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Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2017 — Aldridge y otros/Comisión

(Asunto T-319/17)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandantes: Adam Aldridge (Schaerbeek, Bélgica) y otros treinta y dos demandantes (representantes: S. Rodrigues y A. Tymen, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

Declare la admisibilidad del presente recurso y que está fundado.

En consecuencia, que:

Anule la decisión de 15 de julio de 2016, por la que se deniega la solicitud de reclasificación de 16 de marzo de 2016.

Anule la decisión de 13 de febrero de 2017, por la que se desestima la reclamación de 14 de octubre de 2016.

Ordene que se repare el perjuicio material y el perjuicio moral causado a las partes demandantes.

Condene a la parte demandada al pago de la totalidad de las costas.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan cuatro motivos.

Primer motivo, basado en una excepción de ilegalidad dirigida contra la decisión del Director de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (en lo sucesivo, «OLAF»), de 16 de octubre de 2012, de llevar a cabo una única reclasificación para los agentes temporales con contrato de duración indeterminada.

Las partes demandantes consideran que la mencionada decisión es ilegal en la medida en que fue adoptada infringiendo los artículos 10, apartado 3, y 15 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (ROA), vulnerando la jerarquía normativa y el principio de protección de la confianza legítima. De este modo, las decisiones del Director de la OLAF de 15 de julio de 2016, por la que se deniega la solicitud de reclasificación de 16 de marzo de 2016, y de 13 de febrero, por la que se desestima la reclamación de 14 de octubre de 2016 (en lo sucesivo, «decisiones impugnadas») fueron adoptadas sobre la base de una decisión ilegal, y, por lo tanto, han de ser anuladas.

Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de buena administración, en particular en la medida en que la entrada en vigor del nuevo Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea de 2014 y las disposiciones limitando las perspectivas de evolución de carrera más allá de los grados AD12 y AST9 no constituye una razón válida para excluir a estos agentes temporales de la organización de ejercicios de reclasificación.

Tercer motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato, ya que las decisiones impugnadas son contrarias a una decisión de la Comisión dirigida a las agencias de la Unión Europea, que establece la participación de los agentes temporales en los ejercicios de reclasificación. De este modo, los agentes temporales con contratos de duración indeterminada del Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión tienen derecho a un sistema de reclasificación anual, lo que las partes demandantes alegan es una diferencia de trato injustificada.

Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad, concretamente porque la limitación a una única reclasificación por carrera no es una medida que responda al objetivo descrito en la decisión de 16 de octubre de 2016, garantizar que se cubren las necesidades de la OLAF en pericias específicas, sino que, al contrario no permite a la OLAF conservar a su servicio agentes temporales durante largos períodos de tiempo.

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