Language of document : ECLI:EU:C:2018:715

Asunto C‑358/16

UBS Europe SE y Alain Hondequin et consorts

contra

DV y otros

[Petición de decisión prejudicial, planteada por la Cour administrative (Luxemburgo)]

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Directiva 2004/39/CE — Artículo 54, apartados 1 y 3 — Alcance de la obligación de secreto profesional que corresponde a las autoridades nacionales de supervisión financiera — Resolución por la que se declara la pérdida de honorabilidad profesional — Supuestos contemplados por el Derecho penal — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 47 y 48 — Derecho de defensa — Acceso al expediente»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 13 de septiembre de 2018

1.        Derecho de la Unión Europea — Principios — Derecho de defensa — Derecho de acceso al expediente — Límites — Conciliación con la protección de la confidencialidad

(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)

2.        Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Mercados de instrumentos financieros — Directiva 2004/39/CE — Autoridades nacionales de supervisión financiera — Obligación de secreto profesional — Excepción referida a los supuestos contemplados por el Derecho penal — Ámbito de aplicación — Prohibición impuesta por una autoridad nacional que impide a una persona ejercer sus funciones de administrador en una entidad supervisada — Exclusión — Denegación de entrega de información por parte de dicha autoridad a una persona afectada por un acto lesivo — Obligaciones del órgano jurisdiccional nacional con objeto de garantizar el derecho de defensa de esta persona

(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 47 y 48; Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 54, ap. 1)

1.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 66 a 69)

2.      El artículo 54 de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que:

–        La expresión «supuestos contemplados por el Derecho penal», que figura en los apartados 1 y 3 de dicho artículo, no incluye la situación en la que las autoridades nombradas por los Estados miembros para el cumplimiento de esta Directiva adoptan una medida, como la que es objeto del litigio principal, por la que se prohíbe a una persona ejercer en una empresa supervisada la función de administrador u otra función cuyo ejercicio esté supeditado a la obtención de una autorización, con orden de renunciar a todas sus funciones a la mayor brevedad, debido a que dicha persona ya no cumple los requisitos de honorabilidad profesional establecidos en el artículo 9 de dicha Directiva, que forma parte de las medidas que las autoridades competentes deben adoptar al ejercer las competencias de que son titulares en virtud de lo dispuesto en el título II de la misma Directiva. En efecto, dicho precepto, al establecer que la obligación de secreto profesional, con carácter excepcional, puede descartarse en tales casos, se refiere a la transmisión o utilización de información confidencial destinada a las actuaciones emprendidas, así como a las sanciones impuestas, de conformidad con el Derecho penal nacional.

–        La obligación de guardar secreto profesional establecida en el apartado 1 de dicho artículo, en relación con los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe garantizarse y aplicarse de tal modo que sea compatible con el respeto del derecho de defensa. Por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente, cuando una autoridad competente invoca dicha obligación para denegar la entrega de información en su poder que no figura en el expediente relativo a la persona afectada por un acto lesivo, comprobar si dicha información tiene un vínculo objetivo con los cargos formulados contra ella y, en caso afirmativo, ponderar el interés legítimo de la persona de que se trata en disponer de la información necesaria para poder ejercitar plenamente el derecho de defensa y los intereses ligados al mantenimiento de la confidencialidad de la información amparada por la obligación de secreto profesional, antes de resolver si procede la entrega de cada uno de los datos solicitados.

(véanse el apartado 71 y el fallo)