Language of document : ECLI:EU:C:2019:505

Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. GIOVANNI PITRUZZELLA

presentadas el 18 de junio de 2019 (1)

Asuntos acumulados C152/18 P y C153/18 P

Crédit mutuel Arkéa

contra

Banco Central Europeo (BCE)

«Recurso de casación — Política económica y monetaria — Artículo 127 TFUE, apartado 6 — Reglamento (UE) n.º 1024/2013 — Artículo 4, apartado 1, letra g) — Supervisión prudencial de las entidades de crédito en base consolidada — Reglamento (UE) n.º 468/2014 — Artículo 2, punto 21, letra c) — Reglamento (UE) n.º 575/2013 — Artículo 10 — Grupo supervisado — Entidades afiliadas de forma permanente a un organismo central»






1.        Los dos asuntos acumulados presentes traen causa de dos recursos de casación idénticos interpuestos por Crédit mutuel Arkéa (en lo sucesivo, «CMA»), entidad de crédito de Derecho francés, por los que solicita la anulación de dos sentencias del Tribunal General, (2) también prácticamente idénticas, mediante las que este desestimó los recursos interpuestos por CMA por los que se solicitaba la anulación de dos decisiones del Banco Central Europeo (BCE), (3) que establecían los requisitos prudenciales aplicables al grupo Crédit mutuel, al que pertenece CMA.

2.        Estos asuntos brindan al Tribunal de Justicia la ocasión, por un lado, de interpretar por primera vez el artículo 127 TFUE, apartado 6, que constituye la base jurídica que permite encomendar al BCE tareas de supervisión prudencial en el sector bancario y, por otro lado, de aclarar el alcance subjetivo de la supervisión prudencial en base consolidada que ejerce el BCE, en el marco del mecanismo único de supervisión (en lo sucesivo, «MUS»), sobre los grupos de entidades bancarias.

I.      Marco jurídico

A.      Derecho de la Unión

3.        El Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (4) (en lo sucesivo, «Reglamento MUS») creó, a partir de 2014, un nuevo sistema de supervisión de los bancos de la zona del euro y de otros Estados miembros participantes cuya moneda no es el euro, (5) en el marco del MUS. El MUS es un sistema de supervisión financiera formado por el BCE y autoridades competentes nacionales.

4.        Entre las distintas funciones de supervisión atribuidas al BCE en el marco del MUS, el artículo 4, apartado 1, letra g), del Reglamento MUS le confiere la de «proceder a la supervisión en base consolidada de las empresas matrices de entidades de crédito establecidas en uno de los Estados miembros participantes, incluidas las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera»

5.        El Reglamento MUS ha sido completado y concretado por el Reglamento (UE) n.º 468/2014 del BCE, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el MUS entre el BCE y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (6) (en lo sucesivo, «Reglamento Marco del MUS»).

6.        El artículo 2, punto 21, de este Reglamento define el concepto de «grupo supervisado». Con arreglo a esta disposición, constituyen tales grupos

«[…] cualquiera de los siguientes:

a)      un grupo cuya empresa matriz sea una entidad de crédito o una sociedad financiera de cartera con sede central en un Estado miembro participante;

b)      un grupo cuya empresa matriz sea una sociedad financiera mixta de cartera con sede central en un Estado miembro participante, siempre que el coordinador del conglomerado financiero […], sea una autoridad competente para la supervisión de entidades de crédito y sea además el coordinador en su función de supervisor de dichas entidades;

c)      entidades supervisadas con sus respectivas sedes centrales en el mismo Estado miembro participante, siempre que estén afiliadas de forma permanente a un organismo central que las supervise según las condiciones establecidas en el artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 [ (7)] y que radique en el mismo Estado miembro participante.»

7.        El artículo 10 del Reglamento n.º 575/2013, al que se refiere el artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS, lleva por título «Exención aplicable a las entidades de crédito afiliadas de forma permanente a un organismo central». Este artículo prevé, en su apartado 1:

«Las autoridades competentes podrán, de conformidad con la legislación nacional, eximir total o parcialmente de la aplicación de los requisitos establecidos en las partes segunda a octava a una o varias entidades de crédito situadas en un mismo Estado miembro y que estén afiliadas de forma permanente a un organismo central que las supervise y esté establecido en el mismo Estado miembro, si se cumplen las siguientes condiciones:

a)      los compromisos del organismo central y de las entidades afiliadas constituyen obligaciones conjuntas y solidarias o los compromisos de las entidades afiliadas están completamente garantizados por el organismo central;

b)      la solvencia y liquidez del organismo central y de todas las entidades afiliadas están supervisadas en su conjunto sobre la base de las cuentas consolidadas de esas entidades;

c)      la dirección del organismo central está habilitada para dar instrucciones a la dirección de las entidades afiliadas.

[…]»

B.      Derecho francés

8.        Con arreglo al artículo L.511–30 del code monétaire et financier (Código Monetario y Financiero francés; en lo sucesivo «CMF»), a efectos de la aplicación de las disposiciones del CMF relativas a las entidades de crédito y a las sociedades de financiación, la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) se considerará un órgano central.

9.        El artículo L.511–31 del CMF prevé, en particular, que los órganos centrales representarán a las entidades de crédito y a las sociedades de financiación afiliadas a ellos, que deberán velar por la cohesión de su red y garantizar el buen funcionamiento de las entidades y las sociedades afiliadas a ellos, y que, a tal fin, adoptarán todas las medidas necesarias, en particular, al objeto de garantizar la liquidez y la solvencia de cada una de estas entidades y sociedades y de toda la red.

II.    Antecedentes del litigio

10.      Los antecedentes del litigio se describen en las sentencias recurridas, a las que me remito para más detalles. (8)

11.      A efectos del presente procedimiento, me limitaré a recordar que Crédit mutuel es un grupo bancario no centralizado formado por una red de cajas locales con estatuto de sociedades cooperativas. Cada caja local de Crédit mutuel debe adherirse a una federación regional y cada federación regional debe adherirse a la CNCM, órgano central de la red en el sentido de los artículos L.511–30 y L.511–31 del CMF.

12.      CMA es una sociedad anónima cooperativa de crédito de capital variable, autorizada como entidad de crédito. Pertenece al grupo Crédit mutuel.

13.      Mediante Decisión de 1 de septiembre de 2014, el BCE consideró que el grupo Crédit mutuel constituía un grupo supervisado significativo. En esta Decisión, el BCE estimó, en particular, que la CNCM constituía el nivel de consolidación más elevado del MUS y que CMA era una entidad perteneciente al grupo Crédit mutuel.

14.      Mediante escrito de 19 de septiembre de 2014, CMA comunicó al BCE su análisis sobre la imposibilidad de ser supervisada por este a través de la CNCM.

15.      Tras varios intercambios con CMA y la CNCM, el 17 de junio de 2015, el BCE adoptó una Decisión por la que estableció los requisitos prudenciales aplicables al grupo Crédit mutuel. (9) En esta Decisión, el BCE manifestó, en particular, ser la autoridad de supervisión prudencial en base consolidada de la CNCM y la autoridad competente encargada de supervisar a las entidades enumeradas en la propia Decisión, incluida CMA.

16.      A instancia de CMA, el 14 de septiembre de 2015, el Comité Administrativo de Revisión (10) emitió un dictamen según el cual la Decisión del BCE de 17 de junio de 2015 era conforme a Derecho. En su respuesta a las alegaciones formuladas por CMA, este Comité declaró, entre otras cosas, en primer lugar, que no era obligatorio que un «organismo central», en el sentido del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS, y del artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.º 575/2013, tuviera necesariamente la condición de entidad de crédito. En segundo lugar, este Comité afirmó que el grupo Crédit mutuel reunía los requisitos previstos en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.º 575/2013, al que se remite el artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS.

17.      Tras este dictamen, el 5 de octubre de 2015, el BCE adoptó la primera Decisión controvertida, que derogó y sustituyó a la Decisión de 17 de junio de 2015, si bien su contenido era idéntico. (11)

18.      A continuación, el 5 de diciembre de 2015, el BCE adoptó la segunda Decisión controvertida, por la que estableció los nuevos requisitos prudenciales aplicables al grupo Crédit mutuel y a las entidades que lo componen.

III. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencias recurridas

19.      Mediante dos escritos presentados en la Secretaría del Tribunal General el 3 de diciembre de 2015 y el 3 de febrero de 2016, CMA interpuso sendos recursos de anulación, de contenido esencialmente idéntico, respectivamente contra la primera Decisión controvertida y contra la segunda Decisión controvertida.

20.      En apoyo de sus recursos de anulación ante el Tribunal General, CMA invocó, en el marco de ambos, tres motivos, de los cuales solo dos son objeto de los presentes recursos de casación. En sus recursos de anulación, CMA cuestionaba, en esencia, la legalidad de las dos Decisiones controvertidas, en la medida en que organizaban una supervisión prudencial en base consolidada del grupo Crédit mutuel a través de la CNCM. Mediante los primeros motivos de sus dos recursos, CMA alegaba que, dado que la CNCM no tenía la condición de entidad de crédito, no podía ser calificada de organismo central en el sentido del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS. Mediante los segundos motivos de sus recursos, CMA alegaba que el BCE había considerado erróneamente que el grupo Crédit mutuel reunía los requisitos previstos en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.º 575/2013, al que se remite el artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS. (12)

21.      Mediante las sentencias recurridas, el Tribunal General desestimó los recursos de anulación de CMA en su totalidad.

IV.    Pretensiones de las partes

22.      Mediante sus recursos de casación, CMA solicita al Tribunal de Justicia que anule las sentencias recurridas.

23.      El BCE solicita al Tribunal de Justicia que desestime los recursos de casación por ser, al menos, parcialmente inadmisibles y, por lo demás, infundados; que confirme las sentencias recurridas y que condene en costas a CMA.

24.      La Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que desestime los recursos de casación y que condene en costas a CMA.

25.      La CNCM, cuya solicitud de intervención fue admitida por el Presidente del Tribunal de Justicia mediante auto de 20 de septiembre de 2018, apoya las pretensiones del BCE y de la Comisión y solicita al Tribunal de Justicia que condene en costas a CMA.

V.      Análisis jurídico

26.      CMA invoca dos motivos en apoyo de sus dos recursos de casación.

27.      Los primeros motivos se basan en la comisión de un error de Derecho al interpretar el artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS y el artículo 10 del Reglamento n.º 575/2013. CMA reprocha al Tribunal General, en esencia, haber declarado erróneamente que estas disposiciones permiten al BCE organizar una supervisión prudencial en base consolidada de las entidades afiliadas a un organismo central, aun cuando dicho organismo central no tiene la condición de entidad de crédito.

28.      Mediante sus segundos motivos, CMA reprocha al Tribunal General haber considerado erróneamente al grupo Crédit mutuel como un grupo supervisado, en el sentido del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS, pese a que este grupo, en opinión de CMA, no reúne el requisito previsto en el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 575/2013.

29.      Antes de analizar los motivos invocados por CMA, procede, con carácter preliminar, examinar la admisibilidad de la remisión hecha por esta último, al principio de sus recursos de casación, a una nota, que se acompaña en anexo, en la que un profesor de universidad, a petición de la propia CMA, analiza las sentencias recurridas desde el punto de vista del Derecho de regulación y supervisión bancaria.

30.      A este respecto, ha de observarse que, según la jurisprudencia, la función puramente probatoria e instrumental de los anexos implica que, en la medida en que un documento anexo al recurso de casación contenga razones de Derecho en las que se funden algunos de los motivos o argumentos invocados en el recurso, tales razones deben figurar en el propio texto del escrito de recurso al que va anexo dicho documento o, al menos, quedar suficientemente identificadas en él. En efecto, a la luz de esta función de los anexos, no incumbe al Tribunal de Justicia buscar e identificar, en los anexos, los motivos o argumentos que a su juicio podrían constituir el fundamento del recurso de casación o de los distintos motivos invocados en él. (13)

31.      En el caso de autos, la remisión general y global a la nota en cuestión efectuada por CMA en sus recursos de casación es vaga y no se asocia expresamente a ningún motivo. CMA no identifica de ningún modo específico los argumentos expuestos en esta nota que pudieran fundamentar las alegaciones formuladas en los motivos invocados en sus recursos de casación. En estas circunstancias, en mi opinión, dicha remisión debe declararse inadmisible, de manera que el contenido de la nota en cuestión no debería tenerse en cuenta como un elemento jurídico en el que se basan los motivos y las alegaciones formulados por CMA en sus recursos de casación.

A.      Primeros motivos de casación relativos al requisito de que el organismo central tenga la condición de entidad de crédito a efectos de la calificación de «grupo supervisado»

32.      En el marco de los primeros motivos de los dos recursos de casación, que se dividen en dos partes, CMA alega que el Tribunal General cometió dos errores de Derecho al interpretar el artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS. Según CMA, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que exige que el organismo central al que se refiere ese texto tenga la condición de entidad de crédito. Este requisito se desprende, a su entender, tanto del artículo 2, punto 21, letra c), del propio Reglamento Marco del MUS (primera parte), como del artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.º 575/2013, al que se remite dicha disposición (segunda parte).

1.      Primera parte de los primeros motivos, basada en la interpretación errónea del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS

33.      En el marco de la primera parte de los primeros motivos, CMA discrepa de la interpretación del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS efectuada por el Tribunal General sobre cuya base este declaró que tal disposición no implicaba por sí sola que un organismo central deba tener la condición de entidad de crédito.

a)      Breve exposición del razonamiento del Tribunal General

34.      En las sentencias recurridas, el Tribunal General realizó una interpretación literal, teleológica y contextual del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS. (14)

35.      Por lo que respecta, en primer lugar, a la interpretación literal, el Tribunal General señaló que la redacción de la disposición controvertida no indica que el organismo central deba tener la condición de entidad de crédito. (15)

36.      En cuanto atañe, en segundo lugar, a la interpretación teleológica, el Tribunal General se basó en la doble finalidad perseguida por la supervisión prudencial de los grupos de entidades de crédito en base consolidada que ya había expuesto previamente, (16) a saber, por un lado, permitir al BCE evaluar los riesgos que pueden afectar a una entidad de crédito que no surgen directamente de ella, sino del grupo al que pertenece, y, por otro lado, evitar fragmentar la supervisión prudencial de las entidades que conforman esos grupos entre distintas autoridades de supervisión, concretamente el BCE y las autoridades nacionales.

37.      El Tribunal General dedujo de esta doble finalidad, en primer lugar, que el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.º 575/2013 implica una vinculación suficiente entre las entidades afiliadas a un organismo central que permite constatar la existencia de un grupo. (17)

38.      Además, dedujo de ella, en segundo lugar, que, si se adopta el planteamiento de CMA, según el cual resulta imposible ejercer una supervisión prudencial en base consolidada a través de un organismo central que no tiene la condición de entidad de crédito, «las distintas entidades afiliadas a un organismo central que no tenga la condición de entidad de crédito pero que reúna los requisitos establecidos en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.º 575/2013, estarían sujetas, en función de su importancia individual, bien a la supervisión exclusiva del BCE, bien a las supervisión directa de las autoridades nacionales competentes en el marco del MUS, lo cual daría lugar a un fraccionamiento de la supervisión prudencial, contrario a la finalidad tanto del Reglamento [MUS] como del Reglamento Marco del MUS». (18)

39.      En lo tocante, en tercer lugar, a la interpretación contextual, el Tribunal General afirmó que las disposiciones pertinentes del Reglamento MUS no confieren al BCE la posibilidad de imponer sanciones administrativas a los organismos centrales como tales. Sin embargo, el Tribunal General declaró que la supervisión prudencial en base consolidada se añade a la supervisión prudencial en base individual y que, por tanto, el hecho de que el BCE no pueda imponer sanciones a un organismo central que no tenga la condición de entidad de crédito no constituye un obstáculo que impida ejercer una supervisión prudencial adecuada, dado que el BCE puede hacer uso de sus prerrogativas frente a las entidades afiliadas a ese organismo central. (19)

40.      En el contexto de la primera parte de los primeros motivos, CMA formula tres alegaciones contra esta interpretación del Tribunal General.

b)      Conformidad de la interpretación del Tribunal General con el artículo 127 TFUE, apartado 6

41.      Mediante su primera alegación, CMA reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho en la medida en que no interpretó el artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco MUS de conformidad con la norma superior que esta disposición desarrolla, esto es, el artículo 127 TFUE, apartado 6. Según CMA, de esta última disposición resulta que el BCE ejerce tareas de supervisión prudencial únicamente respecto de las entidades de crédito y de las entidades financieras. A su juicio, una interpretación del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS conforme a esta norma superior del TFUE debería haber llevado al Tribunal General a declarar que el organismo central al que se refiere esta disposición debería tener necesariamente la condición de entidad de crédito para que el BCE pueda ejercer una supervisión prudencial en base consolidada a través de dicho organismo central. CMA no propone una excepción de ilegalidad del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS, sino una mera cuestión de interpretación: la norma de Derecho derivado debe interpretarse de conformidad con la norma de Derecho superior del TFUE.

42.      Además, según CMA, a diferencia de cuanto alega el BCE, un órgano central de un grupo mutualista, como la CNCM, no puede ser calificado de «otra entidad financiera» en el sentido del artículo 127 TFUE, apartado 6. En efecto, a su entender, la CNCM es una mera asociación que ejerce una actividad de carácter puramente administrativo y que no desempeña, por el contrario, ninguna actividad económica.

43.      EL BCE y la Comisión aducen que procede rechazar esta alegación.

44.      Con carácter preliminar, ha de recordarse que el artículo 127 TFUE, apartado 6, (20) dispone que el Consejo de la Unión Europea «podrá encomendar al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras entidades financieras, con excepción de las empresas de seguros». (21)

45.      Esta disposición del TFUE constituye la base jurídica de la que partió el Consejo para adoptar el Reglamento MUS, sobre cuya base, posteriormente, el BCE adoptó el Reglamento Marco del MUS.

46.      Procede comenzar señalando que la circunstancia, puesta de manifiesto por el BCE y la Comisión, (22) de que CMA no propusiera una excepción de ilegalidad del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS habida cuenta del artículo 127 TFUE, apartado 6, o del Reglamento MUS no afecta a la alegación formulada por CMA. En efecto, como esta ha puesto claramente de manifiesto, su alegación se basa en un error en la interpretación del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS efectuada por el Tribunal General, en cuanto esta interpretación, a su parecer, no es conforme con la norma de Derecho superior contenida en el TFUE. En cambio, CMA no alega que el artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS sea incompatible con dicha norma de Derecho superior. Se trata, por tanto, sin duda, de una alegación concerniente a la interpretación del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS, y no a su validez. Pues bien, la posibilidad de formular este tipo de alegación no está en modo alguno supeditada a la proposición de una excepción de ilegalidad.

47.      En esencia, CMA alega que la interpretación del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS efectuada por el Tribunal es errónea puesto que del hecho de que el artículo 127 TFUE, apartado 6, se refiera exclusivamente al control prudencial de las entidades de crédito y otras entidades financieras se desprende por fuerza que un organismo central contemplado en dicha disposición de Derecho derivado debe tener necesariamente la condición de entidad de crédito para que el BCE pueda ejercer una supervisión prudencial en base consolidada a través de dicho organismo central.

48.      Esta alegación presupone, en mi opinión, una interpretación restrictiva del propio artículo 127 TFUE, apartado 6, así como de los conceptos de «entidades de crédito» y «otras entidades financieras» que figuran en él. Según el planteamiento defendido por CMA, esta disposición de Derecho primario debe interpretarse en el sentido de que el Consejo no puede atribuir al BCE, en el marco de las tareas específicas en materia de supervisión prudencial que le puede encomendar, la competencia de ejercer una supervisión prudencial en base consolidada sobre un grupo bancario, dado que el propio organismo central al que están afiliadas las distintas entidades de crédito del grupo no tiene la condición de entidad de crédito.

49.      En estas circunstancias, procede comprobar si esta interpretación es efectivamente la que debe hacerse del artículo 127 TFUE, apartado 6, de modo que la interpretación dada por el Tribunal General al artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS sería incompatible con el sentido de la disposición de Derecho superior del TFUE.

50.      Pues bien, en mi opinión, esta no es la interpretación correcta del artículo 127 TFUE, apartado 6.

51.      En efecto, desde un punto de vista literal, es cierto que el artículo 127 TFUE, apartado 6, permite al Consejo, de forma expresa, encomendar al BCE tareas específicas relacionadas con la supervisión prudencial de dos tipos de entidades únicamente: las entidades de crédito y otras entidades financieras (con excepción de las empresas de seguros). Ambos conceptos de «entidad de crédito» y «entidad financiera» han sido, por lo demás, definidos, en el ámbito del Derecho derivado de la Unión, en el Reglamento n.º 575/2013. (23)

52.      Ahora bien, la determinación del alcance del artículo 127 TFUE, apartado 6, y de la facultad en él reconocida a favor del Consejo de encomendar al BCE tareas específicas en materia de control prudencial en el sector bancario debe efectuarse necesariamente a la luz del sistema del que esta disposición de Derecho primario forma parte y de los objetivos perseguidos por ella.

53.      A este respecto, he de señalar, antes de nada, que, desde un punto de vista sistemático, la disposición del TFUE controvertida, que fue introducida en el Derecho primario por el Tratado de Maastricht, (24) figura en el primer artículo del capítulo dedicado a la política monetaria (capítulo 2 del título VIII de la tercera parte del TFUE). Este artículo contiene las disposiciones fundamentales que establecen los objetivos y la atribución de tareas del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del BCE. (25) La disposición en cuestión, que se enmarca en el contexto del resto de las disposiciones contenidas en el mismo artículo 127 TFUE, respecto de las cuales tiene carácter complementario, (26) reviste una importancia de naturaleza sistémica.

54.      No obstante, el análisis de los objetivos perseguidos por el artículo 127 TFUE, apartado 6, es lo que, desde mi punto de vista, se opone a una interpretación restrictiva de los conceptos de «entidades de crédito» y «otras entidades financieras» que figuran en él que lleve a excluir la posibilidad de que el Consejo pueda encomendar al BCE tareas de supervisión prudencial de un grupo bancario debido simplemente a que el órgano central al que están afiliadas las entidades de crédito que forman parte del grupo bancario en cuestión no tenga la condición de entidad de crédito.

55.      A este respecto, procede señalar que, por lo general, el ejercicio de las funciones de supervisión prudencial bancaria tiene como objetivo proteger la seguridad y la solidez de las entidades de crédito, cualidades esenciales para garantizar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. (27) Ciertamente, como puso de manifiesto la crisis financiera de 2008, (28) existe una relación directa entre la estabilidad del sistema financiero, por un lado, y la seguridad y la solidez de las grandes entidades de crédito y de los grandes grupos bancarios, por otro lado. (29)

56.      Por tanto, el artículo 127 TFUE, apartado 6, debe entenderse en el sentido de que persigue la finalidad de permitir al Consejo, si este lo considera necesario, y en la medida en que lo haga, encomendar al BCE tareas específicas en materia de control prudencial del sector bancario europeo, con miras a preservar su seguridad y solidez, para garantizar la estabilidad del sistema financiero —a la que se refiere expresamente el artículo 127 TFUE, apartado 5— y, al fin y al cabo, la integridad de la moneda única y del mercado interior.

57.      A este respecto, procede señalar que, durante mucho tiempo, desde la introducción en el Derecho primario de la disposición contenida en el artículo 127 TFUE, apartado 6, por el Tratado de Maastricht en 1992 (y a partir de la creación del BCE en 1998), hasta la adopción del Reglamento MUS en 2013, el Consejo no consideró necesario hacer uso de la facultad que esta disposición le confería para encomendar tareas específicas de supervisión prudencial bancaria al BCE.

58.      Sin embargo, la crisis financiera de 2008, que rápidamente se convirtió en una crisis bancaria, puso de relieve las deficiencias del sistema de supervisión prudencial no integrado que existía en la Unión Europea y mostró las manifiestas carencias normativas que contribuyeron a agravar profundamente la crisis.

59.      En estas circunstancias, se puso de manifiesto que solo el ejercicio de una supervisión prudencial de forma integrada en el ámbito europeo podía garantizar una supervisión adecuada en un contexto en el que se había desarrollado un mercado interior de servicios bancarios en la Unión y en el que, en dicho mercado, operaban varios grupos de dimensión europea que estaban activos en diversos Estados miembros. En este contexto, el Consejo adoptó el Reglamento MUS.

60.      Pues bien, para poder lograr los objetivos mencionados en los puntos 55 y 56 supra y permitir al BCE ejercer plenamente sus funciones relativas a la supervisión prudencial, es preciso que esta institución disponga de facultades de supervisión no solo de forma individual, respecto de las entidades de crédito consideradas individualmente, sino también en base consolidada, respecto de grupos bancarios de los que forman parte una o varias entidades de crédito.

61.      La atribución de la competencia para ejercer una supervisión prudencial de grupos bancarios en base consolidada responde a la doble finalidad descrita correctamente por el Tribunal General en las sentencias recurridas —y que se menciona en el punto 36 supra—, esto es, por un lado, permitir al BCE evaluar los riesgos que pueden afectar a una entidad de crédito que surgen del grupo al que pertenece (30) y, por otro lado, evitar fragmentar la supervisión prudencial de las entidades que conforman el grupo. Ha de señalarse además que CMA no ha cuestionado este análisis en sus recursos de casación.

62.      Pues bien, a la luz de estos objetivos, para poder ejercer de manera eficaz las tareas de supervisión prudencial que se le encomiendan, en caso de supervisión de un grupo en base consolidada, las facultades de supervisión del BCE deben poder extenderse a entidades que no tengan la condición de entidades de crédito o entidades financieras, en la medida en que dichas entidades formen parte del grupo bancario. En estos supuestos, como ha señalado acertadamente la Comisión, las facultades de supervisión encomendadas al BCE respecto de entidades no bancarias no se justifican por sus características o actividades propias, sino debido al hecho de que estas entidades pertenecen a un grupo formado por entidades de crédito y de que la supervisión de estas entidades únicamente puede ejercerse de forma eficaz en base consolidada en el ámbito del grupo.

63.      En este contexto, a la luz de los objetivos perseguidos por la atribución de facultades de supervisión prudencial al BCE, el artículo 127 TFUE, apartado 6, no puede interpretarse restrictivamente de forma que excluya que el Consejo pueda atribuir facultades de supervisión prudencial en base consolidada al BCE respecto de grupos bancarios en los que, pese a reunir los requisitos previstos en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.º 575/2013, el nivel más elevado de consolidación es ocupado por una entidad que no tiene la condición de entidad de crédito, con independencia de la forma jurídica elegida para dicha entidad. Una interpretación de estas características sería, en efecto, claramente contraria a las finalidades perseguidas por el artículo 127 TFUE, apartado 6, mencionadas en el punto 56 de las presentes conclusiones. Ciertamente, permitiría a un grupo bancario eludir la supervisión prudencial en base consolidada únicamente por la forma jurídica, por ejemplo, de asociación, elegida por la entidad que constituye el órgano central, lo que podría poner en peligro la efectividad de la supervisión de grupo en base consolidada.

64.      De cuanto antecede resulta que el artículo 127 TFUE, apartado 6, no se opone a que el BCE ejerza una supervisión prudencial en base consolidada sobre un grupo bancario a través de un organismo central que no tenga la condición de entidad de crédito y que, a este respecto, cuando concurren los requisitos previstos en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.º 575/2013, es indiferente que ese organismo tenga una forma jurídica específica o desempeñe o no una actividad económica.

65.      Del conjunto de consideraciones anteriores se desprende que la interpretación del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MSU ofrecida por el Tribunal General en las sentencias recurridas no es contraria al artículo 127 TFUE, apartado 6, y que, por consiguiente, procede desestimar la primera alegación de la primera parte de los primeros motivos.

c)      Riesgo de fraccionar la supervisión prudencial

66.      Mediante la segunda alegación formulada en el marco de la primera parte de los primeros motivos de casación, CMA se opone a la apreciación del Tribunal General, descrita en el punto 38 de las presentes conclusiones, según la cual seguir el planteamiento propuesto conduciría a un fraccionamiento de la supervisión prudencial contrario a las finalidades del Reglamento MUS y del Reglamento Marco del MUS. (31)

67.      Según CMA, por un lado, el Tribunal General desvirtuó los términos de lo dispuesto en el artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS y en el artículo 10 del Reglamento n.º 575/2013 al declarar que las entidades afiliadas podían no tener la condición de entidad de crédito y reunir los requisitos establecidos en dicho artículo 10, teniendo de esta forma la consideración de entidades pertenecientes a un «grupo supervisado».

68.      Por otro lado, en el caso de autos, la CNCM es una asociación que no ejerce ninguna actividad económica y que tiene una función meramente administrativa y que, por consiguiente, no entraña ningún riesgo propio que pueda afectar a la situación de las entidades de crédito afiliadas a ella. Su integración en el seno del grupo sujeto a la supervisión prudencial del BCE no está, por tanto, justificada por las finalidades perseguidas por la normativa controvertida.

69.      EL BCE y la Comisión aducen que procede desestimar esta alegación.

70.      A este respecto, es preciso comenzar por recordar que, según reiterada jurisprudencia, las alegaciones dirigidas contra los fundamentos jurídicos reiterativos de una resolución del Tribunal General no pueden dar lugar a la anulación de dicha resolución y son, por tanto, inoperantes. (32)

71.      Pues bien, como han puesto de manifiesto acertadamente el BCE y la Comisión, esta alegación se dirige contra un fundamento jurídico reiterativo de la sentencia recurrida, por lo que debe considerarse inoperante.

72.      El carácter reiterativo del argumento jurídico formulado por CMA en el marco de esta alegación, por una parte, resulta claramente del hecho de que el Tribunal General, en las dos sentencias recurridas, ya había llegado, en el apartado anterior al que señala CMA, a la conclusión de que resulta «conforme con las finalidades del Reglamento [MUS] y del Reglamento Marco del MUS aplicar la calificación de “grupo supervisado” en el sentido del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS, con independencia de que el organismo central de dicho grupo tenga o no la condición de entidad de crédito». (33) Por otro lado, dicho carácter reiterativo está confirmado por la utilización de la locución «por otra parte» al principio de los apartados de las sentencias recurridas a los que alude la alegación de CMA.

73.      En todo caso, la alegación no solo es inoperante, sino que, claramente, también carece de fundamento.

74.      En este sentido, por lo que respecta, por un lado, a la imputación basada en que el Tribunal General desvirtuó los términos de las disposiciones controvertidas, esta imputación se basa en una interpretación manifiestamente errónea de las sentencias recurridas. En efecto, en los apartados mencionados de estas sentencias, el Tribunal General no declara en modo alguno que las entidades afiliadas pueden no tener la condición de entidad de crédito y aun así reunir los requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento n.º 575/2013.

75.      Por otro lado, en cuanto a la imputación basada en que, debido a su carácter de asociación que no ejerce ninguna actividad económica y tiene una función meramente administrativa, la integración de la CNCM en el seno del grupo sujeto a la supervisión prudencial del BCE no está justificada por las finalidades perseguidas por la normativa controvertida, de las consideraciones expuestas en los puntos 61 a 64 supra se desprende que procede rechazarla.

76.      De lo anterior se deduce que, en mi opinión, procede desestimar igualmente la segunda alegación formulada por CMA en el marco de la primera parte de sus primeros motivos.

d)      Función de supervisión y potestad sancionadora

77.      Mediante la tercera alegación formulada en el marco de la primera parte de los dos primeros motivos de casación, CMA aduce que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar el artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS dado que, si bien constató que el BCE no puede imponer sanciones a los organismos centrales a que se refiere dicha disposición, no dedujo la consecuencia necesaria que se desprende de esta afirmación: la necesidad de que un organismo central tenga la consideración de entidad de crédito.

78.      A su juicio, en efecto, existe una estrecha relación entre la posibilidad de supervisar a una entidad de crédito y la posibilidad de sancionarla en caso de incumplimiento. Una supervisión eficaz no puede garantizarse sin la posibilidad de imponer sanciones. Por tanto, a su entender, resulta incoherente reconocer una facultad de supervisión del BCE frente a un organismo si se le priva de los medios que aseguran su efectividad. Dado que la potestad sancionadora garantiza la efectividad de la supervisión y que dicha potestad únicamente puede aplicarse a las entidades de crédito y a las sociedades financieras, el Tribunal General debería haber interpretado lo dispuesto en el artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS en el sentido de que únicamente puede aplicarse a los organismos centrales que tienen la condición de entidad de crédito o sociedad financiera.

79.      En su opinión, el hecho, mencionado por el Tribunal General, de que el BCE pueda ejercer la potestad sancionadora frente a las entidades afiliadas a un organismo central (34) es inoperante. En efecto, el incumplimiento de los requisitos prudenciales previstos en el Reglamento n.º 575/2013 sobre la base de la situación consolidada podría resultar únicamente de la deficiencia en el ejercicio de sus funciones por el órgano central respecto de las afiliadas, y no del comportamiento de una de las entidades de crédito afiliadas. En estas circunstancias, el BCE no tiene motivos para sancionar a una entidad de crédito, en la medida en que el incumplimiento en cuestión no puede imputarse a esta.

80.      EL BCE y la Comisión aducen que procede desestimar esta alegación.

81.      A este respecto, ha de observarse que, en general, el artículo 132 TFUE, apartado 3, (35) autoriza al BCE a imponer, dentro de los límites y en las condiciones adoptadas por el Consejo, multas y pagos periódicos de penalización a las empresas que no cumplan con sus obligaciones respecto de los reglamentos y decisiones del mismo. Sobre la base de esta disposición, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) n.º 2532/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones. (36)

82.      No obstante, en cuanto atañe específicamente al desempeño de las tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito, se atribuye potestad sancionadora al BCE con arreglo al artículo 18 del Reglamento MUS y, en particular, a su apartado 1. Los procedimientos de imposición de sanciones en este contexto están previstos en los artículos 120 y siguientes del Reglamento Marco del MUS, el cual, de conformidad con el artículo 18, apartado 7, del Reglamento MUS, regula asimismo la relación con las disposiciones del Reglamento n.º 2532/98.

83.      Como señaló el Tribunal General en las sentencias recurridas, (37) el artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUS, atribuye al BCE la facultad de imponer sanciones a efectos del desempeño de sus funciones en materia de supervisión prudencial exclusivamente a entidades de crédito, sociedades financieras de cartera o sociedades financieras mixtas de cartera. En cambio, no permite sancionar a organismos centrales que no están comprendidos en tales categorías, según se definen, respectivamente, en los puntos 3, 4 y 5 del artículo 2 del Reglamento MUS. En efecto, como ha observado acertadamente la Comisión, el principio de legalidad en materia sancionadora se opone a la extensión de la potestad sancionadora, conferida al BCE, más allá de los supuestos específicamente previstos en las disposiciones pertinentes.

84.      Dicho esto, procede sin embargo señalar que ninguno de los textos antes mencionados en materia de sanciones, ni ninguna otra disposición del Reglamento MUS contienen un apoyo normativo que permita considerar que la facultad de imponer sanciones a entidades constituya un requisito necesario para la atribución al BCE de las competencias de supervisión prudencial de dichas entidades, de modo que, a falta de potestad sancionadora, tales entidades no estarían sujetas a la supervisión prudencial del BCE.

85.      El hecho de que el BCE sea titular de la potestad sancionadora respecto de cierto tipo de entidades, como los organismos centrales, no constituye, por tanto, un requisito para el reconocimiento de su competencia para ejercer funciones de supervisión prudencial en base consolidada sobre el grupo al que pertenece la entidad de que se trate. De ello resulta que no puede reprocharse al Tribunal General haber cometido un error de Derecho al no deducir de la falta de potestad sancionadora del BCE frente a los organismos centrales a que se refiere el artículo 2, punto 21, del Reglamento Marco MUS la supuesta consecuencia de que estos organismos centrales deben tener necesariamente la condición de entidad de crédito para estar sujetos a la supervisión prudencial del BCE.

86.      Además, tampoco puede reprocharse al Tribunal General haber incurrido en error al aludir a la posibilidad de que el BCE sancione, en su caso, a las entidades de crédito afiliadas al organismo central en cuestión por considerar que, a pesar de la falta de potestad sancionadora del BCE frente a los organismos centrales como tales, el BCE es titular, sin embargo, de ciertas prerrogativas que le permiten ejercer una supervisión prudencial adecuada y, por tanto, garantizar la efectividad de esta.

87.      A este respecto, es preciso señalar que, como ha observado la Comisión, a la posibilidad mencionada por el Tribunal General hay que añadirle la prevista en el artículo 18, apartado 5, del Reglamento MUS. Esta disposición establece que, en determinadas condiciones, cuando sea necesario para el desempeño de las funciones de supervisión prudencial, el BCE podrá exigir a las autoridades nacionales competentes que entablen los procedimientos oportunos con vistas a la adopción de medidas para garantizar que se impongan las sanciones adecuadas de conformidad, en particular, con cualquier Derecho nacional pertinente que confiera competencias específicas que el Derecho de la Unión no exige en la actualidad.

88.      De cuanto antecede se desprende que, en mi opinión, procede asimismo desestimar la tercera alegación formulada por CMA en el marco de la primera parte de los primeros motivos y, por consiguiente, que dicha primera parte debe desestimarse en su totalidad.

2.      Segunda parte de los primeros motivos, basada en la interpretación errónea del artículo 10 del Reglamento n.º 575/2013

89.      En la segunda parte de sus primeros motivos de casación, CMA alega que, contrariamente a lo que estimó el Tribunal General, (38) el requisito de que el organismo central tenga la condición de entidad de crédito a efectos de la aplicación del concepto de «grupo supervisado» en el sentido del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS se infiere del artículo 10 del Reglamento n.º 575/2013. En el marco de esta parte, CMA formula dos alegaciones.

90.      En el marco de su primera alegación, CMA se remite al artículo 11, apartado 4, del Reglamento n.º 575/2013, según el cual, «siempre que se aplique el artículo 10 [de este mismo Reglamento], el organismo central mencionado en dicho artículo cumplirá lo dispuesto en las partes segunda a octava sobre la base de la situación consolidada del conjunto, constituido por el organismo central junto con sus entidades afiliadas».

91.      CMA aduce que, en la medida en que los requisitos mencionados en esta disposición únicamente pueden ser observados por una entidad de crédito, los organismos centrales a los que se refiere el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.º 575/2013 deben necesariamente tener tal condición para poder ser objeto de supervisión prudencial. Así, en su opinión, el artículo 11 del Reglamento n.º 575/2013 presupone implícita, pero necesariamente, que un organismo central a efectos del artículo 10 es una entidad de crédito. El Tribunal General, por tanto, debería haber examinado la articulación de ambas disposiciones y haber favorecido el sentido que permitiese aplicarlas de forma coherente.

92.      EL BCE y la Comisión aducen que procede desestimar esta alegación.

93.      A este respecto, cabe, en primer lugar, precisar que, como tales, los artículos 10, apartado 1, y 11, apartado 4, del Reglamento n.º 575/2013 se refieren a la posible exención del cumplimiento de los requisitos prudenciales previstos en dicho Reglamento, que una autoridad competente puede conceder de manera individual a entidades de crédito afiliadas a un organismo central. En cambio, la cuestión controvertida en los presentes recursos de casación versa sobre la existencia de un grupo sujeto a supervisión prudencial en el sentido del artículo, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS, que remite exclusivamente al artículo 10 del Reglamento n.º 575/2013 y no al artículo 11 de este mismo Reglamento.

94.      Sentado lo anterior, suscribo íntegramente el razonamiento del Tribunal General, (39) según el cual, conforme a la lógica de la relación entre el artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, apartado 4, del Reglamento n.º 575/2013, la aplicación de la segunda disposición es una consecuencia y no una condición de la aplicación de la primera. En efecto, solo cuando la autoridad competente acepta eximir a las entidades afiliadas a un organismo central del cumplimiento de los requisitos prudenciales de forma individual con arreglo al artículo 10 del Reglamento n.º 575/2013, pasa a aplicarse el artículo 11, apartado 4, del mismo Reglamento.

95.      En tal caso, esta disposición impone a dicho organismo central el cumplimiento de los requisitos prudenciales sobre la base de la situación consolidada del conjunto que constituye junto con las entidades afiliadas.

96.      De ello resulta claramente que, cuando sostiene que el artículo 11, apartado 4, del Reglamento n.º 575/2013 únicamente puede ser observado por una entidad de crédito, CMA confunde los requisitos prudenciales eventualmente aplicables a un organismo central de forma individual con los aplicables en base consolidada con arreglo a dicha disposición. La alegación de CMA se basa, por tanto, en una interpretación manifiestamente errónea del artículo 11, apartado 4, del Reglamento n.º 575/2013, conforme al cual, siempre que se aplique el artículo 10 de dicho Reglamento, el organismo central debe cumplir los requisitos prudenciales no de manera individual, sino en base consolidada.

97.      Por consiguiente, en mi opinión, la primera alegación de la segunda parte de los primeros motivos es manifiestamente infundada.

98.      Mediante la segunda alegación de la segunda parte de los primeros motivos, CMA aduce que el requisito de que un organismo central tenga la condición de entidad de crédito para que el BCE pueda ejercer las funciones de supervisión consolidada a través de él se deduce del artículo 10, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 575/2013. Según CMA, dado que esta disposición hace referencia a la solvencia y la liquidez del organismo central, esta prevé implícita, pero necesariamente, que este organismo tenga la condición de entidad de crédito. La interpretación de esta disposición, que CMA define de finalista y globalizadora, dada por el Tribunal en las sentencias recurridas, (40) se opone, en su opinión, al tenor de dicha disposición, que prevé expresamente que se atienda a la liquidez y la solvencia del organismo central.

99.      EL BCE y la Comisión aducen que procede desestimar esta alegación.

100. Esta alegación se basa en una interpretación completamente errónea del artículo 10, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 575/2013, que establece el requisito de que «la solvencia y liquidez del organismo central y de todas las entidades afiliadas est[é]n supervisadas en su conjunto sobre la base de las cuentas consolidadas de esas entidades».

101. En efecto, CMA confunde de nuevo, por un lado, la supervisión en base consolidada de las entidades previstas en esta disposición «en su conjunto» (es decir, el organismo central y las entidades afiliadas), la cual es objeto de dicha disposición, con, por otro lado, la supervisión con carácter individual del organismo central, supervisión que no es objeto de tal disposición.

102. De lo anterior se desprende que el artículo 10, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 575/2013 no implica en modo alguno que el organismo central desarrolle actividades que justifiquen la supervisión de su solvencia y liquidez de forma individual y, por tanto, que este organismo tenga la condición de entidad de crédito.

103. Por consiguiente, la segunda alegación de la segunda parte de los primeros motivos debe considerarse asimismo manifiestamente infundada.

104. De cuanto antecede se desprende, en mi opinión, que procede desestimar los primeros motivos de los dos recursos de casación interpuestos por CMA.

B.      Segundos motivos de casación, basados en errores en la calificación de los hechos en la medida en que el Tribunal General declaró que Crédit mutuel cumplía el requisito previsto en el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 575/2013

105. En los segundos motivos de casación, CMA reprocha al Tribunal General haber cometido errores en la calificación jurídica de los hechos en la medida en que declaró que Crédit mutuel cumplía el requisito previsto en el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 575/2013 a efectos de su calificación como «grupo supervisado» en el sentido del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS.

106. Este segundo motivo se divide en dos partes.

a)      Primera parte, relativa al alcance del artículo L.51131 del CMF y de la Decisión n.º 1-1992 de la CNCM, de 10 de marzo de 1992

107. Mediante la primera parte de sus segundos motivos, CMA discrepa del análisis por el que el Tribunal General declaró que la Decisión n.º 1-1992 de la CNCM, de 10 de marzo de 1992 (en lo sucesivo «Decisión de 10 de marzo de 1992»), ponía de manifiesto la existencia de una obligación de transferencia de fondos propios y de liquidez en el seno de Crédit mutuel que permitía concluir que se cumplía el requisito basado en la existencia de obligaciones conjuntas y solidarias entre el organismo central y las entidades afiliadas —previsto en el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 575/2013—. (41)

108. CMA sostiene que los elementos que se derivan de esta Decisión y que expone el Tribunal General no permiten caracterizar tal obligación de transferencia de fondos propios y liquidez entre las distintas entidades de Crédit mutuel. En el sistema previsto por esta Decisión, si bien es cierto que existe una auténtica solidaridad entre las cajas que forman parte del mismo grupo regional, no se impone, por el contrario, ninguna obligación de transferencia de fondos propios y liquidez en el ámbito nacional entre los grupos regionales. En este sentido, en caso de que un grupo regional experimente dificultades, la CNCM no puede exigir a otro grupo regional transferir fondos propios para financiarlo.

109. A su entender, el hecho de que la Caisse centrale du Crédit mutuel (CCCM) pueda utilizar ciertos recursos limitados que le confían los grupos regionales (constituidos por el 2 % de los depósitos recibidos por estos) no permite determinar la existencia de una obligación de transferencia de fondos propios y de liquidez entre los grupos regionales. Se trata, en su opinión, de una mera puesta a disposición de una parte limitada de los depósitos recibidos por los grupos regionales a favor de la CCCM, que sigue siendo deudora frente a dichos grupos.

110. La resolución adoptada por el Conseil d’Etat (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia) el 9 de marzo de 2018 en el asunto n.º 399413, (42) que el BCE y la Comisión invocan en apoyo de las sentencias recurridas, es inoperante, dado que se dictó con posterioridad a dichas sentencias y versa, en cualquier caso, sobre cuestiones diferentes de las que se plantean en los presentes recursos de casación.

111. EL BCE y la Comisión aducen que procede desestimar esta parte. La Comisión considera que, contrariamente a la opinión del Tribunal General, el artículo L.511–31 del CMF basta por sí solo para que se cumpla el requisito previsto en el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 575/2013, sin que sea necesario examinar la Decisión de 10 de marzo de 1992. En su opinión, el Tribunal de Justicia podría proceder a una sustitución de fundamentos jurídicos a este respecto.

112. En este sentido, procede señalar, con carácter preliminar, que, como han observado el BCE y la Comisión, CMA no se opone a la interpretación del artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 575/2013 efectuada por el Tribunal en las sentencias recurridas, sobre cuya base declaró que el requisito que figura en esta disposición se cumple cuando existe una obligación de transferir fondos propios y liquidez dentro del grupo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones frente a los acreedores. (43) CMA se limita a impugnar la aplicación de esta disposición al caso de autos. (44)

113. En las sentencias recurridas, el Tribunal General comenzó por recordar que, en el dictamen de 14 de septiembre de 2015, mencionado en el punto 16 de las presentes conclusiones, el Comité de Revisión expuso varias razones al objeto de justificar el cumplimiento de este requisito, a saber, el tenor literal del artículo L.511‑31 del CMF, la obligación de la CNCM de intervenir en favor de las cajas en dificultades que se deriva de la Decisión de 10 de marzo de 1992, los estatutos de la CNCM y el hecho de que en el pasado se había proporcionado una ayuda excepcional a entidades en dificultades.

114. A continuación, el Tribunal General consideró que la redacción del artículo L.511‑31 del CMF, por sí misma, no permitía concluir que se cumplía el requisito previsto en el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 575/2013. Sin embargo, estimó que la Decisión de 10 de marzo de 1992 y el mecanismo de solidaridad que ella prevé permitían, en cambio, caracterizar la existencia de una obligación de transferencia de fondos propios y de liquidez en el seno de Crédit mutuel destinada a garantizar el cumplimiento de las obligaciones frente a los acreedores y, por tanto, que la mera existencia de este mecanismo de solidaridad permitía considerar satisfecho el requisito establecido en el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 575/2013.

115. A este respecto, antes de examinar las imputaciones formuladas por CMA frente a este razonamiento, procede analizar la pretensión de sustitución de fundamentos jurídicos formulada por la Comisión, habida cuenta de su carácter preliminar.

116. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, para que una pretensión de sustitución de fundamentos jurídicos sea admisible es precisa la existencia de un interés en solicitarla, en el sentido de que pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que la formula. Este puede ser el supuesto cuando la pretensión de sustitución de fundamentos jurídicos constituye una defensa contra un motivo aducido por la parte demandante. (45)

117. En el caso de autos, si hubiera de considerarse que, a diferencia de lo declarado por el Tribunal General, el artículo L.511-31 del CMF permite, por sí mismo, concluir que Crédit mutuel cumple el requisito previsto por el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 575/2013, la primera parte de los segundos motivos invocada por CMA resultaría ineficaz. En efecto, en tal caso, ya no sería necesario analizar las alegaciones de CMA basadas en la comisión por el Tribunal General de un error de apreciación de la Decisión de 10 de marzo de 1992. Por consiguiente, dado que la Comisión tiene interés en formular la pretensión de sustitución de fundamentos jurídicos, esta debe, en mi opinión, considerarse admisible.

118. Por lo que respecta al alcance del artículo L.511-31 del CMF, en las sentencias recurridas, el Tribunal General comenzó por declarar que, a falta de jurisprudencia de los tribunales nacionales competentes, le incumbía pronunciarse sobre el alcance de tal disposición. En este sentido, el Tribunal General manifestó que el artículo L.511‑31 del CMF, por sí mismo, no permitía concluir que se cumplía el requisito previsto en el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 575/2013, debido al carácter demasiado general de su redacción, que hace referencia a la adopción de «las medidas necesarias» para «garantizar la liquidez y solvencia de cada una de esas sociedades y de toda la red». El Tribunal General estimó que no era posible deducir de una disposición tan general la existencia de una obligación de transferencia de fondos propios y de liquidez dentro del grupo para garantizar que se cumplieran las obligaciones frente a los acreedores. (46)

119. La Comisión sostiene que la interpretación del artículo L.511‑31 del CMF efectuada por el Tribunal General es demasiado restrictiva. En apoyo de su posición, menciona la interpretación que se hace de esta disposición en la resolución del Conseil d’État (Consejo de Estado) n.º 399413, de 9 de marzo de 2018. El BCE se refiere asimismo a esta resolución, si bien basa su argumentación asimismo en la resolución del Conseil d’État (Consejo de Estado) n.º 403418, de 13 de diciembre de 2016. (47)

120. A este respecto, procede recordar, al igual que el Tribunal General, que, conforme a reiterada jurisprudencia, el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales debe apreciarse teniendo en cuenta la interpretación que de ellas hacen los tribunales nacionales. (48)

121. La circunstancia, invocada por CMA, de que la resolución del Conseil d’État (Consejo de Estado) de 9 de marzo de 2018 sea posterior a las sentencias recurridas no impide que se tenga en cuenta a los efectos de interpretar el artículo L. 511‑31 del CMF, por cuanto las partes tuvieron la posibilidad de presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia. (49)

122. Pues bien, en el considerando 5 de la resolución del Conseil d’État (Consejo de Estado) de 13 de diciembre de 2016, dicho órgano jurisdiccional precisó que «el legislador […] confió [a la CNCM], al adoptar [el artículo] L.511‑31, […] las funciones de velar por la cohesión de [la] red de [Crédit mutuel,] de ejercer un control administrativo, técnico y financiero sobre la organización y la gestión de cada caja, y de adoptar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la red. […] Además, en virtud del artículo L.511‑31 de este mismo código, la CNCM está facultada, cuando la situación financiera de las entidades afectadas lo justifique, y pese a todas las disposiciones o estipulaciones en sentido contrario, para acordar la fusión de dos o varias cajas afiliadas a la red, la cesión de sus fondos de comercio y su disolución. De este marco legal y reglamentario resulta que, con independencia de cuáles sean las relaciones dentro de la red de Crédit mutuel entre los grupos que se constituyen en ella, la CNCM tiene la obligación legal de preparar y aplicar las medidas comprendidas en el marco de la regulación sistemática del sistema bancario por lo que respecta al conjunto del grupo Crédito mutuel y debe, en su condición de “empresa matriz en la Unión” disponer de un plan preventivo de restablecimiento de dicho grupo».

123. El considerando 7 de la resolución del Conseil d’État (Consejo de Estado) de 9 de marzo contiene consideraciones similares y añade que «el ejercicio de estas funciones que forma parte de la regulación de las entidades de crédito implica necesariamente que la [CNCM] sea competente para emitir instrucciones vinculantes para las cajas, al objeto de velar por el cumplimiento por estas de las disposiciones que les son aplicables y de imponerles, en caso de incumplimiento de tales disposiciones, las sanciones pertinentes».

124. Además, en el considerando 20 de esta última resolución, el Conseil d’État (Consejo de Estado) declaró que, «para “garantizar la liquidez y la solvencia de la red” de las que son responsables, los órganos centrales están facultados, en virtud del artículo L.511‑31 del [CMF] para adoptar “todas las medidas necesarias” y, en particular, para establecer, entre los miembros de la red, mecanismos de solidaridad vinculantes, que no se limiten a la mera constitución de dispositivos financiados por adelantado, como los fondos de garantía».

125. De esta jurisprudencia del Conseil d’État (Consejo de Estado) se desprende que la obligación prevista en el artículo L.511‑31 del CMF de «adoptar todas las medidas necesarias, en particular, al objeto de garantizar la liquidez y la solvencia de cada una de estas entidades y sociedades y de toda la red» implica el reconocimiento de muy amplias facultades de control administrativo, técnico y financiero a la CNCM respecto de toda la red de Crédit mutuel, facultades que le permiten establecer, en todo momento, mecanismos de solidaridad vinculantes, como la posibilidad de imponer a los miembros de la red obligaciones de transferencia de fondos propios y de liquidez. El Conseil d’Etat (Consejo de Estado) ha caracterizado estas facultades hasta el punto de permitir a la CNCM, en caso de que una entidad tenga problemas económicos, acordar la fusión entre dos o varias cajas afiliadas a la red, no obstante todas las disposiciones o estipulaciones en contrario. Pues bien, la facultad de exigir que un miembro de la red se fusione con una entidad en situación de crisis económica equivale a imponerle hacerse cargo de los pasivos de dicha entidad, lo que entraña para ese miembro un efecto potencialmente más gravoso que el resultante de la imposición de una mera transferencia de fondos propios y de liquidez.

126. A la luz del alcance de estas facultades de control e intervención de que dispone la CNCM sobre las entidades que forman parte de la red de Crédit mutuel en caso de crisis de una entidad miembro de dicha red, no es posible negar, a mi entender, que lo dispuesto en el artículo L.511‑31, tal como ha sido caracterizado por la jurisprudencia del Conseil d’État (Consejo de Estado), supone la existencia de una obligación de transferencia de fondos propios y de liquidez en el seno de la red de Crédit mutuel. De ello resulta que, a diferencia de la opinión del Tribunal General, este artículo basta, a mi juicio, por sí solo para que ese grupo cumpla el requisito previsto en el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 575/2013.

127. Pues bien, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aunque los fundamentos jurídicos de una resolución del Tribunal General revelen un error, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, tal error no puede dar lugar a la anulación de dicha resolución y debe llevarse a cabo una sustitución de fundamentos de Derecho. (50)

128. Por consiguiente, en mi opinión, procede estimar la pretensión de sustitución de fundamentos jurídicos de la Comisión y, en consecuencia, desestimar por inoperante la primera parte de los segundos motivos.

b)      Segunda parte, relativa a la no aplicabilidad de la Decisión n.º 1-1992 de la CNCM, de 10 de marzo de 1992, al conjunto del grupo Crédit mutuel

129. En el marco de la segunda parte de sus segundos motivos, CMA alega que el Tribunal General incurrió en un error de calificación jurídica de los hechos en relación con el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 575/2013 en la medida en que, aun suponiendo que la Decisión de 10 de marzo de 1992 estableciera la existencia de una obligación de transferencia de fondos propios y de liquidez, dicha resolución no se aplicaría al conjunto del grupo Crédit mutuel sujeto a la supervisión prudencial del BCE.

130. A su entender, el grupo Crédit mutuel comprende, en efecto, entidades bancarias, las sucursales de las cajas regionales, que no están afiliadas al organismo central. Estas sucursales quedan completamente excluidas del ámbito de aplicación de la Decisión de 10 de marzo de 1992 y no existe respecto de ellas ningún mecanismo de solidaridad. La CNCM no es titular de ninguna de las prerrogativas a las que se refiere el artículo 10 del Reglamento n.º 575/2013 respecto de dichas filiales.

131. El BCE alega, para empezar, que esta alegación, que se ha formulado por primera vez en fase de casación, constituye un motivo nuevo que no versa sobre la interpretación del artículo 10 del Reglamento n.o 575/2013, sino sobre el alcance del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS y que, en consecuencia, esta segunda parte es inadmisible. La Comisión comparte en esencia la postura del BCE. El BCE y la Comisión aducen que, en cualquier caso, la segunda parte del segundo motivo debe desestimarse por infundada. En este contexto, el BCE insta al Tribunal de Justicia a solicitar que se le comuniquen determinados acuerdos de refinanciación celebrados entre las entidades mutualistas del grupo Crédit mutuel y sus filiales como diligencia de ordenación del procedimiento, con arreglo al artículo 64 del Reglamento de Procedimiento.

132. A este respecto, ha de recordarse que resulta de jurisprudencia reiterada que, dado que, en el marco del recurso de casación, el control del Tribunal de Justicia se limita a la apreciación de la solución jurídica que se ha dado a los motivos y alegaciones objeto de debate ante los jueces de primera instancia, una parte no puede invocar por primera vez ante el Tribunal de Justicia una alegación que no ha invocado ante el Tribunal General. (51)

133. Pues bien, a partir de la lectura de los autos, considero, sin ninguna duda, que la alegación formulada por CMA en el marco de la segunda parte de los segundos motivos no fue invocada en modo alguno en el procedimiento en primera instancia ante el Tribunal. Tampoco puede considerarse una alegación nueva que constituye la mera prolongación o ampliación de la alegación formulada ante el Tribunal. (52)

134. En estas circunstancias, considero que esta parte es inadmisible.

135. Con carácter subsidiario, he de señalar que, aun suponiendo, quod non, que esta parte sea admisible, es, en cualquier caso, asimismo inoperante.

136. En efecto, en su resolución de 9 de marzo de 2018, el Conseil d’État (Consejo de Estado) precisó que hay que considerar que las facultades de control que la CNCM debe ejercitar en virtud del artículo L.511‑31 del CMF en el marco de la red de Crédit mutuel se extienden asimismo «a las sucursales de las cajas cuando la situación financiera de las primeras incide en la de las segundas». (53) En estas circunstancias, a la luz de la conclusión que he alcanzado en el punto 125 supra, según la cual el artículo L.511-31 del CMF basta por sí solo para que se cumpla el requisito previsto en el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 575/2013, aun suponiendo que la Decisión de 10 de marzo de 1992 no se aplicara a todos los integrantes del grupo Crédit mutuel, tal circunstancia no tendría ninguna consecuencia en la constatación de que dicho grupo cumple tal requisito.

137. En mi opinión, de todo lo anterior se desprende que procede desestimar la segunda parte de los segundos motivos, sin que sea necesario pronunciarse sobre la solicitud de diligencias de ordenación del procedimiento presentada por el BCE. Por consiguiente, dado que los dos segundos motivos de casación deben desestimarse, procede, a mi juicio, desestimar ambos recursos de casación en su totalidad.

VI.    Costas

138. En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.

139. A tenor del artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento en casación con arreglo al artículo 184, apartado 1, de este, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

140. Puesto que el BCE, la Comisión y la CNCM han pedido que se condene en costas a CMA y al haber sido desestimados los motivos formulados por ella, esta última cargará con sus propias costas y con las del BCE, la Comisión y la CNCM.

VII. Conclusión

141. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que decida lo siguiente:

1)      Desestimar los recursos de casación.

2)      Crédit mutuel Arkéa cargará con sus propias costas y con las del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y la Confédération nationale du Crédit mutuel.


1      Lengua original: francés.


2      Sentencias del Tribunal General de 13 de diciembre de 2017, Crédit mutuel Arkéa/BCE (T‑712/15, EU:T:2017:900; en lo sucesivo, «primera sentencia recurrida»), y de 13 de diciembre de 2017, Crédit mutuel Arkéa/BCE (T‑52/16, EU:T:2017:902; en lo sucesivo, «segunda sentencia recurrida») (en lo sucesivo, conjuntamente, «sentencias recurridas»).


3      Respectivamente, la Decisión ECB/SSM/2015 — 9695000CG 7B84NLR5984/28 del BCE, de 5 de octubre de 2015, por la que se establecen los requisitos prudenciales aplicables al grupo Crédit mutuel (en lo sucesivo, «primera Decisión controvertida»), y la Decisión ECB/SSM/2015 — 9695000CG 7B84NLR5984/40 del BCE, de 4 de diciembre de 2015, por la que se establecen los requisitos prudenciales aplicables al grupo Crédit mutuel (en lo sucesivo, «segunda Decisión controvertida») (en lo sucesivo, conjuntamente, «Decisiones controvertidas»).


4      DO 2013, L 287, p. 63.


5      Por lo que respecta a la participación de los Estados miembros cuya moneda no es el euro, véase el artículo 7 del Reglamento MUS.


6      DO 2014, L 141, p. 1.


7      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1).


8      Véanse, respectivamente, los apartados 1 a 13 de la primera sentencia recurrida y los apartados 1 a 14 de la segunda sentencia recurrida.


9      Decisión ECB/SSM/2015/10 – 9695000CG7B84NLR5984/14 del BCE, de 17 de junio de 2015, por la que se establecen los requisitos prudenciales aplicables al grupo Crédit mutuel.


10      Este Comité está previsto en el artículo 24 del Reglamento MUS.


11      De conformidad con el artículo 24, apartado 7, del Reglamento MUS.


12      Los terceros motivos invocados por CMA en apoyo de sus dos recursos, por los que censuraba, en esencia, que se establecieran fondos propios suplementarios, no son objeto de los presentes recursos de casación.


13      Véanse, en este sentido y por analogía, la sentencia de 11 de septiembre de 2014, MasterCard y otros/Comisión (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201), apartados 38 a 41 y jurisprudencia citada, y las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto MasterCard y otros/Comisión (C‑382/12 P, EU:C:2014:42), punto 19. Véanse asimismo, por analogía, la sentencia de 25 de abril de 2013, Comisión/Eslovaquia (C‑331/11, no publicada, EU:C:2013:271), apartado 28, y el auto de 7 de agosto de 2018, Campailla/Unión Europea (C‑256/18 P, no publicado, EU:C:2018:655), apartado 34.


14      Véanse los apartados 84 y siguientes de la primera sentencia recurrida y los apartados 83 y siguientes de la segunda sentencia recurrida.


15      Véanse el apartado 86 de la primera sentencia recurrida y el apartado 85 de la segunda sentencia recurrida.


16      Véanse apartados 58 a 64 de la primera sentencia recurrida y apartados 57 a 63 de la segunda sentencia recurrida.


17      Véanse apartado 88 de la primera sentencia recurrida y apartado 87 de la segunda sentencia recurrida.


18      Apartado 89 de la primera sentencia recurrida y apartado 88 de la segunda sentencia recurrida.


19      Véanse apartados 90 a 93 de la primera sentencia recurrida y apartados 89 a 92 de la segunda sentencia recurrida.


20      El artículo 25.2 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo reproduce literalmente el artículo 127 TFUE, apartado 6.


21      Para ello, el Consejo adopta reglamentos con arreglo a un procedimiento legislativo especial, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo y al BCE


22      En las sentencias recurridas, el propio Tribunal General señaló que CMA no había propuesto una excepción de ilegalidad. Véanse el apartado 81 de la primera sentencia recurrida y el apartado 80 de la segunda sentencia recurrida.


23      Véase el artículo 4, apartado 1, puntos 1 y 26, del Reglamento n.º 575/2013.


24      Véase el artículo 105, apartado 6, del Tratado de Maastricht.


25      A este respecto, véanse las sentencias de 27 de noviembre de 2012, Pringle (C‑370/12, EU:C:2012:756), de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros (C‑62/14, EU:C:2015:400), y de 11 de diciembre de 2018, Weiss y otros (C‑493/17, EU:C:2018:1000).


26      Sin embargo, sobre la obligatoriedad de que el ejercicio de las funciones de supervisión prudencial del BCE sean desempeñadas de manera independiente de las funciones de política monetaria, véase el considerando 65 del Reglamento MUS.


27      Véase, a este respecto, el considerando 65 del Reglamento MUS.


28      Véanse algunas consideraciones sobre la crisis financiera de 2008 y la creación del MUS en las conclusiones del Abogado General Hogan presentadas en el asunto Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE (C‑450/17 P, EU:C:2018:982), puntos 1 y 2, y del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto Berlusconi y Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:502), puntos 1 y 2.


29      Véase, a este respecto, el considerando 16 del Reglamento MUS.


30      Véase, a este respecto, el considerando 26 del Reglamento MUS, al que se refirió asimismo el Tribunal General en el apartado 60 de la primera sentencia recurrida y en el apartado 59 de la segunda sentencia recurrida.


31      Véanse el apartado 89 de la primera sentencia recurrida y el apartado 88 de la segunda sentencia recurrida.


32      Véase, ex multis, la sentencia de 14 de marzo de 2019, Meta Group/Comisión (C‑428/17 P, no publicada, EU:C:2019:201), apartado 40 y jurisprudencia citada.


33      Sobre la base del razonamiento desarrollado en los apartados 88 y 89 de la primera sentencia recurrida y en los apartados 87 y 88 de la segunda sentencia recurrida.


34      Véanse el apartado 93 de la primera sentencia recurrida y el apartado 92 de la segunda sentencia recurrida.


35      El artículo 34.3 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo reproduce literalmente esta disposición.


36      DO 1998, L 318, p. 4.


37      Véanse el apartado 91 de la primera sentencia recurrida y el apartado 90 de la segunda sentencia recurrida.


38      Esta parte se refiere a los apartados 95 a 108 de la primera sentencia recurrida y los apartados 94 a 107 de la segunda sentencia recurrida.


39      Véanse los apartados 99 y siguientes de la primera sentencia recurrida y los apartados 98 y siguientes de la segunda sentencia recurrida.


40      Esta alegación se refiere a los apartados 106 y 107 de la primera sentencia recurrida y a los apartados 105 y 106 de la segunda sentencia recurrida.


41      Véanse los apartados 135 a 137 de la primera sentencia recurrida y los apartados 134 a 136 de la segunda sentencia recurrida.


42      ECLI:FR:CECHR:2018:399413.20180309.


43      Véanse los apartados 118 a 130 de la primera sentencia recurrida y los apartados 117 a 129 de la segunda sentencia recurrida.


44      Véanse los apartados 131 a 139 de la primera sentencia recurrida y los apartados 130 a 138 de la segunda sentencia recurrida.


45      Véase, ex multis, la sentencia de 11 de julio de 2013, Ziegler/Comisión (C‑439/11 P, EU:C:2013:513), apartado 42 y jurisprudencia citada.


46      Apartado 134 de la primera sentencia recurrida y apartado 133 de la segunda sentencia recurrida.


47      ECLI:FR:CECHR:2016:403418.20161213.


48      Véase, ex multis, la sentencia de 16 de septiembre de 2015, Comisión/Eslovaquia (C‑433/13, EU:C:2015:602), apartado 81 y jurisprudencia citada.


49      Véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner (C‑598/14 P, EU:C:2017:265), apartados 44 a 46 y jurisprudencia citada. En esta misma línea, véase asimismo la sentencia de 24 de abril de 2018, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence y otros/BCE (T‑133/16 a T‑136/16, EU:T:2018:219), apartado 87. En particular, CMA se pronunció sobre la resolución del Conseil d’État (Consejo de Estado) de 9 de marzo de 2018 en el marco de su escrito de réplica.


50      Véase, en este sentido, ex multis, la sentencia de 23 de enero de 2019, Deza/ECHA (C‑419/17 P, EU:C:2019:52), apartado 87 y jurisprudencia citada.


51      Véase, ex multis, la sentencia de 20 de septiembre de 2018, Agria Polska y otros/Comisión (C‑373/17 P, EU:C:2018:756), apartado 99 y jurisprudencia citada.


52      En efecto, las alegaciones que constituyen la prolongación o ampliación de una alegación formulada ante el Tribunal General son admisibles. Véase la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión (C‑97/08 P, EU:C:2009:536), apartado 39.


53      Véanse los considerandos 10 y 11 de la resolución del Conseil d’État (Consejo de Estado) de 9 de marzo de 2018.