso la reducción de la multa, que se había calculado también sobre el valor de las ventas de artículos sanitarios cerámicos en Italia. (59)

187. Dado que el Tribunal General no declaró que Keramag y otros no tuvieran conocimiento del comportamiento infractor en Italia, no veo de qué modo la situación de Villeroy & Boch AG en ese país pueda compararse a la de Keramag y otros.

188. Por lo tanto, debe desestimarse la segunda parte del segundo motivo.

3.      Sentencia Villeroy & Boch SAS/Comisión

a)      Sobre el primer motivo (contradicción en la apreciación de las pruebas por lo que respecta a Francia, con la consiguiente vulneración del principio de igualdad de trato y del principio in dubio pro reo y la consiguiente merma de la coherencia lógica y jurídica de la sentencia)

189. Tras señalar que la apreciación efectuada por el Tribunal General sobre las declaraciones de Ideal Standard, de Roca France y de Duravit, en relación con el conjunto de hechos constatados en Francia, no se corresponde con la que reciben las mismas pruebas en las sentencias Keramag y Wabco, Villeroy & Boch France afirma que el Tribunal General ha vulnerado los principios de igualdad de trato y de in dubio pro reo.

190. En opinión de Villeroy & Boch France, el Tribunal General basó la sentencia Villeroy & Boch Austria en las declaraciones de Ideal Standard y de Roca France, cuando en la sentencia Keramag consideró que la declaración de Ideal Standard no hubiera podido constituir por sí sola una prueba suficiente y que la Comisión no había podido basarse en las declaraciones de Roca France, dada la inexistencia de pruebas que corroborasen que se había establecido una coordinación de precios mínimos.

191. Por lo que respecta a la declaración de Duravit y otros, Villeroy & Boch SAS alega que, en la sentencia Keramag, el Tribunal General constató que esta declaración no se le había comunicado en el procedimiento administrativo y que, en consecuencia, no podía invocarse en su perjuicio. El que el Tribunal General se basara en la declaración de Duravit y otros para confirmar la declaración de Ideal Standard vició la motivación de la Decisión controvertida.

192. Villeroy & Boch SAS considera que, al actuar de este modo, el Tribunal General vulneró los artículos 263 TFUE y 296 TFUE, párrafo segundo, y el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 48, apartado 1, de la Carta, así como el artículo 6, apartado 2, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950.

193. En cuanto a la contradicción con la sentencia Keramag, me remito a los puntos 45 y siguientes de las presentes conclusiones, relativos a dicha sentencia, así como a los puntos 148 y siguientes (Duravit y otros) y los apartados 168 y siguientes (Villeroy & Boch AG), en los que motivo mi propuesta de que se desestimen los motivos que Duravit y otros y Villeroy & Boch AG han basado en tal contradicción.

194. Por otro lado, coincido con Villeroy & Boch SAS en que la respuesta de Duravit y otros al pliego de cargos no puede utilizarse como prueba. Sin embargo, este argumento de Villeroy & Boch SAS no es relevante toda vez que, manifiestamente, la sentencia Villeroy & Boch Austria no se basa en esta respuesta (véase el apartado 295 de esta última sentencia). La propia Comisión no niega que la referencia a esta respuesta respondía a un mero afán de exhaustividad y que no podía tenerse en cuenta, al no haber sido mencionada ni en el pliego de cargos ni en el escrito de exposición de los hechos.

195. Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo.

b)      Sobre el segundo motivo (supuesto error de Derecho al calificar la infracción de única, compleja y continuada — contradicción entre las diversas sentencias)

196. Villeroy & Boch SAS alega esencialmente que, por lo que a ella respecta, el Tribunal General no efectuó las mismas apreciaciones que llevó a cabo en las sentencias Keramag, Duravit y Wabco. Si las hubiera suscrito, no habría podido demostrar la existencia de una infracción única, compleja y continuada. Con este motivo, Villeroy & Boch SAS afirma, con carácter subsidiario, que faltan pruebas que acrediten su culpabilidad: a) en Francia, a raíz de las consideraciones expuestas en la sentencia Keramag; b) en Italia, a raíz de la anulación parcial o total de la constatación de la participación en las infracciones en las sentencias Duravit, Wabco y Keramag; c) en Alemania y d) en los Países Bajos, a raíz de la anulación parcial de la Decisión controvertida en relación con el comportamiento de la sociedad matriz.

197. Dejando a un lado los argumentos que me han llevado a proponer la desestimación del primer motivo formulado por Villeroy & Boch SAS, en el que se invoca la existencia de contradicción entre sentencias paralelas del Tribunal General (véanse los puntos 189 y siguientes de las presentes conclusiones), deben refutarse también las alegaciones en las que se afirma que el Tribunal General anuló una «parte significativa de las constataciones» (apartado 52 del recurso de casación).

198. Por lo que respecta a Francia, la anulación se deriva de la menor implicación de una de las empresas en la infracción o de la menor extensión geográfica de esta infracción.

199. Por lo que respecta a Alemania y a Italia, el Tribunal General se limitó a reducir la duración de la participación de otras dos empresas, por circunstancias inherentes a esta misma participación.

200. Por lo que respecta a los Países Bajos, la anulación redujo marginalmente la participación de la sociedad matriz.

201. Asimismo, como subraya la Comisión, el mero hecho de que eventualmente algunas empresas no hayan estado al corriente del conjunto de la infracción no es incompatible con la existencia de una infracción única. La jurisprudencia distingue precisamente entre la constatación de una infracción única y la responsabilidad de cada empresa. El que algunas empresas puedan haber ignorado el alcance global de la infracción se explica por la concentración de sus actividades en ciertos mercados y la marginalidad de su actividad en los demás.

202. En consecuencia, debe desestimarse por infundado el segundo motivo.

C.      Asunto Roca Sanitario/Comisión (exclusivamente la primera parte del segundo motivo)

1.      Resumen sucinto de las alegaciones de las partes

203. Mediante la primera parte de su segundo motivo, Roca Sanitario alega que, aun cuando el Tribunal General haya reconocido la menor gravedad, desde el punto de vista geográfico, de la infracción cuya responsabilidad se le atribuye, en comparación con las infracciones imputadas a las empresas del «núcleo duro» (o «grupo central») del cártel, (60) no sacó las necesarias consecuencias de esta circunstancia, puesto que, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, no redujo el importe de las multas que se le habían impuesto ni moduló los coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional», sin que tampoco reconociera la existencia de circunstancias atenuantes. El Tribunal General incumplió su obligación de motivación y vulneró los principios de individualización de la sanción y de responsabilidad personal, de proporcionalidad (consagrado en el artículo 49, apartado 3, de la Carta), de igualdad de trato y de protección de la confianza legítima.

204. La Comisión alega, en primer lugar, que el alcance geográfico limitado de las infracciones cometidas por Roca Sanitario y sus filiales se refleja ya en el importe de base de las multas, que se calculó exclusivamente sobre la base de las ventas efectuadas en Francia y en Austria.

205. En segundo lugar, subraya que, aunque se mencione el alcance geográfico en las Directrices de 2006 como un factor que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar los coeficientes aplicables, no deja de tener un papel marginal, habida cuenta de que el valor de las ventas ya da una indicación suficiente a este respecto y de que la naturaleza de la infracción constituye el factor de apreciación preponderante. La Comisión afirma haber desarrollado una práctica, en consecuencia, que se concreta en la aplicación de un ligero incremento, generalmente de un 1 %, cuando la extensión geográfica se corresponde con el conjunto de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Estima, no obstante, justificado no aplicar esta práctica cuando la infracción tiene un alcance geográfico más reducido, pues supondría matizar este porcentaje con decimales en función del número de Estados afectados por la infracción. Por lo tanto, la Comisión niega haberse apartado de la metodología contenida en sus Directrices de 2006, al escoger coeficientes del 15 %.

206. La Comisión observa también que no hay nada que obligue al Tribunal General a reducir una multa que considere proporcionada por el mero hecho de que estime que la multa impuesta a otros participantes en el cártel debería haber sido más elevada. Añade que, por el contrario, el Tribunal General ha denegado reiteradamente tal reducción conforme al principio de que «nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro». Se desprende tanto de la jurisprudencia como de la práctica decisoria de la Comisión que no toda diferencia de participación en la infracción debe necesariamente traducirse en una reducción de la multa, siempre que esta última refleje correctamente la participación individual de la empresa de que se trate.

207. Por otro lado, la Comisión alega que el Tribunal de Justicia no exige una motivación detallada cuando los coeficientes (incremento del importe de base de la multa) rondan el 15 %. (61) En cualquier caso, precisa que la sentencia Roca Sanitario explica con claridad por qué tales coeficientes resultaban apropiados.

208. En cuanto a la alegación sobre la incoherencia de esta sentencia en relación con las dictadas en recursos paralelos, la Comisión la considera inadmisible por estimar que su examen supondría un análisis comparativo de las correspondientes circunstancias fácticas. En todo caso, señala que el Tribunal General aplicó los mismos coeficientes del 15 % a las demás empresas a las que no se había atribuido responsabilidad por la totalidad del cártel, como Duravit o Dornbracht.

2.      Análisis

a)      Resumen de la jurisprudencia

209. En primer lugar, me remito a las conclusiones que presenté en el asunto Telefónica y Telefónica de España/Comisión (C‑295/12 P, EU:C:2013:619), en las que analicé detalladamente la problemática de la competencia jurisprudencial plena del Tribunal General. (62)

210. A los efectos del presente recurso de casación, procede recordar, en lo que atañe a la extensión del control jurisdiccional del Tribunal de Justicia a este respecto, que si bien el Tribunal General es el único competente para controlar el modo en que la Comisión debe apreciar, en cada caso concreto, la gravedad de los comportamientos ilícitos, corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del recurso de casación, examinar en qué medida ha tomado en consideración el Tribunal General, de manera jurídicamente correcta, todos los factores esenciales para apreciar la gravedad de un comportamiento determinado a la luz de los artículos 101 TFUE y 23 del Reglamento no 1/2003. (63)

211. Además, cuando el Tribunal General se pronuncia sobre el importe de las multas en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, se encuentra sujeto a las mismas obligaciones jurídicas que las que pesan sobre la Comisión a la hora de imponer una sanción y, por tanto, a observar, entre otros, el principio de igualdad de trato entre las empresas que hayan participado en un acuerdo contrario al artículo 101 TFUE. (64)

212. Cabe recordar que el principio de que no incumbe al Tribunal de Justicia sustituir por su propia apreciación, por motivos de equidad, la apreciación que haya llevado a cabo el Tribunal General en ejercicio de dicha competencia (65) no impide que el Tribunal de Justicia verifique el cumplimiento de esta obligación.

213. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha reducido el importe de alguna multa en situaciones en que el Tribunal General había aplicado a una empresa, sin justificación objetiva, un trato más severo que el recibido por los demás implicados en el mismo cártel, (66) pues el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena no puede suponer una discriminación entre las empresas que hayan participado en la misma infracción. (67)

b)      El Tribunal General constató una desigualdad de trato pero no sacó de ella ninguna consecuencia

214. En el presente caso, el Tribunal General, al constatar (apartado 187) que la infracción cometida por las empresas del núcleo duro hubiera «debido», en particular por su mayor alcance geográfico, sancionarse con una multa calculada sobre la base de coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional» más elevados, admitió que se habían tratado erróneamente de modo similar situaciones diferentes (la de las empresas del núcleo duro y la de las demás).

215. Ahora bien, el Tribunal General no efectuó ningún ajuste ni al alza ni a la baja del importe de base de la multa, manteniendo para todas las empresas el mismo coeficiente de gravedad y el mismo factor disuasorio del 15 %. (68)

216. Para justificar esta conclusión, el Tribunal General declaró en el apartado 169 de la sentencia Roca Sanitario, en el marco del examen de los motivos formulados en apoyo de las pretensiones de anulación, que «no obstante, aun suponiendo que cupiera considerar que la Comisión hubiera debido tratar, al fijar los citados coeficientes, a las empresas que tomaron parte en la infracción única que cubría seis territorios y los tres subgrupos de productos de manera distinta de las empresas que participaron en la infracción única en un único territorio, tal trato distinto no hubiera podido redundar en beneficio de la demandante. En efecto, tal como se ha expuesto en el […] apartado 155 [de dicha sentencia] en relación con el coeficiente “importe adicional”, conforme al punto 25 de las Directrices de 2006 la Comisión tuvo en cuenta fundadamente para el cálculo del importe de la multa un coeficiente “importe adicional” del 15 %, que no es desproporcionado en relación con la gravedad de las conductas anticompetitivas por las que se considera responsable a la demandante. Por la mismas razones mencionadas en el […] apartado 155 [de dicha sentencia], conforme a los puntos 21 a 23 de esas Directrices la Comisión tuvo en cuenta válidamente y sin infringir el principio de proporcionalidad un coeficiente “gravedad de la infracción” del 15 %. En consecuencia, el hecho de que no se dispensara un trato diferenciado a las empresas destinatarias de la Decisión [controvertida] no redundó en perjuicio de la demandante».

217. Por lo tanto, el Tribunal General, tras constatar en el apartado 168 de la sentencia la menor gravedad de la infracción imputada a Roca Sanitario, soslaya la cuestión de si existía o no discriminación señalando simplemente que, en cualquier caso, no hubiera perjudicado a Roca Sanitario y señala que, de todas formas, esta empresa no hubiera podido beneficiarse de un trato distinto porque el importe de la multa que se le había impuesto no era desproporcionado.

218. En el apartado 185 de la sentencia Roca Sanitario, el Tribunal General recuerda, en respuesta a los motivos invocados en apoyo de las pretensiones de reducción del importe de la multa, que «ha apreciado, en los […] apartados 168 a 170 [de dicha sentencia], que la Comisión no vulneró el principio de igualdad de trato al aplicar a la demandante coeficientes de “gravedad de la infracción” e “importe adicional” del 15 %. Por otra parte, también es preciso traer a colación que, tal como se declaró en el […] apartado 155 [de dicha sentencia], la Comisión podía, con arreglo a los puntos 21 a 23 y 25 de las Directrices de 2006, considerar legítimamente que los coeficientes “gravedad de la infracción” e “importe adicional” del 15 % no eran desproporcionados en relación con la gravedad de la infracción».

219. El Tribunal General añadió en el apartado 187 que «el hecho de que se hubiera debido imponer a las empresas que participaron en la infracción única que comprendía seis Estados miembros y los tres subgrupos de productos una multa calculada a partir de coeficientes “gravedad de la infracción” e “importe adicional” con porcentajes superiores al 15 % fijado para sancionar a la demandante no puede justificar que el Tribunal le imponga, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, una multa por un importe que no resultara suficientemente disuasorio habida cuenta de la gravedad de la infracción en la que ésta participó».

220. Se llega así a la sorprendente conclusión de que el trato fue desigual, pero no se vulneró el principio de igualdad de trato porque la multa era proporcionada.

221. A este respecto, procede recordar que el artículo 49, apartado 3, de la Carta dispone que «la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción». Conforme a esta regla, es ilógico constatar la menor gravedad de una infracción manteniendo la misma intensidad de la sanción que la que se aplica a infracciones más graves constatadas en sentencias paralelas.

222. Ahora bien, cabe recordar que, tras constatar la menor gravedad de la infracción imputada a Roca Sanitario, el Tribunal General no redujo la multa que se le había impuesto y siguió aplicándole los mismos coeficientes de gravedad y de disuasión que se aplicaban a las multas impuestas a las empresas del núcleo duro, para las que el Tribunal General declaró que la Comisión debería haber utilizado coeficientes más elevados.

223. En este contexto, se plantea la cuestión de si el Tribunal General podía haber denegado a Roca Sanitario la aplicación de coeficientes inferiores que permitieran restablecer la igualdad de trato con otros participantes, por estimar que dicha aplicación contravendría el principio de proporcionalidad, que exige que las multas sean lo suficientemente disuasorias.

224. No lo creo así.

225. En efecto, si se sigue el razonamiento del Tribunal General, que distingue por su gravedad las infracciones respectivamente cometidas por Roca Sanitario y otras participantes, se llega a la conclusión de que el carácter disuasorio de la multa no está en absoluto relacionado con la gravedad de la infracción, cuando el propio Tribunal General habla en el apartado 187 del importe disuasorio de la multa habida cuenta de la gravedad de la infracción.

226. Una de dos: si la multa impuesta es la misma para dos infracciones de gravedad diferente, o bien es insuficientemente disuasoria para una de las dos o bien es desproporcionada para la otra. Dado que no se ha revisado el cálculo de la multa para los responsables de la infracción más grave, la imposición de una multa idéntica al autor de una infracción menos grave resulta necesariamente desproporcionada.

227. El Tribunal General no podía corregir el alcance geográfico de la infracción única, compleja y continuada en la que hubiera participado una demandante, por ejemplo de seis a dos Estados miembros (como hizo en el asunto Dornbracht/Comisión, T‑386/10, EU:T:2013:450), ni reconocer que la infracción cometida por las empresas del núcleo duro habría «debido», por su mayor alcance geográfico, ser sancionada con una multa calculada sobre la base de coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional» más elevados (apartado 187 de la sentencia Roca Sanitario), admitiendo de este modo (como lo ha hecho en el presente caso) que se trataron erróneamente situaciones diferentes de modo similar, y al mismo tiempo, por un lado, decidir que no se aumentaran las multas impuestas a las empresas del núcleo duro y, por otro lado, excluir que pudiera disminuirse la multa impuesta, por ejemplo, a Roca Sanitario (ni los mencionados coeficientes), sin proporcionar siquiera una fundamentación suficiente a este respecto.

228. En efecto, como declaró el Tribunal General en la sentencia Mamoli Robinetteria/Comisión (T‑376/10 EU:T:2013:442), apartado 174: «En efecto, no puede considerarse válidamente que una infracción que abarca seis territorios de la Unión y afecta a tres subgrupos de productos tenga una gravedad comparable a la de una infracción cometida en el territorio de un solo Estado miembro que afecta a dos de los tres subgrupos de productos. Atendiendo a la dimensión de sus efectos en la competencia dentro de la Unión, esa primera infracción debe considerarse más grave que la segunda».

229. Considero, además, que el Tribunal General no siguió su propia jurisprudencia en materia de graduación de las multas en función de la gravedad de las infracciones imputadas a cada empresa en una infracción única, compleja y continuada. En efecto, en virtud de los principios de individualización de la sanción, de responsabilidad personal y de no discriminación, una menor responsabilidad debería encontrar reflejo, en principio, en el importe de la multa.

230. Para dar carácter objetivo a la proporcionalidad o al efecto disuasorio, el Tribunal General considera necesario basarse en las Directrices de 2006. Cabe recordar a este respecto que estas Directrices «establecen una regla de conducta indicativa […] de la cual la [Administración] no puede apartarse […] sin dar razones que sean compatibles con el principio de igualdad de trato». (69) En consecuencia, cuando tales Directrices conduzcan a una desigualdad de trato, se excluye su aplicación ciega y automática, exclusión que también se impone al Tribunal General. (70)

231. Por otro lado, el Tribunal General ya ha constatado violaciones del principio de igualdad de trato y ha derivado las oportunas consecuencias en forma de reducción de la multa. Así sucedió en las sentencias Bolloré y otros/Comisión (T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 y T‑136/02, EU:T:2007:115), apartados 694 y siguientes, (71) y Chalkor/Comisión (T‑21/05, EU:T:2010:205), apartados 104 a 113. En esta misma sentencia, el Tribunal General declaró acertadamente que «una empresa no puede en ningún caso recibir una multa cuyo importe se calcula en función de una participación en una colusión por la que no se la considera responsable» (apartado 93). (72)

232. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende asimismo la existencia de una obligación positiva (que no de una facultad, como parece opinar el Tribunal General) de tener en cuenta la menor gravedad en el importe de las multas: «el hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de una práctica colusoria o que haya desempeñado un papel menor en los aspectos en los que haya participado debe tomarse en consideración cuando se valore la gravedad de la infracción y, en su caso, cuando se determine la multa» (el subrayado es mío). (73)

c)      Sobre la motivación

233. Debe señalarse que el Tribunal General no ha explicado de modo alguno por qué una reducción del importe de base de la multa impuesta a Roca Sanitario, aun leve, hubiera conducido a un importe insuficientemente disuasorio (sin que tampoco haya motivado adecuadamente por qué resultaba apropiado un porcentaje del 15 %). Se limitó a afirmar que los coeficientes aplicados eran «apropiados» para Roca Sanitario, lo que, evidentemente, dista mucho de ser una motivación adecuada. Además, la sentencia Roca Sanitario sólo trata del (coeficiente) «importe adicional» y en absoluto aborda el porcentaje del coeficiente «gravedad de la infracción».

d)      Sobre la posible necesidad de que toda diferencia en la situación de las empresas de que se trate se refleje en el importe de la multa

234. La jurisprudencia exige también que el importe de las multas tenga en cuenta la gravedad relativa de las infracciones imputadas a los múltiples participantes en una misma infracción. (74) Con esta exigencia se pretende garantizar el principio de individualización de la sanción.

235. Bien es cierto que el Tribunal de Justicia ha señalado que este principio no supone repercutir toda diferencia por lo que respecta al volumen de negocios de los participantes. (75)

236. A mi juicio, esta limitación —que equivale a admitir la imposibilidad de garantizar la perfecta igualdad entre los participantes— debe lógicamente extenderse, por analogía, a las diferencias en el alcance geográfico y, por tanto, en la gravedad de las infracciones constatadas.

237. Con mayor razón se impone esta conclusión si se tiene en cuenta que tales diferencias, al igual que las que afectan al volumen de negocios, se reflejan ya en el valor de las ventas consideradas para el cálculo del importe de base de la multa.

238. Por lo tanto, ha de verificarse si el haber prescindido de la menor gravedad relativa de la infracción imputada a Roca Sanitario para determinar los coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional» supuso el establecimiento de una diferencia que supera el umbral de intensidad a partir del cual debe corregirse una discriminación.

239. En primer lugar, considero que, salvo en lo que atañe al alcance geográfico, la sentencia del Tribunal General no distingue entre la gravedad del comportamiento de las filiales de Roca Sanitario, por el que ésta ha sido considerada responsable, y la gravedad del comportamiento de las empresas del núcleo duro (que se encuentran en el origen del cártel y que, según Roca Sanitario, adoptaron medidas para extenderlo y para garantizar su ejecución y coordinación a escala europea). (76) Basta con señalar que el Tribunal General omitió en su sentencia cualquier referencia al hecho de que Roca Sanitario no formaba parte del núcleo duro del cártel y de que una de sus filiales sólo había participado en el cártel en relación con dos subgrupos de productos y no tres.

240. Ahora bien, en la sentencia Deutsche Telekom/Comisión (C‑280/08 P, EU:C:2010:603), apartado 274, el Tribunal de Justicia indica: «Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de la empresa de que se trate, el papel desempeñado por ella en el establecimiento de la práctica en cuestión,[(77)] el beneficio que ha podido obtener de dichapráctica,su tamaño y el valor de las mercancías afectadas así como el riesgo que las infracciones de este tipo representan para los objetivos de la Unión» (el subrayado es mío). (78)

241. Resulta asimismo claro a la luz de la jurisprudencia que el hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de una práctica colusoria o de que haya desempeñado un papel menor en los aspectos en los que haya participado debe tomarse en consideración cuando se valore la gravedad de la infracción y, en su caso, cuando se determine la multa. (79)

242. En particular, cuando nos encontramos ante una infracción única, en el sentido de infracción compleja y continuada, que abarca un conjunto de acuerdos y de prácticas concertadas en mercados distintos en los que los infractores no están todos presentes o pueden tener un mero conocimiento parcial del plan de conjunto, las sanciones deben ser individualizadas, en el sentido de que deben referirse a comportamientos y a características propias de las empresas de que se trate. (80)

243. En este contexto, el principio de proporcionalidad implica que la multa se fije en proporción a los elementos que deban tenerse en cuenta tanto para apreciar la gravedad objetiva de la infracción como tal, como para apreciar la gravedad relativa de la participación de la empresa sancionada en dicha infracción. (81)

244. Procede recordar que, en el apartado 186 de la sentencia Roca Sanitario, el Tribunal General corrige acertadamente el enfoque adoptado en la Decisión controvertida y declara que la menor participación de las filiales de Roca Sanitario, que se limita a dos de las seis vertientes nacionales del cártel global sancionado, refleja necesariamente un comportamiento menos grave que el que se atribuye a las empresas participantes en un mayor número de vertientes del cártel. (82)

245. No obstante, declaró en el apartado 187 de dicha sentencia que «el hecho de que se hubiera debido imponer a las empresas que participaron en la infracción única que comprendía seis Estados miembros y los tres subgrupos de productos una multa calculada a partir de coeficientes “gravedad de la infracción” e “importe adicional” con porcentajes superiores al 15 % fijado para sancionar a la demandante no puede justificar que el Tribunal le imponga, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, una multa por un importe que no resultara suficientemente disuasorio habida cuenta de la gravedad de la infracción en la que ésta participó».

246. Lo que antecede pone en evidencia la inobservancia del principio de individualización de las sanciones y, nuevamente, la falta de motivación de la desconexión entre la apreciación de una menor gravedad de la infracción y el importe de la multa.

247. La Comisión señala, no obstante, que la menor gravedad del comportamiento de las empresas se refleja ya suficientemente en la selección de las ventas a las que se aplica el coeficiente de gravedad y el factor disuasorio. Sin embargo, el Tribunal General desestimó esta tesis tanto en la sentencia Roca Sanitario (véase el apartado 186), como en otras sentencias paralelas referentes al mismo cártel. Además, estas sentencias ponen de manifiesto que la menor gravedad de las infracciones constatadas debería haber llevado a la Comisión a aplicar otros coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional».

248. En consecuencia, en la sentencia Zucchetti Rubinetteria/Comisión (T‑396/10, EU:T:2013:446), apartados 114 a 119, el Tribunal General declaró, en mi opinión acertadamente, que: «en lo referente al error de apreciación de los hechos alegado por la demandante, hay que constatar que la Comisión estimó erróneamente que los coeficientes “gravedad de la infracción” e “importe adicional” de 15 % se justificaban por el hecho de que las empresas destinatarias de la Decisión [controvertida] habían participado en una infracción única que afectaba a tres subgrupos de productos y abarcaba seis Estados miembros. En efecto, como la misma Comisión estimó en el considerando 879 de la Decisión [controvertida], la demandante estaba implicada en una infracción consistente en la coordinación de alzas de precios en Italia, y no en los otros cinco Estados miembros mencionados en el apartado 1 supra, [habida cuenta de que] las discusiones ilícitas mantenidas tenían por objeto los artículos de grifería y de cerámica pero no las mamparas de ducha. Es preciso destacar al respecto que la demandante no impugna en ese sentido la apreciación de la Comisión de que participó en una infracción que afectaba no sólo a los artículos de grifería sino también a los de cerámica» (apartado 114).

249. De este modo, «resulta […] de la apreciación enunciada en el considerando 879 de la Decisión [controvertida] que la Comisión no podía justificar válidamente la aplicación a la demandante de coeficientes “gravedad de la infracción” e “importe adicional” del 15 % a causa de la participación de ésta en una infracción única que afectaba a tres subgrupos de productos y seis territorios. Debe estimarse por ello que la Comisión cometió un error de apreciación de los hechos en ese sentido» (apartado 115).

250. En primer lugar, «son ineficaces los argumentos de la Comisión según los cuales el importe de la multa impuesta a la demandante refleja su participación únicamente en el ámbito italiano de la infracción constatada, el valor de las ventas consideradas para cada empresa refleja su implicación individual, efectiva y concreta en la infracción, y los coeficientes “gravedad de la infracción” e “importe adicional” de 15 % son moderados atendiendo a la gravedad de la infracción cometida. En efecto, ninguno de esos argumentos desvirtúa la apreciación de que la Comisión no podía apoyarse válidamente en el motivo expuesto en el apartado 115 supra para fijar los coeficientes “gravedad de la infracción” e “importe adicional” de 15 %» (apartado 116).

251. Además, «se ha de considerar que también son inoperantes los argumentos de la Comisión según los cuales se ajustó a las diferentes fases del cálculo de la multa previstas en las Directrices de 2006, tuvo en cuenta los volúmenes de negocios que las empresas afectadas por la Decisión [controvertida] le habían comunicado, dispone de un margen de apreciación para determinar el importe de las multas, y la gravedad de la infracción en la que participó la demandante se refleja en el importe de las ventas que tomó en consideración. En efecto, esos argumentos no inciden en la apreciación de que la Comisión no podía basarse en el motivo expuesto en el apartado 115 supra» (apartado 117).

252. Por último, «debe desestimarse el argumento aducido por la Comisión en respuesta a las preguntas del Tribunal [General] en la vista según el cual la diferencia en el alcance geográfico que deriva de la participación de las empresas en la infracción única en su totalidad, o bien sólo en el territorio italiano, no justifica la aplicación de distintos coeficientes “gravedad de la infracción” e “importe adicional”. En efecto, una infracción que abarca seis territorios de la Unión y afecta a tres subgrupos de productos no puede considerarse válidamente de gravedad idéntica a la de una infracción cometida en el territorio de un solo Estado miembro que afecta a dos subgrupos de productos. Atendiendo a la dimensión de sus efectos en la competencia dentro de la Unión, esa primera infracción debe considerarse más grave que la segunda» (apartado 118).

253. El Tribunal General concluyó, en el apartado 119 de dicha sentencia, que «debe constatarse que la Comisión cometió dos errores de apreciación al sustentar la aplicación de los coeficientes “gravedad de la infracción” e “importe adicional” de 15 % en el hecho de que la demandante había participado en una infracción única que abarcaba seis territorios de la Unión y afectaba a tres subgrupos de productos. Se ha de acoger por tanto el argumento de la demandante en ese sentido».

254. El Tribunal General llegó a la misma conclusión en el asunto paralelo Dornbracht/Comisión (T‑386/10, EU:T:2013:450), apartados 163 a 168. En otros cuatro asuntos paralelos: Duravit (apartado 366 y siguientes), Villeroy & Boch Austria (apartados 384 y 385), Hansa Metallwerke y otros/Comisión (T‑375/10, EU:T:2013:475), apartado 180 y siguientes, y Mamoli Robinetteria/Comisión (T‑376/10, EU:T:2013:442), apartado 170 y siguientes, (83) el Tribunal General no desestima, en principio, la alegación de que los coeficientes en cuestión deberían haberse individualizado.

255. Cabe añadir que la Comisión ha adoptado este enfoque en numerosos asuntos, que se concreta en aplicar, para garantizar un trato no discriminatorio, diferentes coeficientes de gravedad y de factor disuasorio y en modular, en consecuencia, el importe de base de la multa en función de la gravedad relativa de la infracción imputada a cada empresa, en el seno de un cártel único y continuado. (84)

256. Por lo que respecta a la alegación por la que Roca Sanitario censura el que, a falta de una reducción de los coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional», no se haya reconocido ninguna circunstancia atenuante por la menor gravedad de la infracción que se le ha atribuido, el Tribunal General ha declarado acertadamente, a mi juicio, que tal alegación es inadmisible por haberse formulado extemporáneamente.

257. En efecto, aunque la alegación se había invocado en una nota a pie de página de la demanda —y no en la vista, como consideró el Tribunal General—, no me parece que su formulación fuera lo suficientemente clara y precisa, como lo exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. (85) En línea con lo señalado por la Comisión, la remisión general al punto 29 de las Directrices de 2006 que se contiene en una nota a pie de página de la demanda no es lo suficientemente precisa para fundamentar esta imputación.

258. Por último, en la medida en que Roca Sanitario invoca la desproporcionalidad de la multa con independencia de cualquier discriminación, basta con señalar que no ha demostrado que así suceda en el presente caso.

e)      Conclusión

259. Por lo tanto, cabe concluir que en la medida en que, sin una adecuada motivación, ha reconocido la menor gravedad del comportamiento de las filiales de Roca Sanitario, por un lado, y ha decidido no aumentar las multas impuestas a las empresas pertenecientes al núcleo duro, por otro lado, el Tribunal General, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, debería haber ajustado, a la baja los coeficientes «gravedad de la infracción» o «importe adicional» aplicados a Roca Sanitario, al objeto de garantizar la observancia de los principios de igualdad de trato y de individualización de las sanciones. (86)

260. Evidentemente, es inexacta la afirmación de que un «trato distinto [de los dos grupos de empresas] no hubiera podido redundar en beneficio de la demandante» (apartado 169 de la sentencia Roca Sanitario).

261. De lo que antecede resulta que debe estimarse la primera parte del segundo motivo de Roca Sanitario y que procede anular parcialmente la sentencia Roca Sanitario a este respecto.

f)      Consecuencias de la anulación por el Tribunal de Justicia de la sentencia Roca Sanitario

262. Soy de la opinión de que debe devolverse el asunto al Tribunal General con el fin de que se pronuncie sobre la multa y saque las correspondientes consecuencias, en particular, de las consideraciones anteriormente expuestas sobre la primera parte del segundo motivo de Roca Sanitario.

IV.    Conclusión

263. Por estos motivos y sin perjuicio del examen de otros motivos formulados en los presentes recursos de casación, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva del siguiente modo.

264. En el asunto Comisión/Keramag Keramische Werke y otros (C‑613/13 P):

1)         Anular el punto 1 del fallo de la sentencia Keramag Keramische Werke y otros/Comisión (T‑379/10 y T‑381/10, EU:T:2013:457), en la medida en que anula el artículo 1 de la Decisión C(2010) 4185 final de la Comisión, de 23 de junio de 2010, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 101 [TFUE] y con el artículo 53 del Acuerdo [EEE] (Asunto COMP/39.092 — Productos y accesorios para cuartos de baño), por lo que respecta a los hechos acaecidos en el seno de la Association française des industries de céramique sanitaire (AFICS) y a la responsabilidad de Allia SAS, de Produits Céramiques de Touraine SA y de Sanitec en dichos hechos.

2)         Anular íntegramente el punto 2 del fallo de la mencionada sentencia del Tribunal General.

3)         Desestimar el recurso de anulación por lo que respecta a los hechos acaecidos en el marco de la AFICS y restablecer las multas impuestas a Allia SAS, Produits Céramiques de Touraine SA y Sanitec.

4)         Declarar la inadmisibilidad del segundo motivo de la adhesión a la casación de Keramag y otros o desestimarlo por infundado.

265. En el asunto Duravit y otros/Comisión (C‑609/13 P): declarar la inadmisibilidad de las distorsiones de la prueba invocadas en séptimo o duodécimo lugar o desestimarlas por infundadas.

266. En el asunto Villeroy & Boch AG/Comisión (C‑625/13 P): declarar la inadmisibilidad del primer motivo o desestimarlo por infundado y desestimar la segunda parte del segundo motivo por infundado.

267. En el asunto Villeroy & Boch SAS/Comisión (C‑644/13 P): desestimar el primer motivo por infundado y desestimar por infundada la imputación formulada en el segundo motivo según la cual el Tribunal General no suscribió las apreciaciones que él mismo había efectuado en las sentencias Keramag Keramische Werke y otros/Comisión (T‑379/10 y T‑381/10, EU:T:2013:457), Duravit y otros/Comisión (T‑364/10, EU:T:2013:477) y Wabco Europe y otros/Comisión (T‑380/10, EU:T:2013:449).

268. En el asunto Roca Sanitario/Comisión (C‑636/13 P): estimar la primera parte del segundo motivo de Roca Sanitario; anular parcialmente la sentencia Roca Sanitario/Comisión (T‑408/10, EU:T:2013:440) y devolver el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre la multa y saque las oportunas consecuencias, en particular, de las consideraciones expuestas en las presentes conclusiones en relación con la primera parte del segundo motivo de Roca Sanitario.

269. Reservar la decisión sobre las costas.


1      Lengua original: francés.


2      Véase el punto 5 de las presentes conclusiones.


3      Se trata del asunto Comisión/Keramag Keramische Werke y otros (C‑613/13 P).


4      En lo sucesivo, «Duravit y otros». Se trata del asunto Duravit y otros/Comisión (C‑609/13 P).


5      Asunto Villeroy & Boch AG/Comisión (C‑625/13 P).


6      Asunto Villeroy & Boch SAS/Comisión (C‑644/13 P).


7      Asunto Roca Sanitario/Comisión (C‑636/13 P).


8      A efectos de las presentes conclusiones, me referiré únicamente en lo sucesivo al artículo 101 TFUE.


9      Asuntos C‑604/13 P, C‑609/13 P, C‑611/13 P, C‑613/13 P, C‑614/13 P, C‑618/13 P, C‑619/13 P, C‑625/13 P, C‑626/13 P, C‑636/13 P, C‑637/13 P, C‑638/13 P, C‑642/13 P y C‑644/13 P.


10      En el asunto Comisión/Keramag Keramische Werke y otros (C‑613/13 P), las partes segunda, tercera y quinta del primer motivo de la Comisión, así como el segundo motivo formulado por Keramag y otros en su adhesión a la casación; en el asunto Duravit y otros/Comisión (C‑609/13 P), el tercer motivo; en el asunto Villeroy & Boch AG/Comisión (C‑625/13 P), el primer motivo y la segunda parte del segundo motivo, y en el asunto Villeroy & Boch SAS/Comisión (C‑644/13 P), los motivos primero y segundo.


11      La primera parte del segundo motivo en el asunto Roca Sanitario/Comisión (C‑636/13 P).


12      En virtud de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación de 2002 sobre la cooperación»).


13      Los siete motivos invocados en el asunto T‑379/10 eran fundamentalmente idénticos a los cinco primeros motivos y a los motivos octavo y noveno del asunto T‑381/10; la numeración de los motivos que utilizó el Tribunal General es la empleada en este último asunto.


14      Para lo que no es necesario basarse en documentos contemporáneos a los hechos. Varias declaraciones pueden resultar creíbles si se corroboran mutuamente. Véanse, a este respecto, las sentencias Lögstör Rör/Comisión (T‑16/99, EU:T:2002:72), apartados 45 a 47, Bolloré y otros/Comisión (T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 y T‑136/02, EU:T:2007:115), apartado 168, y Polimeri Europa/Comisión (T‑59/07, EU:T:2011:361), apartado 55. Una declaración presentada en el marco de una solicitud de clemencia puede bastar para corroborar otra cuando se haya formulado independientemente y si ambas coinciden a «grandes líneas». Véase, a este respecto, la sentencia Total Raffinage Marketing/Comisión (T‑566/08, EU:T:2013:423), apartado 74 (recurso de casación desestimado por la sentencia Total Marketing Services/Comisión, C‑634/13 P, EU:C:2015:614).


15      Sentencia Roca/Comisión (T‑412/10, EU:T:2013:444), apartados 198 y 239 (en lo sucesivo, «sentencia Roca»). El mismo día, el Tribunal General dictó también una sentencia que reconocía igualmente la reducción a la sociedad matriz de Roca France (asunto Roca Sanitario/Comisión, T‑408/10, EU:T:2013:440,apartado 213).


16      Véanse, en particular, en el ámbito del Derecho de la competencia, las sentencias Hüls/Comisión (C‑199/92 P, EU:C:1999:358), apartados 64 y 65, o Technische Unie/Comisión (C‑113/04 P, EU:C:2006:593), apartados 111 a 113 y 161. Véanse, con carácter general, la sentencia Comisión/Brazzelli Lualdi y otros (C‑136/92 P, EU:C:1994:211), apartados 66 y 81; los autos San Marco/Comisión (C‑19/95 P, EU:C:1996:331), apartado 39, y AIUFFASS y AKT/Comisión (C‑55/97 P, EU:C:1997:465), apartado 25, y las sentencias Somaco/Comisión (C‑401/96 P, EU:C:1998:208), apartado 54, y Schröder y otros/Comisión (C‑221/97 P, EU:C:1998:597), apartados 22 a 24.


17      Sentencia Consejo/de Nil e Impens (C‑259/96 P, EU:C:1998:224), apartado 32.


18      Sentencia Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión (C‑105/04 P, EU:C:2006:592), apartado 71. Véanse también las sentencias Baustahlgewebe/Comisión (C‑185/95 P, EU:C:1998:608), apartado 25; Somaco/Comisión (C‑401/96 P, EU:C:1998:208), apartado 53; Cubero Vermurie/Comisión (C‑446/00 P, EU:C:2001:703), apartado 20; BEI/Hautem (C‑449/99 P, EU:C:2001:502), apartado 45; Aristrain/Comisión (C‑196/99 P, EU:C:2003:529), apartados 40 y 41, y Technische Glaswerke Ilmenau/Comisión (C‑404/04 P, EU:C:2007:6), apartado 90. En cuanto a las anulaciones por falta de motivación, véanse, por ejemplo, las sentencias Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, EU:C:2002:582), apartado 428; Bélgica/Comisión (C‑197/99 P, EU:C:2003:444), apartado 130, e International Power y otros/NALOO (C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P y C‑180/01 P, EU:C:2003:534), apartado 121.


19      Véanse en este sentido, por analogía, las sentencias Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, EU:C:2002:582), apartados 392 a 405; Chassagne/Comisión (T‑253/06 P, EU:T:2008:386), apartado 57, y Michail/Comisión (T‑50/08 P, EU:T:2009:457), apartado 50.


20      Véase, a este respecto, la sentencia DIR International Film y otros/Comisión (C‑164/98 P, EU:C:2000:48), apartados 43 a 48. En cuanto a la interpretación errónea por el Tribunal General del acto impugnado en algún asunto, véanse también las sentencias Bélgica/Comisión (C‑197/99 P, EU:C:2003:444), apartados 58 a 67, e International Power y otros/NALOO (C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P y C‑180/01 P, EU:C:2003:534), apartado 156.


21      Véanse sus conclusiones en el asunto IPK/Comisión (C‑433/97 P, EU:C:1999:133), punto 36, donde se remite a la sentencia Comisión/Brazzelli Lualdi y otros (C‑136/92 P, EU:C:1994:211).


22      «En segundo lugar, por lo que respecta al artículo 2, apartado 7, de la Decisión [controvertida], procede anular, teniendo en cuenta la conclusión alcanzada en el apartado 325 [de la referida sentencia], el artículo 2, apartado 7, letras d) y e), en la medida en que impone una multa solidaria de 4 579 610 euros a Allia y a Sanitec Europe, y de 2 529 689 euros a PCT, a Allia y a Sanitec Europe. En consecuencia, el importe total de la multa impuesta a las demandantes de 57 690 000 euros, que establece el artículo 2, apartado 7, de la Decisión [controvertida], debe anularse en la medida en que supera los 50 580 701 euros (es decir: 57 690 000 euros — 4 579 610 euros – 2 529 689 euros).»


23      Este considerando indica también que Roca France confirmó los «intercambios acerca de precios mínimos en el seno de la AFICS» y añade que Roca France «intenta desacreditar la declaración de confirmación de Ideal Standard» (recurso de casación de la Comisión, nota 20).


24      Véase, en particular, la sentencia Baustahlgewebe/Comisión (C‑185/95 P, EU:C:1998:608), apartado 24. Véanse también la sentencia Comisión/Brazzelli Lualdi y otros (C‑136/92 P, EU:C:1994:211), apartado 66; el auto San Marco/Comisión (C‑19/95 P, EU:C:1996:331), apartado 40; la sentencia Blackspur DIY y otros/Consejo y Comisión (C‑362/95 P, EU:C:1997:401), apartado 29, y las conclusiones presentadas por el Abogado General Léger en el asunto Baustahlgewebe/Comisión (C‑185/95 P, EU:C:1998:37), punto 105.


25      Véanse también las sentencias New Holland Ford/Comisión (C‑8/95 P, EU:C:1998:257), apartado 26, y Glencore y Compagnie Continentale/Comisión (C‑24/01 P y C‑25/01 P, EU:C:2002:642), apartado 65.


26      Sentencia Corus UK/Comisión (C‑199/99 P, EU:C:2003:531), apartado 67. Véanse también las sentencias Comisión/ICI (C‑286/95 P, EU:C:2000:188), apartados 49 y 50; Salzgitter/Comisión (C‑182/99 P, EU:C:2003:526), apartado 41; Aristrain/Comisión (C‑196/99 P, EU:C:2003:529), apartado 67, y Ensidesa/Comisión (C‑198/99 P, EU:C:2003:530), apartado 28.


27      Sentencia Ismeri Europa/Tribunal de Cuentas (C‑315/99 P, EU:C:2001:391), apartado 19. Véanse también la sentencia Glencore y Compagnie Continentale/Comisión (C‑24/01 P y C‑25/01 P, EU:C:2002:642), apartados 77 y 78, y el auto L/Comisión (C‑230/05 P, EU:C:2006:270), apartados 45 a 49.


28      Auto NDC Health/IMS Health y Comisión [C‑481/01 P(R), EU:C:2002:223], apartado 88.


29      Sentencia Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothadel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión (C‑105/04 P, EU:C:2006:592), apartados 69 y 70.


30      Sentencia Sumitomo Metal Industries y Nippon Steel/Comisión (C‑403/04 P y C‑405/04 P, EU:C:2007:52), apartado 39.


31      Véase el apartado 11, letra b), del escrito de contestación de Keramag y otros.


32      Sentencia Varec (C‑450/06, EU:C:2008:91), apartado 47.


33      Sentencias Snupat/Alta Autoridad (42/59 y 49/59, EU:C:1961:5), Rec. pp. 57 y ss., especialmente p. 73, Plant y otros/Comisión y South Wales Small Mines (C‑480/99 P, EU:C:2002:8), apartado 24, y Corus UK/Comisión (C‑199/99 P, EU:C:2003:531), apartado 19. Véase también la sentencia Comisión/Irlanda y otros (C‑89/08 P, EU:C:2009:742), apartado 52.


34      Sentencia Comisión/Irlanda y otros (C‑89/08 P, EU:C:2009:742), apartado 56.


35      Sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6), apartado 64. Véanse también las sentencias Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392), apartado 61, y Solvay/Comisión (C‑109/10 P, EU:C:2011:686), apartado 51 y ss.


36      Sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6), apartado 66.


37      Por lo menos en lo que atañe a los productos «de gama baja», dado que a ellos se refieren las conclusiones de la Comisión. Véase la última frase del considerando 590 de la Decisión controvertida.


38      Sentencia Dorsch Consult/Consejo y Comisión (C‑237/98 P, EU:C:2000:321), apartados 50 y 51.


39      Sentencia Team Relocations y otros/Comisión (C‑444/11 P, EU:C:2013:464), apartado 66 y jurisprudencia citada.


40      Sentencia Siemens y otros/Comisión (C‑239/11 P, C‑489/11 P y C‑498/11 P, EU:C:2013:866), apartado 44 y jurisprudencia citada.


41      Véase, a este respecto, Riley, D.: «Revisiting the Single and Continuous Infringement of Article 101: The Significance of Anic in a New Era of Cartel Detection and Analysis», World Competition Law and Economics Review, Kluwer, 2014, vol. 37, no 3, pp. 293 a 318.


42      Sentencia Shell/Comisión (T‑11/89, EU:T:1992:33), apartado 86. Véanse también las sentencias Cimenteries CBR y otros/Comisión (T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, EU:T:2000:77), apartado 901; Groupe Danone/Comisión (T‑38/02, EU:T:2005:367), apartado 288; FNCBV y otros/Comisión (T‑217/03 y T‑245/03, EU:T:2006:391), apartado 124, y, con desestimación del recurso de casación, las sentencias Coop de France bétail et viande y otros/Comisión (C‑101/07 P y C‑110/07 P, EU:C:2008:741), y Total Raffinage Marketing/Comisión (T‑566/08, EU:T:2013:423), apartado 81 (véase la nota 14 de las presentes conclusiones).


43      Véase, por ejemplo, la sentencia Lafarge/Comisión (T‑54/03, EU:T:2008:255), apartados 369 y 373, asunto en el que Lafarge negaba valor probatorio a una nota anónima y sin destinatario. El Tribunal General tuvo en cuenta las explicaciones de Gyproc sobre el autor de la nota y las circunstancias de su redacción.


44      Véanse, en particular, las sentencias Ensidesa/Comisión (C‑198/99 P, EU:C:2003:530), apartado 312; Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión (T‑5/00 y T‑6/00, EU:T:2003:342), apartado 181, y JFE Engineering y otros/Comisión (T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, EU:T:2004:221), apartado 207.


45      Sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6), apartados 55 a 57.


46      Sentencia Knauf Gips/Comisión (C‑407/08 P, EU:C:2010:389), apartados 47 a 49.


47      Sentencia Salzgitter Mannesmann/Comisión (C‑411/04 P, EU:C:2007:54), apartado 47.


48      Repare el Tribunal de Justicia en que en su recurso de casación la Comisión no impugna las conclusiones de la sentencia Keramag que supusieron una ligera reducción de la participación de Pozzi Ginori en la infracción en el mercado italiano (apartado 245 de la sentencia Keramag), sin que, por otro lado, estas conclusiones tengan ninguna influencia en el importe de la multa (apartados 337 y 338 de dicha sentencia).


49      Sentencia JFE Engineering y otros/Comisión (T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, EU:T:2004:221), apartado 219.


50      Sentencia Team Relocations y otros/Comisión (C‑444/11 P, EU:C:2013:464), apartado 66 y la jurisprudencia citada.


51      Sentencia Siemens y otros/Comisión (C‑239/11 P, C‑489/11 P y C‑498/11 P, EU:C:2013:866), apartado 42, que se remite a la sentencia Activision Blizzard Germany/Comisión (C‑260/09 P, EU:C:2011:62), apartado 53 y jurisprudencia citada.


52      Esta confirmación no tiene necesariamente que resultar de documentos fechados en el período de comisión de los hechos. Las diversas declaraciones pueden ser merecedoras de crédito si se corroboran mutuamente. Véase, a este respecto, la sentencia Siemens y otros/Comisión (C‑239/11 P, C‑489/11 P y C‑498/11 P, EU:C:2013:866), apartados 190 y 191. Véanse también las sentencias Lögstör Rör/Comisión (T‑16/99, EU:T:2002:72), apartados 45 a 47; Bolloré y otros/Comisión (T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 y T‑136/02, EU:T:2007:115), apartado 168, y Polimeri Europa/Comisión (T‑59/07, EU:T:2011:361), apartado 55. La confirmación por otra declaración efectuada en el marco de una solicitud de aplicación de la Comunicación sobre la clemencia puede ser suficiente si dicha declaración se ha realizado de modo independiente y concuerda a grandes líneas con la descripción de la infracción. Véase, a este respecto, la sentencia Total Raffinage Marketing/Comisión (T‑566/08, EU:T:2013:423), apartado 74.


53      Asunto C‑586/12 P, EU:C:2013:863, apartados 22 a 29.


54      Véase la nota 52 de las presentes conclusiones.


55      Véanse las consideraciones expuestas en el apartado 295 de la sentencia Villeroy & Boch Austria, que se refieren en realidad al cuadro derivado de la reunión de 25 de febrero de 2004, a las explicaciones de Ideal Standard sobre las circunstancias en las que se redactó este documento, a su autor y su fecha, a los cuadros mensuales con cifras de venta confidenciales o a las declaraciones del Sr. Laligné.


56      Sentencias Stadtwerke Schwäbisch Hall y otros/Comisión (C‑176/06 P, EU:C:2007:730), apartado 17, y Comisión y otros/Siemens Österreich y otros (C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256), apartado 102.


57      Sentencia Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión (T‑259/02 a T‑264/02 y T‑271/02, EU:T:2006:396), apartado 193. Véase también la sentencia Team Relocations y otros/Comisión (C‑444/11 P, EU:C:2013:464), apartado 54.


58      Apartados 91 y 99 de la sentencia.


59      A diferencia de la multa impuesta a Villeroy & Boch AG.


60      Estas empresas se corresponden con los ocho grupos de sociedades identificados por la Comisión, en el considerando 797 de la Decisión controvertida, como constitutivos del núcleo duro del cártel por su participación en todos o la mayor parte de los Estados de que se trata y por su pertenencia a, al menos, uno de los organismos de coordinación.


61      Sentencia Team Relocations y otros/Comisión (C‑444/11 P, EU:C:2013:464), apartados 118 a 126.


62      Véanse también, entre otras, las conclusiones de los Abogados Generales Fennelly (Compagnie maritime belge transports y otros/Comisión, C‑395/96 P y C‑396/96 P, EU:C:1998:518, punto 184); Mischo (Weig/Comisión, C‑280/98 P, EU:C:2000:260, puntos 43 a 45); Kokott (Technische Unie/Comisión, C-113/04 P, EU:C:2005:752, punto 132); Poiares Maduro (Groupe Danone/Comisión, C‑3/06 P, EU:C:2006:720, puntos 41 a 59); Bot (E.ON Energie/Comisión, C‑89/11 P, EU:C:2012:375, punto 115), y Mengozzi (Comisión y otros/Siemens Österreich y otros, C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2013:578, punto 94).


63      Sentencias Baustahlgewebe/Comisión (C‑185/95 P, EU:C:1998:608), apartado 128, y Dansk Rørindustri y otros/Comisión (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, EU:C:2005:408), apartado 244.


64      Véanse, en este sentido, las sentencias Sarrió/Comisión (C‑291/98 P, EU:C:2000:631), apartados 96 y 97, y Comisión y otros/Siemens Österreich y otros (C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256), apartado 105, y las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro en el asunto Groupe Danone/Comisión (C‑3/06 P, EU:C:2006:720), punto 53.


65      Véase, en particular, la sentencia Finsider/Comisión (C‑320/92 P, EU:C:1994:414), apartado 46.


66      Véase, en este sentido, la sentencia Weig/Comisión (C‑280/98 P, EU:C:2000:627), apartados 67 y 68. Conforme a la sentencia Salzgitter Mannesmann/Comisión (C‑411/04 P, EU:C:2007:54), apartado 68, «si bien en el marco de un recurso de casación el Tribunal de Justicia no puede sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal [General] por la suya propia cuando este último se ha pronunciado, en el ejercicio de su plena jurisdicción, sobre el importe de las multas impuestas a determinadas empresas por haber infringido el Derecho comunitario, el ejercicio de la referida competencia, no obstante, no debe dar lugar, en el momento de determinar la cuantía de dichas multas, a una discriminación entre las empresas que han participado en un acuerdo o en una práctica concertada contrarios al artículo 81 CE, apartado 1 (sentencias […] Sarrió/Comisión, C‑291/98 P, [EU:C:2000:631], apartados 96 y 97, y Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P [EU:C:2002:582], apartado 617)». Véanse también las sentencias Dalmine/Comisión (C‑407/04 P, EU:C:2007:53), apartado 152 y ss., y Evonik Degussa/Comisión (C‑266/06 P, EU:C:2008:295), apartados 95 y 114.


67      Sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, EU:C:2005:408), apartado 337: «si el Tribunal de Primera Instancia pretende apartarse específicamente en el caso de una de dichas empresas del método de cálculo seguido por la Comisión, que él mismo no ha criticado, es necesario que lo razone en la sentencia recurrida». El Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363), apartado 78, que «a este respecto, basta con señalar que, puesto que el Tribunal de Justicia ha declarado la ilegalidad de la Decisión controvertida, éste puede, en el marco del ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia y, en consecuencia, suprimir, reducir o aumentar la multa […]. Esta competencia debe ejercerse teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho […]. Por tanto, debe desestimarse la alegación de la Comisión antes referida». En consecuencia, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 80, que procedía reducir en un 30 % el importe de la multa impuesta a Guardian en el artículo 2 de la decisión entonces controvertida y fijar ese importe en la cantidad de 103 600 000 euros (el importe original era de 148 000 000 euros).


68      El Tribunal General lo designa con los términos «importe adicional».


69      Sentencia KME Germany y otros/Comisión (C‑389/10 P, EU:C:2011:816), apartado 127.


70      Como he explicado en mis conclusiones en el asunto Telefónica y Telefónica de España/Comisión (C‑295/12 P, EU:C:2013:619), el Tribunal General no puede invocar las reglas previstas por las Directrices de la Comisión ni aplicarlas de modo automático, como se sugiere en el apartado 185 de la sentencia Roca Sanitario, especialmente cuando tal aplicación no garantiza el respeto del principio de igualdad de trato.


71      La sentencia fue parcialmente anulada por el Tribunal de Justicia pero por otros motivos y sólo en lo que atañe a la parte Bolloré (sentencia Papierfabrik August Koehler y otros/Comisión, C‑322/07 P, C‑327/07 P y C‑338/07 P, EU:C:2009:500).


72      Véase también la sentencia Sigma Tecnologie/Comisión (T‑28/99, EU:T:2002:76), apartados 79 a 82, en la que el Tribunal General anuló parcialmente la decisión porque Sigma no era responsable de la totalidad del cártel y redujo la multa en ese caso en un 10 %. En la sentencia IMI y otros/Comisión (T‑18/05, EU:T:2010:202), apartado 157, la multa se redujo también en un 10 % para reflejar el hecho de que el IMI no había participado en una serie de prácticas contrarias a la competencia. Véase también la sentencia Adriatica di Navigazione/Commission (T‑61/99, EU:T:2003:335), apartados 190 y 191.


73      Sentencia Comisión/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356), apartado 90. En este mismo sentido, sentencias Archer Daniels Midland/Comisión (T‑59/02, EU:T:2006:272), apartado 296; AC‑Treuhand/Comisión (T‑99/04, EU:T:2008:256), apartado 131; IMI y otros/Comisión (T‑18/05, EU:T:2010:202), apartado 164, y Chalkor/Comisión (T‑21/05, EU:T:2010:205), apartado 92.


74      Sentencias Suiker Unie y otros/Comisión (40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, EU:C:1975:174), apartado 623; Comisión/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356), apartado 150, y Hercules Chemicals/Comisión (C‑51/92 P, EU:C:1999:357), apartado 110.


75      Sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, EU:C:2005:408), apartado 312.


76      Véanse los apartados 97 a 102 y la nota a pie de página 71 de la demanda presentada en primera instancia.


77      Sentencia Cimenteries CBR y otros/Comisión (T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, EU:T:2000:77), apartado 4949 y jurisprudencia citada. Véase también la sentencia voestalpine y voestalpine Wire Rod Austria/Comisión (T‑418/10, EU:T:2015:516), apartado 408 y ss. En esta última sentencia, en relación con la multa impuesta a título solidario a voestalpine y voestalpine Austria Draht, el Tribunal General señaló que la Comisión no había demostrado que voestalpine Austria Draht hubiera participado directamente en el club Zurich, en el club Europe ni en el club España, es decir, en los aspectos esenciales del cártel. Por el contrario, el Tribunal General señaló que se había llegado acertadamente a la conclusión de que voestalpine Austria Draht había participado en el club Italia, a través de la actuación contraria a la competencia de su agente comercial en Italia, aunque ninguna prueba permitía demostrar que estuviera al corriente de la actuación de su agente. En efecto, el agente comercial debía considerarse parte de la empresa, dado que actuaba al amparo de su mandato, exclusivamente referido a Italia. Sin embargo, el Tribunal General consideró que la responsabilidad por la actuación contraria a la competencia de dicho agente que se hubiera producido fuera del mercado italiano no podía imputarse a voestalpine Austria Draht. Habida cuenta de estos elementos, el Tribunal General decidió rebajar la multa solidariamente impuesta a las dos sociedades mencionadas de 22 millones de euros a 7,5 millones de euros.


78      Véanse, por analogía, las sentencias Musique Diffusion française y otros/Comisión (100/80 a 103/80, EU:C:1983:158), apartado 129, y Dansk Rørindustri y otros/Comisión (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, EU:C:2005:408), apartado 242. Cuando son varias las empresas que han cometido una infracción, procede examinar la gravedad relativa de la participación de cada una de ellas (sentencia Hercules Chemicals/Comisión, C‑51/92 P, EU:C:1999:357, apartado 110 y jurisprudencia citada).


79      Sentencias Comisión/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356), apartado 90, y Aalborg Portland y otros/Comisión (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6), apartado 86.


80      Véase, por analogía, la sentencia Britannia Alloys & Chemicals/Comisión (C‑76/06 P, EU:C:2007:326), apartado 44.


81      Véase, en este sentido y a la luz de la distinción efectuada entre la gravedad objetiva de la infracción, en el sentido de los puntos 22 y 23 de las Directrices de 2006, y la gravedad relativa de la participación de la empresa sancionada en la infracción, apreciada en función de las características propias de dicha empresa, en el sentido de los puntos 27 y siguientes de dichas Directrices, la sentencia Jungbunzlauer/Comisión (T‑43/02, EU:T:2006:270), apartados 226 a 228 y jurisprudencia citada.


82      «Ciertamente, los coeficientes “gravedad de la infracción” e “importe adicional” del 15 % son los que tuvo en cuenta la Comisión, tal como se desprende del considerando 1211 de la Decisión [controvertida], para calcular el importe de las multas impuestas a las empresas que participaron en la infracción única que comprendía los tres subgrupos de productos en seis Estados miembros, lo cual constituye una infracción más grave, en atención a su alcance geográfico, que aquella en la que participó la demandante» (el subrayado es mío).


83      Apartado 176: «son inoperantes las alegaciones de que las líneas básicas de funcionamiento del cártel ejecutado, que consiste en la coordinación de las políticas tarifarias anuales, eran las mismas para todas las empresas. En efecto, el que todas ellas hayan participado en una coordinación de los incrementos de precios no influye en la apreciación de que la Comisión no podía aplicar un coeficiente “importe adicional” del 15 % a todas las empresas destinatarias de la Decisión [controvertida] por el motivo de que hubieran participado en una infracción única, cuando algunas de ellas no habían participado en dicha infracción única, que abarcaba seis territorios y tres subgrupos de productos» (el subrayado es mío).


84      Véase el asunto COMP/F/38.344 — Acero para pretensado, punto 953, así como las decisiones citadas en la nota 86 de las presentes conclusiones.


85      Véase, en este sentido, la sentencia Bélgica/Comisión (C‑197/99 P, EU:C:2003:444), apartado 81.


86      La Comisión admitió en la vista ante el Tribunal General, en el marco de los recursos interpuestos por Roca France y Laufen Austria, que el comportamiento de Laufen Austria y de Roca France era menos grave que el atribuido a las empresas del núcleo duro del cártel global sancionado y que hubiera podido aplicarles un porcentaje menos elevado (del 14 %) con el fin de respetar el principio de igualdad de trato y tener en cuenta la menor gravedad relativa de su comportamiento (véase el acta de las vistas celebradas el 6 de marzo de 2013 en los asuntos Laufen Austria/Comisión, T‑411/10, EU:T:2013:443, y Roca). Se pronunció en el mismo sentido en el marco del recurso interpuesto por Zucchetti contra la Decisión controvertida: sentencia Zucchetti Rubinetteria/Comisión (T‑396/10, EU:T:2013:446); véase el apartado 42 del informe para la vista, que se adjunta como anexo 11 al recurso de casación de Roca Sanitario. Véase también la sentencia Team Relocations y otros/Comisión (T‑204/08 y T‑212/08, EU:T:2011:286), apartado 91, que cita las Decisiones «Candle waxes», C(2008) 5476, de 1 de octubre de 2008, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/C.39.181 — Ceras para velas), y «Heat stabilisers», C(2009) 8682, de 11 de noviembre de 2009, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 81 [CE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/38.589 — Termoestabilizadores), en las que la Comisión aplicó diferentes porcentajes a diferentes categorías de participantes en los cárteles considerados en función de la gravedad relativa de su participación en la infracción.