Language of document : ECLI:EU:C:2017:538

Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 13 de julio de 2017 (*)

«Procedimiento prejudicial — Aplicación de los regímenes de seguridad social — Trabajadores migrantes — Persona que ejerce una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia en dos Estados miembros diferentes — Determinación de la legislación aplicable — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 13, apartado 3 — Reglamento (CE) n.º 987/2009 — Artículo 14, apartado 5 ter — Artículo 16 — Efectos de las decisiones de la Comisión administrativa para la coordinación de los sistemas de seguridad social — Inadmisibilidad»

En el asunto C‑89/16,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca), mediante resolución de 28 de enero de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de febrero de 2016, en el procedimiento entre

Radosław Szoja

y

Sociálna poisťovňa,

con intervención de:

WEBUNG, s.r.o.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. L. Bay Larsen (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan y D. Šváby, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. B. Ricziová, en calidad de agente;

–        en nombre del Gobierno checo, por los Sres. J. Vláčil y M. Smolek, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. C. S. Schillemans, M. Noort y M. Bulterman, en calidad de agentes;

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. D. Martin y A. Tokár, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13, apartado 3, y del artículo 72 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1, y corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (DO 2012, L 149, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento de base»), y de los artículos 14 y 16 del Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004 (DO 2009, L 284, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento n.º 465/2012 (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»), así como del artículo 34, apartados 1 y 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»).

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Sr. Radosław Szoja, nacional polaco, que ejerce una actividad por cuenta propia en el territorio de la República de Polonia y una actividad por cuenta ajena en el territorio de la República Eslovaca, y la Sociálna poisťovňa (Tesorería de la Seguridad Social, Eslovaquia; en lo sucesivo, «Tesorería de la Seguridad Social eslovaca»), relativo a la no afiliación de aquél al régimen eslovaco de seguro de enfermedad, seguro de jubilación y seguro de desempleo.

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

 Reglamento de base

3        Los considerandos 1, 15, 17 y 45 del Reglamento de base son del siguiente tenor:

«(1)      Las normas sobre coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social forman parte del marco de la libre circulación de personas y deben contribuir a mejorar el nivel de vida y las condiciones de empleo de éstas.

[...]

(15)      Es menester que las personas que circulan dentro de la Comunidad estén sujetas al sistema de seguridad social de un solo Estado miembro, a fin de evitar la concurrencia de diversas legislaciones nacionales aplicables y las complicaciones que ello podría entrañar.

[...]

(17)      Para garantizar del modo más eficaz posible la igualdad de trato de todas las personas que trabajen en el territorio de un Estado miembro, procede determinar como legislación aplicable, por norma general, la del Estado miembro en que el interesado realiza una actividad por cuenta ajena o propia.

[...]

(45)      Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, la adopción de medidas de coordinación para garantizar que el derecho a la libre circulación de personas pueda ejercerse de forma efectiva, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. [...]»

4        El artículo 1 del Reglamento de base establece:

«Para los fines del presente Reglamento se entiende por:

a)      “actividad por cuenta ajena”: toda actividad o situación asimilada considerada como tal a efectos de la legislación de seguridad social del Estado miembro en el que se ejerza dicha actividad o se produzca dicha situación;

b)      “actividad por cuenta propia”: toda actividad o situación asimilada considerada como tal a efectos de la legislación de seguridad social del Estado miembro en el que se ejerza dicha actividad o se produzca dicha situación;

[...]

l)      “legislación”: para cada Estado miembro, las leyes, los reglamentos, las disposiciones estatutarias y todas las demás medidas de aplicación que afecten a las ramas de seguridad social contempladas en el apartado 1 del artículo 3.

[...]

n)      “Comisión administrativa”: la comisión mencionada en el artículo 71;

[...]»

5        El artículo 11, apartado 1, del citado Reglamento dispone:

«Las personas a las cuales sea aplicable el presente Reglamento estarán sometidas a la legislación de un único Estado miembro. Esta legislación será determinada con arreglo al presente título.»

6        El artículo 13, apartados 1 y 3, del Reglamento de base establece:

«1.      La persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros estará sujeta:

[...]

3.      La persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia en diferentes Estados miembros estará sujeta a la legislación del Estado miembro en el que ejerza una actividad por cuenta ajena o, si ejerce dicha actividad en dos o más Estados miembros, a la legislación determinada de conformidad con el apartado 1.»

7        Bajo la rúbrica «Excepciones a los artículos 11 a 15», el artículo 16 de dicho Reglamento dispone:

«1.      Dos o más Estados miembros, las autoridades competentes de dichos Estados miembros o los organismos designados por dichas autoridades podrán prever de común acuerdo, y en beneficio de determinadas personas o categorías de personas, excepciones a los artículos 11 a 15.

2.      La persona que reciba una o más pensiones o rentas en virtud de las legislaciones de uno o más Estados miembros, y que resida en otro Estado miembro, podrá quedar exenta, si así lo solicita, de la aplicación de la legislación de este último Estado, siempre que no esté sometido a esta legislación a causa del ejercicio de una actividad por cuenta ajena o propia.»

8        A tenor del artículo 72 del Reglamento de base:

«La Comisión administrativa se encargará de:

a)      resolver todas las cuestiones administrativas o de interpretación derivadas de las disposiciones del presente Reglamento, del Reglamento de aplicación, o de cualquier convenio o acuerdo celebrado dentro del marco de dichos Reglamentos, sin menoscabo del derecho que asista a las autoridades, instituciones y personas interesadas de recurrir a los procedimientos previstos y a las jurisdicciones señaladas por las legislaciones de los diversos Estados miembros, por el presente Reglamento y por el Tratado;

[...]»

 Reglamento de aplicación

9        El artículo 14, apartado 5, letra b), del Reglamento n.º 987/2009, en su versión inicial, establecía lo siguiente:

«A los efectos de la aplicación del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base, la expresión “persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros” designará, en particular, a una persona que:

[...]

b)      ejerce de manera continuada actividades alternas, exceptuadas las actividades de carácter marginal, en dos o más Estados miembros, con independencia de la frecuencia o regularidad de la alternancia.»

10      El artículo 14, apartados 5, 5 ter y 8, del Reglamento de aplicación dispone:

«5.      A los efectos de la aplicación del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento de base, se entenderá por “persona que normalmente ejerza una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros” la persona que ejerza, de manera simultánea o alterna, para la misma empresa o empleador o para varias empresas o empleadores, una o varias actividades diferentes, en dos o más Estados miembros.

[...]

ter.      Las actividades marginales no se tomarán en consideración a los efectos de determinar la legislación aplicable en virtud del artículo 13 del Reglamento de base. En todos los casos contemplados en el presente artículo, se aplicará el artículo 16 del Reglamento de aplicación.

[...]

8.      A los efectos de la aplicación del artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento de base, se entenderá que el trabajador ejerce “una parte sustancial de su actividad” por cuenta propia o por cuenta ajena en un Estado miembro si ejerce en él una parte cuantitativamente importante del conjunto de sus actividades por cuenta propia o ajena, sin que se trate necesariamente de la mayor parte de esas actividades.

[...]»

11      El artículo 16 del Reglamento de aplicación está redactado en los siguientes términos:

«1.      La persona que ejerza actividades en dos o más Estados miembros informará de ello a la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro de residencia.

2.      La institución designada del lugar de residencia determinará sin demora la legislación aplicable al interesado, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 13 del Reglamento de base y del artículo 14 del Reglamento de aplicación. Esa determinación inicial tendrá carácter provisional. La institución informará a la institución designada de cada uno de los Estados miembros en los que se ejerza una actividad de su decisión provisional.

3.      La determinación provisional sobre la legislación aplicable a que se refiere el apartado 2 pasará a tener carácter definitivo a los dos meses de la fecha en que las instituciones designadas por las autoridades competentes de los Estados miembros afectados hayan sido informadas de ello, de conformidad con el apartado 2, salvo que se haya determinado ya de forma definitiva sobre la legislación aplicable con arreglo al apartado 4, o que al menos una de las instituciones afectadas informe a la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro de residencia, a más tardar al final del plazo de dos meses, de que no puede aceptar aún la determinación o de que tiene otra opinión al respecto.

4.      En caso de que una o varias de las instituciones designadas por las autoridades competentes de los Estados miembros afectados o una o varias de las propias autoridades competentes solicite que se establezcan contactos para disipar la incertidumbre acerca de cuál es la legislación aplicable al interesado, esta se determinará de común acuerdo, teniendo presentes el artículo 13 del Reglamento de base y las disposiciones pertinentes del artículo 14 del Reglamento de aplicación.

[...]

5.      La institución competente del Estado miembro cuya legislación sea determinada aplicable, con carácter provisional o definitivo, informará sin demora al interesado.

6.      Si el interesado no proporcionara la información a que hace referencia el apartado 1, las disposiciones del presente artículo se aplicarán por iniciativa de la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro de residencia tan pronto como esta sea informada, eventualmente por otra de las instituciones afectadas, de la situación del interesado.»

 Derecho eslovaco

12      A tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), del Zakon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (Ley n.º 461/2003 de la Seguridad Social), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de la Seguridad Social»):

«A menos que una disposición particular o un tratado internacional que tenga primacía sobre la legislación de la República Eslovaca disponga otra cosa, a efectos de la presente Ley se entenderá por “actividad por cuenta ajena” toda actividad derivada de una relación jurídica de la cual nazca

a)      el derecho a una remuneración por una actividad por cuenta ajena en virtud de una disposición particular, salvo un ingreso en especie derivado de una relación jurídica anterior en la que se base el derecho a una remuneración por una actividad por cuenta ajena en virtud de una disposición particular, abonado con cargo a los recursos de un fondo social,

[...]»

13      El artículo 4, apartado 1, de la Ley de la Seguridad Social establece lo siguiente:

«A menos que la presente Ley disponga otra cosa, a efectos de la normativa en materia de seguro de enfermedad, seguro de jubilación y seguro de desempleo, se entenderá por “trabajador por cuenta ajena” toda persona física que sea parte de una relación jurídica que le dé derecho a percibir una remuneración mensual regular en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra a), 2 y 3 [...]»

14      El artículo 7, apartado 1, letra c), de la Ley de la Seguridad Social dispone:

«A efectos de la presente Ley, se entenderá por “empresario”:

[...]

c)      con respecto a la persona física que desarrolle una actividad por cuenta ajena en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra a), 2 y 3

1.      La persona física que esté obligada a abonar al trabajador la remuneración mencionada en el artículo 3, apartados 1, letra a), 2 y 3, y que resida en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, distinto de la República Eslovaca, o en el territorio de la Confederación Helvética o en un Estado con el que la República Eslovaca haya celebrado un tratado internacional que tenga primacía sobre la legislación de la República Eslovaca, o

2.      La persona jurídica que esté obligada a abonar al trabajador la remuneración mencionada en el artículo 3, apartados 1, letra a), 2 y 3, y que tenga su domicilio social o una filial en otro Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o en el territorio de la Confederación Helvética o en un Estado con el que la República Eslovaca haya celebrado un tratado internacional que tenga primacía sobre la legislación de la República Eslovaca.»

15      El artículo 14, apartado 1, letra a), de la Ley de la Seguridad Social está redactado en los siguientes términos:

«Estarán sujetos al seguro obligatorio de enfermedad:

a)      el trabajador por cuenta ajena contemplado en el artículo 4, apartado 1 [...]»

16      El artículo 15, apartado 1, letra a), de la Ley de la Seguridad Social dispone:

«Estarán sujetos al seguro obligatorio de jubilación:

a)      el trabajador por cuenta ajena contemplado en el artículo 4, apartados 1 y 2 [...]»

17      Según el artículo 19, apartado 1, de la Ley de la Seguridad Social:

«A menos que la presente Ley disponga otra cosa, el trabajador por cuenta ajena sujeto al seguro obligatorio de enfermedad estará sujeto al seguro obligatorio de desempleo.»

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales

18      El Sr. Szoja es un nacional polaco que, según se desprende de la resolución de remisión, ejerce una actividad por cuenta propia en Polonia y una actividad por cuenta ajena en Eslovaquia, país donde está inscrito en el registro nacional de asegurados desde el 1 de febrero de 2013.

19      El órgano jurisdiccional remitente señala que de la correspondencia intercambiada entre el Zakład Ubezpieczeń Społecznych (organismo de la Seguridad Social, Polonia; en lo sucesivo, «organismo de Seguridad Social polaco») y la Tesorería de la Seguridad Social eslovaca se desprende que ese organismo de la seguridad social decidió que, como el demandante en el litigio principal tenía una residencia en Polonia donde también desarrollaba una actividad, dicho demandante estaba sujeto a la normativa polaca en materia de seguridad social desde el 1 de julio de 2012, de conformidad con el artículo 13, apartado 3, del Reglamento de base, puesto en relación con el artículo 14, apartado 5, letra b), del Reglamento de aplicación.

20      Esta decisión del organismo de Seguridad Social polaco estuvo motivada por el carácter marginal de la actividad que el Sr. Szoja ejercía en territorio eslovaco.

21      En consecuencia, dicho organismo informó el 22 de abril de 2013 a la Tesorería de la Seguridad Social eslovaca, de conformidad con el artículo 16, apartado 3, del Reglamento de aplicación, de que el Sr. Szoja estaba sujeto a la legislación polaca desde el 1 de febrero de 2013.

22      La Tesorería de la Seguridad Social eslovaca no se opuso a esta determinación provisional de la legislación aplicable, de modo que ésta adquirió carácter definitivo con arreglo al artículo 16, apartado 3, del Reglamento de aplicación.

23      Por consiguiente, dicha Tesorería decidió que, a partir del 1 de febrero de 2013, el Sr. Szoja no disfrutaba de los seguros obligatorios de enfermedad, de jubilación y de desempleo en relación con su empleador eslovaco.

24      Esta decisión fue confirmada por el órgano de revisión de la Tesorería de la Seguridad Social eslovaca.

25      En fecha no determinada, el Sr. Szoja interpuso ante el órgano jurisdiccional remitente un recurso de apelación contra una sentencia de 3 de diciembre de 2014 del Krajský súd v Žiline (Tribunal Regional de Žilina, Eslovaquia).

26      Según el tribunal remitente, el organismo de Seguridad Social polaco examinó la situación del Sr. Szoja basándose en el artículo 14, apartado 5, letra b), del Reglamento de aplicación, de manera que dicho organismo aplicó, para su decisión sobre la situación del Sr. Szoja, el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base.

27      Ahora bien, el órgano jurisdiccional remitente considera que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base sólo se refiere a las actividades por cuenta ajena, mientras que en el caso de autos se trata de un nacional que ejerce una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia en distintos Estados miembros, de manera que, con arreglo al artículo 14, apartado 8, del Reglamento de aplicación, el criterio de conexión para determinar el Derecho aplicable es el lugar donde el interesado desarrolla una parte sustancial de su actividad.

28      Por otra parte, de la resolución de remisión se desprende que la Tesorería de la Seguridad Social eslovaca no invocó ningún acuerdo particular basado en el artículo 16 del Reglamento de base que constituyera una excepción a lo dispuesto en el artículo 13 de dicho Reglamento.

29      En estas circunstancias, el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿En las circunstancias del presente asunto, el artículo 13, apartado 3, del [Reglamento de base], puesto en relación con el derecho a las prestaciones de seguridad social y a las ventajas sociales consagrado en el artículo 34, apartados 1 y 2, de [la Carta], puede interpretarse sin tener en cuenta las precisiones formuladas en el artículo 14 del [Reglamento de aplicación], y sin posibilidad de aplicar a continuación el procedimiento establecido en el artículo 16 de dicho Reglamento, de modo que el límite inferior de tiempo de trabajo y de retribución del trabajador por cuenta ajena no afecta a la elección del Derecho nacional aplicable en caso de acumulación de una actividad por cuenta ajena y de una actividad por cuenta propia, es decir, que el artículo 14 del Reglamento de aplicación no pretende interpretar el artículo 13, apartado 3, del Reglamento de base?

2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, si existe un conflicto de aplicación entre dos reglamentos, un reglamento de base y un reglamento de aplicación, esto es, el [Reglamento de base] y el [Reglamento de aplicación], ¿puede el juez nacional apreciar las disposiciones de dichos reglamentos en función de su rango, es decir, de su posición en la jerarquía normativa del Derecho de la Unión?

3)      ¿Debe considerarse que la interpretación de las disposiciones del Reglamento de base realizada por la Comisión administrativa con arreglo al artículo 72 del Reglamento de base es una interpretación vinculante de una institución de la Unión Europea de la que no pueda apartarse el juez nacional y que, por tanto, impida plantear una petición de decisión prejudicial al respecto, o bien se trata únicamente de una de las interpretaciones admisibles del Derecho de la Unión, que el juez nacional debe tener en cuenta como uno de los elementos que fundamenten su decisión?»

 Sobre las cuestiones prejudiciales

 Sobre la primera cuestión prejudicial

30      En su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 13, apartado 3, del Reglamento de base, examinado a la luz del artículo 34, apartados 1 y 2, de la Carta, puede interpretarse sin tener en cuenta los artículos 14 y 16 del Reglamento de aplicación.

31      A este respecto, procede recordar que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que éste conoce, y, desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 18 de mayo de 2017, Lahorgue, C‑99/16, EU:C:2017:391, apartado 21).

32      Así pues, habida cuenta de los hechos del litigio principal, tal y como se exponen en la resolución de remisión, es preciso señalar que procede hacer referencia, no al artículo 14, apartado 5, letra b), del Reglamento de aplicación, en su versión inicial, sino al artículo 14, apartado 5 ter, de este Reglamento.

33      Por consiguiente, la primera cuestión prejudicial debe entenderse en el sentido de que en ella se pregunta si el artículo 13, apartado 3, del Reglamento de base debe interpretarse en el sentido de que, para determinar la legislación nacional aplicable en virtud de esta disposición a una persona que, como el demandante en el litigio principal, ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia en diferentes Estados miembros, es preciso tener en cuenta las exigencias formuladas en el artículo 14, apartado 5 ter, y en el artículo 16 del Reglamento de aplicación.

34      De los considerandos 1 y 45 del Reglamento de base se desprende que el objetivo de este Reglamento consiste en coordinar los sistemas nacionales de seguridad social de los Estados miembros, a fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la libre circulación de personas y contribuir así a mejorar el nivel de vida y las condiciones de empleo de las personas que se desplazan en el interior de la Unión.

35      El artículo 11, apartado 1, del Reglamento de base enuncia el principio de la unicidad de la legislación aplicable, según el cual las personas a quienes sea aplicable dicho Reglamento sólo están sometidas a la legislación de un único Estado miembro. Ese principio tiene por objeto, pues, evitar las complicaciones que puedan producirse por la aplicación simultánea de varias legislaciones nacionales y suprimir las desigualdades de trato derivadas, para las personas que se desplazan dentro de la Unión, de una acumulación parcial o total de las legislaciones aplicables (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2006, Piatkowski, C‑493/04, EU:C:2006:167, apartado 21).

36      En el primero de los supuestos contemplados en el artículo 13, apartado 3, del Reglamento de base, destinado a determinar la legislación nacional aplicable a una persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta ajena en un Estado miembro y una actividad por cuenta propia en otro Estado miembro, tal persona está sujeta a la legislación del Estado miembro en el que ejerza la actividad por cuenta ajena.

37      Así, en una situación como la del litigio principal, en el que ha quedado probado que el Sr. Szoja desarrolla a la vez una actividad por cuenta ajena en Eslovaquia y una actividad por cuenta propia en Polonia, procede considerar que el Sr. Szoja está incluido en el primer supuesto contemplado en el artículo 13, apartado 3, del Reglamento de base.

38      Sin embargo, el Reglamento de aplicación, cuyo objetivo consiste en establecer las normas de desarrollo del Reglamento de base, dispone en su artículo 14, apartado 5 ter, que las actividades marginales no se tomarán en consideración a los efectos de determinar la legislación aplicable en virtud del artículo 13 del Reglamento de base.

39      A este respecto, como se ha señalado en los apartados 20 y 22 de la presente sentencia, se desprende de la resolución de remisión que, según la decisión del organismo de Seguridad Social polaco, la actividad desarrollada por el Sr. Szoja en el territorio eslovaco es de carácter marginal y que la determinación de la legislación aplicable adquirió carácter definitivo con arreglo al artículo 16, apartado 3, del Reglamento de aplicación.

40      Por consiguiente, es preciso determinar, con arreglo al artículo 13, apartado 3, del Reglamento de base y teniendo en cuenta el artículo 14, apartado 5 ter, del Reglamento de aplicación, que excluye tomar en consideración las actividades marginales, cuál es la legislación aplicable a la que está sujeta una persona que, como el Sr. Szoja, ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia en diferentes Estados miembros.

41      Por otra parte, procede recordar que, según el artículo 14, apartado 5 ter, del Reglamento de aplicación, el artículo 16 del mismo Reglamento se aplica en todos los casos contemplados en dicho artículo 14. Por lo tanto, en un supuesto como el examinado en el litigio principal, también debe tenerse en cuenta el artículo 16 del Reglamento de aplicación, que indica el procedimiento que ha de seguirse para determinar la legislación aplicable con arreglo al artículo 13 del Reglamento de base.

42      A este respecto, es preciso recordar que las normas de conflicto que establece el Reglamento de base se imponen de manera imperativa a los Estados miembros y que no cabe admitir que los asegurados sociales comprendidos en el ámbito de aplicación de esas normas puedan contrarrestar sus efectos al contar con la posibilidad de sustraerse a ellas (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de octubre de 2010, van Delft y otros, C‑345/09, EU:C:2010:610, apartado 52).

43      En cuanto a las dudas del órgano jurisdiccional remitente en relación con el artículo 34 de la Carta, es preciso señalar que este artículo no afecta en nada a las consideraciones anteriores, puesto que ninguna disposición de dicho artículo lleva a considerar que no sea pertinente aplicar en el litigio principal los artículos 14 y 16 del Reglamento de aplicación.

44      A la luz de las consideraciones expuestas, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 13, apartado 3, del Reglamento de base debe interpretarse en el sentido de que, para determinar la legislación nacional aplicable en virtud de esta disposición a una persona que, como el demandante en el litigio principal, ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia en diferentes Estados miembros, es preciso tener en cuenta las exigencias formuladas en el artículo 14, apartado 5 ter, y en el artículo 16 del Reglamento de aplicación.

 Sobre la segunda cuestión prejudicial

45      Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda cuestión.

 Sobre la tercera cuestión prejudicial

46      En su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 72 del Reglamento de base debe interpretarse en el sentido de que las decisiones de la Comisión administrativa tienen carácter vinculante.

47      A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, el procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para la solución del litigio que deban dirimir (auto de 20 de julio de 2016, Stanleybet Malta y Stoppani, C‑141/16, no publicado, EU:C:2016:596, apartado 6 y jurisprudencia que allí se cita).

48      De una jurisprudencia reiterada se desprende igualmente que la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el juez nacional exige que éste defina el contexto de hecho y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones. En la resolución de remisión deben figurar, además, las razones precisas que han conducido al juez nacional a preguntarse sobre la interpretación del Derecho de la Unión y a estimar necesario plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia (auto de 20 de julio de 2016, Stanleybet Malta y Stoppani, C‑141/16, no publicado, EU:C:2016:596, apartado 7 y jurisprudencia que allí se cita).

49      A este respecto, conviene destacar que la información recogida en las resoluciones de remisión sirve, no sólo para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles, sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Incumbe al Tribunal de Justicia velar por que se salvaguarde esta posibilidad, habida cuenta de que, con arreglo a ese artículo, a las partes interesadas sólo se les notifican las resoluciones de remisión (auto de 20 de julio de 2016, Stanleybet Malta y Stoppani, C‑141/16, no publicado, EU:C:2016:596, apartado 10 y jurisprudencia que allí se cita).

50      En el caso de autos, resulta obligado hacer constar que la tercera cuestión prejudicial no cumple estos requisitos, puesto que la resolución de remisión no contiene suficientes datos de hecho sobre la existencia de una decisión específica de la Comisión administrativa ni sobre la eventual incidencia de tal decisión en el litigio principal. Por tanto, el Tribunal de Justicia no dispone de información sobre las razones por las que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada resulta necesaria para responder a dicha cuestión. En estas circunstancias, los Estados miembros y las demás partes interesadas, en el sentido del artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no han podido presentar de manera eficaz sus observaciones sobre esa cuestión, o como mucho de un modo muy sumario.

51      Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede considerar que la tercera cuestión prejudicial incurre en inadmisibilidad.

 Costas

52      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia sin ser partes del litigio principal no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

El artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, debe interpretarse en el sentido de que, para determinar la legislación nacional aplicable en virtud de esta disposición a una persona que, como el demandante en el litigio principal, ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia en diferentes Estados miembros, es preciso tener en cuenta las exigencias formuladas en el artículo 14, apartado 5 ter, y en el artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 465/2012.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: eslovaco.