Language of document : ECLI:EU:C:2019:445

Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. MICHAL BOBEK

presentadas el 23 de mayo de 2019(1)

Asunto C239/18

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

contra

Freistaat Thüringen

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Thüringer Oberlandesgericht (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Turingia, Alemania)]

«Petición de decisión prejudicial — Variedades vegetales — Sistema de protección — Artículo 14, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 2100/94 y artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 1768/95 — Uso del producto de la cosecha por los agricultores — Organismos oficiales que intervienen en el control de la producción agrícola — Concepto — Obligación de facilitar información al titular del derecho comunitario — Ámbito de aplicación — Contenido de la solicitud de información — Especies o variedades — Excepciones a la obligación de facilitar información — Carga adicional o gastos adicionales derivados de la extracción de información de una base de datos»






I.      Introducción

1.        Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (en lo sucesivo, «apelante») representa a varias empresas productoras de semillas que son titulares de derechos de protección de las obtenciones vegetales. Con arreglo al Derecho de la Unión, las variedades de los géneros y especies botánicos pueden gozar de la protección comunitaria de obtenciones vegetales. Los titulares de estos derechos de propiedad industrial deben percibir una remuneración como compensación por el uso de las variedades protegidas. Para ello, los titulares de obtenciones vegetales tienen derecho a solicitar y recibir determinada información de los agricultores, transformadores u organismos oficiales que intervienen en el control de la producción agrícola, a fin de ejercer su derecho a obtener remuneración.

2.        En sus sentencias en los asuntos Schulin (2) y Brangewitz, (3) el Tribunal de Justicia abordó el problema del tipo y alcance de la información que pueden requerir los titulares de variedades protegidas a los agricultores y a los transformadores, respectivamente. En el presente asunto se solicita al Tribunal de Justicia que complete el panorama en relación con las solicitudes presentadas por los titulares a los organismos oficiales: ¿en qué medida puede el titular de una variedad protegida obtener (qué tipo de) información de (qué) organismos oficiales para ejercer su derecho a obtener remuneración?

II.    Marco normativo de la Unión

A.      Reglamento de base

3.        El artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (4) (en lo sucesivo, «Reglamento de base»), presenta el siguiente tenor:

«A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por “variedad” un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido [...].»

4.        Con arreglo al artículo 13, apartado 2, «sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del titular para la ejecución de las operaciones siguientes con componentes de una variedad o material cosechado de la variedad en cuestión, todo ello, denominado en lo sucesivo “material”: a) producción o reproducción (multiplicación); [...]

5.        El artículo 14 del Reglamento de base se titula «Excepción a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales» y establece en su apartado 1 que, «no obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 13 y con objeto de salvaguardar la producción agrícola, los agricultores estarán autorizados a emplear, en sus propias explotaciones, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que hayan obtenido de haber plantado en sus propias explotaciones material de propagación de una variedad que, no siendo híbrida ni sintética, esté acogida a un derecho de protección comunitaria de las obtenciones vegetales».

6.        El artículo 14, apartado 2, del Reglamento de base especifica que las disposiciones del apartado 1 se aplicarán únicamente a las especies vegetales agrícolas que allí se enumeran.

7.        La disposición clave, el artículo 14, apartado 3, presenta el siguiente tenor:

«3. Las condiciones para hacer efectiva la excepción del apartado 1 y proteger los intereses legítimos del obtentor y del agricultor se establecerán antes de la entrada en vigor del presente Reglamento mediante normas de desarrollo, de conformidad con el artículo 114, sujetas a los criterios siguientes:

–        no habrá restricciones cuantitativas en la explotación del agricultor cuando así lo requieran las necesidades de la explotación;

–        el producto de la cosecha podrá ser sometido a tratamiento para su plantación, por el propio agricultor o por medio de servicios a los que éste recurra, sin perjuicio de las restricciones que puedan establecer los Estados miembros con respecto a la organización del tratamiento del mencionado producto de la cosecha, en particular para garantizar la identidad del producto que se va a someter a tratamiento y del resultante del procesamiento;

–        no se exigirá de los pequeños agricultores que paguen remuneraciones al titular; se considerará que son pequeños agricultores:

–        en el caso de aquellas especies vegetales mencionadas en el apartado 2 del presente artículo y a las cuales se aplica el Reglamento (CEE) n.º 1765/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece un sistema de ayudas para productores de determinados cultivos herbáceos [(DO 1992, L 181,p. 2)], los agricultores que no cultiven plantas en una superficie superior a la que sería necesaria para producir 92 toneladas de cereales; para el cálculo de la superficie se aplicará el apartado 2 del artículo 8 del citado Reglamento,

–        en el caso de otras especies vegetales mencionadas en el apartado 2, los agricultores que respondan a criterios comparables adecuados;

–        los demás agricultores estarán obligados a pagar al titular una remuneración justa, que será apreciablemente menor que la cantidad que se cobre por la producción bajo licencia de material de propagación de la misma variedad en la misma zona; el nivel efectivo de dicha remuneración equitativa podrá ser modificado con el tiempo, teniendo en cuenta en qué medida se va a hacer uso de la excepción contemplada en el apartado 1 con respecto a la variedad de que se trate;

–        el control de la observancia de las disposiciones del presente artículo o de las disposiciones que se adopten de conformidad con el mismo será responsabilidad exclusiva de los titulares; al organizar dicho control no podrán solicitar asistencia de organismos oficiales;

–        los agricultores y los prestadores de servicios de tratamiento facilitarán al titular, a instancia de éste, información pertinente; los organismos oficiales que intervengan en el control de la producción agrícola podrán facilitar asimismo información pertinente, si han obtenido dicha información en el cumplimiento ordinario de sus tareas, sin que esto represente nuevas cargas o costes. Estas disposiciones se entienden sin perjuicio, por lo que respecta a los datos personales, de las disposiciones nacionales o comunitarias sobre la protección de las personas en materia de tratamiento y libre circulación de datos personales.»

B.      Reglamento de desarrollo

8.        El artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 1768/95 de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se adoptan normas de desarrollo de la excepción en beneficio del agricultor contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (5) (en lo sucesivo, «Reglamento de desarrollo»), dispone lo siguiente:

«1. Toda solicitud de información sobre la utilización real, mediante plantación, de material de especies o variedades concretas, o sobre los resultados de dicha utilización, dirigida por un titular a un organismo oficial deberá ser presentada por escrito. En la solicitud, el titular indicará su nombre y dirección, las variedades sobre las que esté interesado en recibir información y el tipo de información que desea. Asimismo, presentará pruebas de su calidad de titular.

2. Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 12, el organismo oficial sólo podrá negarse a facilitar la información solicitada por alguna de las siguientes razones:

– no interviene en el control de la producción agrícola,

– no está autorizado para facilitar esa información a titulares en virtud de la legislación comunitaria o de la legislación de los Estados miembros en materia de discreción aplicable a las actividades de los organismos oficiales,

– está facultado para negarse a facilitarla en virtud de la legislación comunitaria o de la legislación de los Estados miembros que sea aplicable a la solicitud de información,

– la información solicitada (ya) no está disponible,

– la información no puede ser obtenida en el cumplimiento ordinario de las tareas del organismo oficial,

– la información sólo puede ser obtenida con costes o gastos suplementarios o

– la información se refiere expresamente a material que no pertenece a las variedades del titular.

El organismo oficial en cuestión informará a la Comisión del modo en que ejerce la facultad contemplada en el tercer guion.

3. A la hora de facilitar la información, el organismo oficial no establecerá diferencias entre los titulares. El organismo oficial podrá facilitar la información solicitada poniendo a disposición del titular copias de documentos que contengan datos suplementarios a los relativos al material perteneciente a las variedades del titular, siempre que se asegure de que se ha eliminado cualquier posibilidad de identificar a ciudadanos protegidos en virtud de las disposiciones a que se alude en el artículo 12.

4. Si el organismo oficial decidiere negarse a facilitar la información solicitada, informará de ello al titular solicitante por escrito, indicándole el motivo de su decisión.»

III. Hechos, procedimiento y cuestiones prejudiciales

9.        La apelante es una sociedad alemana dedicada a la administración de fideicomisos y que actúa en nombre de empresas de producción de semillas en su mayoría alemanas. (6) Dichas empresas son titulares de obtenciones vegetales y/o titulares de derechos de uso exclusivo de variedades agrícolas protegidas en Alemania. Han encomendado a la apelante la tarea de hacer valer, en su propio nombre, los derechos a remuneración que los titulares de obtenciones vegetales obtienen del cultivo de variedades vegetales protegidas.

10.      Freistaat Thüringen (el Estado Libre de Turingia; en lo sucesivo, «apelado»), representado por su Landesverwaltungsamt (Oficina de la Administración del Land), es responsable del control de los fondos de la Unión en relación con la gestión y la supervisión de las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), con arreglo al artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 (7) y al artículo 1 del Reglamento Delegado (UE) n.º 907/2014 (8) (en relación con su anexo I.1.A).

11.      Según el órgano jurisdiccional remitente, en lo que respecta a las subvenciones procedentes de fondos de la Unión y el correspondiente control del cumplimiento de la normativa de ayudas, el apelado almacena datos en el Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (sistema integrado de gestión y control; en lo sucesivo, «InVeKoS»). Esta base de datos contiene información sobre las explotaciones agrícolas existentes en el territorio del apelado, en particular la facilitada por los agricultores que presentan solicitudes de ayuda. Según parece, la base de datos contiene información relativa a las especies vegetales utilizadas, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas sobre rotación de cultivos.

12.      Mediante escrito de 5 de abril de 2016, la apelante solicitó la comunicación de ciertos datos almacenados en la base de datos del InVeKoS. El apelado se negó a revelar esos datos invocando el artículo 9, apartado 1, de la Thüringer Informationsfreiheitsgesetz (en lo sucesivo, «Ley de libertad de información de Turingia»).

13.      El 23 de diciembre de 2016, la apelante interpuso ante el Landgericht Erfurt (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Erfurt, Alemania) un recurso en el que solicitaba que se declarase su derecho a obtener la información y que se condenase al apelado a facilitarle la siguiente información almacenada en la base de datos:

–      los nombres y direcciones de las explotaciones agrícolas;

–      las superficies de cultivo de cada una de las explotaciones expresada en hectáreas;

–      las superficies cultivadas con cereales y patatas expresadas en hectáreas.

14.      La apelante alegó que tenía derecho a obtener información del apelado con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento de desarrollo, que también se aplica a las especies vegetales. Sostuvo que el apelado, en cuanto organismo oficial que interviene en el control de la producción agrícola, no tenía derecho a denegar la información solicitada, que obraba en su poder y que podía compartir sin costes ni gastos suplementarios significativos. En opinión de la apelante, ninguna disposición del Derecho nacional permitía al apelado denegar dicha información. En particular, estimaba que no era aplicable el artículo 9, apartado 1, de la Ley de libertad de información de Turingia. Por el contrario, a su juicio, la ponderación de intereses contemplada en el artículo 9, apartado 2, de la citada Ley resultaba favorable a su interés en obtener la información solicitada.

15.      El apelado respondió que procedía desestimar el recurso, pues su negativa a facilitar la información estaba justificada. Afirmó así que no era en absoluto un organismo oficial en el sentido del artículo 11, apartado 1, del Reglamento de desarrollo y que, en cualquier caso, dicha disposición solo reconocía el derecho a la información en lo relativo a las variedades. Añadió que, además del derecho a denegar la información derivado de la Ley de libertad de información de Turingia, existía igualmente un derecho a denegar la información basado en que su obtención entrañaría costes y gastos suplementarios.

16.      Mediante sentencia de 17 de agosto de 2017, el Landgericht Erfurt (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Erfurt) desestimó el recurso, considerando que el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de desarrollo, puesto en relación con el artículo 12 de dicho Reglamento, justificaba la decisión del apelado de denegar la información solicitada

17.      La apelante interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente, el Thüringer Oberlandesgericht (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Turingia, Alemania).

18.      En su recurso de apelación, la apelante reclama un derecho a obtener información del apelado en virtud del artículo 11, apartado 1, del Reglamento de desarrollo y alega que el derecho a obtener información de los organismos oficiales no se refiere solo a las variedades. Sostiene que le corresponde a ella determinar el uso que dará a la información. En particular, la apelante alega que la información del apelado le permitiría conocer la extensión de la superficie de cultivo real de los agricultores y saber cuáles de ellos pertenecen a la categoría de «pequeños agricultores». Esta información le permitiría evitar solicitar información directamente a los pequeños agricultores. La apelante se ha comprometido a reembolsar al apelado los eventuales gastos de la búsqueda de los datos solicitados, como por ejemplo los gastos de programación informática.

19.      En opinión del apelado, el Landgericht Erfurt (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Erfurt) consideró acertadamente que el artículo 11, apartado 2, guiones segundo y tercero, del Reglamento de desarrollo limita el derecho de la apelante a obtener la información solicitada. Añade que la base de datos del InVeKoS no contiene información alguna sobre variedades específicas, salvo en el caso del cáñamo y el lúpulo, ya que los agricultores solicitantes de las ayudas no están obligados a facilitar esa información. Afirma igualmente que no dispone de capacidad de programación propia para la nueva búsqueda específica que sería necesaria para recopilar los datos solicitados, y que la contratación de un programador que se ocupara de ello le supondría un coste de 6 000 EUR.

20.      En estas circunstancias de hecho y de Derecho, el Thüringer Oberlandesgericht (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Turingia, Alemania) decidió suspender el procedimiento y plantear las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia:

«1)      ¿Existe con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 1768/95 un derecho a la información frente a organismos oficiales, referido exclusivamente a información sobre especies vegetales, sin que mediante dicha solicitud se solicite también información referida a una variedad protegida?

2)      Para el caso de que se responda a la primera cuestión en el sentido de que puede invocarse tal derecho a la información:

a)      ¿Estamos en presencia de un organismo oficial que interviene en el control de la producción agrícola de acuerdo con el artículo 11, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.º 1768/95 cuando el organismo se encarga del control de las subvenciones a agricultores procedentes de fondos de la Unión Europea y almacena datos de los agricultores solicitantes que también se refieren a especies vegetales?

b)      ¿Puede un organismo oficial denegar la información solicitada cuando facilitarla requiera el procesamiento por parte de un tercero de los datos que tenga en su poder y ello suponga un coste de aproximadamente 6 000 euros? ¿Tiene alguna importancia que el solicitante esté dispuesto a asumir los gastos que se originen?»

21.      Han presentado observaciones escritas la apelante, el apelado, el Gobierno español y la Comisión Europea. Todas las partes intervinieron en la vista celebrada el 31 de enero de 2019.

IV.    Apreciación

22.      Las presentes conclusiones se estructuran conforme se indica a continuación. Comenzaré con unas aclaraciones preliminares sobre la estructura y el funcionamiento general del sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales, y en particular sobre la excepción que establece el artículo 14, apartado 3, del Reglamento de base (sección A). A continuación me ocuparé de la primera cuestión prejudicial, relativa al tipo de información que pueden solicitar a los organismos oficiales los titulares de variedades protegidas en virtud del artículo 11 del Reglamento de desarrollo (sección B). Por último, pasaré a analizar la segunda cuestión prejudicial, que trata del concepto de «organismo oficial que interviene en el control de la producción agrícola» y pretende aclarar si los organismos oficiales competentes pueden denegar la información solicitada cuando proporcionarla exija un procesamiento adicional de los datos, para concluir con la cuestión de los eventuales costes suplementarios (sección C).

A.      La excepción en beneficio del agricultor del artículo 14, apartado 3, del Reglamento de base

23.      El artículo 13 del Reglamento de base establece los derechos del titular de la protección comunitaria de obtenciones vegetales. Con arreglo a su apartado 2, en principio se requiere la autorización del titular para la producción o reproducción (multiplicación) de componentes de la variedad protegida o de material cosechado de esta (en lo sucesivo me referiré a ambos como «material»).

24.      El artículo 14 del Reglamento de base dispone una excepción a la obligación de obtener la autorización del titular de la obtención vegetal (en lo sucesivo, «excepción en beneficio del agricultor»). Conforme a su apartado 1, con objeto de salvaguardar la producción agrícola, los agricultores estarán autorizados a emplear, en sus propias explotaciones, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que hayan obtenido al haber plantado en sus propias explotaciones material de propagación de una variedad que, no siendo híbrida ni sintética, esté acogida a un derecho de protección comunitaria de las obtenciones vegetales. El apartado 2 delimita el alcance de la excepción, que solo se aplica a las especies vegetales agrícolas que allí se enumeran. El apartado 3 dispone la adopción de normas de desarrollo que establecerán las condiciones para hacer efectiva la excepción en beneficio del agricultor, y fija los criterios que deben cumplir esas normas de desarrollo.

25.      A través del Reglamento de desarrollo, la Comisión ha dado forma a la excepción en beneficio del agricultor con el fin de proteger los intereses legítimos tanto del obtentor, representado por el titular de la obtención vegetal, como de los agricultores. Cuando un agricultor hace uso de la excepción en beneficio del agricultor, el titular de la obtención vegetal tiene derecho a percibir de él una «remuneración justa». Con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Reglamento de desarrollo, el nivel de la remuneración justa «podrá ser objeto de un contrato entre el titular y el agricultor en cuestión». Cuando no se haya celebrado contrato entre el titular de la obtención vegetal y el agricultor, el artículo 5, apartado 2, del Reglamento de desarrollo dispone que «el nivel de la remuneración será notablemente inferior al importe cobrado por la producción bajo licencia de material de propagación de la categoría más baja que pueda optar a certificación oficial, de la misma variedad y en la misma zona».

26.      Los pequeños agricultores que se acojan a la excepción en beneficio del agricultor no tendrán que pagar ninguna remuneración al titular de la obtención vegetal. El artículo 14, apartado 3, guion tercero, del Reglamento de base define a los pequeños agricultores como aquellos que cultiven plantas en una superficie no superior a la que sería necesaria para producir 92 toneladas de cereales o los que respondan a criterios comparables adecuados en el caso de otras especies vegetales.

27.      En un sistema así diseñado, los titulares de obtenciones vegetales necesitan imperiosamente saber quién se ha acogido a la excepción en beneficio del agricultor para poder hacer valer sus derechos de propiedad industrial y percibir la remuneración (justa) a la que tienen derecho. Por este motivo, el Reglamento de desarrollo contiene una serie de disposiciones que permiten a los titulares de obtenciones vegetales obtener información procedente de distintos actores pertinentes. Aunque el Tribunal de Justicia ya ha interpretado, en unos asuntos en los que también intervenía la apelante, las disposiciones relativas a la información que deben facilitar los agricultores y los transformadores, (9) el presente asunto versa específicamente sobre el tipo de información que deben facilitar a esos titulares ciertos organismos oficiales.

B.      Primera cuestión prejudicial: alcance del derecho de los titulares de obtenciones vegetales a obtener información de los organismos oficiales con arreglo al artículo 11 del Reglamento de desarrollo

28.      Con su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, qué tipo de información debe facilitar, en virtud del artículo 11 del Reglamento de desarrollo, un organismo oficial a instancia de un titular de una obtención vegetal: ¿tiene ese titular derecho a obtener información relativa a especies vegetales o sólo información relativa a las variedades específicas del titular de la obtención vegetal?

29.      En opinión de la apelante, el artículo 14, apartado 3, sexto guion, del Reglamento de base, puesto en relación con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento de desarrollo, reconoce a los titulares de obtenciones vegetales el derecho a obtener de los organismos oficiales información sobre las especies, sin que sea necesario que la solicitud de información se refiera a una variedad concreta. En particular, a su juicio, los titulares de obtenciones vegetales tienen derecho a obtener información que identifique a los «pequeños agricultores» en el sentido del artículo 14, apartado 3, tercer guion, del Reglamento de base, que están totalmente exentos de pagar la remuneración a esos titulares. Saber si un agricultor es un pequeño agricultor permitiría al titular de la obtención vegetal no solicitar información, y a fortiori, remuneración, a esos pequeños agricultores. Sin embargo, los pequeños agricultores no se definen en relación con una variedad específica, sino con la superficie de ciertas especies vegetales que cultivan. En cualquier caso, la apelante alega que la obligación de facilitar información que incumbe al organismo oficial es más amplia que la de los agricultores, ya que el artículo 11 no especifica cuál es la información «pertinente» que se debe facilitar.

30.      Según la Comisión, el derecho a obtener información establecido en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento de desarrollo no se limita a las variedades, sino que puede incluir las especies, a fin de determinar qué agricultores son pequeños agricultores. Sin embargo, el objeto de la petición de información debe ser una variedad. Por lo tanto, los titulares de obtenciones vegetales no pueden presentar a los organismos oficiales solicitudes de información generales y de cierta amplitud sin aportar indicios sobre si los agricultores han adquirido efectivamente material de multiplicación de variedades protegidas. La Comisión señala, asimismo, que la solicitud de información a los organismos oficiales no guarda relación con un derecho público autónomo de acceso a los documentos o de reutilización de datos del sector público (en virtud de la Directiva 2003/98/CE), (10) sino que se trata únicamente de un derecho privado, supeditado a la relación entre titulares de obtenciones vegetales y agricultores.

31.      Por su parte, el apelado y el Gobierno español alegan que las solicitudes de información a los organismos oficiales deben referirse a variedades concretas, y no a especies. En su opinión, no cabe invocar el artículo 11, apartado 1, del Reglamento de desarrollo, puesto en relación con el artículo 14, apartado 3, del Reglamento de base, para obtener información general sobre los agricultores.

1.      Alcance del acceso a la información en poder de organismos oficiales con arreglo al artículo 11 del Reglamento de desarrollo

32.      Antes que nada, es precisa una aclaración inicial sobre la relación que existe entre las disposiciones específicas del artículo 11 del Reglamento de desarrollo y el artículo 14, apartado 3, tercer guion, del Reglamento de base, así como con las disposiciones nacionales sobre acceso a la información.

33.      El órgano jurisdiccional remitente solicita específicamente una interpretación del alcance del acceso a información con arreglo al artículo 11 del Reglamento de desarrollo. En opinión de la apelante, dicha disposición constituye un fundamento jurídico válido para obtener, entre otras, una información que le permita identificar a los «pequeños agricultores» exentos del pago de la remuneración y que, por tanto, no deberían recibir solicitudes de información de los titulares de obtenciones vegetales.

34.      El artículo 11 del Reglamento de desarrollo es una disposición específica de una norma de desarrollo de la excepción en beneficio del agricultor que establece el artículo 14, apartado 3, del Reglamento de base. Por lo tanto, es lógico que exista una correlación entre el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 3, del Reglamento de base y el del artículo 11 del Reglamento de desarrollo. Es más, un Reglamento de desarrollo debe respetar el ámbito de aplicación y los límites de la norma de base en virtud de la cual fue adoptado.

35.      Por supuesto, es cierto que el artículo 14, apartado 3, tercer guion, del Reglamento de base menciona a los pequeños agricultores como excepción a una excepción. Sin embargo, el propio Reglamento de desarrollo no se ocupa de dicha categoría, al menos por lo que respecta al acceso a la información en poder de los organismos oficiales. El artículo 11 no hace referencia a los pequeños agricultores. En el Reglamento de desarrollo solo se les menciona en el artículo 7, en el capítulo relativo a la remuneración. Además, con objeto de determinar quién es un pequeño agricultor, esta última disposición define la expresión «superficie en la que se cultiven plantas» a los efectos del artículo 14, apartado 3, tercer guion, del Reglamento de base. (11) Sin embargo, no establece en absoluto la obligación de que los agricultores, transformadores u organismos oficiales faciliten a los titulares de obtenciones vegetales información general sobre la extensión de dichas superficies.

36.      En la siguiente sección examinaré si, dentro de este contexto, el término «especies» de la primera frase del artículo 11, apartado 1, del Reglamento de desarrollo puede interpretarse en el sentido de que se refiere al artículo 14, apartado 3, tercer guion, del Reglamento de base. A este respecto son necesarias dos observaciones de carácter sistémico.

37.      En primer lugar, aunque la información general sobre la extensión de las superficies cultivadas tuviese alguna importancia para el ejercicio del derecho del titular de la obtención vegetal a obtener remuneración, seguiría sin permitirle formular reclamaciones relativas a sus variedades. La lógica de ambas disposiciones se inicia con el uso de ciertas variedades, con respecto al cual la condición de pequeño agricultor constituye luego una especie de «defensa», y no al revés. Más exactamente, en primer lugar se ha de determinar, como información preliminar, si los agricultores han utilizado o han pretendido utilizar el producto de la cosecha obtenido al plantar material de variedades específicas. La excepción relativa a los pequeños agricultores, formulada en el artículo 14, apartado 3, tercer guion, del Reglamento de base, solo puede desempeñar algún papel en un momento posterior, como línea de defensa para los agricultores que cumplan los requisitos correspondientes, dentro del colectivo más amplio de los agricultores que cultivan las variedades protegidas y están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, del Reglamento de base.

38.      En segundo lugar, sin embargo, aunque el Derecho de la Unión no exigiese desde un punto de vista sistémico una conexión entre el artículo 14, apartado 3, tercer guion, del Reglamento de base y el artículo 11 del Reglamento de desarrollo, es importante recalcar que, al mismo tiempo, el artículo 11 del Reglamento de desarrollo no puede interpretarse en modo alguno como una disposición exhaustiva que cubra todo lo relativo a las eventuales solicitudes de información dirigidas a los organismos nacionales.

39.      Por supuesto, nada impide a los Estados miembros conceder acceso a tipos de información no contemplada en el artículo 11. El silencio del Derecho de la Unión respecto al acceso a determinada información no puede interpretarse en el sentido de que el Derecho de la Unión «prohíba el acceso» a ella, sino más bien en sentido contrario: a no ser que el Derecho de la Unión lo excluya, las disposiciones residuales nacionales sobre el acceso a la información siguen siendo aplicables en todos los aspectos no regulados expresamente por el Derecho de la Unión. El hecho de que el Reglamento de desarrollo no contenga disposiciones específicas sobre el acceso a una información que permita al titular de la obtención vegetal identificar a los pequeños agricultores significa, simplemente, que este tema se rige por el Derecho nacional.

40.      En las circunstancias del presente asunto, parece que la solicitud inicial de la apelante fue presentada (y rechazada) con arreglo a la Ley de libertad de información de Turingia. Sin duda alguna, no le corresponde al Tribunal de Justicia formular conclusiones y valoraciones sobre los hechos del asunto del que conoce ni interpretar y aplicar el Derecho nacional. Sin embargo, es preciso señalar que los titulares de obtenciones vegetales pueden presentar ciertamente solicitudes de información que no se refieran a variedades específicas basándose en el Derecho nacional, y que pueden obtener tal información si este Derecho lo permite. Si la información que los titulares de obtenciones vegetales desean conseguir está en poder de las autoridades (públicas) nacionales y consiste básicamente en información administrativa recopilada por dichas autoridades, se aplica la normativa nacional sobre el acceso a la información. (12)

41.      Quisiera recalcar este punto para dejar claro que el artículo 11 del Reglamento de desarrollo no se puede interpretar al mismo tiempo en sentido restrictivo y en sentido excluyente: restrictivo por considerar que no incluye las especies, y excluyente por considerar que regula este tema de forma exhaustiva, impidiendo en la práctica cualquier aplicación simultánea de la normativa nacional sobre el acceso a la información.

42.      Por las razones que expongo en la sección siguiente, me veo obligado a coincidir con el apelado en el primer aspecto: las solicitudes de información que se pueden dirigir a los organismos oficiales con arreglo al artículo 11 del Reglamento de desarrollo se refieren evidentemente a las variedades del titular de la obtención vegetal que presenta la solicitud. Sin embargo, excluir del ámbito de aplicación del artículo 11 la información relativa a las especies significa necesariamente que ese «vacío» sigue estando ocupado por el Derecho nacional, y que los titulares de obtenciones vegetales interesados pueden presentar solicitudes relativas a especies conforme a la legislación nacional.

2.      Ámbito de aplicación del artículo 11: ¿variedades o especies?

43.      Dos argumentos literales podrían dar a entender que las solicitudes de información se refieren en general a las especies.

44.      En primer lugar, el artículo 11, apartado 1, primera frase, del Reglamento de desarrollo menciona expresamente las «especies»: «Toda solicitud de información sobre la utilización real, mediante plantación, de material de especies o variedades concretas, o sobre los resultados de dicha utilización, dirigida por un titular a un organismo oficial deberá ser presentada por escrito» (el subrayado es mío).

45.      En segundo lugar, en el supuesto de que el artículo 11 del Reglamento de desarrollo también pretenda aplicar el artículo 14, apartado 3, tercer guion, del Reglamento de base, esta última disposición define los «pequeños agricultores» en función de la extensión de la superficie en que cultivan las especies vegetales enumeradas en el artículo 14, apartado 2.

46.      Por estas razones, la mención de las «especies» en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento de desarrollo podría interpretarse en el sentido de que permite las solicitudes de información relativas a la superficie de terreno en que se cultivan dichas especies, a fin de identificar a los «pequeños agricultores».

47.      Sin embargo, aparte de estos dos argumentos literales, hay muy pocos argumentos jurídicos que respalden la interpretación del artículo 11 del Reglamento de desarrollo defendida por la apelante. Otra interpretación también literal, pero sobre todo sistemática y teleológica, da a entender claramente que se parte del supuesto de que las solicitudes de información presentadas por los titulares de obtenciones vegetales a los organismos oficiales han de referirse a variedades vegetales específicas del titular de la obtención vegetal solicitante.

48.      Para empezar, y aún en el plano literal, las dos primeras frases del artículo 11, apartado 1, del Reglamento de desarrollo establecen los requisitos específicos que debe satisfacer una solicitud de información válida, entre los cuales figura la exigencia de que el titular de la obtención vegetal indique «las variedades sobre las que esté interesado en recibir información» y que presente «pruebas de su calidad de titular» (el subrayado es mío). Dado que, con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Reglamento de base, solo las variedades de géneros y especies botánicos (y no las especies en general) pueden ser objeto de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, del artículo 11, apartado 1, se deduce con claridad que las solicitudes de información deben referirse específicamente a variedades.

49.      Esta conclusión se ve confirmada también por el tenor literal del artículo 11, apartado 2, séptimo guion, del Reglamento de desarrollo, con arreglo al cual los organismos oficiales pueden denegar la información solicitada si «la información se refiere expresamente a material que no pertenece a las variedades del titular» (el subrayado es mío). No sería lógico argumentar que el artículo 11, apartado 1, del Reglamento de desarrollo permite a los titulares de obtenciones vegetales solicitar y obtener información relativa a especies mientras que apartados posteriores de ese mismo artículo 11 permiten denegar (de inmediato) tal información.

50.      Según reiterada jurisprudencia, al interpretar una disposición del Derecho de la Unión, es preciso tener en cuenta, no solo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (13) En el presente asunto, una interpretación teleológica y sistemática aboga también claramente por que las solicitudes de información se refieran específicamente a variedades.

51.      La excepción en beneficio del agricultor persigue un doble objetivo: proteger la producción agrícola y garantizar que el agricultor pague una remuneración (justa) al titular de la obtención vegetal. El artículo 2 del Reglamento de desarrollo subraya la necesidad de mantener un razonable equilibrio entre los intereses del agricultor y los del titular de la obtención vegetal, cuando aquel ha utilizado el producto de la cosecha perteneciente a una o más variedades de dicho titular para ser plantada en los campos de su explotación. El hecho de que los intereses del titular de la obtención vegetal se verían afectados por el uso que de sus variedades haya hecho el agricultor permite deducir que, para proteger sus propios intereses, el titular necesita información concreta relativa a las variedades comprendidas en el ámbito de aplicación de la excepción en beneficio del agricultor, es decir, a variedades protegidas que no sean híbridas ni sintéticas (14) y pertenezcan a las especies vegetales mencionadas en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento de base.

52.      En cuanto al sistema general de información que establecen tanto el Reglamento de base como el Reglamento de desarrollo, el artículo 11 de este último debe ser examinado en relación con los artículos 8 y 9 del mismo, tal como los ha interpretado el Tribunal de Justicia.

53.      Los organismos oficiales no son los únicos que deben facilitar información al titular de la obtención vegetal con arreglo al artículo 11 del Reglamento de desarrollo, según se desprende del artículo 14, apartado 3, sexto guion, del Reglamento de base. El artículo 11 del Reglamento de desarrollo es tan solo una de las disposiciones del capítulo 4, relativo a la información, y cuyos artículos 8 y 9 establecen normas sobre la información que deben facilitar al titular el agricultor y el transformador, respectivamente. Ambas disposiciones establecen claramente que la información que deben facilitar tanto agricultores como transformadores se refiere igualmente a las variedades, y no a las especies. Además, con arreglo al artículo 8, apartado 4, y al artículo 9, apartado 4, del Reglamento de desarrollo, en su solicitud de información el titular de la obtención vegetal debe indicar «las variedades sobre las que está interesado en recibir información y las referencias de las correspondientes protecciones comunitarias de obtenciones vegetales» y, si así lo solicitan el agricultor o el transformador, «presentará pruebas de su calidad de titular».

54.      A primera vista, estas disposiciones son ya suficientemente claras, en la medida en que, en principio, el titular de la obtención vegetal solo puede solicitar y recibir de los agricultores y transformadores información relativa a variedades. El Tribunal de Justicia ha ido más allá, incluso, al interpretarlas en un sentido bastante estricto en sus sentencias Schulin y Brangewitz. (15)

55.      En la sentencia Schulin, el Tribunal de Justicia consideró que el titular de la obtención vegetal ha de estar autorizado a solicitar información a un agricultor a partir del momento en que disponga de algún indicio de que este ha utilizado o utilizará la excepción prevista en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento de base (16) y, por tanto, de que ha empleado o empleará, en su propia explotación, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que haya obtenido de haber plantado en su propia explotación material de propagación de una variedad que, no siendo híbrida ni sintética, está acogida a dicha protección y pertenece a una de las especies de plantas agrícolas enumeradas en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento de base. (17) Así pues, sería contrario al Derecho de la Unión exigir a todos los agricultores, por el mero hecho de pertenecer a dicha profesión, e incluso a aquellos que nunca han plantado material de propagación de una variedad cubierta por la protección comunitaria de obtenciones vegetales y perteneciente a alguna de las especies enumeradas en el artículo 14, apartado 2, que faciliten al titular de la obtención vegetal toda la información pertinente cuando éste lo solicite. (18)

56.      En el asunto Brangewitz, el Tribunal de Justicia ofreció básicamente la misma respuesta en lo relativo a los transformadores, si bien en una forma algo más abierta, probablemente a fin de tener en cuenta las particularidades de los transformadores comparados con los agricultores. Declaró así que el artículo 14, apartado 3, del Reglamento de base, en relación con el artículo 9 del Reglamento de desarrollo, debe interpretarse en el sentido de que cuando el titular de la obtención vegetal dispone de algún indicio de que el transformador ha efectuado, o ha previsto efectuar, operaciones de tratamiento del producto de la cosecha obtenido por los agricultores mediante el cultivo de material de propagación de una variedad del titular afectada por el privilegio para su plantación, el transformador está obligado a facilitarle la información pertinente acerca, no solo de los agricultores respecto de los que el titular dispone de indicios de que el transformador ha efectuado o ha previsto efectuar dichas operaciones, sino también sobre todos los demás agricultores para los que ha efectuado o ha previsto efectuar operaciones de tratamiento del producto de la cosecha obtenido mediante el cultivo de material de propagación de la variedad afectada, cuando dicha variedad haya sido declarada como tal o conocida por el transformador de otro modo. (19)

57.      Con estos antecedentes resulta difícil entender por qué los organismos oficiales deberían estar sujetos, en el seno del mismo sistema, a una obligación mucho más amplia de facilitar información, que sería incluso de un tipo diferente (en cuanto al tipo de información que debe facilitarse).

58.      Así se deduce, en particular, de una razón de carácter sistémico: en el sistema general establecido por el Reglamento de base y el Reglamento de desarrollo, la tarea de facilitar a los titulares de obtenciones vegetales la información pertinente para que estos puedan ejercer su derecho a obtener remuneración no parece que incumba en primer lugar a los organismos oficiales. (20)

59.      En primer lugar, el artículo 14, apartado 3, guiones quinto y sexto, del Reglamento de base parece establecer una jerarquía entre los destinatarios de las solicitudes de información de los titulares de obtenciones vegetales. Dicha disposición declara, en términos ciertamente categóricos, que el control de la observancia de las disposiciones sobre la excepción en beneficio del agricultor será responsabilidad exclusiva de los titulares de obtenciones vegetales, que no podrán solicitar asistencia de organismos oficiales. Los titulares de obtenciones vegetales deben obtener la información principalmente de los agricultores y prestadores de servicios de tratamiento y, con carácter secundario, de los organismos oficiales. (21)

60.      El Tribunal de Justicia ha subrayado ya que, como el Reglamento de desarrollo establece normas de desarrollo que determinan las condiciones que permiten hacer efectiva la excepción prevista en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento de base, sus disposiciones no pueden imponer obligaciones de mayor alcance que las derivadas del Reglamento de base. (22)

61.      El problema de aceptar la interpretación propuesta por la apelante (y, en parte, también la Comisión) es que ello equivaldría a trastocar la lógica y el sistema del Reglamento de base mediante una interpretación muy expansiva del Reglamento de desarrollo: las autoridades oficiales se convertirían, en la práctica, en las destinatarias por defecto de toda solicitud de información, tanto las relativas a las variedades como a las especies. Como expondré en la siguiente sección de las presentes conclusiones, no niego que ese planteamiento pueda tener sentido como medio de mitigar la carga administrativa de los agricultores individuales y reducir en general el papeleo para todas las partes implicadas. Sin embargo, no es posible ocultar que esa iniciativa difícilmente puede calificarse de mera interpretación de una disposición aislada del Reglamento de desarrollo.

62.      En segundo lugar, al compararlo con los artículos 8 y 9 del Reglamento de desarrollo, el artículo 11 parece tener un alcance más limitado, ya que su apartado 2 establece diversas excepciones a la obligación de los organismos oficiales de facilitar información, algunas de las cuales pueden llegar a tener un ámbito de aplicación muy amplio. En particular, el artículo 11, apartado 2, guiones segundo y tercero, se remite en gran medida a la legislación nacional: los organismos oficiales pueden simplemente negarse a facilitar la información solicitada si la legislación nacional en materia de discreción aplicable a sus actividades lo prohíbe. Por lo tanto, el alcance de la obligación de los organismos oficiales de facilitar información parece menor que el de los agricultores y transformadores. En consecuencia, de nuevo en términos sistémicos, resulta difícil interpretar el alcance de la obligación de facilitar información que incumbe a los organismos oficiales en un sentido más amplio que la obligación similar impuesta a los agricultores y transformadores.

63.      De ello se deduce que, en el estado actual de la legislación de la Unión, el artículo 11, apartado 1, del Reglamento de desarrollo debe interpretarse en el sentido de que las solicitudes de información dirigidas a los organismos oficiales deben referirse a variedades protegidas específicas del titular de la obtención vegetal en cuestión. Sin embargo, dicha disposición no impide que los Estados miembros dispongan, en su legislación nacional sobre el acceso a la información, que los organismos oficiales deben facilitar información relativa a especies.

3.      Funcionamiento y operatividad del sistema

64.      En mi opinión, los argumentos más sólidos presentados por la apelante y, hasta cierto punto, también por la Comisión a favor de incluir la información sobre especies en el ámbito de aplicación del artículo 11 del Reglamento de desarrollo son de carácter extrajurídico, pues se refieren al funcionamiento (o, mejor dicho, al mal funcionamiento) en la práctica del sistema establecido por el Reglamento de desarrollo.

65.      La apelante alega que, si los organismos oficiales facilitaran información que permitiera identificar a los pequeños agricultores, ello haría que el procedimiento de ejercicio del derecho a obtener remuneración fuera más eficiente y menos gravoso y costoso para todas las partes implicadas. Por su parte, al proponer una interpretación que también permitiría incluir las especies en el ámbito de aplicación del artículo 11, la Comisión reconoció en la vista que el Reglamento de desarrollo es un anticuado acto de Derecho derivado, implícitamente necesitado de una actualización (interpretativa).

66.      El debate mantenido en las observaciones escritas y en la vista confirmó que el funcionamiento de la excepción en beneficio del agricultor es, en la práctica, bastante complejo.

67.      Cuando se hace uso de esta excepción a fin de proteger la producción agrícola (es decir, los intereses de los agricultores), parece plantear ciertas dificultades prácticas garantizar que los titulares de obtenciones vegetales reciban la remuneración (justa) a la que tienen derecho (es decir, los intereses de esos titulares, que representan a los obtentores). La información que resulta indispensable al efecto parece difícil de obtener, a causa del procedimiento establecido en las mencionadas normas, tal como las interpreta la jurisprudencia. (23) Y esta conclusión se ve confirmada, sobre todo, al compararla con la situación «normal», es decir, la de los agricultores que usan variedades protegidas sin poder acogerse a la excepción en beneficio del agricultor. En ese caso, los titulares de obtenciones vegetales tienen menos dificultades para ejercer sus derechos de propiedad industrial, ya que su autorización es necesaria, lo que les proporciona ex ante la información necesaria sobre el uso de variedades protegidas.

68.      Es preciso recordar que, con arreglo al artículo 2, apartado 2, del Reglamento de desarrollo, «no se considerarán protegidos los intereses legítimos [del titular de la obtención vegetal y del agricultor] mientras uno o varios de ellos se vean gravemente afectados, independientemente de la necesidad de mantener un razonable equilibrio entre todos». Sin embargo, el efecto combinado de las sentencias Schulin y Brangewitz hace que en realidad resulte bastante complicado obtener información de los agricultores (o transformadores). Como ya he expuesto, (24) el Tribunal de Justicia ha considerado que el titular de la obtención vegetal ha de estar autorizado a solicitar información a un agricultor a partir del momento en que disponga de algún indicio de que el agricultor ha utilizado o utilizará la excepción prevista en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento de base. (25) El Tribunal de Justicia añadió que «el titular debe poder organizarse de manera que disponga del nombre y la dirección de los agricultores que compran material de propagación de alguna de sus variedades vegetales protegidas, sea cual fuere la dimensión de la cadena comercial existente entre el titular y el agricultor». (26) Y «además, basándose en el artículo 13, apartado 2, segundo guion, del Reglamento n.º 2100/94, el titular puede exigir a sus distribuidores que registren el nombre y la dirección de los agricultores que compran el material de propagación de alguna de sus variedades vegetales». (27)

69.      Sin embargo, la apelante explicó en la vista, de forma convincente y sin que ningún otro interviniente lo rebatiese, por qué confiar en los distribuidores no es una opción viable para hacer efectivos los derechos de los titulares de obtenciones vegetales. Expuso que no existe una cadena de distribución propiamente dicha, ya que los titulares de obtenciones vegetales representados por la apelante no distribuyen sus semillas, sino que conceden licencias de producción y distribución. Por lo tanto, son otras empresas las que en realidad comercializan las semillas, y ello plantea un doble problema. En primer lugar, dichas empresas son reacias a dar los nombres de sus clientes, por razones de confidencialidad. En segundo lugar, pedir a las empresas que intervienen en las últimas fases de la cadena de suministro que revelen los nombres de sus clientes también podría plantear problemas en relación con el Derecho de la competencia.

70.      Por lo tanto, mientras no exista un contrato entre el agricultor (o transformador) y el titular de la obtención vegetal que determine la información relevante que aquel debe facilitar a este, como se establece en el artículo 8, apartado 1, y el artículo 9, apartado 1, del Reglamento de desarrollo, no parece muy fácil en la práctica para el titular obtener información de los agricultores o los transformadores.

71.      Es este contexto práctico el que lleva a la apelante a alegar, en esencia, que el funcionamiento del sistema actual presenta deficiencias y que, si se interpretase en sentido amplio el acceso a la información procedente de los organismos oficiales con arreglo al artículo 11, se reducirían en general el papeleo y los costes de transacción para todas las partes.

72.      Si se tratara de un proyecto legislativo, esta propuesta contaría con todo mi apoyo. Por principio, toda medida destinada a aliviar a los particulares de la carga de facilitar información que ya obra en poder de la autoridad pública debe ser bienvenida.

73.      Sin embargo, en esto estriba principalmente el problema: lo que la apelante propone va mucho más allá de lo que normalmente puede considerarse una interpretación de una disposición legal. Tal interpretación alteraría el sistema y la lógica del Reglamento de desarrollo, además de entrar en contradicción con la lógica del Reglamento de base. (28) Además, una intervención judicial de esta naturaleza produciría inmediatamente incoherencias lógicas en el conjunto de la norma. (29)

74.      Además, tal intervención «interpretativa» aislada podría acarrear numerosos problemas añadidos. No es posible pasar por alto que, al recibir más información general sobre una categoría de agricultores presumiblemente más amplia (al menos, todos los que cultiven las especies enumeradas en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento de base, y quizá incluso otras especies), en la que se incluía a los agricultores que nunca han utilizado ni tenido la intención de utilizar las variedades protegidas al amparo del artículo 14, apartado 1, los titulares de obtenciones vegetales obtendrían así acceso a una información que va mucho más allá de lo necesario para proteger sus derechos de propiedad industrial. Potencialmente, esta información podría utilizarse para otros muchos fines comerciales, escasamente relacionados con la protección de los derechos de los titulares de obtenciones vegetales a obtener remuneración de sus actuales clientes, o incluso totalmente ajenos a ella.

75.      Por lo tanto, en el estado actual de la legislación de la Unión, los organismos oficiales no pueden convertirse por defecto en los principales proveedores de información en un sistema que se basa en los agricultores y en los transformadores y en el que el control de la observancia de la normativa es responsabilidad exclusiva de los titulares de obtenciones vegetales, como claramente indica el artículo 14, apartado 3, guiones quinto y sexto, del Reglamento de base.

76.      Por todo ello, aunque los problemas mencionados en esta sección tienen indudablemente una base real, corresponde a la Comisión, que en la vista reconoció el carácter un tanto obsoleto de las actuales disposiciones de desarrollo del Derecho de la Unión, volver a su mesa de dibujo y diseñar un nuevo sistema. (30) Resulta extraño que se intente traspasar tal responsabilidad al Tribunal de Justicia, especialmente en un contexto legislativo como el presente, en que una bienintencionada intervención judicial en relación con una disposición aislada, sin alterar la lógica general del sistema, puede causar más problemas de los que resuelve. (31)

C.      Segunda cuestión prejudicial

77.      La segunda cuestión prejudicial se divide en dos partes. En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta por la definición de «organismo oficial que interviene en el control de la producción agrícola» a efectos del artículo 11, apartado 2, primer guion, del Reglamento de desarrollo. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si dicho organismo oficial puede denegar la información solicitada en el caso de que facilitarla entrañe un coste para él, aunque el titular de la obtención vegetal esté dispuesto a asumir ese coste.

78.      Pese a haber propuesto una respuesta negativa a la primera cuestión, que hace innecesario responder a la segunda, voy a ocuparme de las dos preguntas que el órgano jurisdiccional remitente fórmula en su segunda cuestión, para el supuesto de que el Tribunal de Justicia decidiera seguir un camino diferente en cuanto al modo en que deben formularse las solicitudes de información con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento de desarrollo. Además, dado que nada impide a la apelante ni a ningún otro titular de derechos de propiedad industrial formular en cualquier momento una nueva solicitud basada en el artículo 11 del Reglamento de desarrollo, considero que estas preguntas son de una cierta importancia general y práctica y merecen una respuesta del Tribunal de Justicia.

1.      Segunda cuestión prejudicial, letra a): ¿quién puede ser calificado de «organismo oficial que interviene en el control de la producción agrícola»?

79.      Con arreglo al artículo 11, apartado 2, primer guion, del Reglamento de desarrollo, un organismo oficial puede negarse a facilitar información si «no interviene en el control de la producción agrícola». ¿Es un organismo oficial que «interviene en el control de la producción agrícola» una autoridad pública como la del presente asunto, a la que se ha encomendado la tarea de controlar la concesión de subvenciones a los agricultores?

80.      La apelante y la Comisión comparten en gran medida la misma opinión, si bien con fundamentos algo distintos. La apelante alega que un organismo encargado de las subvenciones agrarias de la Unión concedidas a los agricultores es un organismo oficial que interviene en el control de la producción agrícola, ya que el examen de la legalidad de las subvenciones requiere controlar la producción agrícola. La Comisión alega que una interpretación amplia de este concepto es necesaria para garantizar la efectividad del derecho a la información, y que dicho concepto debe incluir todo organismo oficial que posea información sobre la producción agrícola, incluidas las autoridades competentes para el pago de subvenciones.

81.      El apelado y el Gobierno español son de la opinión contraria. Entienden que una autoridad pública encargada de las subvenciones de la Unión no interviene en el control de la producción agrícola. La gestión de las subvenciones de la Unión obliga a dicha autoridad a obtener de los agricultores que solicitan las subvenciones ciertos datos relativos a las variedades, a fin de determinar si esas variedades pertenecen al catálogo común de la Unión de variedades vegetales. Sin embargo, la autoridad pública no tiene la obligación de comprobar si dichas variedades están protegidas ni quiénes son sus titulares, pues esta una información es irrelevante para las funciones que desarrolla dicha autoridad.

82.      No cabe duda de que las autoridades que controlan las subvenciones de la Unión no intervienen, estrictamente hablando, en la producción agrícola. Sin embargo, considero que tampoco cabe ninguna duda que, partiendo de una interpretación razonable de esta expresión, sí que intervienen claramente en el control de la producción agrícola.

83.      En primer lugar, aunque no participen en la producción agrícola, las autoridades públicas que controlan las subvenciones de la Unión controlan efectivamente dicha producción, pues estas subvenciones se ajustan específicamente, en su ámbito de aplicación y en su importe, a las actividades productivas de los agricultores. (32) Por lo tanto, las mencionadas autoridades intervienen ciertamente en el control de la producción agrícola, aunque no «controlen» la producción en el sentido de una economía de planificación central que decida, por ejemplo, si se ha de limitar la producción y en qué nivel.

84.      Naturalmente, es pertinente la cuestión de si dichas autoridades públicas disponen, en el contexto de sus actividades de control generales, del tipo exacto de información requerido por la apelante. Sin embargo, esta es una cuestión diferente. Una autoridad pública puede dedicarse, en general, al control de la producción agrícola aunque este control no abarque un tipo de información muy concreto. Dicho esto, en la vista oral se afirmó que el apelado dispone de ciertos datos relevantes en relación con las variedades.

85.      En segundo lugar, el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de desarrollo ya establece diversas excepciones (redactadas de forma bastante amplia) (33) a la obligación de facilitar información, que permiten a los organismos oficiales denegar la información solicitada. Sin embargo, dichas excepciones deben ser interpretadas restrictivamente a fin de garantizar la efectividad residual de la norma. Una interpretación excesivamente estricta del concepto de «organismo oficial que interviene en el control de la producción agrícola», como por ejemplo una que lo circunscribiera a los organismos creados expresamente para aplicar el artículo 11 del Reglamento de desarrollo, haría prácticamente imposible calificar cualquier autoridad de «organismo oficial que interviene en el control de la producción agrícola». (34) Por lo tanto, el concepto debe interpretarse de un modo razonable que garantice la efectividad del derecho de los titulares de obtenciones vegetales a obtener (cierta) información de los organismos oficiales. (35)

86.      De ello resulta que toda autoridad pública competente para el control de la concesión de subvenciones de la Unión Europea es un organismo oficial que interviene en el control de la producción agrícola y, en consecuencia, no puede acogerse a la excepción a la obligación de facilitar información que establece el artículo 11, apartado 2, primer guion, del Reglamento de desarrollo.

2.      Segunda cuestión prejudicial, letra b): costes añadidos

87.      En la parte b) de la segunda cuestión prejudicial se solicita al Tribunal de Justicia que aclare en qué condiciones puede un organismo oficial denegar la información solicitada cuando el tratamiento de dicha información entrañe costes adicionales para dicho organismo. Se le pregunta además si tiene alguna importancia para la respuesta el hecho de que el titular de la obtención vegetal que ha solicitado la información esté dispuesto a asumir dichos costes.

88.      Según la apelante y la Comisión, es preciso distinguir la obtención de la información y su procesamiento: un organismo oficial puede denegar la información en el caso de que su obtención (y no su procesamiento) le genere nuevos costes. En el presente asunto es indudable que el organismo oficial ha recibido la información sin costes adicionales. En cualquier caso, la apelante y la Comisión alegan que el organismo oficial no puede denegar la información si el solicitante está dispuesto a correr con dichos costes.

89.      El apelado y el Gobierno español argumentan que el esfuerzo adicional que la búsqueda implicaría para el organismo oficial tendría repercusiones en su organización y en su gestión, y podría afectar incluso al desempeño normal de sus funciones. Aunque la información solicitada por el titular de la obtención vegetal esté disponible en la base de datos del apelado, sería preciso disponer una función especial de búsqueda para extraer dicha información de la base de datos. El apelado ha alegado que carece de capacidad de programación propia para la búsqueda necesaria a fin de recopilar los datos solicitados. Según afirma, para ello necesitaría recurrir a los servicios de un proveedor externo, con un coste estimado de unos 6 000 EUR.

90.      A mi parecer, corresponde en definitiva al órgano jurisdiccional remitente responder a esta cuestión, de naturaleza más bien fáctica, y determinar si, en las circunstancias del caso, el necesario procesamiento de los datos, que ya están disponibles, implica una carga adicional de trabajo de tal magnitud que no se puede esperar que la realice el organismo oficial. No obstante, a continuación voy a proporcionar algunas orientaciones generales al respecto. (36)

91.      En primer lugar, el artículo 11, apartado 2, guiones quinto y sexto, del Reglamento de desarrollo establece que el organismo oficial podrá negarse a facilitar la información solicitada si «la información no puede ser obtenida en el cumplimiento ordinario de las tareas del organismo oficial» o si «la información sólo puede ser obtenida con costes o gastos suplementarios».

92.      El apelado ha reconocido en la vista oral que la información solicitada está disponible en la base de datos, aunque no puede extraerla sin la ayuda de otro prestador de servicios. ¿Es aplicable a esta situación alguna de las dos excepciones citadas?

93.      Aunque reconozco la importancia de la diferenciación entre obtener y procesar información cuando se trata de documentos en papel, como acertadamente han señalado el apelado y la Comisión, no estoy totalmente convencido de que esa diferencia sea de una gran ayuda analítica en relación con las bases de datos electrónicas. Cualquier gran base de datos o conjunto de datos electrónicos puede contener una reserva (potencialmente ilimitada) de información. Lo que en representa un verdadero problema y una carga en la práctica es la necesidad de extraer la información de dicha fuente en forma estructurada y útil. (37)

94.      Ciertamente, toda solicitud de información requiere algún trabajo por parte de la persona que posee la información o que probablemente la posea. Sin embargo, como ha señalado el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia sobre el acceso a la documentación de las instituciones de la Unión Europea, en aras de una buena administración, la carga de trabajo que impliquen las solicitudes de acceso a documentos no debe ser desproporcionada. (38)

95.      Por lo tanto, en vez de centrarse en la diferencia entre obtener un documento y procesarlo, cuando se trata de obtener información de bases de datos o conjuntos de datos electrónicos puede ser más útil tener en cuenta la carga general de trabajo adicional necesaria. Una solicitud de información no puede ser rechazada solamente porque entrañe trabajo adicional. De lo que se trata en realidad es de determinar cuánto trabajo añadido es necesario y en qué punto ese trabajo adicional resulta desproporcionado.

96.       En el presente asunto, tal como han alegado la apelante y la Comisión, la información ya está disponible en la base de datos. Además, al no haber ningún organismo oficial encargado específicamente de recoger la información sobre el uso de las variedades protegidas, ni siquiera para otro fin, el derecho a la información quedaría privado de efecto si se denegase la información a causa de los costes necesarios para procesarla.

97.      Estas dos consideraciones tienen en efecto cierto peso, especialmente en el caso concreto de las bases de datos electrónicas. En función de su estructura y organización interna, es posible extraer una gran cantidad de información de una base de datos electrónica, a menudo con un esfuerzo mínimo. De modo muy semejante al efecto óptico producido por un caleidoscopio, una pequeña rotación (un comando o un clic) puede cambiar por completo la imagen. (39) En este contexto se puede obtener con mayor facilidad todo tipo de información y se puede acceder a ellos con un esfuerzo relativamente pequeño, aunque resulta evidente que no es posible permitir que las solicitudes individuales conviertan a la autoridad competente en una agencia de investigación para fines privados.

98.      Por lo tanto, procedería aplicar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad a la hora de decidir si la autoridad competente debe otorgar acceso a los datos solicitados, aunque que sea necesario cierto procesamiento previo de dichos datos. En este contexto general, corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar, en las circunstancias del presente asunto, si la extracción de la información solicitada requiere un trabajo adicional considerable que esa autoridad no puede asumir razonablemente.

99.      Por último, en cuanto a la oferta de la apelante de hacerse cargo de los costes adicionales que implique la extracción de la información solicitada de la base de datos, procede señalar, es preciso comenzar por indicar que esta cuestión difiere de la cuestión de si debe darse acceso a la información. El coste y el acceso a la información son cosas diferentes. La decisión de conceder o denegar el acceso a la información no puede depender de que una persona se declare dispuesta a asumir los costes en que incurra la autoridad competente.

100. Así se deduce, no solo de la lógica de las disposiciones sobre el acceso a los documentos, en la que el acceso es una etapa separada de la de los costes, sino también del principio de igualdad: la capacidad (o incapacidad) de asumir los costes nunca debería determinar el acceso. De lo contrario, el acceso a los documentos solo sería posible para quienes pudieran pagarlo.

101. Por lo tanto, una vez que se ha decidido conceder el acceso al considerar razonable el volumen de trabajo adicional necesario, es el organismo oficial quien debe determinar, como etapa posterior e independiente, si los eventuales costes generados debe asumirlos quien solicita la información. A este respecto cabe hacer de nuevo una analogía con el acceso a los documentos de las instituciones de la Unión o con la reutilización de la información del sector público. En particular, el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 dispone que podrá requerirse al solicitante que corra con los gastos de realización y envío de las copias, si bien estos gastos no excederán del coste real de realización y envío de las copias. (40) Del mismo modo, la Directiva 2003/98 dispone que, cuando se aplique una tarifa por la reutilización de documentos, dicha tarifa se limitará a los costes marginales en que se incurra para su reproducción, puesta a disposición y difusión. (41)

102. Aplicando por analogía dichas reglas parecería razonable, en el presente asunto, que el organismo oficial al que se solicita información requiriera a los titulares de obtenciones vegetales el pago del coste de facilitar dicha información, dentro de los límites de los costes suplementarios reales en que incurra el organismo oficial para procesar la información.

103. Por consiguiente, el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de desarrollo debe interpretarse en el sentido de que permite a un organismo oficial negarse a facilitar la información solicitada si es probable que el procesamiento de los datos ya disponibles acarree una carga de trabajo desproporcionada que no pueda razonablemente ser asumida por dicho organismo.

V.      Conclusión

104. Habida en cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por el Thüringer Oberlandesgericht (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Turingia, Alemania) del siguiente modo:

–        «El artículo 11, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1768/95 de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se adoptan normas de desarrollo de la excepción en beneficio del agricultor contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, debe interpretarse en el sentido de que las solicitudes de información dirigidas a los organismos oficiales deben referirse a variedades protegidas específicas. Sin embargo, dicha disposición no impide que los Estados miembros dispongan en una legislación nacional que los organismos oficiales deben facilitar información relativa a especies.

–        Toda autoridad pública competente para el control de la concesión de subvenciones de la Unión Europea es un organismo oficial que interviene en el control de la producción agrícola. Por lo tanto, dicho organismo no puede acogerse a la excepción a la obligación de facilitar información que establece el artículo 11, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.º 1768/95.

–        El artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.º 1768/95 debe interpretarse en el sentido de que permite a un organismo oficiale negarse a facilitar la información solicitada si es probable que el procesamiento de los datos ya disponibles acarree una carga de trabajo desproporcionada que no pueda razonablemente ser asumida por dicho organismo.


1      Lengua original: inglés.


2      Sentencia de 10 de abril de 2003 (C‑305/00, EU:C:2003:218).


3      Sentencia de 14 de octubre de 2004 (C‑336/02, EU:C:2004:622).


4      DO 1994, L 227, p. 1.       


5      DO 1995, L 173, p. 14.


6      Del expediente nacional presentado al Tribunal de Justicia se desprende que la apelante representa a más de cincuenta productores de semillas, en su mayoría empresas establecidas en Alemania, mientras que otras están establecidas en, Dinamarca, Francia, Países Bajos y Polonia.


7      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549)


8      Reglamento Delegado de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro (DO 2014, L 255, p. 18).


9      Sentencias de 10 de abril de 2003, Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218); de 11 de marzo de 2004, Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft (C‑182/01, EU:C:2004:135); de 14 de octubre de 2004, Brangewitz (C‑336/02, EU:C:2004:622), y de 15 de noviembre de 2012, Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main (C‑56/11, EU:C:2012:713).


10      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público (DO 2003, L 345, p. 90).


11      Véase también el considerando 6 del Reglamento de desarrollo, según el cual la Comisión controlará los efectos que la definición del concepto de «pequeños agricultores» pueda surtir con respecto a la función de la remuneración.


12      Véanse, por ejemplo, mis conclusiones presentadas en el asunto Buccioni (C‑594/16, EU:C:2018:425), punto 32.


13      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 12 de octubre de 2017, Kamin y Grill Shop (C‑289/16, EU:C:2017:758), apartado 22, y de 19 de octubre de 2017, Vion Livestock (C‑383/16, EU:C:2017:783), apartado 35 y jurisprudencia citada.


14      Esta restricción se desprende del artículo 14, apartado 1, del Reglamento de base.


15      Sentencias de 10 de abril de 2003, Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218), y de 14 de octubre de 2004, Brangewitz (C‑336/02, EU:C:2004:622).


16      Sentencia de 10 de abril de 2003 (C‑305/00, EU:C:2003:218), apartado 63.


17      Ibíd. Apartado 72.


18      Ibíd. Apartado 57.


19      Sentencia de 14 de octubre de 2004 (C‑336/02, EU:C:2004:622), apartados 65 y 66.


20      Pero no solo ahí: la misma lógica se repite y se recalca en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento de desarrollo.


21      De dichas disposiciones resulta igualmente que, mientras que, por lo general, los agricultores y transformadores “facilitarán” la información pertinente, ciertos organismos oficiales “podrán facilitarla” cuando concurran ciertos requisitos.


22      Esta declaración se formuló en la sentencia de 10 de abril de 2003, Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218), apartado 60, respecto a los agricultores y en la sentencia de 14 de octubre de 2004, Brangewitz (C‑336/02, EU:C:2004:622), apartado 48, respecto a los transformadores.


23      Cabe señalar que, en el asunto Schulin, el Tribunal de Justicia recalcó expresamente «la dificultad que tiene el titular para ejercitar su derecho a la información, debido a que [...] el examen de una planta no permite demostrar si esta se obtuvo mediante la utilización del producto de la cosecha o a través de la adquisición de simientes» (sentencia de 10 de abril de 2003 (C‑305/00, EU:C:2003:218, apartado 63).


24      Véanse los puntos 55 y 56 de las presentes conclusiones.


25      Sentencia de 10 de abril de 2003, Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218), apartado 63.


26      Ibíd. Apartado 66.


27      Ibíd. Apartado 68. El artículo 13, apartado 2, letras c) y d), del Reglamento de base, en particular, dispone que la autorización del titular es necesaria para la puesta en venta y la venta u otro tipo de comercialización.


28      Véase el punto 61 de las presentes conclusiones.


29      En el interior del artículo 11 del Reglamento de desarrollo, pero también con otras disposiciones de este (véanse los puntos 51 a 62 de las presentes conclusiones).


30      En general, con respecto a la obligación del legislador de la Unión de mantenerse al tanto del entorno social y económico (o afrontar la consecuencia de que la validez de su legislación sea impugnada), véanse mis conclusiones presentadas en los asuntos Confédération paysanne y otros (C‑528/16, EU:C:2018:20), punto 139, y Lietuvos Republikos Seimas (C‑2/18, EU:C:2019:180), punto 99.


31      En sentido similar, véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Schrems (C‑498/16, EU:C:2017:863), punto 123.


32      Los organismos pagadores, responsables de la gestión y control de los fondos agrícolas, deben disponer de un sistema de control interno que garantice suficientemente que los pagos son legítimos y habituales y se contabilizan correctamente. Este sistema integrado debe incluir una base de datos informatizada, un sistema de identificación de las parcelas agrícolas, las solicitudes de ayuda y un sistema de control integrado. Respecto a este último, las solicitudes de ayuda se deben someter a controles administrativos a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para recibir la ayuda [véanse, en particular, los artículos 59, 67, 68 y 74 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013].


33      Véanse los puntos 8 y 62 de las presentes conclusiones.


34      Así resulta también del debate mantenido en la vista, del que cabe deducir que, al haberle sido encomendado por defecto al titular de la obtención vegetal el control básico tanto en el Reglamento de base como en el Reglamento de desarrollo, no se ha creado ninguna red especial de autoridades nacionales designadas a estos efectos.


35      El carácter imperativo de la obligación de los organismos oficiales de facilitar la información legítimamente solicitada queda de relieve en el artículo 11, apartado 4, del Reglamento de desarrollo, que establece el deber de motivar por escrito toda denegación de acceso a la información solicitada.


36      Naturalmente, con la advertencia de que las consideraciones siguientes solo son pertinentes si la solicitud original está comprendida efectivamente en el ámbito de aplicación del artículo 11 del Reglamento de desarrollo. En línea con lo que he expuesto anteriormente, en los puntos 38 a 42 de las presentes conclusiones, si una solicitud dirigida a una autoridad administrativa nacional se refiere a las especies, deberán aplicarse el Derecho nacional y sus principios en cuanto al acceso a la información y en cuanto a los costes adicionales.


37      Véase, en particular, la sentencia de 11 de enero de 2017, Typke/Comisión (C‑491/15 P, EU:C:2017:5), apartado 34. En otras palabras, en el caso de tales bases o conjuntos de datos electrónicos, la mayor parte de la carga de trabajo real tiene que ver con el procesamiento. La información está efectivamente disponible, pero, si no está estructurada y organizada adecuadamente, en la práctica resulta inútil.


38      Véase, por ejemplo, la sentencia de 2 de octubre de 2014, Strack/Comisión (C‑127/13, EU:C:2014:2250), apartados 27 y 28. Véanse asimismo mis conclusiones presentadas en el asunto Typke/Comisión (C‑491/15 P, EU:C:2016:711), punto 41.


39      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Typke/Comisión (C‑491/15, EU:C:2016:711), apartados 45 y 46.


40      Véase el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).


41      Véase el artículo 6 de la Directiva 2003/98.