Language of document : ECLI:EU:C:2018:710

Asuntos acumulados C54/17 y C55/17

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

contra

Wind Tre S.p.A. y Vodafone Italia S.p.A.

(Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Consiglio di Stato)

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 2005/29/CE — Prácticas comerciales desleales — Artículo 3, apartado 4 — Ámbito de aplicación — Artículos 5, 8 y 9 — Prácticas comerciales agresivas — Anexo I, punto 29 — Prácticas comerciales agresivas en cualquier circunstancia — Suministro no solicitado — Directiva 2002/21/CE — Directiva 2002/22/CE — Servicios de telecomunicaciones — Venta de tarjetas SIM (Subscriber Identity Module) con ciertos servicios preinstalados y preactivados — Inexistencia de información previa a los consumidores»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de septiembre de 2018

1.        Protección de los consumidores — Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores — Directiva 2005/29/CE — Prácticas comerciales agresivas — Prácticas que se consideran desleales en cualquier circunstancia — Suministro no solicitado — Concepto — Comercialización de tarjetas SIM sin informar previamente y de modo adecuado al consumidor de los servicios preinstalados y preactivados en ellas ni de su coste — Inclusión

(Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 8 y anexo I, punto 29)

2.        Protección de los consumidores — Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores — Directiva 2005/29/CE — Ámbito de aplicación — Suministro no solicitado de servicios de comunicaciones electrónicas — Inclusión — Normativa nacional que somete la apreciación del comportamiento constitutivo de un suministro no solicitado a las disposiciones de la Directiva 2005/29/CE y, por tanto, a la competencia de una autoridad nacional de reglamentación que dispone de competencias transectoriales, de modo que no es competente para sancionar tal comportamiento la autoridad nacional de reglamentación mencionada en la Directiva 2002/21/CE — Procedencia

(Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE, Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, arts. 1, ap. 4, y 20, ap. 1, y Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 4, y anexo I, punto 29)

1.      El concepto de «suministro no solicitado» del anexo I, punto 29, de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales), debe interpretarse en el sentido de que, a reserva de las verificaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, incluye unos comportamientos como los examinados en los litigios principales, consistentes en la comercialización por parte de un operador de telecomunicaciones de tarjetas SIM (Subscriber Identity Module) en las que se han preinstalado y preactivado ciertos servicios, como la navegación por Internet y el servicio de contestador, sin haber informado previamente y de modo adecuado al consumidor de la preinstalación y preactivación de dichos servicios ni de su coste.

(véase el apartado 56 y el punto 1 del fallo)

2.      El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual un comportamiento que constituya un suministro no solicitado en el sentido del anexo I, punto 29, de la Directiva 2005/29, como los examinados en los litigios principales, debe apreciarse con arreglo a las disposiciones de esta Directiva, con la consecuencia de que, según dicha normativa, no es competente para sancionar tal comportamiento la autoridad nacional de reglamentación mencionada en la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva Marco), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.

A este respecto procede recordar que el artículo 3, apartado 4 de la Directiva 2005/29 dispone que, en caso de conflicto entre las disposiciones de esa Directiva y otras normas de la Unión que regulen aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales, estas últimas prevalecerán y serán aplicables a esos aspectos concretos. En lo que respecta al concepto de «conflicto», este se refiere, como indicó el Abogado General en los puntos 124 y 126 de sus conclusiones, a una relación entre las disposiciones de que se trate que va más allá de la mera disparidad o de la simple diferencia y que revela una divergencia de imposible superación mediante una fórmula integradora que haga posible la convivencia de ambas situaciones sin necesidad de desvirtuarlas. Por lo tanto, sólo existe un conflicto como el contemplado en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29 cuando disposiciones ajenas a esta última que regulan aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales imponen a los comerciantes, sin margen alguno de maniobra, obligaciones incompatibles con las que establece la Directiva 2005/2929.

Sin embargo, aunque, en materia de comunicaciones electrónicas, el artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), obliga al proveedor del servicio a facilitar determinada información en el contrato, ni esta disposición ni ninguna otra disposición de esta Directiva contiene normas que regulen aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales, como el suministro no solicitado del anexo I, punto 29, de la Directiva 2005/29. Además, conviene señalar que el artículo 1, apartado 4, de la Directiva sobre el servicio universal establece que las disposiciones de esa Directiva en relación con los derechos de los usuarios finales se aplicarán sin perjuicio de la normativa de la Unión en materia de protección de los consumidores ni de la normativa nacional conforme con el Derecho de la Unión. De ello se sigue que no existe conflicto entre las disposiciones de la Directiva 2005/29 y las normas establecidas por la Directiva sobre el servicio universal en lo que respecta a los derechos de los usuarios finales.

(véanse los apartados 58, 60, 61, 66 a 68 y 70 y el punto 2 del fallo)