Language of document : ECLI:EU:T:2018:645

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

de 4 de octubre de 2018 (*)

«Función pública — Funcionarios — Escolaridad — Admisión en centro de tarde — Decisión de matricular a un niño en un centro de tarde distinto de aquel en que estaba matriculado anteriormente — Designación errónea en la demanda de la parte demandada — Inadmisibilidad — Responsabilidad»

En el asunto T‑17/17,

Radu Constantinescu, con domicilio en Kreuzweiler (Alemania), representado por el Sr. S. Rodrigues y la Sra. A. Blot, abogados,

parte demandante,

contra

Parlamento Europeo, representado por las Sras. E. Taneva y L. Deneys, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso basado en el artículo 270 TFUE por el que se solicita, por una parte, la anulación de la decisión de la Oficina de infraestructuras y logística de Luxemburgo (OIL) relativa a la matriculación del hijo del demandante en el centro de tarde de la escuela europea Luxemburgo II — Bertrange-Mamer y, por tanto, a su inadmisión en el centro de tarde de la escuela europea Luxemburgo I — Kirchberg, y de la decisión del Parlamento Europeo de 7 de octubre de 2016 por la que se desestima la reclamación del demandante y, por otra, la indemnización de los perjuicios materiales y morales supuestamente sufridos por el demandante,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. A.M. Collins, Presidente, y los Sres. R. Barents (Ponente) y J. Passer, Jueces;

Secretario: Sra. M. Marescaux, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 8 de marzo de 2018;

dicta la presente

Sentencia

 Antecedentes del litigio

1        El demandante, el Sr. Radu Constantinescu, es funcionario en la Dirección General de Infraestructuras y Logística del Parlamento Europeo y está destinado en Luxemburgo (Luxemburgo). Reside en Kreuzweiler (Alemania).

2        El demandante tiene dos hijos que, en el momento de la interposición del recurso, tenían cuatro y dos años, respectivamente. Ambos estaban inicialmente matriculados en la guardería de las instituciones europeas de Kirchberg, en Luxemburgo.

3        El 12 de enero de 2016, al haber alcanzado entonces el hijo mayor del demandante la edad límite para asistir a la guardería, el demandante se puso en contacto por escrito con la escuela europea Luxemburgo I — Kirchberg (en lo sucesivo, «escuela europea de Kirchberg») con vistas a la matriculación en el Centro Infantil Polivalente (en lo sucesivo, «CIP» o «centro de tarde»). Mediante escrito de 19 de enero de 2016, la escuela europea de Kirchberg respondió que su director y el de la escuela europea Luxemburgo II — Bertrange-Mamer (en lo sucesivo, «escuela europea de Mamer») decidían conjuntamente las nuevas matriculaciones y que las decisiones no se iban a adoptar hasta haber examinado el expediente de matriculación que había que presentar después de las vacaciones de Semana Santa.

4        En mayo de 2016, el demandante tuvo la confirmación de la Oficina de infraestructuras y logística de Luxemburgo (OIL) de la matriculación de su hijo en el CIP, sin precisar el lugar al que sería destinado el niño.

5        El 27 de mayo de 2016, la OIL informó mediante correo electrónico al demandante de que su hijo asistiría al CIP de la escuela europea de Mamer y que, a fin de garantizar la igualdad de trato de todos los niños y padres, no cabían excepciones (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).

6        Mediante escrito de 6 de junio de 2016, el demandante presentó en el Parlamento, en su condición de autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN»), una reclamación contra la decisión de la OIL por la que se negaba a admitir a su hijo en el CIP de la escuela europea de Kirchberg. Al mismo tiempo, presentó una solicitud para que se pidiese dictamen al Comité del CIP.

7        El 29 de agosto de 2016, el demandante informó a la OIL de que su hijo no asistiría al CIP de la escuela europea de Mamer.

8        El 16 de septiembre de 2016, el Comité del CIP informó al demandante de que, después de analizar el expediente, consideraba que el reglamento de admisión y funcionamiento de los establecimientos del CIP se había aplicado correctamente.

9        El 7 de octubre de 2016, el Parlamento desestimó la reclamación del demandante (en lo sucesivo, «decisión desestimatoria de la reclamación»).

 Procedimiento y pretensiones de las partes

10      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 11 de enero de 2017, el demandante interpuso el presente recurso.

11      Mediante escrito de 1 de febrero de 2017, el Parlamento solicitó al Tribunal, sobre la base del artículo 42 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se llamase a la Comisión Europea a la causa, para que la sentencia del Tribunal le fuera íntegra y directamente oponible.

12      El 15 de febrero de 2017, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 89 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal instó al Parlamento a que presentara determinados documentos.

13      El Parlamento respondió el 24 de febrero de 2017 y el demandante presentó sus observaciones el 21 de marzo de 2017.

14      El Parlamento presentó escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal el 6 de abril de 2017.

15      El demandante presentó escrito de réplica y solicitud de adopción de diligencias de ordenación del procedimiento y de diligencias de prueba mediante escrito separado de 7 de junio de 2017, y el 24 de julio de 2017 el Parlamento presentó escrito de dúplica que contenía las observaciones a la solicitud de diligencias de ordenación del procedimiento y de diligencias de prueba.

16      La parte demandante solicita al Tribunal que:

–        Anule la decisión impugnada.

–        Anule la decisión desestimatoria de la reclamación.

–        Le conceda una indemnización por daños y perjuicios en concepto de los perjuicios materiales y morales sufridos.

–        Condene en costas al Parlamento.

17      El Parlamento solicita al Tribunal que:

–        Desestime el recurso por infundado.

–        Condene en costas al demandante.

18      Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Octava) decidió iniciar la fase oral del procedimiento.

19      En la vista de 8 de marzo de 2018 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.

 Fundamentos de Derecho

 Sobre el objeto del recurso

20      Con carácter preliminar, procede señalar que el demandante solicita la anulación de la decisión impugnada y la anulación de la decisión desestimatoria de la reclamación. Procede recordar a este respecto que las pretensiones de anulación dirigidas formalmente contra la decisión desestimatoria de una reclamación tienen como efecto, en el supuesto de que dicha decisión carezca de contenido autónomo, que el Tribunal conozca del acto contra el cual se ha presentado la reclamación (sentencia de 17 de enero de 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, apartado 8). Como en el presente asunto la decisión desestimatoria de la reclamación carece de contenido autónomo, hay que considerar que el recurso se dirige únicamente contra la decisión impugnada. Así puede suceder, en particular, cuando la resolución desestimatoria de la reclamación no proceda de la misma institución que la decisión objeto de la reclamación, siempre que sea meramente confirmatoria de esta y que, por tanto, la anulación de aquella no produzca en la situación jurídica de la persona interesada ningún efecto distinto del derivado de la anulación de esta (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de septiembre de 2011, Adjemian y otros/Comisión, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, apartado 33).

 Sobre la admisibilidad de las pretensiones de anulación

21      Sin plantear formalmente una excepción de inadmisibilidad con arreglo al artículo 130 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el Parlamento alega que no es el autor del acto cuya anulación se solicita.

22      Así, mediante escrito de 1 de febrero de 2017, el Parlamento indicó haber tramitado la reclamación al tener todas las facultades de AFPN con respecto al demandante, incluso en lo relativo al artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»). El Parlamento no delegó esta competencia en la OIL. Sin embargo, el acto cuestionado en la reclamación y cuya anulación se solicita con carácter principal en el recurso procede de la OIL y no del Parlamento.

23      El Parlamento precisa, en su respuesta de 24 de febrero de 2017 al requerimiento del Tribunal de que aportara, por una parte, los actos con arreglo a los cuales pudo actuar como AFPN y, por otra, los actos en virtud de los cuales la Comisión confió a la OIL determinadas tareas ejecutivas, que del apartado X del anexo de la Decisión de la Mesa, de 13 de enero de 2014, sobre delegación de competencias de la AFPN y la autoridad facultada para celebrar los contratos de empleo (en lo sucesivo, «AFCC») resulta que, independientemente de la materia de que se trate, las autoridades del Parlamento tienen la competencia de AFPN en lo relativo a las reclamaciones presentadas por el personal del Parlamento. Por lo que respecta a los litigios relativos a la OIL, el Parlamento no delegó sus facultades de AFPN del artículo 90, apartado 2, del Estatuto ni en la Comisión ni en la OIL y, por tanto, sigue siendo competente para conocer las reclamaciones presentadas en este ámbito.

24      En la vista, el Parlamento también indicó que el recurso era admisible, pero infundado.

25      El demandante, en sus observaciones de 21 de marzo de 2017, comparte la preocupación del Parlamento y precisa que, según el Reglamento del CIP, el Parlamento gestiona la guardería y la Comisión el centro de tarde y el centro de estudios. Por delegación se confía a la OIL la gestión de los centros de tarde por cuenta de todas las instituciones y organismos de la Unión Europea en Luxemburgo. Por último, aduce que el Parlamento nunca ha negado su competencia y es, por tanto, competente para examinar su reclamación, extremo que confirma la lectura de la Decisión de la Mesa del Parlamento relativa a la delegación de facultades de la AFPN y la AFCC.

26      En primer lugar, procede señalar que el artículo 2, apartado 2, del Estatuto dispone que una o varias instituciones podrán encomendar a alguna de ellas o a un organismo interinstitucional el ejercicio de la totalidad o parte de las competencias atribuidas a la AFPN, con la salvedad de las decisiones relativas a nombramientos, promociones y traslados de funcionarios. Además, de conformidad con el artículo 91 bis del Estatuto, los recursos en ámbitos en los que se haya hecho uso de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 serán interpuestos contra la institución de la que dependa la AFPN delegada.

27      En segundo lugar, con arreglo al artículo 1 de la Decisión 2003/524/CE de la Comisión, de 6 de noviembre de 2002, por la que se crea la OIL (DO 2003, L 183, p. 40), esta oficina depende de la Dirección General de Personal y Administración de la Comisión. El artículo 11 de la Decisión 2003/524 establece que «el director de la [OIL] será la [AFPN] de la [OIL], así como la [AFCC], conforme a las disposiciones vigentes en la Comisión y dentro de los límites de las competencias que le confiera la Comisión».

28      En tercer lugar, el artículo 15, apartado 3, de la Decisión 2003/524 indica que, «en aplicación de lo estipulado en el artículo 90 del Estatuto, toda solicitud y reclamación referida a las competencias atribuidas al director de la [OIL] en virtud del artículo 11 de la presente Decisión se presentarán en la DG Personal y Administración» y que «todo posible recurso en este terreno se dirigirá contra la Comisión».

29      En el caso de autos, no se duda de que la decisión impugnada fue adoptada por la OIL. Por otra parte, la lectura combinada de la normativa aplicable y, en particular, del artículo 91 bis del Estatuto permite identificar a la Comisión como parte demandada en caso de recurso contra una decisión de la OIL.

30      Como ya han señalado el Tribunal de Justicia y el Tribunal General en numerosas sentencias, del artículo 2 del Estatuto se deduce, de una parte, que la AFPN actúa en nombre de la institución que la nombró, de forma que los actos relativos a la situación jurídica de los funcionarios y que pueden resultarles lesivos deben atribuirse a la institución en la que se hallan destinados y, de otra, que los posibles recursos ante los tribunales deben ir dirigidos contra la institución que dictó el acto lesivo (sentencias de 19 de marzo de 1964, Schmitz/CEE, 18/63, EU:C:1964:15, p. 163, y de 22 de noviembre de 1990, Mommer/Parlamento, T‑162/89, EU:T:1990:72, apartado 18).

31      Ello queda además confirmado por el propio Parlamento, que indica que la decisión impugnada sí procede de la OIL y no del Parlamento y que, por tanto, hay que llamar a la Comisión a la causa para que la sentencia que se dicte le sea íntegra y directamente oponible.

32      A este respecto, procede precisar que, si bien el artículo 42 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite interponer tercería contra sentencias dictadas, no faculta al Tribunal para llamar a la Comisión.

33      Por otra parte, como declaró el Tribunal de Justicia en relación con su Reglamento de Procedimiento, cuyo tenor es idéntico en este punto al del artículo 76 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la designación en el escrito de demanda, por error, de una parte demandada distinta del autor del acto impugnado no lleva aparejada la inadmisibilidad del recurso si este contiene elementos que permitan identificar sin ambigüedad a la parte frente a la que se interpone, como la designación del acto impugnado y de su autor. En ese caso procede considerar que la parte demandada es el autor del acto impugnado, a pesar de que no aparezca mencionado en la parte introductoria del recurso. Sin embargo, ese supuesto debe distinguirse de aquel en que la parte demandante persiste en la designación de la parte demandada mencionada en la parte introductoria del recurso, con plena consciencia de que esta no es la autora del acto impugnado. En este último caso, es preciso tomar en consideración a la parte demandada designada en el recurso y, en su caso, extraer consecuencias de esa designación en cuanto a la admisibilidad del recurso (véase el auto de 16 de octubre de 2006, Aisne y Nature/Comisión, T‑173/06, no publicado, EU:T:2006:320, apartados 17 y 18 y jurisprudencia citada).

34      A este respecto, el demandante indicó, en especial en sus observaciones presentadas el 21 de marzo de 2017 (véase el apartado 13 anterior), que «solo [cabía] señalar —y lamentar— la imprecisión que parec[ía] rodear a la cuestión de la AFPN competente en la materia, dado que el Parlamento Europeo y la Comisión no parec[ían] darle la misma respuesta», que «dirig[ió] su reclamación al Secretario General del Parlamento Europeo en su condición de AFPN, que no ha negado nunca su competencia en la materia» y que «manten[ía] que el Parlamento Europeo era de hecho la autoridad competente para examinar su reclamación».

35      De cuanto precede resulta que las pretensiones de anulación son inadmisibles puesto que no se han interpuesto contra la Comisión.

 Sobre las pretensiones de indemnización

36      De conformidad con reiterada jurisprudencia en materia de función pública, si una pretensión de indemnización presenta estrechos vínculos con una pretensión de anulación, la desestimación de esta, sea por inadmisible, sea por infundada, también conlleva la desestimación de la pretensión de indemnización (véase la sentencia de 30 de septiembre de 2003, Martínez Valls/Parlamento, T‑214/02, EU:T:2003:254, apartado 43 y jurisprudencia citada).

37      En el caso de autos, las pretensiones de anulación presentan tales vínculos con las pretensiones de indemnización.

38      Al haber sido desestimadas las pretensiones de anulación, las pretensiones de indemnización deben serlo también.

39      De todo lo anterior se deduce que ha de desestimarse el recurso en su totalidad.

 Costas

40      Con arreglo al artículo 134 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. No obstante, en virtud del artículo 135, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, podrá imponerse una condena en costas parcial o total a una parte, aunque sea la vencedora, si así lo justificase su actitud, incluso con anterioridad a la interposición del recurso.

41      De la fundamentación expuesta en la presente sentencia resulta que el demandante ha visto desestimadas las pretensiones que formuló en su recurso. Además, en sus pretensiones, el Parlamento solicitó expresamente la condena en costas del demandante.

42      No obstante, de la presente sentencia se desprende que el hecho de que, por una parte, el Parlamento se haya declarado competente para conocer la reclamación del demandante pese a que la misma se había interpuesto contra un acto de la OIL (véase el apartado 22 anterior) y, por otra, que en ningún momento haya llamado la atención del demandante sobre el hecho de que no era el autor de la decisión impugnada demuestra una mala administración por parte del Parlamento y pudo inducir a error al demandante e incitarle a interponer el presente recurso únicamente contra el Parlamento.

43      En consecuencia, el Tribunal estima que se hará una justa apreciación de las circunstancias del caso de autos si, con arreglo al artículo 135, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, se decide que el Parlamento cargue, además de con sus propias costas, con las del demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

decide:

1)      Desestimar el recurso.

2)      Condenar en costas al Parlamento Europeo.

CollinsBarentsPasser

Firmas


*      Lengua de procedimiento: francés.