Language of document : ECLI:EU:C:2018:336

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. ELEANOR SHARPSTON

presentadas el 29 de mayo de 2018 (1)

Asunto C312/17

Surjit Singh Bedi

contra

Bundesrepublik Deutschland,

Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesarbeitsgericht Hamm (Tribunal Regional de lo Laboral de Hamm, Alemania)]

«Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Prohibición de discriminación por razón de discapacidad — Convenio colectivo que establece que el derecho a una ayuda de transición se extingue cuando el perceptor adquiere el derecho a una pensión de jubilación anticipada para personas con discapacidad»






1.        Mediante la presente petición de decisión prejudicial, se solicita al Tribunal de Justicia que examine la aplicación de las normas sobre discriminación por razón de discapacidad establecidas en la Directiva 2000/78/CE del Consejo (2) a un trabajador a quien, habiendo tenido derecho a percibir una prestación en virtud de un convenio colectivo con la finalidad de garantizar unos medios de subsistencia razonables a los trabajadores que hubieran perdido su puesto de trabajo, el derecho a recibir dichos pagos se extinguió porque obtuvo el derecho a acceder a una pensión de jubilación anticipada, pagadera (si bien con una cuantía reducida) debido a su discapacidad. A consecuencia de ello, el trabajador afectado sufrió una pérdida económica significativa.

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

2.        Con arreglo al artículo 157 TFUE, apartado 2:

«Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo normal de base o mínimo, y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo.»

 Directiva 2000/78

3.        El artículo 1 de la Directiva 2000/78 establece:

«La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato.»

4.        Según el artículo 2 de dicha Directiva, en la medida en que sea relevante para las presentes conclusiones:

«1.      A efectos de la presente Directiva, se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1.

2.      A efectos de lo dispuesto en el apartado 1:

a)      existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el artículo 1;

b)      existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una religión o convicción, con una discapacidad, de una edad, o con una orientación sexual determinadas, respecto de otras personas, salvo que:

i)      dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios; o que

ii)      respecto de las personas con una discapacidad determinada, el empresario o cualquier persona u organización a la que se aplique lo dispuesto en la presente Directiva, esté obligado, en virtud de la legislación nacional, a adoptar medidas adecuadas de conformidad con los principios contemplados en el artículo 5 [(3)] para eliminar las desventajas que supone esa disposición, ese criterio o esa práctica.

[…]»

5.        Con arreglo al artículo 3 de la Directiva 2000/78, en la medida en que sea relevante para las presentes conclusiones:

«1.      Dentro del límite de las competencias conferidas a la [Unión Europea], la presente Directiva se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con:

[…]

c)      las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración;

[…]

3.      La presente Directiva no se aplicará a los pagos de cualquier tipo efectuados por los regímenes públicos o asimilados, incluidos los regímenes públicos de seguridad social o de protección social.

[…]»

6.        El artículo 16 de la Directiva 2000/78 dispone:

«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por que:

a)      se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato;

b)      se declaren o puedan declararse nulas e inválidas o se modifiquen todas las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato que figuren en los contratos o convenios colectivos, en los reglamentos internos de las empresas o en los estatutos de las profesiones independientes y de las organizaciones sindicales y empresariales.»

 Derecho nacional

7.        El Tarifvertrag zur sozialen Sicherung der Arbeitnehmer bei den Stationierungsstreitkräften im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (convenio colectivo sobre seguridad social para los trabajadores por cuenta ajena de las fuerzas armadas estacionadas en la República Federal de Alemania; en lo sucesivo, «convenio colectivo») fue celebrado entre dicho Estado miembro y algunos sindicatos el 31 de agosto de 1971. Establece las condiciones de trabajo relativas a los trabajadores empleados por las fuerzas armadas de otros Estados estacionadas en su territorio. Dichos Estados incluyen al Reino Unido. (4)

8.        El apartado 4 del convenio colectivo tiene por título «ayuda de transición». Establece que dicha ayuda se abonará de forma complementaria a cualquier ingreso percibido en virtud de otro empleo fuera de las fuerzas armadas estacionadas en el territorio alemán. La misma disposición establece una fórmula para el cálculo de la ayuda, que se realiza en base al salario mensual que cobrara el perceptor a la finalización de su contrato de trabajo con las fuerzas armadas.

9.        En virtud del apartado 8 de dicho convenio, la percepción de dicha ayuda cesará, inter alia, cuando el trabajador en cuestión obtenga el derecho a cobrar una pensión de jubilación anticipada con arreglo a las normas nacionales en materia de seguridad social.

 Antecedentes de hecho, procedimiento y cuestión prejudicial

10.      El Sr. Surjit Singh Bedi nació el 3 de agosto de 1954 y tiene una declaración de discapacidad grave, con un grado de discapacidad del 50 %. Comenzó a trabajar para las fuerzas armadas del Reino Unido estacionadas en Alemania en 1978 como empleado civil, más recientemente como vigilante en las dependencias de Münster (Alemania). Como parte de los acuerdos para el cierre de dichas dependencias, fue despedido el 31 de diciembre de 2013. El 1 de marzo de 2014, fue contratado como vigilante por una empresa privada. Sigue contratado en dicha empresa y, desde el 1 de abril de 2016, ha estado trabajando con un contrato que le proporciona trabajo durante un número variable de horas cada mes, con un salario que varía en consonancia.

11.      Tras su despido, el Sr. Bedi percibió la ayuda de transición a la que tenía derecho con arreglo al apartado 4 del convenio colectivo (en lo sucesivo, «ayuda») desde el 1 de enero de 2014, más recientemente por un importe mensual de 1 604,20 euros. Sin embargo, mediante escrito de 23 de marzo de 2015 las autoridades alemanas le informaron de que, dado que había adquirido el derecho a una pensión de jubilación anticipada destinada a las personas con discapacidades graves con fecha de efectos de 1 de mayo de 2015, su derecho a percibir la ayuda cesaría a partir del 30 de abril de 2015. Con efectos desde el 1 de mayo de 2015, el Sr. Bedi adquirió el derecho a percibir una pensión de jubilación anticipada, por una cuantía de 909,50 euros mensuales. Dicha cuantía venía reducida en un 10,8 % para reflejar el hecho de que el cobro de la pensión se había anticipado en 36 meses. Además, la cuantía a percibir en concepto de pensión podía verse reducida en función de una serie de umbrales calculados en referencia a cualquier ingreso procedente del trabajo por cuenta ajena al que tuviera derecho el perceptor. Parece que el Sr. Bedi estaba o podía estar comprendido en el ámbito de aplicación de los umbrales en cuestión y que cualquier pensión que fuera a percibir podría verse reducida en consonancia. La resolución de remisión describe que la situación económica neta del Sr. Bedi, a consecuencia de la pérdida de su derecho a la ayuda, era sustancialmente peor, teniendo en cuenta todos los factores, de lo que habría sido si hubiera continuado percibiendo la ayuda hasta el pago de su pensión en su cuantía íntegra.

12.      Si el Sr. Bedi no hubiera padecido una discapacidad grave, no habría podido acceder a una pensión estatal de jubilación hasta cumplir 63 años. De este modo, los pagos de la ayuda habrían continuado al menos hasta el 1 de septiembre de 2017.

13.      El Sr. Bedi interpuso una demanda impugnando la decisión de extinguir el pago de la ayuda ante el Arbeitsgericht Münster (Tribunal de lo Laboral de Münster, Alemania) contra la República Federal de Alemania, en primer lugar, en nombre propio como parte del convenio colectivo y, en segundo lugar, en calidad de representante del Reino Unido de conformidad con el artículo 56, apartado 8, del Acuerdo por el que se completa el Acuerdo entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus Fuerzas Armadas con respecto a las Fuerzas Extranjeras estacionadas en la República Federal de Alemania, firmado el 3 de agosto de 1959, en su versión modificada. La demanda fue desestimada mediante una sentencia notificada el 11 de febrero de 2016.

14.      Posteriormente el Sr. Bedi interpuso un recurso de apelación contra dicha sentencia ante el Landesarbeitsgericht Hamm (Tribunal Regional de lo Laboral de Hamm, Alemania), solicitando al mismo tiempo que se ordenara el pago de la ayuda durante el período comprendido entre abril y diciembre de 2016, por importe de 3 049,92 euros.

15.      Dado que existe la duda de si la decisión de cesar el abono de la ayuda al Sr. Bedi constituye una discriminación por razón de discapacidad, que está prohibida con arreglo a la Directiva 2000/78, dicho órgano jurisdiccional solicitó al Tribunal de Justicia que se pronunciara con carácter prejudicial sobre la siguiente cuestión:

«¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, de [la Directiva 2000/78] en el sentido de que se opone a una disposición de un convenio colectivo con arreglo a la cual el derecho a percibir una ayuda económica transitoria —concedida con el fin de garantizar un medio de vida adecuado a los trabajadores que hayan perdido su puesto de trabajo, que se calcula sobre la base del salario base convencional y se percibe hasta la consecución de una cobertura económica gracias al derecho a una pensión a cargo del sistema legal de pensiones— se extingue al adquirir el derecho a percibir una pensión de jubilación anticipada y para cuya aplicación es determinante la posibilidad de obtener una pensión de jubilación anticipada por discapacidad?»

16.      Han presentado observaciones escritas la República Federal de Alemania, tanto en nombre propio como en calidad de representante del Reino Unido, y la Comisión Europea. Dado que no se solicitó la celebración de una vista, ésta no tuvo lugar.

 Análisis

17.      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la extinción del derecho del Sr. Bedi a percibir la ayuda debido al hecho de que pudo acceder de forma anticipada, aunque con una cuantía reducida, al pago de su pensión de jubilación por razón de su discapacidad, es constitutivo de una discriminación ilícita a los efectos de la Directiva 2000/78.

18.      Para poder responder a dicha cuestión prejudicial, es preciso examinar, en primer lugar, el ámbito de aplicación de la Directiva y, en segundo lugar, si la discriminación —si es que se ha producido— que ha sufrido el Sr. Bedi constituyó una discriminación directa o indirecta. En tercer lugar, y suponiendo que la discriminación en cuestión fuese una discriminación indirecta, resultarían relevantes las excepciones establecidas en el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva.

19.      Examinaré sucesivamente cada uno de estos elementos.

 Ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78: ¿constituye la ayuda una «retribución»?

20.      El artículo 3 de la Directiva 2000/78 (titulado «Ámbito de aplicación») tiene una redacción amplia. El apartado 1 dispone que la Directiva se aplicará «a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos», en relación con, inter alia, «las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración». No obstante, el apartado 3 establece una importante limitación, con arreglo a la cual la Directiva no deberá aplicarse a «los pagos de cualquier tipo efectuados por los regímenes públicos o asimilados, incluidos los regímenes públicos de seguridad social o de protección social».

21.      El considerando 13 de la Directiva proporciona algunas indicaciones sobre cómo debe interpretarse esta restricción, ya que según éste se consideran regímenes de seguridad social y de protección social aquellos cuyas ventajas no están equiparadas a una retribución a los efectos del actual artículo 157 TFUE. El Tribunal de Justicia ha confirmado esta interpretación en su jurisprudencia. (5)

22.      Se plantea la cuestión de si la ayuda satisfecha al Sr. Bedi con arreglo al apartado 4 del convenio colectivo entra dentro del ámbito de la limitación establecida en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva.

23.      No lo creo así.

24.      El Tribunal de Justicia ha declarado que, al interpretar el artículo 157 TFUE, el concepto de «retribución» debe interpretarse en sentido amplio. Comprende, en particular, «todas las gratificaciones en dinero o en especie, actuales o futuras, siempre que sean satisfechas, aunque sea indirectamente, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo de este último, independientemente de que sea en virtud de un contrato de trabajo o de disposiciones legislativas o tengan carácter voluntario». (6) El hecho de que determinadas prestaciones sean pagadas una vez extinguida la relación laboral no excluye que puedan tener carácter de «retribución» con arreglo al artículo 157 TFUE. (7) Del mismo modo, no cabe poner en duda el carácter de retribución de esas percepciones por el mero hecho de que respondan también a consideraciones de política social. (8) El Tribunal de Justicia ha declarado así que las prestaciones otorgadas con arreglo a un régimen de pensiones que varían, esencialmente, en función del empleo que ocupaba el interesado están vinculadas a la retribución que percibía este último y están comprendidas dentro del ámbito de aplicación del artículo 157 TFUE, apartado 2. (9)

25.      Tal como se describe en la resolución de remisión, la ayuda permite a los trabajadores de mayor edad con una larga experiencia profesional y que hayan sido despedidos disfrutar de una ayuda económica tras la extinción de la relación laboral. Su finalidad es garantizar su sostenimiento económico y compensarles por las dificultades derivadas del hecho de que pueden recibir un salario más bajo en su nuevo puesto de trabajo o quedar desempleados. Al mismo tiempo, pretende animar a los trabajadores a mantenerse activos encontrando nuevos puestos de trabajo fuera del sector de las fuerzas armadas.

26.      De ello se deduce, en mi opinión, que la ayuda cumple los requisitos para constituir lo que el Tribunal de Justicia ha descrito como «el elemento material de la retribución» (10) en la jurisprudencia expuesta en el punto 24 anterior. No obstante, tal como señala acertadamente la Comisión, también es necesario determinar si la ayuda controvertida fue concedida al trabajador afectado en razón de su relación laboral. En otras palabras, debe existir un nexo causal entre ambos para que una prestación esté comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 157 TFUE. (11) A este respecto, el Tribunal de Justicia ha afirmado que las consideraciones de política social, de organización del Estado, de ética, o las razones de carácter presupuestario que influyeron o pudieron influir en el establecimiento de un determinado régimen no pueden hacer que un régimen quede excluido del ámbito de aplicación del artículo 157 TFUE si los regímenes en cuestión afectan únicamente a una categoría particular de trabajadores, si están directamente en función de los años de servicio cumplidos y si su cuantía se calcula basándose en el último sueldo pagado al (antiguo) empleado. (12)

27.      Los dos asuntos citados en el punto anterior se referían al derecho a reembolso de gastos médicos para la pareja de funcionarios federales (13) y a la pensión de un viudo con arreglo a un régimen obligatorio de previsión profesional, respectivamente. (14) Pero la jurisprudencia no se limita a estos casos. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia ha aplicado estos principios a la ayuda de transición a la que tienen derecho los trabajadores que hubieran cumplido una determinada edad en el momento de su despido, declarando que el hecho de que la cuantía de la ayuda debiera basarse en el último salario mensual bruto confirmaba que la ayuda constituía una gratificación concedida en relación con el empleo de los trabajadores afectados. (15)

28.      No veo ningún motivo para no aplicar estos principios también en el caso de autos. El derecho a la ayuda surge, con arreglo al convenio colectivo, respecto de la relación laboral establecida entre personas como el Sr. Bedi y las fuerzas armadas estacionadas en el territorio alemán. Dicho convenio establece regímenes, en forma de ayuda, que contemplan expresamente la extinción de esa relación. La cuantía a abonar en concepto de ayuda (de conformidad con el apartado 4 del convenio colectivo) debe calcularse en base a la retribución percibida en el momento de la extinción de la relación laboral. La resolución de remisión afirma que la ayuda sólo se abona a los empleados «con una larga experiencia profesional». Por lo tanto, parece claro que también se cumple el requisito de que los importes estén directamente relacionados con los años de antigüedad. Tal como ha observado la Comisión acertadamente, en mi opinión, el hecho de que Alemania abona la ayuda y la financia con los ingresos tributarios nacionales no influye en esta cuestión, dado que parece que la intervención de Alemania a este respecto forma parte de los acuerdos internos establecidos entre dicho país y los Estados cuyos soldados estuvieron estacionados en su territorio en el pasado. Esto incluye al Reino Unido, en su calidad de antiguo empleador del Sr. Bedi. Lo que resulta determinante es si este último Estado miembro, como el empleador original del preceptor, adoptó medidas para garantizar que se pagaran cantidades a sus antiguos empleados «en razón de su relación de trabajo».

29.      Por todos los motivos antes expuestos, considero que los importes que se debían abonar en concepto de la ayuda pueden calificarse de «retribución» a los efectos del artículo 157 TFUE y que la excepción establecida en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2000/78 no es de aplicación en este caso.

 Naturaleza de la supuesta discriminación

30.      El artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78 dispone que existirá discriminación directa cuando una persona sea tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el artículo 1. Estos motivos incluyen la discapacidad.

31.      Al interpretar esta disposición, no puede estimarse que una medida que se aplica de manera idéntica a las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad establezca una diferencia de trato directa por motivos de discapacidad. (16) En el presente asunto no existe ningún elemento que sugiera que el convenio colectivo se aplique de forma diferente a los trabajadores con discapacidad y a aquellos que no tienen ninguna discapacidad. En efecto, la resolución de remisión deja claro que las restricciones derivadas del apartado 8 del convenio colectivo se aplican a varias categorías de trabajadores, de los cuales aquellos con discapacidad sólo son una subcategoría.

32.      En estas circunstancias, no se puede decir que el trato dispensado a los trabajadores como el Sr. Bedi constituya una discriminación directa. De ello se desprende que procede examinar si puede constituir una discriminación indirecta. Según el criterio establecido en el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78, existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja a personas, inter alia, con una discapacidad, respecto de otras personas.

33.      Ya he señalado que la medida en cuestión es aparentemente neutra. (17) En cuanto a la cuestión, a continuación, de si puede ocasionar una desventaja a las personas con discapacidad, el hecho de que el Sr. Bedi adquiriera el derecho a percibir una pensión de jubilación anticipada, aunque con una cuantía reducida, tuvo como consecuencia la extinción del derecho a percibir la ayuda. En el caso de los trabajadores sin discapacidad, no existiría tal derecho automático a una pensión anticipada. Por consiguiente, la ayuda habría continuado abonándose hasta que la persona de que se trata hubiera alcanzado la edad normal de jubilación, esto es, 63 años, en cuyo momento habría tenido derecho al pago de su pensión por su cuantía íntegra. La resolución de remisión deja claro que el resultado económico neto para esta última categoría es mejor que el que se aplica al Sr. Bedi y continúa afirmando que, en comparación, su posición era sustancialmente peor a consecuencia de ello. (18) Tampoco es que tuviera capacidad alguna de elección al respecto: la ayuda se hubiera extinguido incluso si hubiera decidido no percibir su pensión de jubilación antes de la fecha normal de jubilación. En estas circunstancias, considero que en efecto la medida ocasiona una desventaja a los trabajadores con discapacidad como el Sr. Bedi.

34.      Por último, en lo referente a la cuestión de si la situación de aquellos trabajadores es comparable con la de las personas sin discapacidad, Alemania (en sus observaciones presentadas en nombre propio) alega que no se cumple este elemento. Sostiene, en esencia, que se puede llevar a cabo la apreciación pertinente en dos puntos en el tiempo. El primero es la fecha en la que la relación laboral se extingue. En este punto, tanto los trabajadores con discapacidad como aquellos que no tienen ninguna están, según admite, en una situación análoga. La segunda es la fecha en la que la persona afectada adquiere el derecho a percibir una pensión. En este punto, alega Alemania, no se puede tratar a los dos grupos como si estuvieran en la misma situación, dado que su necesidad de percibir la ayuda transitoria diferirá —aquellos que tienen una discapacidad no la seguirán necesitando, mientras que sus compañeros sin discapacidad aún tendrán necesidad de ella—.

35.      Alemania hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en apoyo de la segunda de estas interpretaciones. Cita, en particular, i) el asunto Burton, (19) que tenía por objeto un plan de despidos voluntarios en virtud del cual los empleados del sexo masculino podían acceder a los pagos en una fecha posterior a la de sus compañeras, dado que la edad normal de jubilación para estas últimas era menor que para los primeros, pero la cuantía a abonar a cada categoría era calculada sobre una base idéntica; ii) el asunto Roberts, (20) que trataba sobre una pensión transitoria a la que tenían derecho los empleados que se jubilaran anticipadamente por motivos de salud, teniendo los pagos abonados a las mujeres una cuantía inferior a la de los hombres tras cumplir 60 años, con el fin de reflejar el hecho de que éstas podían acceder a su pensión estatal desde dicha edad, aunque el mecanismo de cálculo de la pensión transitoria era neutro; y iii) el asunto Hlozek, (21) en el que el litigio se refería a la asignación de transición abonada a los trabajadores que hubieran alcanzado una cierta edad en el momento de su despido, como parte de la reestructuración de la empresa empleadora, teniendo las mujeres derecho a percibir la asignación cinco años antes que los hombres dado que su edad legal de jubilación era cinco años antes que la aplicable a sus colegas masculinos.

36.      Extraigo poca inspiración de esta jurisprudencia. El razonamiento del Tribunal de Justicia en esas sentencias no se centraba en el punto en el que la discriminación alegada podría haberse producido. Más bien, examinó los planes en general, para concluir en cada caso que no existía discriminación. Lo hizo en el asunto Burtonal reconocer que la única diferencia entre las prestaciones para los hombres y las mujeres derivaba del hecho de que la edad de jubilación mínima de conformidad con la normativa nacional aplicable no era la misma para hombres y mujeres. La ayuda controvertida, no obstante, se calculaba de la misma manera con independencia del sexo del trabajador. De esto se desprendía que no existía discriminación. (22) Quedaba todavía más claro en el asunto Roberts, en el que el Tribunal de Justicia declaró que el mecanismo para calcular la pensión transitoria era neutro, lo que según sus propias palabras «confirm[aba] la inexistencia de cualquier elemento discriminatorio». (23) En el asunto Hlozek adoptó un razonamiento similar. (24)

37.      Me parece que la cuestión clave en el caso de autos es que el régimen controvertido en el litigio principal no es neutro.

38.      En efecto, Alemania parece admitir que pueden existir otros aspectos relevantes en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Se refiere, a este respecto, al asunto Odar, (25) que trataba de una indemnización por despido abonada a un trabajador con una discapacidad grave en virtud de un plan social con arreglo al cual recibió un importe inferior al que hubiera percibido de no tener una discapacidad. No estaba en cuestión que los resultados del plan fueran neutros respecto a las dos categorías de trabajadores. El Tribunal de Justicia consideró la posición haciendo referencia a los «trabajadores comprendidos en intervalos de edad próximos a la jubilación» y declaró que estaban en una situación comparable a la de los otros trabajadores afectados por el plan social, ya que su relación de trabajo con la empresa cesó por el mismo motivo y en las mismas condiciones. La «ventaja» concedida a los trabajadores con discapacidad grave, que consistía en poder obtener una pensión de jubilación tres años antes que los trabajadores sin discapacidad, no podía colocarlos en una situación específica con respecto a esos trabajadores. (26)

39.      Me parece que esta jurisprudencia es notablemente más relevante para el caso de autos que las sentencias que se han comentado en los puntos 35 y 36 anteriores. Sin embargo, queda por determinar si es posible aplicarla directamente. En particular, ¿es suficiente para distinguir entre ambas situaciones el hecho de que i) en el asunto Odarlos antecedentes de hecho incluían el cálculo del pago de una cantidad a tanto alzado que se reducía, en el caso de los trabajadores con discapacidad grave, al tomar en consideración su derecho a acceder antes a su pensión de jubilación, mientras que ii) en el presente caso las prestaciones incluían pagos continuados con arreglo al convenio colectivo que se extinguieron al adquirir el derecho al pago anticipado de una pensión de jubilación?

40.      No lo creo así.

41.      En ambos asuntos, el demandante experimentó una reducción efectiva del pago al que tenía derecho en razón de la extinción de su relación de trabajo para tener en cuenta su derecho a acceder al pago de una pensión de jubilación de forma anticipada. En el asunto Odar, dicha reducción se practicó en la fase de cálculo de la cantidad a tanto alzado, mientras que en el caso del Sr. Bedi, ésta surgió con la finalización de los pagos con arreglo al convenio colectivo. El resultado neto fue el mismo: cada uno de los perceptores recibió menos dinero porque tenía una discapacidad. La finalidad de cada uno de estos planes era beneficiar a los trabajadores de una cierta edad que se enfrentaran a un despido por motivos empresariales. En mi opinión, el hecho de que la ayuda en el caso de autos fuera abonada de forma continuada con el fin de incentivar a los trabajadores afectados a permanecer en el mercado de trabajo no supone una diferencia que sea suficientemente significativa para establecer una distinción entre estas dos situaciones.

42.      Por lo tanto, opino que los antecedentes de ambos casos, en la medida en que son relevantes para el presente procedimiento, son esencialmente similares y que los principios que se pueden extraer del asunto Odarpueden aplicarse a la situación del Sr. Bedi. En el asunto Odar, el Tribunal de Justicia declaró que los trabajadores con discapacidad que se encontraban próximos a la jubilación estaban en una situación comparable a la de los otros trabajadores afectados por las disposiciones relativas al pago de una cantidad a tanto alzado, dado que sus relaciones de trabajo con su empresa cesaron por el mismo motivo y en las mismas condiciones. (27) Me parece que ampliar este razonamiento por analogía al caso de autos no presenta una gran dificultad.

 Discriminación indirecta: las excepciones establecidas en el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78

43.      En estas circunstancias, las siguientes cuestiones a abordar son si puede considerarse que la medida en cuestión está objetivamente justificada por una finalidad legítima y si los medios para la consecución de dicha finalidad son adecuados y necesarios a los efectos del artículo 2, apartado 2), letra b), inciso i), de la Directiva 2000/78.

44.      Alemania (tanto en sus observaciones presentadas en nombre propio como en las presentadas como representante del Reino Unido) sostiene que efectivamente existe un objetivo legítimo para la medida. En cuanto sea pertinente, (28) destaca en particular el hecho de que la ayuda se abona con cargo a fondos estatales y que, por definición, estos son limitados. No existe un motivo válido para continuar abonando la ayuda cuando se proporcionan al perceptor medios de vida por otra vía. Observa que el Tribunal de Justicia ha declarado que la adecuada gestión de los recursos del Estado puede constituir un objetivo legítimo en tales circunstancias.

45.      No discuto estas alegaciones. En efecto, es cierto que los fondos públicos deben gastarse de forma sensata. (29) En consecuencia, estoy de acuerdo en que dicho objetivo es legítimo.

46.      ¿Puede afirmarse también que es adecuado y necesario?

47.      En lo referente al primero de estos criterios, Alemania (tanto actuando en nombre propio como en calidad de representante del Reino Unido) señala en particular que el objetivo del convenio es proporcionar unos ingresos satisfactorios a los trabajadores que de otro modo podrían verse en dificultades económicas, un objetivo «que, en el caso de los trabajadores con discapacidad, puede afirmarse que desaparece» cuando adquieren el derecho a una pensión de jubilación anticipada. Esta parte considera que dicha remuneración es adecuada.

48.      El razonamiento de Alemania en este punto no me convence más allá de la duda. En particular, su enfoque se basa en la premisa de que se puede afirmar que el objetivo de beneficiar a los trabajadores en dificultades económicas desaparece cuando el perceptor de la prestación en cuestión adquiere el derecho a una pensión. Esto presupone que la pensión será de una cuantía suficientemente alta para compensar dicha necesidad económica. Aunque el nivel de las pensiones de jubilación estatales varía de un Estado miembro a otro, no se puede asumir que, aun cuando se perciba su cuantía íntegra, dichas pensiones sean en todos los casos suficientes para que el perceptor viva con un cierto nivel de confort. Cuando la cuantía en cuestión se ve reducida debido a un pago anticipado, será aún más probable que el importe percibido no constituya un ingreso satisfactorio. En ese caso, no será cierto que «puede afirmarse que desaparece» la necesidad económica del perceptor. Por consiguiente, concluyo que puede considerarse que desaparece el objetivo de proporcionar unos ingresos satisfactorios a los trabajadores en circunstancias como las del Sr. Bedi —y, por tanto, que la medida es adecuada— únicamente cuando la diferencia entre la cuantía de la pensión a la que tienen derecho y el de la ayuda que se extingue no provoca que los trabajadores vuelvan a encontrarse, o estén en riesgo de volver a encontrarse, en la situación de padecer dificultades económicas que la ayuda pretendía solucionar. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si se da este supuesto o no.

49.      En lo tocante al criterio de la necesidad, el mismo Estado miembro hace gran hincapié en el grado de discrecionalidad del que disponen, según ha reconocido el Tribunal de Justicia, los Estados miembros para definir las medidas para alcanzar un objetivo particular en materia de política social y de empleo. En su opinión, se da este supuesto, a fortiori, cuando la medida en cuestión fue decidida entre los interlocutores sociales en un convenio colectivo. Dicho Estado observa que el Tribunal de Justicia ha admitido que dichos interlocutores tienen un «amplio margen de apreciación» en ese contexto (30) y establece lo que a su entender es una distinción fundamental entre esa situación y el plan social controvertido en el asunto Odar. El Derecho nacional permite un margen de discrecionalidad considerablemente menor en el último caso, dado que las partes del plan están obligadas a tomar en consideración las circunstancias posteriores a la extinción de la relación de trabajo.

50.      Acepto que el Tribunal de Justicia debería tener cuidado antes de interferir en las decisiones tomadas por los interlocutores sociales al redactar convenios como el controvertido en el litigio principal. (31) Pero el margen de maniobra que esto presupone no elimina la necesidad de respetar el principio de que las medidas deben ser tanto adecuadas como necesarias. A este respecto, debo observar, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia declaró en el asunto Hennigs y Mai,al examinar el margen de discrecionalidad otorgado a los interlocutores sociales en el marco de los convenios colectivos, que «es necesario que la diferencia de trato por motivos edad sea adecuada y necesaria para lograr este objetivo». (32) En segundo lugar, quiero señalar que el artículo 16, letra b), de la Directiva 2000/78 exige que los Estados miembros se aseguren de que cualquier disposición contraria al principio de igualdad de trato incluida, inter alia, en los convenios colectivos sea declarada o pueda declararse nula e inválida o sea modificada.

51.      Al decidir sobre este punto, en mi opinión es de capital importancia tener en cuenta la situación de los trabajadores con discapacidad grave como el Sr. Bedi y, en particular, las dificultades y riesgos específicos a los que se enfrentan. Después de todo, el objetivo de la Directiva 2000/78 en su aplicación a los trabajadores con discapacidad es precisamente impedir que se discrimine a dichos trabajadores y en consecuencia mejorar su situación en el mercado de trabajo. Esto incluye asegurarse de que se les dan todas las oportunidades posibles en dicho mercado y que no sufren desventajas económicas. Asimismo, dichos trabajadores están más expuestos a experimentar mayores dificultades al encontrar trabajo que sus compañeros sin discapacidad y estas dificultades tenderán a exacerbarse a medida que se aproximen a la edad de jubilación. (33) Es importante recordar que el derecho al trabajo ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia desde nada menos que el año 1974, cuando dictó su sentencia en el asunto Nold/Comisión, (34) y está actualmente consagrado en el artículo 15 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (35)

52.      También es importante señalar que la ayuda abonada a personas como el Sr. Bedi se extingue automáticamente cuando adquieren el derecho a percibir una pensión de jubilación anticipada, incluso si no desean cobrar dicha pensión en ese momento. Por ejemplo, pueden desear permanecer empleados y retrasar el cobro de su pensión hasta la edad normal de jubilación, cuando podrán percibirla en su cuantía íntegra.

53.      En efecto, me parece que éste es el núcleo de las dificultades a las que se enfrentan los acuerdos nacionales controvertidos en el caso de autos. No cabe duda de que pueden existir todo tipo de razones encomiables por las cuales las personas con discapacidad como el Sr. Bedi deben tener derecho a percibir una pensión de jubilación anticipada, aunque por una cuantía reducida, si desean disfrutar de ese derecho. Tal como señala Alemania, pueden encontrarse en una situación en la que tienen menos oportunidades de encontrar empleo y agradecer el apoyo económico que se les ofrece. Pero esos acuerdos no ofrecen a dichos trabajadores ninguna opción real si desean continuar trabajando y tienen la oportunidad de hacerlo.

54.      Más bien, tan pronto como el trabajador con discapacidad cumple la edad en la que tendría derecho a percibir la pensión anticipada con una cuantía reducida, se extingue la prestación. Si permanece empleado, sufrirá un perjuicio porque habrá perdido la prestación. Si decide cobrar la pensión, probablemente también sufra una pérdida —a menos que el importe de la pensión sea superior al de su salario procedente de su empleo más la prestación, una situación que parece improbable en la práctica—. Lo que no puede escoger es la tercera opción, según la cual podría decidir no cobrar la pensión de jubilación anticipada sino permanecer empleado y percibir la prestación. Sin embargo, precisamente sus compañeros sin discapacidad sí que tienen acceso de forma automática a esta tercera opción.

55.      Visto desde esta perspectiva, el impacto del plan, tal como queda regulado con arreglo al convenio colectivo, tiene en mi opinión lo que el Tribunal de Justicia denominó en el asunto Odar «el efecto de lesionar excesivamente» los intereses legítimos de los trabajadores con discapacidad como el Sr. Bedi. (36)

56.      Habida cuenta de esta conclusión, debo añadir que no creo que pueda prosperar el argumento de Alemania de que el impacto de cualquier discriminación ilícita es, en esencia, un asunto que debe solucionarse al nivel del plan de pensiones nacional. Para cumplir con los requisitos de la Directiva 2000/78, los responsables de la gestión y ejecución del convenio colectivo deben actuar de una manera que no sea constitutiva de una discriminación ilícita. El primer paso obvio en un caso como el presente sería solicitar financiación adicional para eliminar el problema. Dado que en la actualidad deben quedar relativamente pocas personas en la situación del Sr. Bedi, es muy posible que los fondos adicionales estén disponibles. En caso contrario, o si solo existieran fondos para cubrir parte del déficit, la solución alternativa —aunque obviamente menos satisfactoria— sería reasignar las prestaciones bajo el convenio de modo que el plan en su conjunto cumpla con la ley.

57.      De ello se desprende, en mi opinión, que no se puede considerar que las normas nacionales controvertidas cumplan el criterio de la necesidad y, en consecuencia, que no superan el criterio establecido en el artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i), de la Directiva 2000/78.

58.      No se ha sugerido que la excepción adicional establecida en el artículo 2, letra b), inciso ii), de la Directiva, que se aplica únicamente a las personas con discapacidad y no a las restantes categorías de personas que la Directiva pretende proteger, sea relevante en el caso de autos y por lo tanto no la examinaré en más detalle.

59.      Por consiguiente, concluyo que el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de un convenio colectivo en virtud de la cual el derecho a percibir una ayuda de transición calculada sobre la base del salario base convencional y que tiene por objeto proporcionar un medio de vida adecuado a los trabajadores con una larga experiencia profesional que han perdido su puesto de trabajo se extingue, respecto de los trabajadores con discapacidad, al adquirir el trabajador afectado el derecho a percibir una pensión de jubilación anticipada reducida, mientras que i) los miembros del personal que no están afectados por una discapacidad pueden continuar percibiendo la ayuda hasta que adquieren el derecho a la percepción de una pensión de jubilación en la edad normal de jubilación, siendo dicha pensión pagadera por su cuantía íntegra, y ii) no se ofrece al trabajador con discapacidad la opción de continuar percibiendo dicha ayuda hasta alcanzar la edad normal de jubilación, lo que le permitiría continuar activo en el mercado laboral de la misma manera que sus compañeros sin discapacidad, sino que en su lugar se ve obligado a soportar una pérdida económica significativa en caso de que desee seguir estando disponible para trabajar hasta obtener el derecho a cobrar su pensión de jubilación en su cuantía íntegra.

 Conclusión

60.      A tenor de las consideraciones precedentes, sugiero al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Landesarbeitsgericht Hamm (Tribunal Regional de lo Laboral de Hamm, Alemania) de la siguiente manera:

«El artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de un convenio colectivo en virtud de la cual el derecho a percibir una ayuda de transición calculada sobre la base del salario base convencional y que tiene por objeto proporcionar un medio de vida adecuado a los trabajadores con una larga experiencia profesional que han perdido su puesto de trabajo se extingue, respecto de los trabajadores con discapacidad, al adquirir el trabajador de que se trata el derecho a percibir una pensión de jubilación anticipada reducida mientras que i) los miembros del personal que no están afectados por una discapacidad pueden continuar percibiendo la ayuda de transición hasta que adquieren el derecho a la percepción de una pensión de jubilación en la edad normal de jubilación, siendo dicha pensión pagadera por su cuantía íntegra, ii) no se ofrece al trabajador con discapacidad la opción de continuar percibiendo la ayuda de transición hasta alcanzar la edad normal de jubilación, lo que le permitiría continuar activo en el mercado laboral de la misma manera que sus compañeros sin discapacidad, sino que en su lugar se ve obligado a soportar una pérdida económica significativa en caso de que desee seguir estando disponible para trabajar hasta que obtenga el derecho a cobrar su pensión de jubilación en su cuantía íntegra.»


1      Lengua original: inglés.


2      Directiva de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16).


3      El artículo 5 de la Directiva 2000/78 lleva por título «Ajustes razonables para las personas con discapacidad». Obliga a los empresarios a tomar las medidas necesarias para realizar ajustes razonables para las personas con discapacidad en determinadas circunstancias.


4      La lista completa incluye las fuerzas armadas de Bélgica, Canadá, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos.


5      Véase la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Dittrich y otros (C‑124/11, C‑125/11 y C‑143/11, EU:C:2012:771), apartado 31 y la jurisprudencia citada.


6      Véase la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Dittrich y otros (C‑124/11, C‑125/11 y C‑143/11, EU:C:2012:771), apartado 35 y la jurisprudencia citada.


7      Véase la sentencia de 1 de abril de 2008, Maruko (C‑267/06, EU:C:2008:179), apartado 44.


8      Véase la sentencia de 2 de junio de 2016, C (C‑122/15, EU:C:2016:391), apartado 22 y la jurisprudencia citada. Véanse también, por analogía y a contrario, la sentencia de 22 de noviembre de 2012, Elbal Moreno (C‑385/11, EU:C:2012:746), apartado 19 y ss., y mis conclusiones presentadas en el asunto Espadas Recio (C‑98/15, EU:C:2017:223), punto 33 y ss.


9      Véase la sentencia de 2 de junio de 2016, C (C‑122/15, EU:C:2016:391), apartado 23 y la jurisprudencia citada.


10      Véase la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Dittrich y otros (C‑124/11, C‑125/11 y C‑143/11, EU:C:2012:771), apartado 35.


11      Véase la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Dittrich y otros (C‑124/11, C‑125/11 y C‑143/11, EU:C:2012:771), apartados 37 y la jurisprudencia citada, y 39.


12      Véase, en este sentido, la sentencia de 1 de abril de 2008, Maruko (C‑267/06, EU:C:2008:179), apartado 48.


13      En el caso del asunto Dittrich y otros.


14      En el caso del asunto Maruko.


15      Véase la sentencia de 9 de diciembre de 2004, Hlozek (C‑19/02, EU:C:2004:779), apartado 38.


16      Sentencia de 11 de abril de 2013, HK Danmark (C‑335/11 y C‑337/11, EU:C:2013:222), apartado 72.


17      Véase el punto 31 supra.


18      Véase el punto 11 supra.


19      Sentencia de 16 de febrero de 1982 (19/81, EU:C:1982:58).


20      Sentencia de 9 de noviembre de 1993 (C‑132/92, EU:C:1993:868).


21      Sentencia de 9 de diciembre de 2004 (C‑19/02, EU:C:2004:779).


22      Véanse, en este sentido, la sentencia de 16 de febrero de 1982, Burton(19/81, EU:C:1982:58), apartados 15 y 16.


23      Véase la sentencia de 9 de noviembre de 1993, Roberts (C‑132/92, EU:C:1993:868), apartado 23.


24      Véase la sentencia de 9 de diciembre de 2004 (C‑19/02, EU:C:2004:779), apartado 49.


25      Sentencia de 6 de diciembre de 2012 (C‑152/11, EU:C:2012:772).


26      Véanse los apartados 61 y 62 de la sentencia.


27      Véase el apartado 61 de la sentencia.


28      Alemania propone dos motivos adicionales, citando los apartados 29 y 44 de la sentencia de 12 de octubre de 2010, Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08, EU:C:2010:600). Dichos apartados se refieren a los objetivos legítimos que el Tribunal de Justicia ha considerado válidos a los efectos del artículo 6 de la Directiva 2000/78, que establece diversas disposiciones relativas a las diferencias de trato por razón de edad. El caso de autos no se refiere a una discriminación por este motivo. Por esta razón, no seguiré examinando estos motivos adicionales.


29      Véase, inter alia, la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Odar(C‑152/11, EU:C:2012:772), apartado 43.


30      Alemania cita a este respecto las sentencias de 6 de diciembre de 2012, Odar(C‑152/11, EU:C:2012:772), apartado 47 y la jurisprudencia citada, y de 8 de septiembre de 2011, Hennigs y Mai (C‑297/10 y C‑298/10, EU:C:2011:560), apartado 65 y la jurisprudencia citada.


31      Véase, en este sentido, la sentencia de 31 de mayo de 1995, Royal Copenhagen (C‑400/93, EU:C:1995:155), apartado 46.


32      Sentencia de 8 de septiembre de 2011 (C‑297/10 y C‑298/10, EU:C:2011:560), apartado 65.


33      Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Odar(C‑152/11, EU:C:2012:772), apartado 67.


34      Sentencia de 14 de mayo de 1974 (4/73, EU:C:1974:51), apartados 12 a 14.


35      DO 2010, C 83, p. 389.


36      Véase la sentencia de 6 de diciembre de 2012 (C‑152/11, EU:C:2012:772), apartado 70.