Language of document : ECLI:EU:C:2017:393

Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. MACIEJ SZPUNAR

presentadas el 18 de mayo de 2017 (1)

Asuntos acumulados C‑588/15 P y C‑622/15 P

LG Electronics Inc. (C‑588/15 P),

Koninklijke Philips Electronics NV (C‑622/15 P)

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Prácticas colusorias — Mercado mundial de tubos catódicos para televisores y pantallas de ordenador — Decisión por la que se declara la existencia de dos infracciones del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo — Acuerdos y prácticas concertadas en materia de precios, de reparto de los mercados y de capacidades de producción —Responsabilidad de una sociedad matriz por el comportamiento infractor de su filial — Notificación del pliego de cargos dirigido exclusivamente a la sociedad matriz — Derecho de defensa»







 Introducción

1.        Mediante los presentes recursos de casación, las recurrentes solicitan la anulación de las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de 9 de septiembre de 2015, LG Electronics/Comisión, (2) y de 9 de septiembre de 2015, Philips/Comisión, (3) por las que dicho Tribunal desestimó los recursos dirigidos a la anulación de la Decisión C(2012) 8839 final de la Comisión, de 5 de diciembre de 2012, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/39.437 — Tubos catódicos para televisores y pantallas de ordenador) (en lo sucesivo, la «Decisión controvertida») y, con carácter subsidiario, la reducción del importe de las respectivas multas impuestas a las recurrentes.

2.        Estos recursos, acumulados a efectos de la fase oral y de la sentencia, (4) plantean, en particular, una cuestión inédita concerniente al respeto del derecho de defensa en caso de imputación del comportamiento infractor de una filial a su sociedad matriz. En concreto, se tratará de determinar si el derecho de defensa de una sociedad matriz resulta vulnerado en el supuesto de que la Comisión Europea le notifique un pliego de cargos, sin notificarlo a su vez a la filial cuyo comportamiento se cuestiona, en particular cuando se haya declarado el concurso de dicha filial, de modo que se prive a la sociedad matriz del acceso a sus documentos.

 Antecedentes de los litigios

3.        Los hechos que dieron origen al litigio, tal como resultan de las sentencias recurridas, pueden resumirse como se expone a continuación.

4.        La Comisión declaró mediante la Decisión controvertida que las principales productoras a escala mundial de tubos de rayos catódicos (en lo sucesivo, «CRT») habían infringido el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3) al haber participado en dos infracciones separadas, relacionadas, por un lado, con el mercado de tubos catódicos de color para pantallas de ordenador (en lo sucesivo, «CDT») y, por otro lado, con el mercado de tubos catódicos de color para televisores (en lo sucesivo, «CPT»).

5.        LG Electronics Inc. (en lo sucesivo, «LGE») es un proveedor de material electrónico para el gran público. Koninklijke Philips Electronics NV (en lo sucesivo, «Philips») es la sociedad matriz del grupo Philips, especializado en productos electrónicos.

6.        LGE y Philips produjeron CRT hasta el 1 de julio de 2001, fecha en la que las dos recurrentes transfirieron la totalidad de sus actividades en el campo de los CRT a una empresa común, el grupo LPD, a cuya cabeza estaba la sociedad LG Philips Displays Holding BV.

7.        En la Decisión controvertida, la Comisión consideró que, por un lado, tanto LGE como sus filiales y, por otro lado, las filiales de Philips habían participado en prácticas colusorias relativas a los CDT y a los CPT hasta que transfirieron sus actividades CRT al grupo LPD, el 1 de julio de 2001. En consecuencia, LGE y Philips fueron consideradas responsables de dos infracciones a dicho título.

8.        Asimismo, la Comisión estimó que las recurrentes también debían ser consideradas, en su calidad de sociedades matrices, conjunta y solidariamente responsables de la participación del grupo LPD en las prácticas colusorias relativas a los CDT y CPT durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2001 y el 30 de enero de 2006.

9.        En consecuencia, la Comisión estableció, en el artículo 1, apartado 1, letras c) y d), respectivamente, de la Decisión controvertida, que, en lo concerniente a la práctica colusoria relativa a los CDT, Philips había participado en ella del 28 de enero de 1997 al 30 de enero de 2006 y LGE del 24 de octubre de 1996 al 30 de enero de 2006. Asimismo, en el artículo 1, apartado 2, letras f) y g), respectivamente, de la Decisión controvertida, la Comisión estableció que, con respecto a la práctica colusoria concerniente a los CPT, Philips había participado en ella del 21 de septiembre de 1999 al 30 de enero de 2006 y LGE del 3 de diciembre de 1997 al 30 de enero de 2006.

10.      En cuanto a la infracción relativa a los CDT, la Comisión impuso, en virtud del artículo 2, apartado 1, letras c) a e), respectivamente, de la Decisión controvertida, una multa de 73 185 000 euros a Philips, de 116 536 000 euros a LGE y de 69 048 000 euros a estas dos sociedades, conjunta y solidariamente responsables. En cuanto a la infracción relativa a los CPT, la Comisión impuso, en virtud del artículo 2, apartado 2, letras c) a e), respectivamente, de la Decisión controvertida, una multa de 240 171 000 euros a Philips, de 179 061 000 euros a LGE y de 322 892 000 euros a estas dos sociedades, conjunta y solidariamente responsables.

 Procedimiento ante el Tribunal General y sentencias recurridas

11.      Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal General, respectivamente, los días 14 y 15 de febrero de 2013, LGE y Philips interpusieron sendos recursos dirigidos a la anulación de la Decisión controvertida en la medida en que afectaba a cada una de ellas o, a título subsidiario, a la reducción del importe de las multas que les habían sido impuestas mediante dicha Decisión.

12.      En apoyo de su recurso, LGE invocó siete motivos de anulación. El primer motivo se fundamentaba en la vulneración del derecho de defensa de LGE, por cuanto el grupo LPD había sido excluido del procedimiento. En los apartados 67 a 91 de la sentencia LGE, el Tribunal General examinó y desestimó dicho motivo por ser inoperante y, en todo caso, infundado. El Tribunal General desestimó igualmente los otros motivos invocados por LGE y, por consiguiente, desestimó el recurso en su totalidad.

13.      En apoyo de su recurso, Philips invocó ocho motivos de anulación. El segundo motivo se basaba en la infracción del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, del artículo 27, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1/2003, (5) del derecho de defensa —que comprende el derecho a ser oído—, y del principio de buena administración, por cuanto la Comisión no imputó al grupo LPD la responsabilidad de las infracciones que se le reprochaban. El Tribunal General examinó y desestimó este motivo en los apartados 74 a 99 de la sentencia Philips. El Tribunal General desestimó igualmente los otros motivos invocados por Philips y, por consiguiente, desestimó el recurso en su totalidad.

 Pretensiones de las partes

14.      LGE solicita al Tribunal de Justicia (asunto C‑588/15 P) que:

–        Anule la sentencia LGE.

–        Anule el artículo 1, apartado 1, letra d), y apartado 2, letra g), y el artículo 2, apartado 1, letras d) y e), y apartado 2, letras d) y e), de la Decisión controvertida.

–        Reduzca las multas que le fueron impuestas.

–        Condene a la Comisión al pago de las costas de ambas instancias.

15.      Philips solicita al Tribunal de Justicia (asunto C‑622/15 P) que:

–        Anule la sentencia Philips.

–        Anule el artículo 1, apartado 1, letra c), y apartado 2, letra f), y el artículo 2, apartado 1, letras c) y e), y apartado 2, letra c) y e), de la Decisión controvertida,

–        Reduzca las multas que le fueron impuestas.

–        Condene a la Comisión al pago de las costas de ambas instancias.

16.      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime los recursos de casación y condene en costas a las recurrentes.

 Análisis

17.      En apoyo de sus recursos de casación, LGE y Philips invocan, tres y cuatro motivos, respectivamente, que se solapan en parte.

18.      Conforme a los deseos del Tribunal de Justicia, limitaré mi examen al primer motivo del recurso de casación interpuesto por LGE y al segundo motivo del interpuesto por Philips, basados ambos en la vulneración del derecho de defensa como consecuencia de que la notificación del pliego de cargos no fue dirigida a su filial común, el grupo LPD.

 Sentencias impugnadas

 La sentencia LGE

19.      En el primer motivo invocado en primera instancia, LGE sostenía que la Comisión había vulnerado su derecho de defensa al no haber dirigido la notificación del pliego de cargos y de la Decisión controvertida al grupo LPD.

20.      El Tribunal General examinó y desestimó este motivo en los apartados 67 a 91 de la sentencia LGE.

21.      Por una parte, tras haber recordado la jurisprudencia relativa al respeto del derecho de defensa y a la imputación de responsabilidad a una sociedad matriz, el Tribunal General declaró que no podía reprocharse ninguna irregularidad a la Comisión por el hecho de que no hubiera imputado la infracción al grupo LPD y que, por tanto, los argumentos esgrimidos por la demandante para demostrar la vulneración de su derecho de defensa eran inoperantes (apartados 68 a 83 de la sentencia LGE).

22.      Por otra parte, en los apartados 84 a 91 de la sentencia LGE, el Tribunal General desestimó este motivo por infundado, respondiendo a la alegación de LGE basada en el hecho de que no había podido garantizar su defensa al no haber tenido acceso a los documentos del grupo LPD. A este respecto, el Tribunal General consideró que, puesto que dichos documentos no formaban parte de aquéllos en los que la Comisión se había basado para adoptar la Decisión controvertida, la demandante no podía aducir que se le impidió dar a conocer debidamente su punto de vista sobre los documentos tenidos en cuenta por esta institución (apartado 85 de la sentencia LGE).

23.      Seguidamente, el Tribunal General indicó que, en virtud del deber general de prudencia, la demandante estaba obligada a velar, incluso en caso de sometimiento de la empresa común a un procedimiento de liquidación judicial, por la buena conservación en sus libros y archivos de los datos necesarios para reconstruir su actividad, principalmente a fin de disponer de las pruebas necesarias en el supuesto de actuaciones judiciales o administrativas (apartados 86 y 87 de la sentencia LGE), y ello a pesar de las dificultades derivadas del derecho concursal neerlandés y de la falta de cooperación del administrador judicial del grupo LPD (apartados 88 y 89 de la sentencia LGE).

24.      Por último, el Tribunal General precisó asimismo que, aun cuando la Comisión no había implicado formalmente al grupo LPD en el procedimiento administrativo, sí había formulado solicitudes de información a diferentes sociedades de este grupo y había llevado a cabo inspecciones en sus locales (apartado 90 de la sentencia LGE).

 La sentencia Philips

25.      En la segunda parte del segundo motivo invocado en primera instancia, Philips sostenía que, al no haber implicado al grupo LPD en el procedimiento administrativo, la Comisión le había impedido el acceso a la información necesaria para defenderse.

26.      El Tribunal General examinó y desestimó este motivo en los apartados 90 a 99 de la sentencia Philips.

27.      Tras haber recordado la jurisprudencia relativa al respeto del derecho de defensa y a la imputación de la responsabilidad a una sociedad matriz, el Tribunal General declaró que la Comisión no había cometido ninguna irregularidad al no imputar al grupo LPD responsabilidad alguna por su comportamiento (apartados 91 a 97 de la sentencia Philips).

28.      Asimismo, el Tribunal General señaló que, en virtud del deber general de prudencia, Philips estaba obligada a velar, incluso en caso de sometimiento de la empresa común a un procedimiento de liquidación judicial, por la buena conservación en sus libros y archivos de los datos necesarios para reconstruir su actividad, principalmente a fin de disponer de las pruebas necesarias en el supuesto de actuaciones judiciales o administrativas. En cualquier caso, el Tribunal General precisó que de los escritos obrantes en autos se desprendía que la Comisión había formulado solicitudes de información a diferentes sociedades del grupo LPD (apartado 97 de la sentencia Philips).

29.      Además, el Tribunal General señaló que, con vistas a obtener una reducción por su colaboración, la demandante había facilitado a la Comisión información sobre la participación del grupo LPD en la práctica colusoria, lo que significa que disponía de numerosos datos a dicho respecto, que podría haber utilizado en aras de una defensa eficiente (apartado 98 de la sentencia Philips).

 Alegaciones de las partes

 Alegaciones de LGE

30.      LGE alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar que la Comisión no había vulnerado su derecho de defensa al decidir no trasladar la notificación del pliego de cargos al grupo LPD.

31.      En primer lugar, LGE impugna la desestimación del primer motivo invocado en primera instancia por considerarla inoperante (apartado 83 de la sentencia LGE). Sostiene que los motivos expuestos en los apartados 73 a 82 de dicha sentencia abordan una cuestión diferente, que no había sido planteada ante el Tribunal General, a saber, si la Comisión había cometido un error al considerar a LGE responsable de la infracción. Según ella, concluir que la Comisión podía imputar la responsabilidad a LGE no hace inoperante su motivo basado en la vulneración del derecho de defensa.

32.      LGE reprocha al Tribunal General que reconociera a la Comisión un poder discrecional absoluto para decidir si la notificación del pliego de cargos debía dirigirse a la sociedad matriz o a la filial.

33.      Según LGE, en determinadas circunstancias, como las que concurren en el presente asunto, el ejercicio de tal poder de apreciación está limitada por el respeto del derecho de defensa. Señala que de la sentencia Comisión/Tomkins (6) se desprende que si la filial aporta pruebas de descargo basadas en sus registros o en entrevistas con el personal, la sociedad matriz se beneficiará automáticamente de dichas pruebas. Por consiguiente, a su juicio, la capacidad de una sociedad matriz para ejercer su derecho de defensa depende de la participación de su filial en el procedimiento.

34.      LGE alega que, en el presente asunto, si se hubiera dado al grupo LPD la posibilidad de defenderse y hubiera podido aportar pruebas de descargo, ella se habría beneficiado automáticamente. Sostiene, invocando la sentencia Solvay/Comisión, (7) que no cabe excluir que, si la Comisión hubiera trasladado la notificación del pliego de cargos al grupo LPD, éste habría podido aportar pruebas útiles para su defensa.

35.      Por lo demás, la práctica de dirigir la notificación tanto a la filial como a la sociedad matriz está prevista en el Manual de Procedimientos de la Comisión en materia de aplicación de los artículos 101 y 102 TFUE. (8) A su juicio, el hecho de que la Comisión enviara cuestionarios al grupo LPD es irrelevante, ya que, como fuente de elementos de descargo, los cuestionarios no equivalen a una notificación del pliego de cargos. El demandado debe conocer los cargos para poder ejercer plenamente su derecho de defensa.

36.      En segundo lugar, LGE cuestiona la fundamentación de la sentencia LGE que condujo a la desestimación de su motivo por infundado.

37.      Según LGE, el hecho de que pudiera presentar observaciones sobre los elementos de prueba tenidos en cuenta por la Comisión y el hecho de que ésta obtuviera información del grupo LPD no bastan para garantizar el respeto del derecho de defensa. Asimismo, LGE rebate la constatación del Tribunal General de que estaba obligada a velar por la buena conservación en sus libros y archivos de los datos necesarios para reconstruir la actividad de la empresa común (apartado 86 de la sentencia LGE). Aduce que esta obligación hace referencia a los supuestos en los que la sociedad matriz cede una filial a un tercero y se garantiza por vía contractual la continuidad en el acceso a los documentos. LGE alega que perdió el control de su filial debido a la declaración en concurso de ésta, ya que el síndico concursal no estaba obligado a permitir que continuara teniendo acceso a los documentos.

 Alegaciones de Philips

38.      Philips alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar que la Comisión no había cometido ninguna irregularidad procedimental por no haber dirigido el pliego de cargos al grupo LPD (apartados 75 a 82 de la sentencia Philips).

39.      Philips no cuestiona la capacidad de la Comisión para imputar la responsabilidad de la infracción a una sociedad matriz que haya ejercido una influencia determinante en el comportamiento de la filial. No obstante, señala que esto no resuelve la cuestión de si la Comisión está obligada a implicar a las dos entidades en el procedimiento administrativo. Sostiene que en el presente asunto su responsabilidad es «meramente derivada» de la de su filial y que, en ausencia de cualquier imputación directa del grupo LPD, su responsabilidad como sociedad matriz «excede» la responsabilidad de la filial en cuestión, en el sentido de la sentencia Total/Comisión. (9)

40.      Philips indica que su filial ya no formaba parte de la misma empresa durante el procedimiento administrativo, habida cuenta de que estaba sometida al control de un administrador judicial desde el 30 de enero de 2006. Afirma que, debido a que no se implicó a su filial en el procedimiento administrativo y no recibió, en particular, la notificación del pliego de cargos, no tuvo ni la ocasión ni la obligación de defenderse contra las alegaciones de la Comisión. Añade que sólo el administrador judicial del grupo LPD disponía de la documentación relativa a la actividad del grupo y tenía acceso a los empleados pertinentes. Habida cuenta de la declaración en concurso de su filial, sostiene que le era imposible asegurarse acceso a dicha documentación para disponer de las pruebas necesarias para defenderse.

41.      Según Philips, la Comisión debería haber tenido en cuenta el hecho de que había perdido el control de su filial y ya no tenía acceso a la documentación del grupo LPD. Señala que si la Comisión hubiera incluido al grupo LPD en el procedimiento administrativo, éste habría estado en situación de defenderse y ella también habría tenido mayores posibilidades de garantizar su defensa. Por consiguiente, sostiene que la decisión de la Comisión de excluir al grupo LPD del procedimiento administrativo le privó de la plena eficacia de su derecho de defensa.

 Alegaciones de la Comisión

42.      La Comisión aduce que los motivos en cuestión son inadmisibles por cuanto van dirigidos contra apreciaciones fácticas y, en cualquier caso, porque carecen de fundamento.

43.      La Comisión alega que, según una jurisprudencia consolidada, (10) tiene competencia para imponer una multa a una u otra de las entidades, sociedad matriz o filial, que forman una empresa. Según la Comisión, las recurrentes sostienen, infundadamente, que la sociedad matriz se beneficiaría automáticamente de cualquier reducción de la responsabilidad de la filial. A su juicio, nada justifica que se reduzca la responsabilidad de una sociedad matriz en caso de irregularidades procedimentales que afecten a los derechos de la filial, como por ejemplo la falta de notificación fehaciente a la filial del pliego de cargos.

44.      La Comisión sostiene igualmente que la solución adoptada en la sentencia Solvay/Comisión (11) no es extrapolable al presente asunto. Alega que esta sentencia hace referencia al acceso al expediente de la Comisión y no puede invocarse para afirmar que la Comisión debe garantizar el acceso a información que no obra en su poder. En el presente asunto, la Comisión obtuvo la información pertinente del grupo LPD remitiéndole un cuestionario y llevando a cabo una inspección. LGE tuvo acceso a dicha información en el marco de su defensa. La Comisión no está obligada a garantizar que las sociedades, exceptuando a la demandada, sean instadas a aportar pruebas de descargo. En respuesta a la alegación de LGE basada en el Manual de Procedimientos de la Comisión, ésta precisa que dicho manual no es vinculante, pudiendo ser adaptado a las necesidades de cada caso concreto, de manera que cualquier divergencia procedimental que se produzca con respecto al manual no basta para acreditar un error de Derecho.

45.      A juicio de la Comisión, el Tribunal General no interpretó el deber de prudencia de las sociedades matrices, en lo concerniente a la continuidad del acceso a la documentación de las filiales, como constitutivo de una obligación de carácter absoluto. Al contrario, el Tribunal General examinó los hechos del caso de autos e indicó que LGE y Philips habían mantenido relaciones estrechas con el grupo LPD durante todo el periodo de la infracción y, por consiguiente, habrían podido conservar en sus respectivos archivos, o por cualquier otro medio, elementos de información pertinentes.

 Apreciación

 Sobre el alcance de los motivos de los recursos de casación

46.      Las condiciones en las que una sociedad matriz puede ser considerada responsable de la participación de su filial en una práctica colusoria son objeto de una jurisprudencia consolidada.

47.      Procede recordar que el Derecho de la Unión en materia de competencia tiene por objeto las actividades de las empresas, esto es, de las entidades económicas que, desde el punto de vista jurídico, pueden estar integradas por varias personas físicas o jurídicas. Cuando tales entidades económicas infringen las normas sobre competencia, les incumbe, conforme al principio de responsabilidad personal, responder por esa infracción. La infracción debe ser imputada sin equívoco a una persona jurídica, destinataria de la notificación del pliego de cargos y de la decisión de la Comisión. (12)

48.      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la responsabilidad por el comportamiento de una filial puede imputarse a su sociedad matriz cuando esa filial no determina de forma autónoma su comportamiento en el mercado. En efecto, en tal situación, la sociedad matriz y su filial forman una única empresa en el sentido del artículo 101 TFUE, de modo que la Comisión puede dirigir una decisión a la sociedad matriz sin que sea necesario acreditar la implicación personal de ésta en la infracción. (13)

49.      No obstante, hasta hace poco esta cuestión seguía siendo objeto de controversias que afectaban incluso al propio concepto del mecanismo que permite imputar la responsabilidad a una sociedad matriz que no ha participado en la infracción. (14) En efecto, por un lado, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en el supuesto en cuestión, la sociedad matriz de que se trate debe haber «cometido ella misma» la infracción de las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia. (15) Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha declarado que la responsabilidad de la sociedad matriz «se deriva meramente» de la de su filial. (16)

50.      En una sentencia reciente, el Tribunal de Justicia precisó que la sociedad matriz a la que se ha imputado el comportamiento infractor de su filial es condenada personalmente por una infracción de las normas sobre competencia de la Unión que se considera que cometió ella misma, debido a la influencia determinante que ejercía sobre la filial y que le permitía determinar el comportamiento de esta última en el mercado. (17) Así pues, en la hipótesis en la que la responsabilidad de la sociedad matriz tenga su origen en el comportamiento infractor de su filial, las prácticas contrarias a la competencia se consideran cometidas por la propia sociedad, habida cuenta de que ésta formaba una unidad económica con su filial. (18)

51.      Ciertamente, soy consciente de que los presentes recursos de casación hacen referencia a una problemática similar, pero desde la óptica, mucho más restrictiva, del ejercicio efectivo del derecho de defensa por una sociedad matriz cuando ésta ya no tiene control sobre su antigua filial durante el procedimiento administrativo.

52.      De hecho, en los presentes recursos de casación, las sociedades matrices recurrentes no cuestionan que se les impute la responsabilidad del comportamiento infractor de su filial común, el grupo LPD. Los motivos invocados por las recurrentes se basan, en ambos recursos de casación, en una vulneración del principio del respecto del derecho de defensa, que resultaría del hecho de que la Comisión no dirigió la notificación del pliego de cargos al grupo LPD, como consecuencia de lo cual las recurrentes no pudieron beneficiarse de eventuales elementos de descargo que esta filial habría podido aportar en el marco de su propia defensa. (19)

 Sobre la presunta vulneración del derecho de defensa

53.      Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, aplicada en el presente asunto por el Tribunal General, (20) el respeto del derecho de defensa en la tramitación de los procedimientos administrativos en materia de competencia constituye un principio general del Derecho de la Unión. (21)

54.      El respeto del derecho de defensa exige que durante el procedimiento administrativo la persona afectada haya podido dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias invocados, así como sobre los documentos que la Comisión tuvo en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción. (22)

55.      Los presentes recursos de casación plantean la cuestión de si estas exigencias son respetadas, con respecto a una sociedad matriz, en el supuesto de que la Comisión decida no dirigir la notificación del pliego de cargos a la filial que participó en la práctica colusoria, cuando dicha filial es declarada en concurso y como consecuencia de ello la sociedad matriz deja de tener acceso a sus documentos y a sus empleados.

56.      Constato que la notificación del pliego de cargos, prevista en el artículo 27, apartado 1, del Reglamento n.º 1/2003, (23) constituye la garantía procedimental esencial por la que se aplica el principio del respeto del derecho de defensa, en cuanto que permite a su destinatario dar a conocer efectivamente sus argumentos en el marco del procedimiento instruido en su contra. (24) La notificación del pliego de cargos deberá precisar de manera inequívoca la persona física o jurídica a la que se pueda imponer una multa y dirigirse a ésta, indicando en qué condición se le imputan los hechos alegados. (25)

57.      Así pues, la notificación del pliego de cargos tiene por finalidad permitir el ejercicio del derecho de defensa, individualmente, por cada persona jurídica afectada por el procedimiento administrativo en materia de competencia.

58.      Por consiguiente, el respeto de esta garantía procedimental en relación con la sociedad matriz que ha recibido una notificación del pliego de cargos no puede considerarse comprometido por el mero hecho de que éste no se notificara a otra persona jurídica, es decir, a su filial que participó directamente en la infracción.

59.      A mi modo de ver, esta consideración es válida a pesar del hecho de que los eventuales elementos de descargo que habría podido aportar la filial en su respuesta a la notificación del pliego de cargos hubieran podido beneficiar a la sociedad matriz.

60.      Incluso teniendo en cuenta la particularidad de una situación en la que la misma infracción puede ser imputada a varias personas jurídicas que forman una única entidad económica, no me parece que la imputación a una persona jurídica pueda interpretarse como un medio de defensa por parte de otras personas jurídicas que ejercen su derecho de defensa de manera autónoma.

61.      Tal y como se desprende del artículo 27, apartado 1, del Reglamento n.º 1/2003, el envío de la notificación del pliego de cargos constituye una exigencia procedimental obligatoria cuya finalidad es garantizar el ejercicio del derecho de defensa por el destinatario de una decisión por la que se declara una infracción. (26) Así pues, en tanto en cuanto la decisión de la Comisión de no imputar a la filial es legal (extremo éste que no es cuestionado en los presentes recursos de casación), (27) cabe presumir que la Comisión no tiene obligación alguna de trasladar la notificación del pliego de cargos a dicha filial.

62.      De ello se deduce que, tal como declaró fundadamente el Tribunal General en el presente asunto (apartado 83 de la sentencia LGE y apartado 97, primera frase, de la sentencia Philips), la falta de imputación formal de la infracción a la filial y el hecho de que no se remitiera la notificación del pliego de cargos a dicha filial, no constituyen una irregularidad que pueda comprometer el derecho de defensa de las sociedades matrices de este grupo.

63.      Las recurrentes sostienen, no obstante, que tal constatación no es aplicable en el supuesto de que las sociedades matrices ya no tengan acceso a la documentación de la filial que participó directamente en la práctica colusoria. A dicho respecto, afirman que en tal caso se incurre en una vulneración del derecho de defensa como consecuencia del hecho de que no han podido beneficiarse de los eventuales elementos de descargo que habría podido aportar la filial.

64.      Esta alegación no me parece convincente.

65.      A mi juicio, las recurrentes yerran al remitirse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la divulgación de elementos de descargo, invocando concretamente la sentencia Solvay/Comisión. (28)

66.      Dicha jurisprudencia (29) hace referencia al acceso a los elementos de descargo que figuran en el expediente de la Comisión. Sin embargo, la alegación formulada por las recurrentes en el marco de los presentes recursos de casación no se refiere al acceso al expediente de la Comisión, ni tampoco a otros elementos recabados por la Comisión en el curso del procedimiento administrativo, (30) sino al acceso a elementos de los que podría haber dispuesto la Comisión si el grupo LPD los hubiera aportado.

67.      Constato que los procedimientos en materia de competencia prevén medios de obtención de pruebas por la Comisión, así como normas de acceso al expediente que permiten a las partes afectadas tener conocimiento de los elementos en poder de la Comisión. (31)

68.      En el presente asunto, tal como se desprende del apartado 92 de la sentencia LGE y del apartado 97 de la sentencia Philips, la Comisión formuló solicitudes de información a sociedades del grupo LPD y llevó a cabo inspecciones en los locales de este grupo. En estas condiciones, si las recurrentes consideraron que las medidas de instrucción tomadas por la Comisión frente al grupo LPD eran insuficientes, deberían haber tomado la iniciativa de solicitar a la Comisión la adopción de otras medidas apropiadas a fin de recabar los elementos pertinentes en poder de este grupo.

69.      A la vista de cuanto antecede, el Tribunal General procedió fundadamente al rechazar, por los motivos que figuran en los apartados 68 a 83 de la sentencia LGE y en los apartados 91 a 97 de la sentencia Philips, el argumento formulado por cada una de las recurrentes, según el cual la Comisión vulneró su derecho de defensa al no dirigir la notificación del pliego de cargos al grupo LPD.

70.      Por otra parte, aun cuando pudiera albergarse alguna duda sobre si la motivación expuesta en los apartados 68 a 83 de la sentencia LGE y en los apartados 91 a 97 de la sentencia Philips responde por completo a las alegaciones formuladas por las recurrentes en primera instancia, así como sobre la cuestión de si el apartado 83 de la sentencia LGE desestima fundadamente el motivo invocado en primera instancia no por ser infundado sino inoperante, esta eventual imputación, que incide sobre la motivación de las sentencias recurridas, no puede entrañar su anulación, habida cuenta de que la desestimación de los motivos en cuestión resulta perfectamente fundamentada por las razones expuestas anteriormente. (32)

71.      Por último, en cuanto a las alegaciones de las recurrentes que hacen referencia a los fundamentos de las sentencias recurridas según los cuales la obligación de toda empresa de velar por la buena conservación de la documentación que permita reconstruir su actividad (apartados 86 a 89 de la sentencia LGE y apartado 97 de la sentencia Philips), constato que, conforme se desprende del empleo que hace el Tribunal General de las expresiones «en cualquier caso» y «además» en dichos apartados, tales imputaciones van dirigidas contra los fundamentos jurídicos reiterativos de las sentencias recurridas y, por consiguiente, son inoperantes.

 Conclusión

A la vista de cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia que desestime por infundados el primer motivo del recurso de casación interpuesto por LG Electronics Inc. contra la sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2015, LG Electronics/Comisión (T‑ 91/13, no publicada, EU:T:2015:609), y el segundo motivo del recurso de casación interpuesto por Koninklijke Philips Electronics NV contra la sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2015, Philips/Comisión (T‑92/13, no publicada, EU:T:2015:605).


1      Lengua original: francés.


2      T‑91/13, no publicada; en lo sucesivo, «sentencia LGE», EU:T:2015:609.


3      T‑92/13, no publicada; en lo sucesivo, «sentencia Philips», EU:T:2015:605.


4      Por decisión del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 2017.


5      Reglamento del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101] y [102] del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1).


6      Sentencia de 22 de enero de 2013 (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), apartado 39.


7      Sentencia de 25 de octubre de 2011 (C‑109/10 P, EU:C:2011:686), apartado 62.


8      Manual de Procedimiento para la aplicación de los Artículos 101 TFUE y 102 TFUE, 2012. Véase http://ec.europa.eu/competition/antitrust/information_en.html (en lo sucesivo, «Manual de Procedimientos de la Comisión»).


9      Sentencia de 17 de septiembre de 2015 (C‑597/13 P, EU:C:2015:613), apartados 35 y 38.


10      Sentencias de 3 de marzo de 2011, Siemens y VA Tech Transmission & Distribution/Comisión (T‑122/07 a T‑124/07, EU:T:2011:70), apartado 151, y de 27 de junio de 2012, Bolloré/Comisión (T‑372/10, EU:T:2012:325), apartado 50.


11      Sentencia de 25 de octubre de 2011, Solvay/Comisión (C‑109/10 P, EU:C:2011:686), apartado 62.


12      Véase la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión (C‑97/08 P, EU:C:2009:536), apartados 54 a 57 y jurisprudencia citada.


13      Véanse las sentencias de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión (C‑97/08 P, EU:C:2009:536), apartados 58 y 59, y de 16 de junio de 2016, Evonik Degussa y AlzChem/Comisión (C‑155/14 P, EU:C:2016:446), apartado 27.


14      Véanse las conclusiones del Abogado General Wahl en el asunto Akzo Nobel y otros/Comisión (C‑516/15 P, EU:C:2016:1004), puntos 52 a 69.


15      Sentencias de 26 de noviembre de 2013, Kendrion/Comisión (C‑50/12 P, EU:C:2013:771), apartado 55, y de 10 de abril de 2014, Comisión y otros/Siemens Österreich y otros (C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256), apartado 47.


16      Sentencias de 22 de enero de 2013, Comisión/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), apartados 37, 39, 43 y 49, y de 17 de septiembre de 2015, Total/Comisión (C‑597/13 P, EU:C:2015:613), apartado 38.


17      Sentencia de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros./Comisión (C‑516/15 P, EU:C:2017:314), apartado 56 y jurisprudencia citada.


18      Véase, en este sentido, la sentencia de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros./Comisión (C‑516/15 P, EU:C:2017:314), apartados 72 y 73.


19      En particular, LGE indica en su escrito de réplica que no reprocha a la Comisión que cometiera una irregularidad al no haber imputado responsabilidad alguna a su filial, sino que vulnerara el derecho de defensa de LGE al no trasladar la notificación del pliego de cargos a dicha filial.


20      Véanse los apartados 68 a 70 de la sentencia LGE y los apartados 91 a 93 de la sentencia Philips.


21      Sentencia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión (85/76, EU:C:1979:36), apartado 9. Véase igualmente la sentencia de 3 de septiembre de 2009, Prym y Prym Consumer/Comisión (C‑534/07 P, EU:C:2009:505), apartado 26 y jurisprudencia citada.


22      Véase la sentencia de 9 de julio de 2009, Archer Daniels Midland/Comisión (C‑511/06 P, EU:C:2009:433), apartado 88, y jurisprudencia citada.


23      En esta disposición se establece que, antes de adoptar la decisión declarando la infracción, la Comisión ofrecerá a las personas sometidas al procedimiento la oportunidad de manifestar su opinión con respecto a los cargos que les sean imputados por la Comisión.


24      Sentencias de 3 de septiembre de 2009, Papierfabrik August Koehler y otros/Comisión (C‑322/07 P, C‑327/07 P y C‑338/07 P, EU:C:2009:500), apartados 38 y 39, y de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión (C‑97/08 P, EU:C:2009:536), apartado 57.


25      Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros./Comisión (C‑97/08 P, EU:C:2009:536), apartado 57. Esta exigencia figura igualmente de manera explícita en el Manual de Procedimientos de la Comisión en materia de aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE [apartados 5(1), p. 116], al que hacen referencia las recurrentes: «While the subject of the competition rules is an “undertaking”, each legal entity that may be liable for the infringement within the undertakings must individually receive, as an addressee, [a Statement of Objections] [...] It is therefore important to make sure that the [Statement of Objections] is addressed to all possible legal entities (parent companies and subsidiaries) that may be held jointly and severally liable for the infringement [...] The final decision cannot be addressed to legal entities which, although they may be considered to be responsible for the infringements, were not an addressee of the [Statement of Objections]».


26      Véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros./Comisión (100/80 a 103/80, EU:C:1983:158), apartado 10, y de 3 de septiembre de 2009, Papierfabrik August Koehler y otros./Comisión (C‑322/07 P, C‑327/07 P y C‑338/07 P, EU:C:2009:500), apartado 36.


27      Véase el apartado 52 de las presentes conclusiones.


28      Sentencia de 25 de octubre de 2011 (C‑109/10 P, EU:C:2011:686, apartados 62 y 64 y jurisprudencia citada). Según esta jurisprudencia, en caso de ausencia de divulgación de un documento de descargo, para constatar una vulneración del derecho de defensa basta que la persona afectada acredite que habría podido utilizar dichos documentos de descargo para su defensa.


29      C‑109/10 P, EU:C:2011:686, que hace referencia a los documentos que faltan en el expediente de la Comisión, a los que no había tenido acceso Solvay y que —como la propia Comisión había reconocido— podrían contener información pertinente para la defensa.


30      Véase, en lo que respecta a los eventuales elementos de descargo contenidos en las respuestas a la notificación del pliego de cargos a otras partes afectadas por el mismo procedimiento, las sentencias de 16 de junio 2011, Solvay/Comisión (T‑186/06, EU:T:2011:276), apartado 225; y de 16 de junio de 2011, Baviera/Comisión (T‑235/07, EU:T:2011:283), apartados 119 y 249 a 251.


31      Respectivamente, los artículos 18 a 21 y 27, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003.


32      Véanse los puntos 58 a 69 de las presentes conclusiones, así como las sentencias de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154), apartado 47, y de 30 de septiembre de 2003, Biret International/Consejo (C‑93/02 P, EU:C:2003:517), apartado 60.