Language of document : ECLI:EU:C:2018:50

Asunto C106/17

Paweł Hofsoe

contra

LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Szczecinie)

«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Artículo 11, apartado 1, letra b), y artículo 13, apartado 2 — Competencia en materia de seguros — Ámbito de aplicación personal — Concepto de “persona perjudicada” — Profesional del sector de los seguros — Exclusión»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 31 de enero de 2018

1.        Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencia en materia de seguros — Acciones ejercitadas contra el asegurador — Normas de competencia especiales para la protección de la parte más débil — Alcance — Relaciones entre los profesionales del sector de los seguros — Exclusión

[Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 11, ap. 1, letra b), y 13, ap. 2)]

2.        Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencia en materia de seguros — Acciones ejercitadas contra el asegurador — Acción directamente ejercitada por el perjudicado — Concepto de «persona perjudicada» — Profesional del sector de los seguros — Reclamación de pago de los créditos indemnizatorios en calidad de cesionario contractual — Exclusión

[Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerandos 15 y 18, y arts. 11, apartado 1, letra b), y 13, ap. 2]

1.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 41 y 42)

2.      El artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con el artículo 11, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que una persona física, cuya actividad profesional consiste, en particular, en reclamar a las entidades aseguradoras el pago de las indemnizaciones por daños y que para ello se basa en un contrato de cesión de crédito celebrado con el afectado por un accidente de tráfico, no puede invocar los citados preceptos para ejercitar una acción de responsabilidad civil contra la entidad aseguradora del causante del accidente, que tiene su domicilio social en un Estado miembro distinto del Estado miembro del domicilio del perjudicado, ante un tribunal de este último Estado miembro.

Si bien es cierto que, como precisa el considerando 18 del Reglamento n.º 1215/2012, el objeto de la sección 3 del capítulo II de ese Reglamento consiste en proteger a la parte más débil mediante reglas para determinar la competencia judicial más favorables a sus intereses de lo que dispone la regla general, no es menos verdad que consta que la acción controvertida en el litigio principal se incardina en las relaciones entre profesionales y que no puede en modo alguno afectar a la situación procesal de una parte considerada más débil (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de enero de 2016, SOVAG, C‑521/14, EU:C:2016:41, apartados 29 y 30). A este respecto, el hecho de que un profesional como el Sr. Hofsoe ejerza su actividad en el seno de una pequeña empresa no puede llevar a considerar que sea una parte más débil que el asegurador. En efecto, una apreciación casuística de si puede considerarse a tal profesional como una «parte más débil» para poder estar comprendido en el concepto de «persona perjudicada», a efectos del artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.º 1215/2012, provocaría inseguridad jurídica y contravendría el objetivo de dicho Reglamento, enunciado en su considerando 15, según el cual las reglas para determinar la competencia deben presentar un alto grado de previsibilidad (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de julio de 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, apartado 34).

(véanse los apartados 44, 45 y 47 y el fallo)