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Recurso interpuesto el 29 de junio de 2018 – Comisión Europea / Reino de España

(Asunto C-430/18)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: T. Scharf, J. Rius, G. von Rintelen, agentes)

Demandada: Reino de España

Pretensiones

Que se declare que el Reino de España, al no haber adoptado, antes del 18 de septiembre de 2016, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas1 , o, en todo caso, al no haber notificado la totalidad de esas disposiciones a la Comisión, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 29, apartado 1, de dicha Directiva;

Que se imponga al Reino de España, con arreglo al artículo 260, apartado 3, TFUE, una multa coercitiva diaria de 48.919,20 EUR, con efecto a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia por la que se declara el incumplimiento de la obligación de adoptar o, en todo caso, notificar a la Comisión, las disposiciones necesarias para cumplir la Directiva 2014/92/UE;

Que se condene en costas al Reino de España.

Motivos y principales alegaciones

De conformidad con el artículo 29, apartado 1, de la Directiva 2014/92/UE, los Estados miembros debían adoptar y publicar, a más tardar el 18 de septiembre de 2016, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva, e informar de ello inmediatamente a la Comisión.

Dado que el Reino de España no ha procedido a la transposición completa de la Directiva 2014/92/UE y no ha notificado a la Comisión las medidas de transposición, la Comisión decidió interponer el presente recurso ante el Tribunal de Justicia.

La Comisión propone la imposición al Reino de España del pago de una multa coercitiva diaria de 48.919,20 EUR a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia, calculada atendiendo a la gravedad, a la duración de la infracción y al efecto disuasorio con respecto a la capacidad de pago de dicho Estado miembro.

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1 DO 2014, L 257, p. 214