Language of document : ECLI:EU:C:2018:287

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. JULIANE KOKOTT

presentadas el 26 de abril de 2018 (1)

Asunto C‑17/17

Grenville Hampshire

contra

The Board of the Pension Protection Fund

coadyuvante:

Secretary of State for Work and Pensions

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Tribunal de Apelación, Reino Unido)]

«Procedimiento prejudicial — Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario — Artículo 8 de la Directiva 2008/94/CE — Protección de los derechos adquiridos y en curso de adquisición a prestaciones de vejez de los trabajadores — Régimen complementario de previsión profesional — Garantía mínima — Aplicación directa»






I.      Introducción

1.        La presente petición de decisión prejudicial en materia de política social versa sobre la protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario. En concreto, se trata de la suerte que corren derechos derivados de un plan de previsión profesional constituido por el empresario, cuando este incurre en insolvencia. Tales derechos están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 8 de la Directiva 2008/94/CE, (2) que obliga a los Estados miembros, en caso de insolvencia del empresario, a adoptar medidas para proteger los intereses de los trabajadores asalariados en cuanto a sus derechos a prestaciones de vejez. El Tribunal de Justicia ya concretó este cometido de protección en sus sentencias dictadas en los asuntos Robins y Hogan en el sentido de que, en caso de insolvencia del empresario, los trabajadores deben conservar al menos el 50 % de sus derechos a prestaciones de vejez. (3)

2.        En el presente procedimiento se vuelve a centrar la atención en la transposición de la Directiva en el Reino Unido, que dispone un límite absoluto para las indemnizaciones que han de pagarse a los trabajadores en caso de insolvencia del empresario. La normativa nacional controvertida afecta sobre todo a aquellos trabajadores cuyos derechos derivados del régimen complementario de previsión profesional son ya relativamente elevados. En el caso del demandante en el procedimiento principal, el Sr. Grenville Hampshire, dicha normativa ocasiona pérdidas de más del 67 % de sus derechos de pensión.

3.        En este contexto se plantea la cuestión del alcance y el tratamiento práctico de la garantía mínima de los derechos de pensión adquiridos, desarrollada por el Tribunal de Justicia.

4.        Además, se plantea la cuestión de la posibilidad de una aplicación directa del artículo 8 de la Directiva en el presente procedimiento. Si bien esta disposición, por su tenor literal, está redactada de forma relativamente abierta, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ya ha concretado en gran medida su alcance.

II.    Marco jurídico

A.      Derecho de la Unión

5.        El marco del Derecho de la Unión del presente asunto viene determinado por las disposiciones de la Directiva 2008/94, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (en lo sucesivo, también «Directiva»). Según se desprende de su considerando 3, esta persigue la protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario, en particular en cuanto al pago de sus créditos impagados.

6.        El artículo 8 de la Directiva establece:

«Los Estados miembros se asegurarán de que se adopten las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores asalariados y de las personas que ya han dejado la empresa o el centro de actividad del empresario, en la fecha en que se produce la insolvencia de este, en lo que se refiere a sus derechos adquiridos, o a sus derechos en curso de adquisición, a prestaciones de vejez, incluidas las prestaciones a favor de los supervivientes, en virtud de regímenes complementarios de previsión profesionales o interprofesionales que existan independientemente de los regímenes legales nacionales de seguridad social.»

7.        Asimismo, procede hacer referencia al artículo 12, letra a), de la Directiva, que contiene la siguiente disposición:

«La presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros:

a)      de adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar abusos».


B.      Derecho nacional

8.        La Directiva 2008/94 fue transpuesta en el Reino Unido, por lo que se refiere a la protección de los derechos de los trabajadores a prestaciones de vejez, esencialmente por la Pensions Act 2004 (Ley de Pensiones de 2004).

9.        La Ley de Pensiones de 2004 instituye un fondo legal de protección de pensiones, el Pension Protection Fund (en lo sucesivo, «PPF»). En caso de insolvencia de un empresario, dicho fondo asume, en determinadas condiciones, la responsabilidad por los derechos de los trabajadores derivados del régimen complementario de previsión profesional. Para financiar este cometido, recauda un tributo sobre todos los regímenes complementarios de previsión profesional. Además, en caso de asumir la responsabilidad, se apropia de los activos remanentes de la institución en cuestión. El PPF es gestionado por el Board of the Pension Protection Fund (Comité Directivo del Fondo de Protección de Pensiones; en lo sucesivo, «Comité Directivo»).

10.      Con arreglo al artículo 127, apartado 2, de la Ley de Pensiones de 2004, para la asunción de la responsabilidad por el PPF es necesario que el valor de los activos del plan de pensiones en el momento de producirse la insolvencia sea inferior a la cuantía de las obligaciones protegidas.

11.      Sin embargo, a los efectos de dicha disposición no se consideran «obligaciones protegidas» los derechos íntegros de pensiones de todos los trabajadores adscritos al régimen complementario de previsión profesional, sino solo las indemnizaciones que se deducen de la Ley de Pensiones de 2004 (la llamada «indemnización del PPF»). El importe de la indemnización del PPF que corresponde en cada caso lo determina el Comité Directivo, una vez producida la insolvencia, durante un «período de evaluación».

12.      Para los trabajadores que en el momento de la insolvencia del empresario ya hayan alcanzado la edad normal de jubilación de su régimen de previsión, el artículo 162 de la Ley de Pensiones de 2004 no prevé reducción alguna de sus derechos. En cambio, a los trabajadores que en esa fecha no hayan alcanzado aún la edad normal de jubilación les corresponde solamente el 90 % del valor de sus derechos adquiridos. Además, su derecho está sujeto al límite aquí controvertido que establece el anexo 7, apartado 26, de la Ley de Pensiones de 2004.

13.      El importe anual del límite para los trabajadores de un tramo de edad determinado lo fija el PPF. Si bien este límite se incrementa cada año en función de la evolución general de los salarios, un perceptor de prestaciones a quien se aplique el límite percibe durante el resto de su vida el importe que se estableció para el año en que el PPF le pagó prestaciones por primera vez.

14.      Además, el anexo 7, apartado 28, de la Ley de Pensiones de 2004 establece una compensación por inflación con un límite anual máximo del 2,5 % para los importes máximos ya establecidos; sin embargo, no se prevé para estos importes máximos adaptación alguna con arreglo a esta disposición para las indemnizaciones percibidas en virtud de los períodos de empleo anteriores al 6 de abril de 1997.

15.      Si, tras concluir su evaluación y el cálculo de las obligaciones protegidas que ha de atender en total, el PPF llega a la conclusión de que, en el momento relevante, el régimen complementario de previsión profesional disponía de activos suficientes para pagar a los trabajadores las prestaciones, al menos, en el importe de la indemnización del PPF, con arreglo al artículo 154 de la Ley de Pensiones de 2004, debe declarar que no procede asumir la responsabilidad por parte del PPF.

16.      En tal caso, se liquida el régimen complementario de previsión profesional al margen del PPF, y aquel queda obligado a pagar la indemnización del PPF a los trabajadores con los fondos remanentes. De conformidad con el artículo 154, apartado 7, de la Ley de Pensiones de 2004, el régimen complementario de previsión profesional queda sujeto entonces a las instrucciones del PPF.

17.      Una vez efectuada la evaluación por parte del PPF, dicha evaluación será vinculante de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Pensiones de 2004 (salvo impugnación).

III. Hechos, litigio principal y petición de decisión prejudicial

18.      El Sr. Hampshire, recurrente en el litigio principal, estuvo empleado en Turner & Newall plc (en lo sucesivo, «T&N») entre 1971 y 1998. Durante toda su relación laboral cotizó al régimen complementario de previsión profesional de T&N. Se jubiló en 1998, a la edad de 51 años, y los administradores del plan de T&N cifraron su pensión en 48 781,80 GPB brutas anuales más un incremento anual de, al menos, un 3 %. Tras la absorción por la empresa estadounidense Federal Mogul, se solicitó en 2001 en los Estados Unidos la declaración de insolvencia de T&N, entonces ya Federal Mogul. Posteriormente, el 10 de julio de 2006, el PPF inició en el Reino Unido la evaluación con miras a la asunción del régimen complementario de previsión profesional.

19.      Tras concluir dicha evaluación, el 19 de septiembre de 2011, el PPF llegó a la conclusión de que, el 10 de julio de 2006, el régimen complementario de previsión profesional de T&N disponía de recursos financieros suficientes para pagar, al menos, la indemnización del PPF a los trabajadores que quedaban, durante el resto de su vida. El importe de la indemnización del PPF correspondiente al Sr. Hampshire se fijó finalmente en 19 819 libras esterlinas (GBP) brutas anuales, debido a que en 2006 aún no había alcanzado la edad normal de jubilación del régimen de T&N, por lo que estaba sujeto a la regla del tope máximo.

20.      A esto se añade que a dicho importe no le resulta aplicable la compensación por inflación, puesto que la mayor parte del tiempo trabajado por el Sr. Hampshire fue anterior al 6 de abril de 1997. En comparación con sus derechos por importe de 60 240 GBP anuales que hubiera percibido el Sr. Hampshire si el empresario no hubiese incurrido en insolvencia en 2006, la reducción de la pensión es del 67 %, con tendencia a aumentar.

21.      Por este motivo, el Sr. Hampshire y otros 15 antiguos trabajadores de T&N afectados por reducciones similares impugnaron inicialmente la valoración efectuada por el PPF recurriendo al mecanismo de revisión previsto en la Ley de Pensiones de 2004, para posteriormente interponer recurso contra la decisión que confirmaba dicha valoración, amparándose en el artículo 8 de la Directiva 2008/94.

22.      Sin embargo, el PPF considera que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el artículo 8 de la Directiva solo se deduce que los Estados miembros deben establecer sistemas de garantía que aseguren, al promedio de los trabajadores de un régimen complementario de previsión profesional, una indemnización de al menos el 50 % del valor de sus derechos adquiridos, pero no a cada trabajador individual.

23.      El procedimiento está ahora pendiente ante la Court of Appeal (Tribunal de Apelación, Reino Unido). Mediante resolución de 26 de julio de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de enero de 2017, la Court of Appeal (Tribunal de Apelación) suspendió su procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales con arreglo al artículo 267 TFUE:

«1)      ¿Exige el artículo 8 de la Directiva 80/987/CEE (actualmente sustituido por el artículo 8 de la Directiva 2008/94/CE) que los Estados miembros garanticen que cada trabajador asalariado reciba al menos el 50 % del valor de sus derechos a prestaciones de vejez acumulados en caso de insolvencia de su empresario [con la única excepción de los casos de abuso, a los que se aplica el artículo 10, letra a), de dicha Directiva]?

2)      Con carácter subsidiario, y con sujeción a las conclusiones de los órganos jurisdiccionales nacionales en relación con los hechos, ¿es suficiente, de conformidad con el artículo 8 de la Directiva 80/987, que un Estado miembro haya establecido un sistema de protección en virtud del cual normalmente los trabajadores asalariados perciben más del 50 % del valor de sus derechos a prestaciones de vejez acumulados, pero por el que algunos trabajadores asalariados reciben menos del 50 % de dicho valor a consecuencia de:

a)      un tope máximo al importe de la indemnización que se abona a los trabajadores asalariados (en particular, a los trabajadores que no hayan alcanzado la edad normal de jubilación fijada en su plan de pensiones en el momento en el que el empresario se declare insolvente); o

b)      normas que limitan los incrementos anuales de la indemnización que se abona a los trabajadores asalariados o la revalorización anual de sus derechos antes de la edad de jubilación?

3)      ¿Tiene el artículo 8 de la Directiva 80/987 efecto directo en las circunstancias del asunto que nos ocupa?»

24.      En el procedimiento ante el Tribunal de Justicia han presentado observaciones escritas el Sr. Hampshire, el PPF, el Reino Unido, Irlanda y la Comisión Europea. En la vista oral celebrada el 8 de marzo de 2018 estuvieron representadas esas mismas partes.

IV.    Apreciación jurídica

25.      El órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia la interpretación del «artículo 8 de la Directiva 80/987, actualmente sustituido por el artículo 8 de la Directiva 2008/94». El tenor de la disposición no cambió con la refundición de la Directiva. Dado que en el procedimiento principal el objeto del litigio es la decisión del PPF de 19 de septiembre de 2011, voy a atender en lo sucesivo únicamente a las disposiciones de la Directiva 2008/94.

A.      Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

26.      Con carácter previo, procede tratar la objeción planteada por el Reino Unido en el sentido de que la petición de decisión prejudicial es inadmisible porque las cuestiones que en ella se plantean son de carácter meramente hipotético.

27.      Dicho Estado miembro basa su argumento, por un lado, en el hecho de que, en todo caso, el PPF no estaba obligado a asumir la responsabilidad, ya que, aun valorando las obligaciones garantizadas en un importe superior, el régimen de T&N dispondría de activos suficientes.

28.      Y, por otro lado, afirma que, al carecer de efecto directo el artículo 8 de la Directiva, el Sr. Hampshire solo podía ejercitar su derecho en forma de acción por responsabilidad del Estado, opción que, sin embargo, de antemano carece de viabilidad, ya que en la sentencia Hogan el Tribunal de Justicia declaró que únicamente cabe apreciar una infracción caracterizada del artículo 8 de la Directiva desde el 25 de enero de 2007, (4) mientras que la insolvencia del empresario en el presente asunto ya se produjo en el año 2006.

29.      En primer lugar procede señalar que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar su sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia; no obstante, se exceptúan los casos en que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio.(5)

30.      Sin embargo, en el caso de autos procede dilucidar, cuando menos, la cuestión de si el cálculo de las obligaciones protegidas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Pensiones de 2004 es conforme con las exigencias del artículo 8 de la Directiva 2008/94. De no ser así, se impondría una nueva valoración de las obligaciones protegidas por parte del PPF. Por lo tanto, no cabe duda de que las cuestiones prejudiciales se refieren al litigio concreto del procedimiento principal y son relevantes para su resolución.

31.      Por otro lado, la cuestión de si, en las circunstancias del procedimiento principal, el artículo 8 de la Directiva produce efectos directos o si tan solo cabe plantear una acción de responsabilidad del Estado es precisamente objeto de la petición de decisión prejudicial. (6) No resulta evidente en modo alguno que el artículo 8 de la Directiva carezca de efecto directo.

32.      En consecuencia, la petición de decisión prejudicial es admisible.

B.      Sobre las dos primeras cuestiones prejudiciales

33.      Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el artículo 8 de la Directiva 2008/94, a la luz de las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos Robins (7) y Hogan, (8) debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros deben disponer sistemas de garantía que aseguren a cada trabajador, en caso de insolvencia del empresario, la percepción de al menos el 50 % del valor de sus derechos adquiridos a prestaciones de vejez.

34.      Con carácter subsidiario, mediante su segunda cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide si puede satisfacer las exigencias de la Directiva un régimen nacional que en cada caso, a) a causa de los topes máximos o b) por la ausencia de un incremento anual de los importes, implique que un trabajador perciba menos del 50 % del valor de sus derechos adquiridos. Por lo tanto, en el supuesto de la letra b) el importe de la indemnización puede quedar por debajo del 50 % de los derechos adquiridos por el transcurso del tiempo, merced a la ausencia de revisión.

35.      En consecuencia, la respuesta a la segunda cuestión, letra b), depende del valor que protege el artículo 8 de la Directiva: el importe que podía corresponder a un trabajador en el momento en que el empresario incurre en insolvencia o el importe total de los derechos adquiridos a prestaciones de vejez.

36.      Dado que tanto la primera como la segunda cuestión tienen por objeto la interpretación del artículo 8 de la Directiva en cuanto al nivel de protección y la interpretación de la jurisprudencia recaída hasta la fecha sobre dicha disposición, procede examinar ambas cuestiones de manera conjunta.

37.      A tal fin, en primer lugar ha de examinarse si el artículo 8 de la Directiva establece una garantía individual para cada trabajador, y no solo un nivel de protección medio para el conjunto de los trabajadores (véase el punto 1), y, en segundo lugar, habrá de analizarse la cuestión de cuál es el valor al que se refiere tal garantía mínima (véase el punto 2). Por último, analizaré los argumentos del Reino Unido relativos a la limitación del nivel de protección en el presente asunto (véase el punto 3).

1.      ¿Contiene el artículo 8 de la Directiva una garantía mínima individual para cada trabajador [cuestiones prejudiciales primera y segunda, letra a)]?

38.      Con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2008/94, los Estados miembros se asegurarán «de que se adopten las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores asalariados […], en lo que se refiere a sus derechos adquiridos, o a sus derechos en curso de adquisición, a prestaciones de vejez […]».

39.      La cuestión del nivel de protección concreto que deben garantizar los Estados miembros a la luz de esta disposición ya ha sido aclarada por el Tribunal de Justicia en sus sentencias dictadas en los asuntos Robins y Hogan. (9) En el asunto Robins declaró que, cuando se reduce el nivel de las prestaciones «en determinadas situaciones […] al 20 % o al 49 % de los derechos que corresponden a un trabajador por cuenta ajena, es decir, menos de la mitad de tales derechos», deja de poder hablarse de una protección de los intereses de los trabajadores en el sentido de la citada disposición. (10) En los asuntos Hogan y Webb-Sämann, el Tribunal de Justicia se reiteró en dicha interpretación. (11)

40.      La citada declaración del Tribunal de Justicia sobre el nivel de protección del artículo 8 de la Directiva debe entenderse como una garantía mínima individual para cada trabajador.

41.      Por un lado, esta tesis se deduce de la redacción elegida por el Tribunal de Justicia, el cual declaró que la protección de los intereses de los trabajadores en el sentido del artículo 8 de la Directiva ya no está garantizada cuando, en determinadas situaciones, (12) la indemnización se reduce a menos de la mitad del valor de los derechos adquiridos. Esto demuestra que basta que en un caso concreto no se alcance el nivel de protección exigido para que exista una infracción de la Directiva.

42.      Por lo tanto, para apreciar una infracción caracterizada del artículo 8 de la Directiva, en el asunto Hogan bastó que, con arreglo al régimen aplicable en Irlanda, tras la insolvencia de su antigua empresa, diez trabajadores que allí se especificaban percibiesen menos del 50 % del valor de sus derechos individuales de pensión. (13) De ahí se deduce que basta con que un reducido número de beneficiarios —por ejemplo, en el procedimiento principal entre el 0,1 % y el 0,2 % de los trabajadores de T&N— se vean afectados por reducciones de más del 50 %.

43.      Por otro lado, el Tribunal de Justicia subraya en reiterada jurisprudencia el objetivo de la Directiva de garantizar un nivel mínimo de protección a todos los trabajadores, (14) objetivo que solo se consigue de forma efectiva si el nivel mínimo es aplicable a cada trabajador individual y este puede reclamarlo para sí. En cambio, con el postulado que propugna el Reino Unido de garantizar tan solo la percepción del 50 % de los derechos de pensión «en general», serían admisibles incluso casos individuales de total desprotección. El modelo de armonización mínima en que se basa la Directiva prohíbe precisamente que no se garantice el nivel de protección declarado obligatorio por la Directiva. (15) Por lo tanto, no se puede permitir que trabajadores concretos queden excluidos de ese nivel mínimo.

44.      Por otro lado, de los trabajos preparatorios del actual artículo 8 de la Directiva se desprende que la intención que el legislador de la Unión perseguía con la normativa era evitar situaciones especialmente graves, (16) y es connatural a una regulación para casos graves que tenga en cuenta precisamente las particularidades del caso concreto.

45.      Lo mismo se deduce, por lo demás, de la propia situación en que se basaron las sentencias Robins y Hogan: en ambos procedimientos se trataba, entre otros, de la cuestión de la responsabilidad indemnizatoria del Reino Unido y de Irlanda, respectivamente, por la deficiente transposición de la Directiva. Es requisito ineludible para la existencia de tal derecho que una disposición otorgue derechos subjetivos a los particulares. (17) En conclusión, el Tribunal de Justicia consideró que la responsabilidad del Estado miembro solo depende de que exista una violación caracterizada de la obligación de transposición, (18) de manera que se cumplían todos los demás requisitos, en particular que el artículo 8 de la Directiva confiere derechos subjetivos.

46.      Así las cosas, también en el presente contexto procede entender que el artículo 8 de la Directiva confiere a los trabajadores el derecho individual a que se garantice al menos el 50 % de sus derechos adquiridos a prestaciones de vejez. Por lo tanto, dado que procede responder afirmativamente a la primera cuestión, es consecuencia lógica responder negativamente a la segunda cuestión, letra a).

47.      Por último, es preciso señalar que la garantía mínima del artículo 8 de la Directiva obviamente debe aplicarse en todas las fases del procedimiento y, en particular, también durante el período de evaluación previsto por la Ley de Pensiones de 2004. (19)

2.      ¿Protege el artículo 8 de la Directiva también la evolución previsible de los derechos de pensión [segunda cuestión, letra b)]?

48.      A continuación, se plantea la cuestión de si la garantía mínima del artículo 8 de la Directiva 2008/94 se refiere solo al importe de los derechos en la fecha de declaración de la insolvencia del empresario o incluye también la evolución previsible del nivel de la prestación a lo largo de todo el período de su percepción.

49.      En la jurisprudencia se ha aclarado ya a este respecto que el artículo 8 de la Directiva persigue la protección de todos los derechos de pensión adquiridos mediante el pago de las aportaciones. Así, en el asunto Webb-Sämann, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 8 de la Directiva —a diferencia, por ejemplo, de su artículo 3— «pretende garantizar una protección de los intereses de los trabajadores asalariados a largo plazo, dado que tales intereses en lo que se refiere a los derechos adquiridos o en curso de adquisición se extienden, en principio, a todo el período de jubilación». (20)

50.      Así se deduce también de los trabajos preparatorios del proyecto de Directiva, según los cuales con el artículo 8 de la Directiva pretende garantizarse que se puedan cumplir los compromisos de pensiones obtenidos por el trabajador «con sus años de trabajo al servicio de la empresa». (21) En consecuencia, el Tribunal de Justicia considera en reiterada jurisprudencia los derechos de pensión de los trabajadores derivados de los regímenes complementarios de previsión profesional como una forma de «retribución diferida». (22)

51.      No obstante, si en el cálculo de la protección mínima no se incluye la evolución previsible de los derechos de pensión, no se estarán teniendo en cuenta suficientemente las aportaciones previamente pagadas, ya que el importe de dichas aportaciones incluye el aumento anual previsto.

52.      Por lo tanto, los regímenes de garantía de los Estados miembros a que se refiere el artículo 8 de la Directiva 2008/94 deben asegurar también la evolución de los derechos de manera que el importe garantizado, aun con el transcurso de los años, no quede nunca por debajo del 50 % del valor inicialmente adquirido para un año de pensión.

53.      En consecuencia, procede responder negativamente a toda la segunda cuestión prejudicial.

3.      ¿Cabe la restricción en las circunstancias del procedimiento principal?

54.      Finalmente, queda por analizar si en el presente asunto puede estar justificado un nivel de protección individual inferior por otras razones.

55.      Como primer motivo, el Reino Unido aduce que, de cualquier modo, el Sr. Hampshire disfruta de una pensión especialmente elevada en comparación con otros trabajadores, y que una indemnización por el importe total de sus derechos no sería socialmente sostenible.

56.      Como ya ha aclarado el Tribunal de Justicia, en el ámbito del artículo 8 de la Directiva no se impone una obligación de proteger íntegramente contra la pérdida de derechos, (23) por lo que, en principio, no está excluida la posibilidad de un tope máximo. Antes bien, al transponer la Directiva, los Estados miembros pueden y deben tener en cuenta la necesidad de un desarrollo económico y social equilibrado. (24)

57.      Por lo tanto, es posible —como en el fondo prevé también la propia legislación nacional controvertida— determinar un nivel de indemnización diferente en función del volumen total de los derechos, perjudicando más a los perceptores de prestaciones que en su día obtuviesen mayores ingresos y, en consecuencia, acumulasen derechos más elevados. Tal equilibrio social puede lograrse indemnizando a estos perceptores con tan solo el 50 % del valor de sus derechos. (25) Sin embargo, no puede considerarse una indemnización justa denegar a personas concretas la mayor parte de la protección de la Directiva.

58.      Por un lado, así se deduce del objetivo de la Directiva de recompensar al trabajador por las contribuciones realizadas durante toda su vida laboral, y esta conclusión tiene en cuenta también que los derechos derivados de un plan de previsión profesional constituyen una «retribución diferida». (26) Por otro lado, el PPF no se financia con impuestos, sino con las aportaciones de los regímenes complementarios de previsión profesional y con la asunción de sus activos. Además, en la vista oral se explicó que estas aportaciones se calculan en función del riesgo, de modo que los regímenes de previsión con elevadas obligaciones también deben pagar al PPF unas contribuciones proporcionalmente altas.

59.      En este contexto, el hecho de que el Derecho de la Unión establezca una garantía mínima del 50 % para todos los trabajadores parece equitativo desde un punto de vista social. Por otro lado, en el procedimiento principal solo se ven afectados unos pocos trabajadores por el tope máximo impuesto a sus derechos, de modo que los posibles efectos económicos no son significativos, en relación con el coste global del sistema.

60.      La segunda razón que esgrime el Gobierno del Reino Unido para justificar el tope máximo impuesto a los derechos es la de evitar el llamado moral hazard, es decir, el riesgo de que el personal directivo actúe deliberadamente en perjuicio de la empresa. Los directivos no deben verse inducidos, sabiendo que sus derechos de pensión están garantizados por el Estado aunque la empresa incurra en insolvencia, a adoptar decisiones arriesgadas que en determinadas circunstancias puedan llegar a comprometer la solvencia de la empresa.

61.      Si bien es jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia que a nadie se le permite prevalerse del Derecho de la Unión de forma fraudulenta o abusiva, (27) en concreción de este principio general (28) el artículo 10 de la Directiva 80/987, actualmente sustituido por el artículo 12, letra a), de la Directiva 2008/94, contempla expresamente la facultad de los Estados miembros de adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar abusos.

62.      Sin embargo, el Reino Unido no alega siquiera que haya adoptado la normativa del tope máximo impuesto a los derechos en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 10 de la Directiva 80/987, actualmente sustituido por el artículo 12 de la Directiva 2008/94. En consecuencia, la aplicación de la normativa nacional tampoco requiere la apreciación de una conducta abusiva del perceptor de las prestaciones por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales. (29) Sin embargo, aparte de la facultad expresamente reconocida por la Directiva para combatir casos concretos de abuso, no hay cabida para otras medidas de los Estados miembros con una finalidad meramente similar.

63.      En cualquier caso, la normativa que contiene la Ley de Pensiones de 2004 va más allá de lo necesario para prevenir el moral hazard. (30)

64.      Por un lado, parece aventurada la mera presunción básica de que un directivo que abandone la empresa antes de tiempo y con los correspondientes derechos de pensión elevados sea, con toda probabilidad, el responsable de la insolvencia de la empresa. Por otro lado, a los directivos que ya hayan alcanzado la edad normal de jubilación no les resulta aplicable el tope máximo de los derechos, aunque quizá intervinieran personalmente en la toma de decisiones empresariales arriesgadas que contribuyeran a la insolvencia de la empresa. Por lo tanto, la legislación nacional no persigue, al menos de forma coherente y sistemática, el objetivo aludido por el Gobierno del Reino Unido, (31) pues es evidente que la edad no constituye un criterio adecuado para apreciar un riesgo de abusos.

65.      En resumen, la normativa nacional lanza sobre el personal directivo que aún no ha alcanzado la edad de jubilación una suerte de sospecha general que se contradice con la idea fundamental de la lucha contra los abusos. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia no es admisible una presunción general de abuso. (32)

4.      Conclusión parcial

66.      En consecuencia, procede responder a las dos primeras cuestiones prejudiciales que el artículo 8 de la Directiva 2008/94 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de insolvencia del empresario, cada uno de los trabajadores —salvo casos concretos de abusos en el sentido del artículo 12, letra a), de dicha Directiva— puede exigir una indemnización por importe de al menos el 50 % del valor total de sus derechos adquiridos o en curso de adquisición a prestaciones de vejez.

C.      Sobre la tercera cuestión prejudicial

67.      La tercera cuestión prejudicial se refiere a la aplicabilidad directa del artículo 8 de la Directiva 2008/94 en el procedimiento principal.

68.      Conforme a reiterada jurisprudencia, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales asegurar la protección jurídica que para los justiciables se deriva de las disposiciones del Derecho de la Unión y garantizar su pleno efecto. (33) Además, si una directiva contiene disposiciones de este tipo, al aplicar el Derecho interno los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a aplicarlo, en la mayor medida posible, a la luz de la letra y la finalidad de la directiva con el fin de alcanzar el resultado que esta persigue y, por lo tanto, atenerse al artículo 288 TFUE, párrafo tercero. (34)

69.      Si, en opinión del órgano jurisdiccional nacional, no es posible una interpretación conforme con una directiva, es posible aplicar directamente la disposición de la directiva de que se trate. Esto será así respecto de todas las disposiciones de una directiva cuyo contenido sea incondicional y suficientemente preciso, cuando no se haya adaptado el Derecho nacional a la directiva dentro de los plazos señalados o cuando se haya hecho una adaptación incorrecta (véase el punto 1), y siempre y cuando deban ser invocadas frente al Estado (punto 2). (35)

1.      Contenido incondicional y suficientemente preciso de la disposición

70.      En el asunto Francovich, el Tribunal de Justicia concretó los requisitos para considerar que el contenido de una disposición es incondicional y suficientemente preciso. A este respecto, tres aspectos son relevantes: en primer lugar, la determinación de los beneficiarios; en segundo lugar, el contenido del derecho y, en tercer lugar, quién es el obligado a realizar el acto o a cumplir la obligación. (36) A diferencia de lo que sucedía en el asunto Francovich, en el caso de autos se cumplen los tres criterios para una aplicación directa deduciéndose el destinatario claramente de la normativa nacional de transposición. (37)

–       Beneficiarios

71.      Del tenor del artículo 8 de la Directiva 2008/94 se desprende con claridad que se trata de proteger a los trabajadores afectados por una insolvencia del empresario. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que los beneficiarios de las garantías de dicha Directiva están identificados por la misma de forma tan precisa e incondicional como requiere la jurisprudencia para la aplicación directa de la disposición. (38)

–       Contenido del derecho

72.      Ciertamente, desde una mera consideración del tenor literal del artículo 8 de la Directiva, el contenido del derecho que este confiere a los trabajadores resulta poco claro. (39)

73.      No obstante, el Tribunal de Justicia ya clarificó en el asunto Francovich que la sola posibilidad de elegir entre una multiplicidad de medios posibles no excluye que las disposiciones en cuestión de la directiva puedan aplicarse directamente. (40) Basta con que la disposición correspondiente permita determinar la garantía mínima. (41) En este sentido, en el asunto Webb-Sämann, el Tribunal de Justicia resolvió que, si bien los Estados miembros gozan de un amplio margen de apreciación en la aplicación del artículo 8 de la Directiva 2008/94, están asimismo obligados a garantizar a los trabajadores asalariados un mínimo de protección exigido en dicha disposición. (42)

74.      El contenido exacto de dicha garantía mínima se deduce claramente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recaída sobre la disposición, (43) donde se aclara y precisa el significado y el alcance de dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor. (44)

75.      Con el requisito de un contenido determinado e incondicional de la disposición que se pretende aplicar directamente se pretende garantizar que el derecho conferido sea manejable en la práctica. En este sentido, el Tribunal de Justicia recalca en reiterada jurisprudencia que una disposición debe ser lo suficientemente precisa como para ser invocada por un justiciable y aplicada por el juez. (45) Por lo tanto, para esta valoración lo fundamental es saber si para el aplicador del Derecho el contenido exacto se desprende con claridad de la propia disposición (46) y, con carácter auxiliar, de la jurisprudencia recaída al respecto. (47)

76.      Para los responsables del PPF, hubo de quedar claro a más tardar en la fecha en que se pronunció la sentencia Robins, el 25 de enero de 2007, que no podían aplicar una base de cálculo que para determinados trabajadores se traducía en una indemnización inferior al 50 % del valor de sus derechos adquiridos. (48) En su lugar, debieron haber establecido el límite máximo de los derechos de indemnización al menos en el 50 % de los derechos de pensión adquiridos aplicando directamente el artículo 8 de la Directiva.

77.      Por lo tanto, el 19 de septiembre de 2011, fecha de la decisión de evaluación controvertida del PPF, (49) el contenido de la obligación que se deduce del artículo 8 de la Directiva 2008/94 era incondicional y suficientemente preciso.

–       Destinatario de la obligación

78.      Por lo que respecta al destinatario de la obligación, el Tribunal de Justicia ha señalado que, en el marco del artículo 8 de la Directiva, los Estados miembros gozan de un amplio margen de apreciación en cuanto a la realización de la protección. Así pues, la protección se puede garantizar mediante la financiación directa por los poderes públicos, una obligación de seguro a cargo de los empresarios o el establecimiento de una institución de garantía. (50)

79.      No obstante, en el asunto Gharehveran, también sobre la cuestión de la determinación del destinatario, el Tribunal de Justicia declaró que un particular ha de poder invocar la Directiva, siempre que el Estado miembro haya utilizado plenamente dicho margen de apreciación. (51) En consecuencia, el Estado miembro ha de atenerse a la decisión adoptada al transponer la Directiva, si dicha decisión constituye el ejercicio del margen de apreciación que le corresponde. (52)

80.      En el asunto Francovich, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 3 de la Directiva 80/987 únicamente no era directamente aplicable, en relación con la determinación del destinatario, por la razón de que la Directiva no había sido transpuesta en absoluto en el Estado miembro en cuestión. En aquella ocasión el Tribunal de Justicia resolvió que no cabía considerar que la República Italiana podía ser considerada por sí misma deudora de la obligación correspondiente solo por no haber transpuesto la Directiva. (53)

81.      Sin embargo, el caso de autos es diferente. El Reino Unido ha adoptado una normativa para transponer la Directiva 2008/94 que tan solo no satisface las exigencias del artículo 8 de dicha Directiva en lo referente a la debida garantía mínima del 50 %. Sin embargo, la normativa nacional contiene una clara determinación del sujeto a quien corresponde efectuar el cálculo y que debe asumir la responsabilidad: el PPF. Además, ha adoptado disposiciones detalladas sobre la financiación del PPF y la liquidación de los regímenes complementarios de previsión profesional. (54)

82.      Por lo tanto, en el presente asunto también es incondicional y suficientemente precisa la determinación del destinatario de la obligación que se deduce del artículo 8 de la Directiva.

2.      Invocación de la aplicación directa frente a las autoridades del Estado

83.      Es un hecho reconocido que los justiciables pueden invocar disposiciones incondicionales y suficientemente precisas de una directiva no solo frente a un Estado miembro y todos los órganos de su Administración, (55) sino también frente a organismos o entidades sometidos a la autoridad o al control del Estado o que dispongan de facultades exorbitantes. (56)

84.      Una de las entidades contra las que pueden invocarse las disposiciones de una directiva que pueden tener efecto directo es un organismo al que, cualquiera que sea su forma jurídica, le ha sido encomendado, en virtud de un acto de la autoridad pública, el cumplimiento de un servicio de interés público y que dispone, a tal efecto, de facultades exorbitantes en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares. (57)

85.      El PPF es una entidad de ese tipo. Desempeña el cometido de interés público establecido en la Directiva (58) de determinar en cada caso concreto el nivel de protección individual y, en determinadas circunstancias, asumir la obligación frente a los derechos de los trabajadores.Además, dispone de facultades exorbitantes en el sentido de la anterior definición, (59) ya que está habilitado para cobrar un tributo a los regímenes complementarios de previsión profesional y, con arreglo al artículo 154 de la Ley de Pensiones de 2004, además, puede impartir a los regímenes complementarios de previsión profesional las indicaciones necesarias para su liquidación. Por lo demás, en la vista oral se ha comprobado que la calificación del PPF como organismo del Estado es pacífica entre las partes.

86.      En cambio, una directiva no puede crear directamente obligaciones a cargo de un particular. (60)

87.      Por este motivo, el Reino Unido se opone a la aplicación directa del artículo 8 de la Directiva 2008/94 en el procedimiento principal, ya que la disposición no puede ser invocada frente a una entidad privada como el fondo de T&N.

88.      Sin embargo, de la resolución de remisión se deduce que en el procedimiento principal no se trata precisamente de examinar si el Sr. Hampshire puede reclamar directamente a T&N el pago de una indemnización por importe de al menos el 50 % de sus derechos de pensión adquiridos. El demandado y recurrido en casación en el procedimiento principal es el PPF. El órgano jurisdiccional nacional designa como objeto del litigio la valoración de las obligaciones protegidas efectuada por el PPF, lo cual es una cuestión anterior al pago. Mediante dicha decisión se determina de forma vinculante el importe de la indemnización que ha de percibir el trabajador, tanto en caso de asunción de la responsabilidad por el PPF como en caso de una eventual liquidación al margen de dicho organismo.

89.      Por lo tanto, en el procedimiento principal se plantea únicamente la cuestión de si una entidad como el PPF puede estar obligada a efectuar una nueva valoración de las obligaciones protegidas y, a tal efecto, aplicar directamente el artículo 8 de la Directiva.

90.      Aunque la Ley de Pensiones de 2004 establece que, en caso de disponer de fondos suficientes, T&N debe seguir siendo quien pague la indemnización establecida por el Estado por medio del PPF, esto no constituye una aplicación directa de la disposición frente a T&N. Por el contrario, la Ley de Pensiones de 2004 únicamente dispone, para el caso especial de que existan excedentes, que el régimen de previsión profesional no se integre en el PPF, por no ser necesaria subvención alguna. Sin embargo, también en este caso el régimen complementario de previsión profesional se liquida siguiendo las instrucciones del Comité Directivo, aunque sea al margen del PPF. En cualquier caso, si, tras una nueva valoración, las obligaciones protegidas excediesen los activos disponibles, el PPF habría de asumir la obligación.

91.      Tal y como se desprende de la petición de decisión prejudicial y como quedó patente también en la vista oral ante el Tribunal de Justicia, el objeto del litigio principal se limita a exigir al PPF la aplicación directa del artículo 8 de la Directiva en el cálculo de las obligaciones. Asimismo, dado el caso, también tendría que ejercer de conformidad con el Derecho de la Unión su facultad de instrucción frente a T&N.

92.      En consecuencia, pueden calificarse de simple reflejo los efectos que, en una fase ulterior, eventualmente tendrá el cálculo de la indemnización por el PPF sobre los regímenes complementarios de previsión cuyos fondos sean suficientes sin necesidad de subvención. Dichos efectos se deducen de las particularidades de la Ley de Pensiones de 2004, y no de la propia Directiva. Si se quisiera ver en ello un perjuicio para T&N, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha aclarado que las meras repercusiones negativas sobre los derechos de terceros, incluso si pueden preverse con seguridad, no justifican que se niegue a un particular la posibilidad de invocar las disposiciones de una directiva contra el Estado miembro de que se trate. (61)

93.      Procede admitir que, en el reparto del excedente, resultante de haber cifrado excesivamente baja la indemnización del Sr. Hampshire y de los otros demandantes, los demás trabajadores de T&N quizá hayan percibido prestaciones superiores. No obstante, a este respecto procede señalar que la mera pérdida de esa eventual ventaja no puede considerarse como una obligación que incumbe a un tercero en virtud de la disposición invocada de la Directiva. (62)

V.      Conclusión

94.      En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales:

«1)      El artículo 8 de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de insolvencia del empresario, todo trabajador individual —salvo casos concretos de abusos en el sentido del artículo 12, letra a), de dicha Directiva— puede exigir una indemnización por importe de al menos el 50 % del valor total de sus derechos adquiridos o en curso de adquisición a prestaciones de vejez.

2)      El artículo 8 de la Directiva 2008/94 impone a los Estados miembros una obligación de contenido incondicional y suficientemente preciso, de manera que puede ser invocado directamente por un particular frente a una institución como el Pension Protection Fund.»


1      Lengua original: alemán.


2      Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO 2008, L 283, p. 36), que sustituyó la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO 1980, L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219).


3      Sentencias de 25 de enero de 2007, Robins y otros (C‑278/05, EU:C:2007:56), apartado 57, y de 25 de abril de 2013, Hogan y otros (C‑398/11, EU:C:2013:272), apartado 51.


4      Sentencia de 25 de abril de 2013, Hogan y otros (C‑398/11, EU:C:2013:272), apartado 51.


5      Sentencias de 16 de julio de 1992, Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:332), apartado 23; de 22 de noviembre de 2005, Mangold (C‑144/04, EU:C:2005:709), apartados 34 y 37, y de 21 de diciembre de 2016, Tele2 Sverige y Watson y otros (C‑203/15 y C‑698/15, EU:C:2016:970), apartado 130.


6      En cualquier caso, no se ha explicado por qué habría de excluirse una remisión dirigida a la aplicación directa de una disposición del Derecho de la Unión cuando no se cumplen los requisitos para la acción de responsabilidad del Estado. Por lo demás, procede señalar que la actuación relevante del Estado que pudo infringir el artículo 8 de la Directiva no fue la declaración de insolvencia en el año 2006, sino la decisión del PPF adoptada en el año 2011.


7      Sentencia de 25 de enero de 2007, Robins y otros (C‑278/05, EU:C:2007:56).


8      Sentencia de 25 de abril de 2013, Hogan y otros (C‑398/11, EU:C:2013:272).


9      Sentencias de 25 de enero de 2007, Robins y otros (C‑278/05, EU:C:2007:56), y de 25 de abril de 2013, Hogan y otros (C‑398/11, EU:C:2013:272).


10      Sentencia de 25 de enero de 2007, Robins y otros (C‑278/05, EU:C:2007:56), apartado 57.


11      Sentencias de 25 de abril de 2013, Hogan y otros (C‑398/11, EU:C:2013:272), apartado 51, y de 24 de noviembre de 2016, Webb-Sämann (C‑454/15, EU:C:2016:891), apartado 35.


12      Sentencia de 25 de enero de 2007, Robins y otros (C‑278/05, EU:C:2007:56), apartado 57.


13      En consecuencia, el fallo de la sentencia de 25 de abril de 2013, Hogan y otros (C‑398/11, EU:C:2013:272), atiende también al hecho de que los demandantes no percibieran siquiera el 50 % del valor de sus derechos.


14      Sentencias de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (C‑6/90 y C‑9/90, EU:C:1991:428), apartado 3; de 18 de octubre de 2001, Gharehveran (C‑441/99, EU:C:2001:551), apartado 26, y de 24 de noviembre de 2016, Webb-Sämann (C‑454/15, EU:C:2016:891), apartado 31; véase también el considerando 3 de la Directiva 2008/94.


15      Véase, entre otros, el artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2008/94.


16      COM(78) 141 final, p. 7, sobre el artículo 7 del proyecto de Directiva, esencialmente idéntico al artículo 8 de la Directiva final.


17      Sentencias de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (C‑6/90 y C‑9/90, EU:C:1991:428), apartados 38 y ss.; de 5 de marzo de 1996, Brasserie du Pêcheur y Factortame (C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79), apartado 51, y de 25 de enero de 2007, Robins y otros (C‑278/05, EU:C:2007:56), apartado 69.


18      Sentencia de 25 de enero de 2007, Robins y otros (C‑278/05, EU:C:2007:56), apartado 82.


19      Véanse, a este respecto, los puntos 11 y 15 de las presentes conclusiones.


20      Sentencia de 24 de noviembre de 2016, Webb-Sämann (C‑454/15, EU:C:2016:891), apartado 27.


21      COM(78) 141 final, p. 7.


22      Sentencias de 17 de mayo de 1990, Barber (C‑262/88, EU:C:1990:209), apartado 25, y de 1 de abril de 2008, Maruko (C‑267/06, EU:C:2008:179), apartado 45; véanse también mis conclusiones presentadas en el asunto Parris (C‑443/15, EU:C:2016:493), punto 33.


23      Sentencias de 25 de enero de 2007, Robins y otros (C‑278/05, EU:C:2007:56), apartados 42 y ss., y de 25 de abril de 2013, Hogan y otros (C‑398/11, EU:C:2013:272), apartado 42.


24      Véanse, a este respecto, mis conclusiones presentadas en el asunto Robins y otros (C‑278/05, EU:C:2006:476), punto 71.


25      Este límite constituye un equilibrio justo desde el punto de vista del Derecho de la Unión, véase la sentencia de 25 de abril de 2013, Hogan y otros (C‑398/11, EU:C:2013:272), apartados 43 y 44.


26      Véanse, a este respecto, el punto 50 de las presentes conclusiones y las notas 21 y 22.


27      Sentencias de 3 de diciembre de 1974, van Binsbergen (33/74, EU:C:1974:131), apartado 13; de 9 de marzo de 1999, Centros (C‑212/97, EU:C:1999:126), apartado 24; de 28 de julio de 2016, Kratzer (C‑423/15, EU:C:2016:604), apartado 37, y de 22 de noviembre de 2017, Cussens y otros (C‑251/16, EU:C:2017:881), apartado 27.


28      Sentencias de 22 de mayo de 2008, Ampliscientifica y Amplifin (C‑162/07, EU:C:2008:301), apartados 27 y 28; de 5 de julio de 2007, Kofoed (C‑321/05, EU:C:2007:408), apartado 38, y de 22 de noviembre de 2017, Cussens y otros (C‑251/16, EU:C:2017:881), apartado 27.


29      No obstante, según la jurisprudencia, son necesarias razones concretas relativas al caso en cuestión; véase, por ejemplo, la sentencia de 18 de diciembre de 2014, McCarthy y McCarthy Rodríguez (C‑202/13, EU:C:2014:2450), apartado 53.


30      Según la fórmula desarrollada por el Tribunal de Justicia en materia fiscal, las disposiciones de que se trate deben tener por objeto específico abarcar las situaciones de abusos; véanse las sentencias de 12 de septiembre de 2006, Cadbury Schweppes y Cadbury Schweppes Overseas (C‑196/04, EU:C:2006:544), apartado 55, y de 13 de marzo de 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (C‑524/04, EU:C:2007:161), apartado 79.


31      Sobre este requisito, véanse las sentencias de 6 de noviembre de 2003, Gambelli y otros (C‑243/01, EU:C:2003:597), apartado 67; de 10 de marzo de 2009, Hartlauer (C‑169/07, EU:C:2009:141), apartado 55, y de 6 de marzo de 2018, SEGRO y Horváth (C‑52/16 y C‑113/16, EU:C:2018:157), apartado 78. Esta jurisprudencia recaída en materia de libertades fundamentales también ha de ser válida para las disposiciones de Derecho derivado (véanse, a este respecto, mis conclusiones presentadas en los asuntos Persidera, C‑112/16, EU:C:2017:250, punto 66 y nota 46, y Comisión/Austria, C‑187/16, EU:C:2017:578, punto 71).


32      Véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de marzo de 2004, Comisión/Francia (C‑334/02, EU:C:2004:129), apartado 27; de 28 de octubre de 2010, Établissements Rimbaud (C‑72/09, EU:C:2010:645), apartado 34, y de 25 de octubre de 2017, Polbud-Wykonawstwo (C‑106/16, EU:C:2017:804), apartado 64.


33      En cuanto a las directivas, véanse las sentencias de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros (C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584), apartado 111, y de 15 de abril de 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223), apartado 42; con carácter general, las sentencias de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), apartado 34, y de 6 de marzo de 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158), apartado 34.


34      Sentencias de 13 de noviembre de 1990, Marleasing (C‑106/89, EU:C:1990:395), apartado 8; de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros (C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584), apartado 113; de 15 de abril de 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223), apartado 98; de 15 de enero de 2014, Association de médiation sociale (C‑176/12, EU:C:2014:2), apartado 38, y de 19 de abril de 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), apartados 29 y 31.


35      Sentencias de 19 de enero de 1982, Becker (8/81, EU:C:1982:7), apartados 17 a 25; de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros (C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584), apartado 103; de 24 de enero de 2012, Domínguez (C‑282/10, EU:C:2012:33), apartado 33, y de 15 de febrero de 2017, British Film Institute (C‑592/15, EU:C:2017:117), apartado 13.


36      Sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (C‑6/90 y C‑9/90, EU:C:1991:428), apartado 12.


37      Véanse los puntos 78 y ss. de las presentes conclusiones y la sentencia de 18 de octubre de 2001, Gharehveran (C‑441/99, EU:C:2001:551), apartados 39 a 44.


38      Sentencias de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (C‑6/90 y C‑9/90, EU:C:1991:428), apartado 22, y de 18 de octubre de 2001, Gharehveran (C‑441/99, EU:C:2001:551), apartado 33, sobre la Directiva 80/987, precedente de la Directiva 2008/94.


39      O «difuso», tal y como lo expresó el Abogado General Bobek en sus conclusiones presentadas en el asunto Webb-Sämann (C‑454/15, EU:C:2016:653), punto 58.


40      Sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (C‑6/90 y C‑9/90, EU:C:1991:428), apartado 17.


41      Véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (C‑6/90 y C‑9/90, EU:C:1991:428), apartados 19 y ss.; de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros (C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584), apartado 105, y de 15 de abril de 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223), apartado 74.


42      Sentencia de 24 de noviembre de 2016, Webb-Sämann (C‑454/15, EU:C:2016:891), apartado 35.


43      Véanse, a este respecto, mis argumentos en la parte B de estas conclusiones.


44      Véanse, recientemente, las sentencias de 29 de septiembre de 2015, Gmina Wrocław (C‑276/14, EU:C:2015:635), apartado 44; de 19 de abril de 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), apartado 40, y de 22 de noviembre de 2017, Cussens y otros (C‑251/16, EU:C:2017:881), apartado 41.


45      Sentencias de 19 de enero de 1982, Becker (8/81, EU:C:1982:7), apartado 27; de 26 de octubre de 2006, Pohl-Boskamp (C‑317/05, EU:C:2006:684), apartado 41, y de 1 de julio de 2010, Gassmayr (C‑194/08, EU:C:2010:386), apartado 45.


46      Sentencias de 17 de diciembre de 1970, SACE (33/70, EU:C:1970:118), apartado 13; de 4 de diciembre de 1974, Van Duyn (41/74, EU:C:1974:133), apartado 12, y de 19 de enero de 1982, Becker (8/81, EU:C:1982:7), apartados 27 y ss.


47      Sobre la posibilidad de concretar una disposición mediante la jurisprudencia, véase la sentencia de 4 de diciembre de 1974, Van Duyn (41/74, EU:C:1974:133), apartado 14.


48      En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado, por ejemplo, en su sentencia de 20 de diciembre de 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987), apartados 45 y 46 y 55 y 56, que una disposición nacional que no garantiza la protección mínima prevista en el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus no puede ser aplicada. Véase, asimismo, la sentencia de 15 de octubre de 2009, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (C‑263/08, EU:C:2009:631), apartado 45.


49      Es irrelevante, por tanto, la fecha de la declaración de insolvencia, el 10 de julio de 2006. Por otro lado, conforme a la jurisprudencia, en todo caso el Derecho de la Unión es aplicable a los futuros efectos de una situación de hecho iniciada en el pasado; véanse, por ejemplo, las sentencias de 7 de noviembre de 2013, Gemeinde Altrip y otros (C‑72/12, EU:C:2013:712), apartado 22, y de 26 de marzo de 2015, Comisión/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2015:203), apartado 32.


50      Sentencia de 25 de enero de 2007, Robins y otros (C‑278/05, EU:C:2007:56), apartados 36 y 37.


51      Sentencia de 18 de octubre de 2001, Gharehveran (C‑441/99, EU:C:2001:551), apartado 44, sobre la anterior Directiva 80/987.


52      Sentencia de 18 de octubre de 2001, Gharehveran (C‑441/99, EU:C:2001:551), apartado 40.


53      Sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (C‑6/90 y C‑9/90, EU:C:1991:428), apartado 25. En el asunto Wagner Miret, por su parte, solo se había producido una transposición parcial que dejaba ciertos aspectos sin regular, de manera que a este respecto tampoco se había utilizado totalmente el margen de apreciación nacional; véase la sentencia de 16 de diciembre de 1993, Wagner Miret (C‑334/92, EU:C:1993:945), apartados 16 y ss.


54      Sobre estos criterios, véase la sentencia de 18 de octubre de 2001, Gharehveran (C‑441/99, EU:C:2001:551), apartado 41.


55      Véanse, en particular, las sentencias de 19 de enero de 1982, Becker (8/81, EU:C:1982:7), apartado 25; de 8 de octubre de 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, EU:C:1987:431), apartado 7; de 22 de junio de 1989, Costanzo (103/88, EU:C:1989:256), apartado 31, y de 28 de junio de 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse (C‑363/05, EU:C:2007:391), apartado 58.


56      Sentencias de 12 de julio de 1990, Foster y otros (C‑188/89, EU:C:1990:313), apartado 18; de 4 de diciembre de 1997, Kampelmann y otros (C‑253/96 a C‑258/96, EU:C:1997:585), apartado 46, y de 10 de octubre de 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745), apartado 33.


57      Sentencias de 12 de julio de 1990, Foster y otros (C‑188/89, EU:C:1990:313), apartado 18; de 24 de enero de 2012, Domínguez (C‑282/10, EU:C:2012:33), apartado 39, y de 10 de octubre de 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745), apartado 33.


58      Sobre estos criterios, véase también la sentencia de 10 de octubre de 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745), apartados 38 y ss.


59      Véanse las sentencias de 12 de julio de 1990, Foster y otros (C‑188/89, EU:C:1990:313), apartado 18; de 4 de diciembre de 1997, Kampelmann y otros (C‑253/96 a C‑258/96, EU:C:1997:585), apartado 46; de 24 de enero de 2012, Domínguez (C‑282/10, EU:C:2012:33), apartado 39, y de 10 de octubre de 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745), apartados 38 y ss.


60      Sentencias de 14 de julio de 1994, Faccini Dori (C‑91/92, EU:C:1994:292), apartado 25; de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros (C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584), apartado 108; de 15 de enero de 2014, Association de médiation sociale (C‑176/12, EU:C:2014:2), apartado 36, y de 19 de abril de 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), apartado 30.


61      Véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de septiembre de 2000, Unilever (C‑443/98, EU:C:2000:496), apartados 49 y 50; de 7 de enero de 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12), apartado 57; de 17 de julio de 2008, Arcor y otros (C‑152/07 a C‑154/07, EU:C:2008:426), apartado 36, y de 6 de octubre de 2015, T‑Mobile Czech Republic y Vodafone Czech Republic (C‑508/14, EU:C:2015:657), apartado 48.


62      Véase la sentencia de 17 de julio de 2008, Arcor y otros (C‑152/07 a C‑154/07, EU:C:2008:426), apartado 38.