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Recurso de casación interpuesto el 15 de febrero de 2018 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 5 de diciembre de 2017 en el asunto T-728/16, Tuerck/Comisión

(Asunto C-132/18 P)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: G. Gattinara, B. Mongin, L. Radu Bouyon, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Sabine Tuerck

Pretensiones de la parte recurrente

Que se anule la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 5 de diciembre 2017 en el Asunto T-728/16, Tuerck/Comisión.

Que se desestime el recurso interpuesto en primera instancia.

Que se condene a la parte recurrida en casación al pago de las costas de primera instancia.

Que se condene a la Sra. Tuerck al pago de las costas de la presente instancia.

Motivos y principales alegaciones

En relación con los procedimientos de transferencia de los derechos a pensión adquiridos en una caja de pensiones nacional al régimen de pensiones de los funcionarios de la Unión Europea, conforme a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, el primer motivo de casación se basa en la falta de consideración por parte del Tribunal General de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que emana de la sentencia Radek Časta (sentencia de 5 de diciembre de 2013, C-166/12, apartados 24, 28 y 31), según la cual la operación consistente en convertir el capital correspondiente a los derechos a pensión adquiridos en el sistema nacional en anualidades que deben computarse en el régimen de pensiones de la Unión se rige por el Derecho de la Unión. Esta operación incluye la revalorización del capital entre la fecha de la solicitud de transferencia y la de transferencia efectiva establecida en el Estatuto. El Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que la Comisión no disponía de la facultad de deducción sobre la estimación del capital entre la fecha del registro de la solicitud de transferencia y la transferencia efectiva del capital. Al concluir que la Comisión no era competente para efectuar tal deducción, el Tribunal General infringió el artículo 11, apartado 2, párrafo segundo, del anexo VIII del Estatuto, ignoró la competencia reconocida a la Comisión por este artículo e incurrió en error de Derecho.

El segundo motivo de casación se basa en un error de Derecho consistente en considerar que la deducción aplicada a la cuantía estimada del capital podía efectuarse a un tipo distinto del establecido en el Estatuto y únicamente sobre la base del capital transferible. No obstante, la deducción aplicable al capital estimado debe efectuarse conforme al Estatuto, que impone el respeto del equilibrio actuarial y establece a tal fin la aplicación de un tipo del 3,1 %. Por otra parte, al referirse al importe «transferible», habida cuenta de que el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto menciona que la conversión de los importes correspondientes a los derechos de pensión del interesado en anualidades de servicio debe basarse en el capital efectivamente transferido, el Tribunal General infringió esta norma y no tuvo en cuenta la sentencia del Tribunal General de 13 de octubre de 2015 dictada en casación en el asunto Comisión/Verile y Gjergij (T-104/14 P).

El tercer motivo se basa en un error de Derecho consistente en dar prevalencia a las disposiciones generales de ejecución adoptadas por la Comisión para la aplicación del Estatuto sobre el propio Estatuto, que es jerárquicamente superior, y en el incumplimiento de la obligación de motivación. En la primera parte del tercer motivo, la Comisión sostiene que el Tribunal General adoptó una interpretación de las disposiciones generales de ejecución contraria al tenor de la disposición del Estatuto a cuya aplicación están destinadas y vulneró el principio conforme al cual el Estatuto, tal como es interpretado por la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Radek Časta, no permite transformar en anualidades de servicio importes que no representen materialmente derechos a pensión. En la segunda parte del tercer motivo, la Comisión alega que el Tribunal General incumplió la obligación de motivación, al considerar sobre la base de motivos contradictorios que la caja de pensiones nacional había acreditado la estimación del capital entre la fecha de la solicitud y la de la transferencia efectiva.

El cuarto motivo se basa en un error manifiesto de apreciación y en el incumplimiento de la obligación de motivación cometidos por el Tribunal General al estimar que existía un enriquecimiento sin causa, cuando no es así. En primer lugar, el Tribunal General considera que se produciría enriquecimiento sin causa al convertir en anualidades únicamente una parte del capital transferido, mientras que esta transferencia se aprecia en la fecha de la solicitud de transferencia y posteriormente se somete al régimen del fondo «teórico» basado en un sistema de capitalización. En la segunda parte del cuarto motivo, la Comisión invoca el incumplimiento de la obligación de motivación, por haber concluido el Tribunal General que existía enriquecimiento sin causa sin fundamentar esta conclusión a la luz del argumento de la Comisión de que el importe que excedía de la aplicación del tipo del 3,1 % había sido devuelto al funcionario interesado.

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