Language of document : ECLI:EU:C:2018:863

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. YVES BOT

presentadas el 25 de octubre de 2018 (1)

Asunto C579/17

BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse

y

Gradbeništvo Korana d.o.o.

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunal de lo Laboral y Social de Viena, Austria)]

«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Artículo 53 — Expedición del certificado — Procedimiento administrativo o jurisdiccional»






1.        La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (2)

2.        Dicha petición se presentó en el marco de un procedimiento iniciado a instancia del Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse (Caja de vacaciones remuneradas y de indemnizaciones por extinción de la relación laboral de los trabajadores de la construcción, Austria) (3) que tiene por objeto la expedición de un certificado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento n.o 1215/2012, a efectos de la ejecución de una sentencia firme dictada en rebeldía contra la sociedad Gradbeništvo Korana d.o.o., establecida en Eslovenia.

3.        En virtud de los artículos 37 y 42 del Reglamento n.o 1215/2012, la presentación de dicho certificado es obligatoria a efectos del reconocimiento y de la ejecución en un Estado miembro de resoluciones dictadas en otro Estado miembro. Este documento ratifica, sin necesidad de un procedimiento especial previo, el carácter ejecutivo de dichas resoluciones judiciales y se ha concebido como una reproducción de estas en forma de extractos para favorecer su libre circulación y su ejecución directa.

4.        Dadas estas circunstancias, como ha señalado la Comisión Europea, la admisibilidad de la cuestión prejudicial depende del carácter administrativo o jurisdiccional de las funciones que ejerce el órgano jurisdiccional de origen en la fase de expedición de dicho certificado.

5.        Esta cuestión jurídica sobre la aplicación del artículo 53 del Reglamento n.o 1215/2012 es novedosa, a diferencia de la planteada por el Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunal de lo Laboral y Social de Viena, Austria), órgano jurisdiccional remitente, en relación con la calificación del litigio con objeto de determinar si se halla o no comprendido en el ámbito de la «materia civil y mercantil». Dado que esta última cuestión no presenta ninguna dificultad específica a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en las presentes conclusiones se analizará exclusivamente la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial, la cual debe ser verificada por el Tribunal de Justicia antes de proceder al examen sobre el fondo.

6.        Tras mi análisis, propondré al Tribunal de Justicia que declare que, en caso de incertidumbre sobre la aplicabilidad del Reglamento n.o 1215/2012, la expedición del certificado de conformidad con el artículo 53 de dicho Reglamento requiere un examen jurisdiccional, en el marco del cual el órgano jurisdiccional nacional está facultado para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia y, en consecuencia, que declare la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

I.      Marco jurídico

A.      Derecho de la Unión

7.        Los considerandos 1, 4, 6, 26, 29 y 32 del Reglamento n.o 1215/2012 disponen:

«(1)      El 21 de abril de 2009, la Comisión adoptó un informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. [(4)] En dicho informe se concluía que, en general, el funcionamiento del citado Reglamento es satisfactorio, pero que es deseable mejorar la aplicación de algunas de sus disposiciones, facilitar en mayor medida la libre circulación de las resoluciones judiciales y mejorar el acceso a la justicia. Debiéndose llevar a cabo una serie de modificaciones, conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a la refundición del mencionado Reglamento.

[…]

(4)      Ciertas diferencias en las normas nacionales sobre competencia judicial y reconocimiento de las resoluciones judiciales hacen más difícil el buen funcionamiento del mercado interior. Son indispensables, por consiguiente, disposiciones mediante las que se unifiquen las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil, y se garanticen un reconocimiento y una ejecución rápidos y simples de las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro.

[…]

(6)      Para alcanzar el objetivo de la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, es necesario y oportuno que las normas relativas a la competencia judicial y al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones judiciales se establezcan en un instrumento jurídico de la Unión vinculante y directamente aplicable.

[…]

(26)      La confianza recíproca en la administración de justicia dentro de la Unión justifica el principio de que las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro sean reconocidas en todos los Estados miembros sin necesidad de procedimiento especial alguno. Además, la voluntad de reducir la duración y los costes de los litigios transfronterizos justifica la supresión de la declaración de fuerza ejecutiva previa a la ejecución en el Estado miembro requerido. Como consecuencia de ello, cualquier resolución dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro debe ser tratada como si se hubiera dictado en el Estado miembro requerido.

[…]

(29)      La ejecución directa en el Estado miembro requerido de una resolución dictada en otro Estado miembro sin la declaración de fuerza ejecutiva no debe comprometer el respeto de los derechos de la defensa. Por consiguiente, la persona contra la que se inste la ejecución debe poder oponerse al reconocimiento o a la ejecución de la resolución si considera que concurre uno de los motivos para denegar el reconocimiento de la misma. Entre estos debe incluirse el hecho de no haber tenido la oportunidad de defenderse en caso de que la resolución se haya dictado en rebeldía en el marco de una acción civil vinculada a un proceso penal. […]

[…]

(32)      Con el fin de informar de la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro a la persona contra la cual se insta esa ejecución, debe notificarse a dicha persona el certificado establecido en virtud del presente Reglamento, acompañado, si procede, de la resolución, con una antelación razonable respecto de la primera medida de ejecución. En este contexto se debe considerar que la primera medida de ejecución es la primera después de dicha notificación.»

8.        El capítulo I de dicho Reglamento, titulado «Ámbito de aplicación y definiciones», incluye el artículo 1, que establece:

«1.      El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No se aplicará, en particular, a las materias fiscal, aduanera ni administrativa, ni a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (acta iure imperii).

2.      Se excluirán del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

[…]

c)      la seguridad social;

[…]».

9.        El artículo 28 del citado Reglamento dispone lo siguiente en sus apartados 1 y 2:

«1.      Cuando una persona domiciliada en un Estado miembro sea demandada ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro y no comparezca, dicho órgano jurisdiccional se declarará de oficio incompetente si su competencia no se fundamenta en lo dispuesto en el presente Reglamento.

2.      Este órgano jurisdiccional estará obligado a suspender el procedimiento en tanto no se acredite que el demandado ha podido recibir el escrito de demanda o documento equivalente con tiempo suficiente para defenderse o que se ha tomado toda diligencia a tal fin.»

10.      Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37, apartado 1, del mismo Reglamento, que figura en la sección 1, titulada «Reconocimiento», del capítulo III, relativo al «reconocimiento y ejecución [de las resoluciones dictadas en un Estado miembro]»:

«La parte que desee invocar en un Estado miembro una resolución dictada en otro Estado miembro deberá presentar:

a)      una copia de la resolución, que reúna los requisitos necesarios para ser considerada auténtica, y

b)      el certificado expedido conforme a lo dispuesto en el artículo 53.»

11.      En la sección 2 de ese capítulo III, titulada «Ejecución», el artículo 39 establece:

«Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva en él gozarán también de esta en los demás Estados miembros sin necesidad de una declaración de fuerza ejecutiva.»

12.      A tenor del artículo 42, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012:

«A efectos de la ejecución en un Estado miembro de una resolución dictada en otro Estado miembro, el solicitante facilitará a las autoridades de ejecución competentes:

a)      una copia de la resolución, que reúna los requisitos necesarios para ser considerada auténtica, y

b)      el certificado expedido conforme al artículo 53, que acredite que la resolución tiene fuerza ejecutiva y que contenga un extracto de la resolución, así como, en su caso, información pertinente sobre las costas impuestas en el procedimiento y el cálculo de los intereses.»

13.      Según el artículo 43, apartado 1, de dicho Reglamento:

«Cuando se inste la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro, el certificado expedido conforme al artículo 53 se notificará a la persona contra quien se insta la ejecución antes de la primera medida de ejecución. El certificado deberá ir acompañado de la resolución si esta todavía no se le ha notificado a dicha persona.»

14.      Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento n.o 1215/2012, que figura en la sección 4, titulada «Disposiciones comunes»:

«A petición de cualquier parte interesada, el órgano jurisdiccional de origen expedirá un certificado utilizando el modelo de formulario que figura en el anexo I.» (5)

B.      Derecho austriaco

15.      Dado el objeto de las presentes conclusiones, esta exposición se limita a las disposiciones de procedimiento.

16.      En virtud de un auto de 17 de septiembre de 2015 del Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria), (6) dictado sobre la base del Reglamento n.o 44/2001, (7) el artículo 7a, apartado 1, (8) del Gesetz über das Exekutions- und Sicherungsverfahren (Exekutionsordnung) (Código de Procedimientos de Ejecución), (9) en su versión modificada, se aplica a los certificados establecidos en el artículo 54 del Reglamento n.o 44/2001. De acuerdo con esta disposición, el órgano jurisdiccional que conoce en primera instancia es competente para expedir dicho certificado.

17.      De conformidad con el artículo 16, apartado 7, de la Bundesgesetz betreffend die Besorgung gerichtlicher Geschäfte durch Rechtspfleger (Rechtspflegergesetz) [Ley federal relativa a los cometidos de los auxiliares de justicia (Ley de los Auxiliares de Justicia)], (10) de 12 de diciembre de 1985, el Rechtspfleger (auxiliar de justicia) es el encargado de esta tarea.

18.      Según el apartado 7 del auto del Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal), el procedimiento para expedir el certificado a que se refiere el artículo 54 del Reglamento n.o 44/2001 se rige, en principio, por las normas del procedimiento principal. Además, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) declaró en ese mismo apartado que no era aplicable el artículo 84, apartado 1, de la EO (actualmente artículo 411, apartado 1), que establece un procedimiento contradictorio.

19.      De conformidad con el artículo 7, apartado 3, de la EO, es posible interponer un recurso para revocar certificados expedidos de forma ilegal o por error.

II.    Hechos del litigio principal y cuestión prejudicial

20.      La BUAK es un organismo colectivo de Derecho público austriaco con sede en Viena (Austria) cuya misión es percibir los recursos destinados al pago de retribuciones en concepto de vacaciones remuneradas y de indemnizaciones por extinción de la relación laboral de los trabajadores del sector de la construcción, en virtud de la Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 1972 (Ley sobre vacaciones remuneradas e indemnizaciones por extinción de la relación laboral de los trabajadores de la construcción), (11) de 23 de noviembre de 1972, en su versión modificada. (12)

21.      Gradbeništvo Korana, con domicilio social en Eslovenia, es una empresa que ha desplazado a trabajadores a Austria para realizar determinadas tareas de construcción.

22.      El 18 de octubre de 2016, la BUAK presentó ante el Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunal de lo Laboral y Social de Viena) una demanda contra Gradbeništvo Korana para que, con carácter principal, le abonara 38 477,50 euros en concepto de contribución complementaria adeudada por dicha sociedad, en virtud de la sección VIb de la BUAG, por los días de trabajo desempeñados por un número significativo de obreros de la construcción desplazados a Austria durante un período comprendido entre febrero y junio de 2016.

23.      Mediante sentencia de 28 de abril de 2017, dictada en rebeldía puesto que Gradbeništvo Korana no compareció en la audiencia preliminar que tuvo lugar ese mismo día, el Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunal de lo Laboral y Social de Viena) estimó íntegramente la demanda de la BUAK y fijó un plazo de quince días para que la sociedad demandada procediera a su cumplimiento voluntario. Dicha sentencia, notificada a Gradbeništvo Korana con efectos a partir del 21 de junio de 2017, adquirió —al no mediar recurso— fuerza de cosa juzgada. (13)

24.      A efectos de la ejecución forzosa de dicha sentencia, el 31 de julio de 2017 la BUAK presentó ante el mismo órgano jurisdiccional una solicitud de expedición de un certificado en virtud del artículo 53 del Reglamento n.o 1215/2012.

25.      En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la aplicabilidad de dicho Reglamento, que depende de si el procedimiento en el que recayó la sentencia del 28 de abril de 2017 está comprendido en la materia civil y mercantil en el sentido de artículo 1, apartado 1, del mencionado Reglamento.

26.      El órgano jurisdiccional remitente considera que determinadas circunstancias podrían atribuir al procedimiento carácter de procedimiento de Derecho público, aunque la BUAK no está facultada para expedir títulos ejecutivos en lo que respecta al desplazamiento de trabajadores, como sí sucede en las situaciones puramente internas, y debe someter el asunto del cobro de las contribuciones complementarias al Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunal de lo Laboral y Social de Viena), cuya competencia es exclusiva.

27.      El órgano jurisdiccional remitente también señala que, en una sentencia de 19 de noviembre de 2014, (14) el Tribunal fédéral (Tribunal Federal, Suiza) analizó un procedimiento similar basado en la sección VIb de la BUAG y declaró que, debido a la relación de subordinación existente entre el empleador y la BUAK, esta ejerce prerrogativas de poder público, por lo que dicho procedimiento no se hallaba comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 1 del Convenio de Lugano. (15)

28.      En estas circunstancias, el Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunal de lo Laboral y Social de Viena) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 1 del [Reglamento n.o 1215/2012] en el sentido de que están comprendidos en la “materia civil y mercantil”, sujeta al citado Reglamento, los procedimientos mediante los que la [BUAK] reclama a empresarios contribuciones complementarias por el desplazamiento a Austria de trabajadores sin centro de trabajo habitual en Austria con el fin de desarrollar allí su trabajo o con motivo de una cesión de trabajadores, o a empresarios con domicilio fuera de Austria por la contratación de trabajadores con centro de trabajo habitual en Austria, siendo así que las reclamaciones de contribuciones complementarias de la BUAK se basan en relaciones laborales de Derecho privado y están dirigidas a cubrir los derechos de los trabajadores a vacaciones y la retribución de las mismas en virtud de sus relaciones laborales de Derecho privado con los empresarios, pero

–        tanto el importe de los derechos que los trabajadores tienen frente a la BUAK a la retribución de las vacaciones como el importe de las reclamaciones de contribuciones complementarias de la BUAK frente a los empresarios se fijan mediante reglamento de un ministro federal, y no por contrato o convenio colectivo;

–        las contribuciones complementarias que adeudan los empresarios a la BUAK, además de cubrir el coste de la retribución de las vacaciones que se ha de abonar a los trabajadores, también sirven para cubrir los costes administrativos de la BUAK, y

–        a la hora de cobrar y ejecutar sus créditos relativos a dichas contribuciones complementarias, la BUAK goza por ley de facultades más amplias que las que corresponden a los particulares, puesto que:

–        los empresarios están obligados, so pena de multa, a presentar a la BUAK partes ocasionales y mensuales, utilizando las vías de comunicación establecidas por esta, a colaborar y someterse a las medidas de control de la BUAK, a permitirle acceder a la documentación salarial, empresarial y de otro tipo y a facilitarle información, y

–        en caso de incumplimiento de las obligaciones de información por parte de los empresarios, la BUAK tiene derecho a liquidar las contribuciones complementarias adeudadas por los empresarios basándose en sus propias averiguaciones, asistiendo en tal caso a la BUAK el derecho a las contribuciones complementarias por el importe calculado por la BUAK, con independencia de las circunstancias reales del desplazamiento de los trabajadores o del empleo?»

29.      El 5 de julio de 2018, se informó al Tribunal de Justicia de que se había incoado un procedimiento de insolvencia contra Gradbeništvo Korana y de que el órgano jurisdiccional remitente mantenía la petición de decisión prejudicial. (16)

III. Análisis

30.      Mediante sus observaciones escritas, la Comisión invita al Tribunal de Justicia a pronunciarse —por primera vez en lo que respecta al procedimiento de expedición del certificado conforme al artículo 53 del Reglamento n.o 1215/2012— sobre la admisibilidad de la cuestión prejudicial, a la luz del artículo 267 TFUE, la cual depende de la calificación de las funciones que ejerce el órgano remitente.

31.      La Comisión afirma que el órgano jurisdiccional de origen, encargado de la expedición del certificado a que se refiere el artículo 53 del Reglamento n.o 1215/2012, actúa como órgano jurisdiccional en prolongación del procedimiento que dio lugar a la resolución que ha de ejecutarse y que es competente para pronunciarse sobre la cuestión de la aplicabilidad de este Reglamento en dicha fase, dado que esa cuestión no se pudo resolver en la fase de enjuiciamiento. La Comisión invoca la lógica y la finalidad del citado Reglamento, así como las circunstancias específicas del asunto, como es la falta de oposición del demandado, para concluir que el Tribunal de Justicia es competente para responder a la cuestión prejudicial planteada.

32.      Para comprobar si en el litigio principal concurren los requisitos de admisibilidad de la cuestión prejudicial, conviene referirse, en primer lugar, a los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en la materia y, más concretamente, en el marco del examen de la admisibilidad de una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano encargado de la certificación de una resolución judicial como título ejecutivo europeo. (17)

33.      El Tribunal de Justicia ha recordado, por un lado, que «según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si bien el artículo 267 TFUE no supedita la remisión del asunto al Tribunal de Justicia al carácter contradictorio del procedimiento en el que el juez nacional formula la cuestión prejudicial, los órganos jurisdiccionales nacionales solo pueden pedir a aquel Tribunal que se pronuncie si ante ellos está pendiente un litigio y si deben adoptar su resolución en un procedimiento que concluya con una decisión de carácter jurisdiccional». (18)

34.      Por otro lado, ha aclarado una vez más que, «aunque la expresión “emitir su fallo”, en el sentido del artículo 267 TFUE, párrafo segundo, hace referencia a la totalidad del procedimiento en el que recae la sentencia del órgano jurisdiccional remitente, tal concepto debe ser objeto de una interpretación amplia, a fin de evitar que numerosas cuestiones procesales sean consideradas inadmisibles y no puedan ser objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia ni este pueda pronunciarse sobre la interpretación de cualquier disposición del Derecho de la Unión que deba aplicar el órgano jurisdiccional remitente». (19)

35.      En segundo lugar, debe ponerse en relación con dos de las anteriores resoluciones del Tribunal de Justicia sobre los certificados expedidos de conformidad con los Reglamentos n.os 44/2001 y 805/2004.

36.      En la sentencia de 16 de junio de 2016, Pebros Servizi, (20) dictada sobre la base de los principios expuestos anteriormente, el Tribunal de Justicia declaró que «la certificación de una resolución judicial como título ejecutivo europeo constituye un acto de carácter jurisdiccional», (21) confirmando así el criterio adoptado en la sentencia de 17 de diciembre de 2015, Imtech Marine Belgium. (22)

37.      Por el contrario, de la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Trade Agency, (23) dictada por el Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento de recurso contra el otorgamiento de la ejecución de una resolución judicial dictada en rebeldía en el Estado miembro de origen y acompañada de la certificación prevista en el artículo 54 del Reglamento n.o 44/2001, (24) se puede inferir que la expedición de dicho certificado no requiere de un examen jurisdiccional. El Tribunal de Justicia consideró que «en la medida en que el tribunal […] no es necesariamente el órgano que dictó la resolución cuya ejecución se solicita, los datos [de hecho] que contiene la certificación solo pueden tener un carácter puramente indicativo, ya que tiene un valor de mera información». (25)

38.      De estas resoluciones se desprende que los elementos pertinentes para calificar las funciones que el órgano jurisdiccional de origen ejerce en el momento de la expedición del certificado mencionado en el artículo 53 del Reglamento n.o 1215/2012 no deben extraerse solo del tenor literal de las disposiciones aplicables, sino también del sistema establecido por dicho Reglamento y de los objetivos que persigue.

39.      El análisis de dichos elementos nos lleva a considerar que, a pesar de que existen ciertos puntos de convergencia entre el Reglamento n.o 1215/2012 y los Reglamentos n.os 44/2001 y 805/2004, ninguna de las soluciones anteriormente adoptadas por el Tribunal de Justicia resulta directamente aplicable.

40.      En efecto, en primer lugar procede señalar que el tenor literal del artículo 53 del Reglamento n.o 1215/2012 es diferente al del artículo 54 del Reglamento n.o 44/2001, al que corresponde. Mientras que este último establecía que «el tribunal o la autoridad competente del Estado miembro en el que se hubiere dictado una resolución expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, una certificación conforme al formulario normalizado que figura en el anexo V [de este] Reglamento», (26) el artículo 53 establece que el certificado lo expedirá el «órgano jurisdiccional de origen».

41.      Además, el procedimiento de expedición, por dicho órgano jurisdiccional, del certificado que acredita el carácter ejecutivo de la resolución judicial (27) debe distinguirse del procedimiento de certificación de una resolución judicial como título ejecutivo europeo. (28) Estos términos, que figuran en los Reglamentos n.os 805/2004 y 1215/2012, ponen de manifiesto una diferencia significativa entre ambos procedimientos. En efecto, de conformidad con los artículos 6, apartado 1, y 9 del Reglamento n.o 805/2004, la certificación de la resolución judicial sobre un crédito no impugnado ante el órgano jurisdiccional de origen como título ejecutivo precede al acto formal de expedición del certificado, como ha señalado el Tribunal de Justicia. (29)

42.      Por último, es esencial tener en cuenta que, si bien el Reglamento n.o 805/2004 también establece el principio de la supresión del exequatur, es el Reglamento n.o 1215/2012 el que generaliza tal principio sin requisito previo. Esta importante innovación, a la que favoreció la refundición del Reglamento n.o 44/2001, el cual había simplificado la declaración de fuerza ejecutiva, se deriva del establecimiento del principio de la fuerza ejecutiva inmediata (30) en el artículo 39 del Reglamento n.o 1215/2012. Dicha disposición debe leerse a la luz del considerando 26 de este Reglamento, según el cual «cualquier resolución dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro debe ser tratada como si se hubiera dictado en el Estado miembro requerido».

43.      Por ello, para la ejecución en un Estado miembro de una resolución judicial dictada en otro Estado miembro basta, en virtud del artículo 42 del Reglamento n.o 1215/2012, con presentar una copia de dicha resolución y el certificado previsto en el artículo 53 del mismo Reglamento.

44.      Este certificado constituye, pues, la base principal para la aplicación del principio de ejecución directa de las resoluciones dictadas en los Estados miembros. En otras palabras, sin ese documento la resolución judicial no es «apta para circular libremente por el espacio judicial europeo», (31) lo que no ocurría en el sistema establecido por el Reglamento n.o 44/2001. (32)

45.      De este modo, para facilitar la comprensión de la resolución judicial que ha de ejecutarse, el certificado se ha concebido como su sustituto, (33) sin que su traducción (34) —ni siquiera la de la resolución que debe ejecutarse— se exija en todos los casos. (35)

46.      La eficacia de este sistema, que ha justificado la adición de numerosos apartados en el certificado, se basa en la calidad de las comprobaciones que incumben al órgano jurisdiccional de origen en la fase de enjuiciamiento, las cuales posteriormente servirán de base para la expedición del certificado. El juez competente en el Estado miembro requerido no ejercerá ningún control. En el caso de petición de ejecución, solo la persona contra la que esta se haya formulado puede someter el asunto a dicho órgano jurisdiccional con el fin de que se pronuncie sobre los motivos para denegar el reconocimiento (36) o la ejecución (37) alegados. Es precisamente por la existencia de esa facultad por lo que el certificado previsto en el artículo 53 del Reglamento n.o 1215/2012 se notifica al interesado antes de que se efectúe cualquier acto de ejecución, de conformidad con el artículo 43 de dicho Reglamento.

47.      En esas circunstancias, la función del órgano jurisdiccional de origen ante el que se presente una solicitud de expedición del certificado consiste, principalmente, en reproducir las indicaciones que figuran en la resolución judicial que ha de ejecutarse. (38) No comprueba si se cumplen determinados requisitos que justifican la supresión del exequatur, como ocurría al aplicar instrumentos anteriores, (39) en los que la falta de exequatur estaba vinculada bien a la comprobación de la existencia de garantías particulares, (40) bien a la tramitación del procedimiento según las reglas específicas establecidas por determinados Reglamentos. (41)

48.      Por tanto, cuando se presenta una solicitud de expedición del certificado conforme al artículo 53 del Reglamento n.o 1215/2012 caben dos posibilidades.

49.      Si el órgano jurisdiccional de origen se considera competente para expedir el certificado puesto que la resolución judicial que ha de ejecutarse contiene todos los datos necesarios, dicha expedición no reviste carácter jurisdiccional. Aun cuando el citado certificado constituye un elemento esencial en el proceso de ejecución de una resolución judicial, establecido por el Reglamento n.o 1215/2012, su naturaleza no difiere, en tal caso, de la que el Tribunal de Justicia atribuye al certificado contemplado en el artículo 54 del Reglamento n.o 44/2001. (42)

50.      Además, dado que el artículo 53 del Reglamento n.o 1215/2012 no especifica qué órgano jurisdiccional de origen concreto es competente para expedir dicho certificado, (43) este puede ser expedido incluso por un órgano no jurisdiccional. En este supuesto no se plantea la cuestión de si puede presentarse una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia.

51.      Por el contrario, cuando, como ocurre en el presente asunto, el órgano jurisdiccional de origen no se ha pronunciado, en la fase del enjuiciamiento, (44) sobre la aplicabilidad del Reglamento n.o 1215/2012 (45) y no resulta evidente que el litigio esté comprendido en el ámbito de aplicación de este último, dicho órgano jurisdiccional debe realizar necesariamente un examen jurisdiccional de acuerdo con las normas procesales nacionales, bien cuando resuelve la solicitud de expedición del certificado, bien en fase de recurso, (46) una vez denegada la expedición del mismo.

52.      En este supuesto, el órgano jurisdiccional de origen no completa ni interpreta la resolución dictada, como debería hacer para poder cumplimentar determinados apartados del certificado en caso de que la resolución fuera incompleta o imprecisa. (47) Al verificar si es competente para expedir el certificado, su actuación se enmarca en la continuidad del procedimiento, en una fase cuyo objeto es garantizar la fuerza ejecutiva inmediata de la resolución judicial dictada. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional de origen debe tomar una decisión que justifique que pueda plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, de acuerdo con una interpretación extensiva del concepto de «procedimiento que concluya con una decisión de carácter jurisdiccional». (48) Y es que la seguridad jurídica y la pronta ejecución de la resolución judicial dictada en el Estado miembro de origen dependen en gran medida de ello.

53.      En mi opinión, este supuesto debe ponerse en relación con aquel en el que el órgano jurisdiccional de origen tiene que interpretar el sentido de determinados apartados del certificado teniendo en cuenta las particularidades de su Derecho nacional, (49) o pronunciarse sobre la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del fondo del asunto en caso de una resolución mediante la que se establece una medida provisional o cautelar. (50) El órgano jurisdiccional de origen ejerce entonces funciones jurisdiccionales que también justifican que esté facultado para plantear una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia.

54.      Sin embargo, en mi opinión, dicha calificación de órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 267 TFUE debe conservar su carácter excepcional. En efecto, no ha de «iniciar un nuevo proceso» (51) en la fase de la ejecución de la resolución judicial, so pena de poner en riesgo la finalidad del Reglamento n.o 1215/2012 y de vulnerar los derechos del deudor. (52) De hecho, es preciso recordar que el procedimiento de expedición del certificado no reviste carácter contradictorio. Además, el deudor al que se haya notificado el certificado (53) solo puede interponer un recurso contra los efectos del certificado dentro de los límites de los motivos establecidos en el artículo 45 (54) del Reglamento n.o 1215/2012. Pues bien, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dichos motivos han de interpretarse en sentido estricto al objeto de que el demandado al que se le ha notificado debidamente el procedimiento no pueda, en esta fase del mismo, oponer motivos tales como la aplicabilidad de dicho Reglamento, es decir, motivos que podría haber alegado ante el órgano jurisdiccional que conoció del fondo de asunto o mediante la interposición de recursos. (55)

55.      Del conjunto de consideraciones expuestas se deduce que el órgano jurisdiccional de origen, ante el que se presentó una solicitud de expedición del certificado al que hace referencia el artículo 53 del Reglamento n.o 1215/2012 y que duda de la aplicabilidad de este Reglamento a falta de decisión sobre este aspecto, está facultado para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia.

56.      En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que declare que, en caso de incertidumbre sobre la aplicabilidad del Reglamento n.o 1215/2012, la expedición del certificado conforme al artículo 53 de dicho Reglamento requiere un examen jurisdiccional, en el marco del cual el órgano jurisdiccional nacional está facultado para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, y que, por consiguiente, declare la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

IV.    Conclusión

57.      Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que declare:

«En caso de incertidumbre sobre la aplicabilidad del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, la expedición del certificado conforme al artículo 53 de dicho Reglamento requiere un examen jurisdiccional, en el marco del cual el órgano jurisdiccional nacional está facultado para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, y que, por consiguiente, declare la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunal de lo Laboral y Social de Viena, Austria).»


1      Lengua original: francés.


2      DO 2012, L 351, p. 1.


3      En lo sucesivo, «BUAK».


4      DO 2001, L 12, p. 1.


5      Sobre la diferencia entre la redacción de dicho artículo y la del artículo 54 del Reglamento n.o 44/2001, véase el punto 40 de las presentes conclusiones.


6      Auto n.o 3Ob152/15x.


7      Según tengo entendido, no se ha adoptado ningún nuevo auto sobre la base del Reglamento n.o 1215/2012.


8      Aplicable en la fecha de los hechos; actualmente artículo 419, apartado 1.


9      RGBl. 79/1896; en lo sucesivo, «EO».


10      BGBl. 560/1985.


11      BGBl. 414/1972; en lo sucesivo, «BUAG».


12      BGBl. I 72/2016.


13      No obstante el principio establecido en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012, en la resolución de remisión no se indica si se comprobó que la demandada tenía conocimiento del procedimiento en curso, ni con qué base fue demandada ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que el demandante tiene su domicilio social.


14      Sentencia n.o 5A_249/2014.


15      Teniendo en cuenta la fecha de dicha sentencia, debería tratarse del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado el 30 de octubre de 2007, cuya celebración se aprobó en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 2009/430/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2008 (DO 2009, L 147, p. 1).


16      Según la información recabada durante la vista, el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (DO 2015, L 141, p. 19) resulta aplicable.


17      Véase el Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DO 2004, L 143, p. 15). Cabe señalar que, aunque el Tribunal de Justicia ha dictado tres sentencias en el marco de procedimientos relativos a certificados expedidos con el fin de facilitar el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro (sentencias de 6 de septiembre de 2012, Trade Agency, C‑619/10, EU:C:2012:531; de 17 de diciembre de 2015, Imtech Marine Belgium, C‑300/14, EU:C:2015:825, y de 16 de junio de 2016, Pebros Servizi C‑511/14, EU:C:2016:448), únicamente en la última de ellas se pronunció sobre una excepción de inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial.


18      Sentencia de 16 de junio de 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448), apartado 24 y jurisprudencia citada.


19      Sentencia de 16 de junio de 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448), apartado 28 y jurisprudencia citada. Véase, en el mismo sentido, en lo que se refiere al Reglamento n.o 805/2004, la sentencia de 17 de diciembre de 2015, Imtech Marine Belgium (C‑300/14, EU:C:2015:825), apartado 47.


20      C‑511/14, EU:C:2016:448.


21      Véase el apartado 30 de dicha sentencia.


22      C‑300/14, EU:C:2015:825, apartados 46 y 47.


23      C‑619/10, EU:C:2012:531.


24      Conviene recordar que dicho artículo corresponde al artículo 53 del Reglamento n.o 1215/2012.


25      Véanse los apartados 35 y 36 de dicha sentencia.


26      El subrayado es mío.


27      Véase el artículo 42, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1215/2012. Póngase en relación con el apartado 68 de la sentencia de 28 de abril de 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271), a tenor del cual «[…] el certificado a que se refiere el artículo 54 del Reglamento n.o 44/2001 acredita su carácter ejecutorio [en el Estado miembro de origen] en la fecha de expedición de dicho certificado».


28      Véase el título del artículo 6 del Reglamento n.o 805/2004: «[…] certificación [de la resolución judicial] como título ejecutivo europeo».


29      Véase la sentencia de 17 de diciembre de 2015, Imtech Marine Belgium (C‑300/14, EU:C:2015:825), apartado 45. Procede señalar que, en ese supuesto, la aplicabilidad del Reglamento n.o 805/2004 se comprueba en la fase anterior a la certificación de la resolución judicial.


30      Dicho principio es complementario al del reconocimiento de pleno Derecho de las resoluciones, basado en la confianza recíproca entre los Estados miembros y mencionado también en el considerando 26 del Reglamento n.o 1215/2012. Véase, asimismo, la sentencia de 9 de marzo de 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), apartados 52 y 53.


31      Expresión extraída de la sentencia de 16 de junio de 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448), apartado 27, relativa al título ejecutivo europeo.


32      Véase la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531), apartado 36.


33      Véase el artículo 42, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1215/2012 a tenor del cual «el certificado […] cont[iene] un extracto de la resolución, así como, en su caso, información pertinente sobre las costas impuestas en el procedimiento y el cálculo de los intereses».


34      Véase el artículo 42, apartado 3, de dicho Reglamento.


35      Véanse, sobre las condiciones en las que la autoridad competente encargada de la ejecución o la persona contra la cual se solicita la ejecución puede, sin embargo, solicitar la traducción de la resolución judicial que ha de ejecutarse, los artículos 42, apartado 4, y 43, apartado 2, respectivamente, del citado Reglamento.


36      Véase el artículo 45 del Reglamento n.o 1215/2012.


37      Véase el artículo 46 del Reglamento n.o 1215/2012.


38      A este respecto, puede suponerse que, en la medida de lo posible, las eventuales dificultades se anticipen en el momento de redactarse la sentencia.


39      Con excepción del Reglamento (CE) n.o 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO 2000, L 160, p. 1), artículos 16 a 18, derogado por el Reglamento 2015/848 y reemplazado, en los mismos términos, por los artículos 19 a 21 de dicho Reglamento, que prevén el reconocimiento y los efectos directos de la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia. Véase, asimismo, el artículo 17 del Reglamento (CE) n.o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO 2009, L 7, p. 1), que supedita la supresión del exequatur a la aplicabilidad del Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias en el Estado miembro en el cual se dictó la resolución judicial, independientemente de las normas procesales aplicadas o de la oposición del demandado.


40      En lo que respecta a créditos no impugnados, véanse el Reglamento n.o 805/2004 y la sentencia de 16 de junio de 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448), apartados 25 y 26, así como la jurisprudencia citada. Sobre este particular, cabe señalar que, desde la entrada en vigor del Reglamento n.o 1215/2012, el único interés en solicitar la aplicación del Reglamento n.o 805/2004 se deriva del respeto de dichas garantías, ya que la presunción de aceptación del crédito se basa en que la parte condenada no compareció durante el procedimiento.


41      Véanse el Reglamento (CE) n.o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO 2006, L 399, p. 1), y el Reglamento (CE) n.o 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO 2007, L 199, p. 1).


42      Véase la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531), apartados 36 y 37. Procede señalar que dicha resolución versaba sobre indicaciones relativas al procedimiento en rebeldía incluidas en un apartado del formulario estandarizado que se mantuvo igual en el Reglamento n.o 1215/2012.


43      Póngase en relación con la sentencia de 17 de diciembre de 2015, Imtech Marine Belgium (C‑300/14, EU:C:2015:825), apartado 44, relativa a la expresión «órgano jurisdiccional de origen» que figura en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 805/2004.


44      La cuestión puede también plantearse por primera vez en la fase de la ejecución transfronteriza de una resolución dictada en un litigio nacional. Véase, a este respecto, el asunto Weil (C‑361/18), actualmente pendiente ante el Tribunal de Justicia.


45      A este respecto, procede observar que, a diferencia de lo que afirma la Comisión en el apartado 16 de sus observaciones escritas, cuando el demandado domiciliado en el territorio de un Estado miembro es demandado ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro y no comparece, dicho órgano jurisdiccional ha de prestar especial atención a la aplicabilidad del Reglamento n.o 1215/2012. En efecto, por un lado, de conformidad con el considerando 13 de dicho Reglamento, debe comprobarse la existencia de normas europeas comunes de competencia y, por otro lado, con arreglo al artículo 28 de dicho Reglamento, el órgano jurisdiccional debe declararse de oficio incompetente, excepto cuando su competencia se derive de las disposiciones del mismo Reglamento, y llevar a cabo determinadas comprobaciones relativas al respeto del derecho de defensa del demandado. En cualquier caso, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que «las cuestiones relativas al ámbito de aplicación de las disposiciones del Convenio [de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), modificado por los sucesivos convenios sobre la adhesión de los nuevos Estados miembros a dicho Convenio] que determinan la competencia judicial en el ámbito internacional deben considerarse de orden público» (sentencia de 19 de enero de 1993, Shearson Lehman Hutton, C‑89/91, EU:C:1993:15, apartado 10).


46      Póngase en relación con las sentencias de 19 de octubre de 1995, Job Centre (C‑111/94, EU:C:1995:340), apartado 11, y de 25 de junio de 2009, Roda Golf & Beach Resort (C‑14/08, EU:C:2009:395), apartado 37, así como con la petición de decisión prejudicial en el asunto Logistik XXL (C‑135/18), actualmente pendiente ante el Tribunal de Justicia.


47      En mi opinión, en tales casos deberían aplicarse otros procedimientos establecidos en el Derecho nacional, puesto que, en la fase de expedición del certificado, el procedimiento no reviste carácter contradictorio.


48      Véanse los puntos 32 y ss. de las presentes conclusiones.


49      Véase la petición de decisión prejudicial planteada en el asunto Logistik XXL (C‑135/18), actualmente pendiente ante el Tribunal de Justicia, sobre el apartado 4.4. del modelo de formulario que figura en el anexo I del Reglamento n.o 1215/2012. En este caso, el órgano jurisdiccional de origen decretó la ejecución provisional de la sentencia condenatoria de pago previa constitución de una garantía por parte del acreedor. Este último puede limitar la ejecución de la resolución a un importe determinado de su crédito (y, como consecuencia de ello, su garantía) o a medidas cautelares, tras la expiración del plazo, sin haber constituido la garantía.


50      Véase el apartado 4.6.2. del modelo de formulario que figura en el anexo I del Reglamento n.o 1215/2012 y, en particular, las observaciones escritas de Nuyts, A.: «La refonte du règlement Bruxelles I», Revue critique de droit international privé, Dalloz, París, 2013, pp. 1 a 64, especialmente p. 27 (puntos 23 y 24).


51      Expresión extraída de la sentencia de 13 de octubre de 2011, Prism Investments (C‑139/10, EU:C:2011:653), apartado 31.


52      Sobre los derechos de defensa, véase el considerando 29 del Reglamento n.o 1215/2012.


53      En mi opinión, en ese supuesto el deudor debe ser informado de los motivos por los que se deniega el reconocimiento o la ejecución previstos en el Reglamento n.o 1215/2012, incluidos, en particular, los basados en las normas de competencia protectoras de la parte más débil. Véase, a este respecto, el asunto Salvoni (C‑347/18), actualmente pendiente ante el Tribunal de Justicia.


54      Véase, asimismo, la remisión a dichas disposiciones en el artículo 46 de este Reglamento. En lo que respecta a la comprobación del respeto de los derechos del demandado en rebeldía, véase la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531), apartados 37 y 38, cuyo alcance considero que puede extenderse al Reglamento n.o 1215/2012, puesto que el anexo I de dicho Reglamento contiene el mismo apartado que figura en el anexo V del Reglamento n.o 44/2001, cuyos efectos se examinaron en ese asunto. Además, el considerando 30 del Reglamento n.o 1215/2012 establece que cuando una parte se oponga a la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro, debe poder invocar, en la medida de lo posible y de acuerdo con el ordenamiento jurídico del Estado miembro requerido, también los motivos de denegación que establezca el Derecho nacional dentro de los plazos que este disponga. De este modo, deberían poder superarse las dificultades examinadas en la sentencia de 13 de octubre de 2011, Prism Investments (C‑139/10, EU:C:2011:653).


55      Véanse las sentencias de 16 de julio de 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471), y de 25 de mayo de 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349). En caso contrario, en lo que respecta a la aplicabilidad del Reglamento n.o 1215/2012, ello supondría admitir que el juez del Estado miembro requerido está facultado para controlar la apreciación del órgano jurisdiccional de origen.