Language of document : ECLI:EU:C:2020:512

Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. EVGENI TANCHEV

presentadas el 2 de julio de 2020 (1)

Asunto C265/19

Recorded Artists Actors Performers Ltd

contra

Phonographic Performance (Ireland) Ltd,

Minister for Jobs, Enterprise and Innovation,

Irlanda,

Fiscal General

[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Tribunal Superior, Irlanda)]

«Procedimiento prejudicial — Reparto de competencias entre la Unión y sus Estados miembros — Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas de 1996 (WPPT) — Obligación de “trato nacional” a los artistas intérpretes o ejecutantes — Excepciones a dicha obligación en virtud de reservas internacionales — Competencia exclusiva de la Unión o de los Estados miembros para determinar, conforme a dichas reservas, qué artistas intérpretes o ejecutantes de terceros países tienen derecho a una remuneración equitativa — Directiva 2006/115/CE — Artículo 8»






1.        La presente petición de decisión prejudicial remitida por la High Court (Tribunal Superior, Irlanda) versa sobre la interpretación del artículo 8 de la Directiva 2006/115/CE (2) en relación con los artículos 4 y 15 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas (en lo sucesivo, «WPPT»), adoptado el 20 de diciembre de 1996 en Ginebra y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante Decisión 2000/278/CE del Consejo. (3)

2.        En lo esencial, mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente desea saber qué intérpretes (y productores) se pueden beneficiar del derecho a una «remuneración equitativa» con arreglo al artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115. Por lo tanto, las cuestiones se inscriben en el ámbito de aplicación del citado precepto, aun cuando las tres primeras de ellas hacen referencia principalmente a las obligaciones internacionales de la Unión y, cuando proceda, de los Estados miembros.

3.        El órgano jurisdiccional remitente pregunta, en lo esencial, si la exigencia de trato nacional establecida en el artículo 4 del WPPT es aplicable al artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 y (en las cuestiones prejudiciales segunda a cuarta) de qué margen de apreciación disponen los Estados miembros en relación con los beneficiarios del derecho a una remuneración equitativa y única establecido en la Directiva, en particular, cuando el WPPT permite reservas y es de aplicación la Convención de Roma.

I.      Marco jurídico

A.      Convención de Roma

4.        La Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión se firmó en Roma el 26 de octubre de 1961 (en lo sucesivo, «Convención de Roma»).

5.        El artículo 4 de la Convención de Roma establece:

«Cada uno de los Estados Contratantes otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes el mismo trato que a sus nacionales siempre que se produzca una de las siguientes condiciones:

a)      que la ejecución se realice en otro Estado Contratante;

b)      que se haya fijado la ejecución o interpretación sobre un fonograma protegido en virtud del Artículo 5;

c)      que la ejecución o interpretación no fijada en un fonograma sea radiodifundida en una emisión protegida en virtud del Artículo 6.»

6.        Con arreglo al artículo 5 de dicha Convención:

«1.      Cada uno de los Estados Contratantes concederá el mismo trato que a los nacionales a los productores de fonogramas siempre que se produzca cualquiera de las condiciones siguientes:

a)      Que el productor del fonograma sea nacional de otro Estado Contratante (criterio de la nacionalidad);

b)      que la primera fijación sonora se hubiere efectuado en otro Estado Contratante (criterio de la fijación);

c)      que el fonograma se hubiere publicado por primera vez en otro Estado Contratante (criterio de la publicación).

2.      Cuando un fonograma hubiere sido publicado por primera vez en un Estado no contratante pero lo hubiere sido también, dentro de los 30 días subsiguientes, en un Estado Contratante (publicación simultánea), se considerará como publicado por primera vez en el Estado Contratante.

3.      Cualquier Estado Contratante podrá declarar, mediante notificación depositada en poder del Secretario general de las Naciones Unidas, que no aplicará el criterio de la publicación o el criterio de la fijación. La notificación podrá depositarse en el momento de la ratificación, de la aceptación o de la adhesión, o en cualquier otro momento; en este último caso, solo surtirá efecto a los seis meses de la fecha de depósito.»

B.      WPPT

7.        Son Partes contratantes del WPPT tanto la Unión como cada uno de los Estados miembros (al igual que, en particular, los Estados Unidos de América).

8.        El artículo 1, apartado 1, del WPPT establece:

«1)      Ninguna disposición del presente Tratado irá en detrimento de las obligaciones que las Partes contratantes tienen entre sí en virtud de la [Convención de Roma].»

9.        A tenor del artículo 2, letras a), b), d), e) y g), del WPPT, se entenderá por:

«a)      “artistas intérpretes o ejecutantes”: todos los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore;

b)      “fonograma”: toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual;

[…]

d)      “productor de fonogramas”: la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos;

e)      “publicación” de una interpretación o ejecución fijada o de un fonograma: la oferta al público de la interpretación o ejecución fijada o del fonograma con el consentimiento del titular del derecho y siempre que los ejemplares se ofrezcan al público en [] cantidad suficiente;

[…]

g)      “comunicación al público” de una interpretación o ejecución o de un fonograma: la transmisión al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. A los fines del artículo 15, se entenderá que “comunicación al público” incluye también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten audibles al público.»

10.      El artículo 4 del WPPT, titulado «[Trato]nacional», establece:

«1)      Cada Parte Contratante concederá a los nacionales de otras Partes Contratantes, tal como se definió en el [artículo 3], el trato que concede a sus propios nacionales respecto de los derechos exclusivos concedidos específicamente en el presente Tratado, y del derecho a una remuneración equitativa previsto en el Artículo 15 del presente Tratado.

2)      La obligación prevista en el [apartado] 1 no será aplicable en la medida en que esa otra Parte Contratante haga uso de las reservas permitidas en virtud del [artículo 15] del presente Tratado.»

11.      Con arreglo al artículo 15 del WPPT:

«1)      Los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales.

2)      Las Partes Contratantes pueden establecer en su legislación nacional que la remuneración equitativa y única deba ser reclamada al usuario por el artista intérprete o ejecutante o por el productor de un fonograma o por ambos. Las Partes Contratantes pueden establecer legislación nacional que en ausencia de un acuerdo entre el artista intérprete o ejecutante y el productor del fonograma, fije los términos en los que la remuneración equitativa y única será compartida entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

3)      Toda Parte Contratante podrá mediante una notificación depositada en poder del Director General de la OMPI, declarar que aplicará las disposiciones del párrafo 1) únicamente respecto de ciertas utilizaciones o que limitará su aplicación de alguna otra manera o que no aplicará ninguna de estas disposiciones.

4)      A los fines de este artículo, los fonogramas puestos a disposición del público, ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija, serán considerados como si se hubiesen publicado con fines comerciales.»

12.      Las declaraciones concertadas respecto del artículo 15 señalan lo siguiente:

«Queda entendido que el artículo 15 no representa una solución completa del nivel de derechos de radiodifusión y comunicación al público de que deben disfrutar los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas en la era digital. Las delegaciones no pudieron lograr consenso sobre propuestas divergentes en lo relativo a la exclusiva que debe proporcionarse en ciertas circunstancias o en lo relativo a derechos que deben preverse sin posibilidad de reservas, dejando la cuestión en consecuencia para resolución futura.

[…] Queda entendido que el artículo 15 no impide la concesión del derecho conferido por este artículo a artistas intérpretes o ejecutantes de folclore y productores de fonogramas que graben folclore, cuando tales fonogramas no se publiquen con la finalidad de obtener beneficio comercial.»

13.      El artículo 23, apartado 1, del WPPT establece lo siguiente:

«Disposiciones sobre la observancia de los derechos

1)      Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar de conformidad con sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Tratado.»

C.      Directiva 2006/115

14.      Los considerandos 5, 12, 13 y 16 de esta Directiva son del siguiente tenor:

«5)      El esfuerzo creativo y artístico de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes exige unos ingresos suficientes que sirvan de base a nuevos trabajos creativos y artísticos y que las inversiones necesarias, en particular, para la producción de fonogramas y películas son especialmente cuantiosas y aleatorias. Solo una protección jurídica adecuada de los titulares de derechos permite garantizar eficazmente dichos ingresos y amortizar dichas inversiones.

[…]

12)      Es necesario establecer un régimen que garantice de manera irrenunciable una remuneración equitativa para autores y artistas intérpretes y ejecutantes, quienes deberán tener la posibilidad de confiar la administración de este derecho a entidades de gestión colectiva que los representen.

13)      Dicha remuneración puede hacerse efectiva en uno o varios pagos en cualquier momento al celebrarse el contrato o con posterioridad. Debe estar en consonancia con la importancia de la contribución al fonograma o a la película por parte de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes.

[…]

16)      Los Estados miembros deben estar facultados para establecer en favor de los titulares de derechos afines a los derechos de autor una protección mayor que la prevista por la presente Directiva en lo relativo a la radiodifusión.»

15.      Conforme al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2006/115:

«Derecho de fijación

1.      Los Estados miembros concederán a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la fijación de sus actuaciones.»

16.      El artículo 8, apartados 1 y 2, de la Directiva, idéntico al artículo 8, apartados 1 y 2, de la Directiva 92/100/CEE, (4) dispone lo siguiente:

«1.      Los Estados miembros concederán a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la emisión inalámbrica y la comunicación al público de sus actuaciones, salvo cuando dicha actuación constituya en sí una actuación transmitida por radiodifusión o se haga a partir de una fijación.

2.      Los Estados miembros establecerán la obligación del usuario de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma, que se utilice para la radiodifusión inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación al público de pagar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, entre los cuales se efectuará el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas los Estados miembros podrán establecer las condiciones en que deban repartirse dicha remuneración.»

17.      El artículo 11 de la Directiva 2006/115, rubricado «Ámbito de aplicación temporal», dispone en su apartado 1 lo siguiente:

«Las disposiciones de la presente Directiva serán de aplicación a todos los fonogramas, obras protegidas por los derechos de autor, actuaciones, emisiones y primeras fijaciones de películas contempladas en la presente Directiva y que el 1 de julio de 1994 estuviesen aún protegidos por la legislación de los Estados miembros sobre derechos de autor y derechos afines o que en dicha fecha cumpliesen los criterios necesarios para la protección que la presente Directiva establece.»

D.      Derecho nacional

18.      El artículo 38 de la Copyright and Related Rights Act 2000 (No 28 of 2000) (Ley de derechos de autor y derechos afines, n.º 28 de 2000; en lo sucesivo, «CRRA») establece el derecho de licencia en determinadas circunstancias. En particular, dispone lo siguiente:

«(1)      […] cuando una persona se proponga:

(a)      reproducir una grabación sonora en público o

(b)      incluir una grabación sonora en un programa emitido por radiodifusión o por cable,

estará facultada de pleno derecho para hacerlo, siempre que:

(i)      se comprometa a pagar por dicha reproducción o inclusión en un programa emitido por radiodifusión o por cable a un organismo de autorización y

(ii)      cumpla los requisitos establecidos en el presente artículo.

(2)      Cualquier persona tendrá derecho a reproducir una grabación sonora en público o a incluirla en un programa emitido por radiodifusión o por cable siempre que:

(a)      notifique a todos los organismos de autorización competentes su intención de efectuar tal reproducción o inclusión en un programa emitido por radiodifusión o por cable;

(b)      informe a dichos organismos de las fechas inicial y final en que pretende efectuar la reproducción públicamente o incluirla en un programa emitido por radiodifusión o por cable;

(c)      pague al organismo de autorización […]

[…]».

19.      El artículo 184 de la CRRA establece las circunstancias en las que, en particular, una grabación sonora queda protegida por derechos de autor. Dicho precepto establece:

«(1)      Una obra literaria, dramática, musical o artística, grabación de sonido, película, elaboración tipográfica de una edición publicada o base de datos original quedará protegida por derechos de autor cuando sea puesta a disposición del público legalmente por primera vez:

a)      en el territorio nacional o

b)      en cualquier país, territorio, Estado o área al que se extienda el ámbito de aplicación de la presente parte.

(2)      A efectos del presente artículo, la puesta de una obra a disposición del público legalmente en un país, territorio, Estado o área se considerará como primera puesta a disposición del público de esa obra legalmente aunque al mismo tiempo se ponga legalmente a disposición del público en otro lugar; a este respecto, se considerará simultánea la puesta a disposición del público de una obra legalmente en otro lugar durante los treinta días anteriores.»

20.      El artículo 288 de la CRRA establece:

«Por representación se entenderá una representación que dé lugar a derecho a remuneración con arreglo a lo dispuesto en esta parte y en la parte IV, cuando sea realizada por un beneficiario o un nacional beneficiario o cuando se produzca en un país, territorio, Estado o región aptos con arreglo al presente capítulo.»

21.      El artículo 287 de la misma Ley dispone:

«A efectos de esta parte y de la parte IV, se entenderá por:

“país apto”:

a)      Irlanda,

b)      otro Estado miembro del [Espacio Económico Europeo (EEE)] o

c)      en la medida en que así lo disponga un decreto con arreglo al artículo 289, un país designado en dicho artículo;

“beneficiario”: ciudadano o sujeto de derecho de un país apto, o una persona con domicilio o residencia habitual en un país apto, y

“nacional beneficiario”: ciudadano irlandés o persona con domicilio o residencia habitual en el territorio nacional.»

22.      De conformidad con el artículo 289, apartado 1, de la CRRA:

«El Gobierno podrá designar, por decreto, como país apto que disfrute de la protección de esta parte y la parte IV, cualquier país, territorio, Estado o región, siempre que a satisfacción del Gobierno existan allí o se vayan a adoptar disposiciones que confieran una protección adecuada a las representaciones irlandesas.»

II.    Hechos que dieron lugar al litigio principal y cuestión prejudicial

23.      La controversia en el litigio principal versa sobre la recaudación y distribución de los derechos de licencia adeudados por la reproducción pública o la radiodifusión de música grabada. Con arreglo a la legislación nacional, el propietario de un bar, un club nocturno u otro establecimiento abierto al público que desee reproducir música grabada debe pagar derechos de licencia por ello. De forma análoga, si una persona desea incluir una grabación de sonido en un programa emitido por radiodifusión o por cable, también debe pagar derechos de licencia. Esta obligación está regulada con detalle en el Derecho nacional en la CRRA,  conforme a la cual el usuario deberá pagar un único derecho de licencia al organismo de autorización que represente al productor de la grabación, pero la suma recaudada será distribuida después entre el productor y los intérpretes.

24.      La demandante en el litigio principal, Recorded Artists Actors Performers Ltd (en lo sucesivo, «RAAP»), es una sociedad de gestión colectiva irlandesa que administra los derechos de determinados intérpretes. La primera demandada, Phonographic Performance (Ireland) Ltd (en lo sucesivo, «PPI»), es una sociedad de gestión colectiva irlandesa que representa los derechos que los productores de fonogramas poseen sobre grabaciones sonoras o fonogramas en Irlanda.

25.      RAAP y PPI celebraron un contrato en que se regulaba la forma en que se recaudarían y distribuirían los derechos de licencia adeudados por la reproducción pública (en bares y otros establecimientos abiertos al público) de grabaciones de sonido en Irlanda por usuarios de Irlanda. (5)

26.      La controversia entre RAAP y PPI tiene su origen en el hecho de que la CRRA recurre a distintos criterios para el reconocimiento de derechos de productores e intérpretes, con la consecuencia de que los intérpretes de determinados países quedan excluidos del derecho a una remuneración equitativa (en particular, los Estados Unidos de América). Esto, según parece, ha llevado a PPI a alegar que la ley no obliga a pagar a esos intérpretes concretos y, como consecuencia, PPI tiene derecho a retener los derechos que corresponden a dichos intérpretes y que han sido recaudados con arreglo al contrato.

27.      RAAP considera que los derechos adeudados con arreglo a la CRRA (por la que se transpuso la Directiva 92/100, posteriormente codificada y sustituida por la Directiva 2006/115) deben ser repartidos entre el productor y el intérprete, conforme al artículo 8, apartado 2, de la Directiva y a los convenios internacionales a los que esta se remite. La nacionalidad y el lugar de residencia del intérprete son irrelevantes.

28.      Por su parte, PPI alega que los intérpretes que no son nacionales ni residentes del EEE y cuyas actuaciones no tienen su origen en una grabación de sonido efectuada en el EEE no tienen derecho a percibir una participación en la remuneración cuando dichas actuaciones se llevan a cabo en Irlanda. De lo contrario, si se hubiese de pagar a tales intérpretes, con ello se vulneraría el principio de reciprocidad internacional adoptado por Irlanda y plasmado en la CRRA. En particular, si se siguiese la postura de RAAP, los intérpretes de los Estados Unidos recibirían pagos en Irlanda, aunque los intérpretes irlandeses no recibieran una remuneración equitativa en los Estados Unidos.

29.      RAAP presentó una demanda contra PPI ante el tribunal remitente, que señala que la interpretación conjunta de los artículos 38, 184, 208, 287 y 288 de la CRRA excluye a los intérpretes «establecidos fuera del EEE» de participar en los derechos recaudados en virtud de dicha ley (a no ser que se apruebe un decreto con arreglo al artículo 289 de dicha ley, cosa que hasta ahora no ha sucedido), lo que con frecuencia lleva a los productores (incluidos los establecidos fuera del EEE) a beneficiarse de la totalidad de dichos derechos.

30.      En el caso de una grabación de sonido en la que participen productores e intérpretes de los Estados Unidos, el productor percibiría íntegramente los derechos de licencia adeudados por los usuarios en Irlanda. Esto es así porque los criterios para el reconocimiento de derechos que contiene la CRRA son más flexibles para los productores que para los intérpretes.

31.      Por lo tanto, una legislación como esta parece incompatible con el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115, pues este precepto exige que la remuneración equitativa se reparta entre productores e intérpretes.

32.      En consecuencia, la resolución del litigio principal depende, en particular, de si Irlanda puede legislar (sin infringir la Directiva y, anteriormente, la Directiva 92/100) de manera que en su territorio los «artistas intérpretes o ejecutantes» a que se refiere dicha Directiva no incluyan a los establecidos fuera del EEE, como los de los Estados Unidos.

33.      Dada la acusada relevancia de este litigio, Irlanda, su Fiscal General y el Ministro de Trabajo, Empresa e Innovación han decidido participar en el procedimiento principal en calidad de demandados segundo, tercero y cuarto. El anexo a la resolución de remisión contiene una exposición completa que permite entender mejor las cuestiones que subyacen a la resolución.

34.      El tribunal remitente desea señalar que el hecho de que la legislación nacional trate a los residentes en el EEE de la misma forma que a los nacionales irlandeses significa que el Derecho interno no vulnera el principio general de no discriminación que rige en el Derecho de la Unión. Sin embargo, dicha legislación debe ser compatible no solo con el mencionado principio general, sino también con el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115. Este dispone que los Estados miembros «establecerán la obligación del usuario de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma, que se utilice para la radiodifusión inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación al público de pagar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, entre los cuales se efectuará el reparto de la misma».

35.      El órgano jurisdiccional remitente considera que sigue habiendo incertidumbre sobre en qué medida se ha de atender a las disposiciones del WPPT (del cual son Partes Irlanda y la Unión) y la Convención de Roma (de la cual es Parte Irlanda) al interpretar el artículo 8 de la Directiva.

36.      En particular, es necesario aclarar si el «trato nacional» que se contempla en ambos tratados tiene alguna trascendencia en la interpretación del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115.

37.      Dado que, por un lado, el concepto de «trato nacional» (a diferencia de otros conceptos que contienen la Convención de Roma y el WPPT) no fue expresamente recogido por la Directiva 2006/115, pero que, por otro lado (a causa de la adhesión de la Unión al WPPT), dicho concepto forma parte del Derecho de la Unión, no queda claro cuál es, en definitiva, el alcance de dicho concepto para la interpretación del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor y derechos afines.

38.      Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia orientación acerca de si este trato asimétrico de los productores y los intérpretes constituye una respuesta legítima a una reserva con arreglo al artículo 15, apartado 3, del WPPT (en particular, a una formulada por los Estados Unidos de América).

39.      En tales circunstancias, la High Court (Tribunal Superior, Irlanda), resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Se limita la obligación que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales de interpretar la Directiva 2006/115 […], atendiendo a la finalidad y objetivos de la Convención de Roma y/o del WPPT, a los conceptos a los que [dicha] Directiva hace una remisión expresa, o se extiende también a los conceptos que simplemente aparecen en los dos instrumentos internacionales? En particular, ¿en qué medida debe interpretarse el artículo 8 de [dicha] Directiva atendiendo a la exigencia de “trato nacional” que contiene el artículo 4 del WPPT?

2)      ¿Dispone un Estado miembro de margen de apreciación para establecer los criterios por los cuales se determine qué “artistas intérpretes y ejecutantes” tienen derecho a una remuneración con arreglo al artículo 8 de la [citada] Directiva? En particular, ¿puede un Estado miembro restringir el derecho a participar de la remuneración equitativa a situaciones en las que i) la representación se produzca en un país del Espacio Económico Europeo (EEE), o ii) los intérpretes tengan su domicilio o residencia en un país del EEE?

3)      ¿Qué margen de apreciación tiene un Estado miembro a la hora de responder a una reserva formulada por otra Parte contratante con arreglo al artículo 15, apartado 3, del WPPT? En particular, ¿está obligado el Estado miembro a adoptar exactamente las mismas condiciones de la reserva formulada por la otra Parte contratante? ¿Está obligada una Parte contratante a no aplicar la regla de los treinta días del artículo 5 de la Convención de Roma, de manera que pueda darse el caso de que un productor de la Parte contratante que ejerza la reserva perciba la remuneración con arreglo al artículo 15, apartado 1, y no así los intérpretes de esa misma Parte contratante? Alternativamente, ¿está facultada la Parte contratante que responde a la reserva para conceder derechos a los nacionales de la Parte contratante que ejerce la reserva de forma más generosa que esta última, es decir, puede la Parte contratante que responde a la reserva conceder derechos sin que haya reciprocidad por la Parte contratante que ejerce la reserva?

4)      ¿Es lícito en alguna circunstancia limitar el derecho a la remuneración equitativa a los productores de una grabación sonora, es decir, denegar ese mismo derecho a los intérpretes cuyas representaciones han sido fijadas en la grabación sonora?»

40.      Han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia RAAP, PPI, el Gobierno irlandés y la Comisión Europea. En la vista de 4 de febrero de 2020 se oyeron los informes orales de todas estas partes.

III. Análisis

A.      Sobre la primera cuestión prejudicial

1.      Resumen de las alegaciones de las partes

41.      RAAP aduce que la obligación del juez nacional de interpretar la Directiva 2006/115 atendiendo a la finalidad y objetivos de la Convención de Roma o del WPPT implica la obligación de interpretar sus disposiciones en un sentido que sea compatible con las obligaciones que imponen dichos instrumentos. Por lo tanto, el artículo 8 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que extiende los derechos concedidos por su artículo 8, apartado 2, a las personas con derecho a trato nacional respecto a dichos derechos con arreglo al artículo 4 del WPPT.

42.      Además, es necesario tener en cuenta la Convención de Roma, a pesar de que la Unión no sea Parte contratante en ella. Asimismo, dicha Convención tuvo una influencia relevante en los orígenes de la Directiva.

43.      La interacción entre los artículos 4 y 5 de la Convención de Roma, por un lado, y de los artículos 3 y 4 del WPPT, por otro, significa que las Partes contratantes del WPPT deben extender el beneficio del trato nacional de los intérpretes a las actuaciones que se hayan incorporado a un fonograma que dé derecho a trato nacional con arreglo a la Convención de Roma. Este beneficio se debe extender a todos los intérpretes de tales actuaciones, aunque sean nacionales de países que no sean Parte contratante.

44.      PPI alega, en lo esencial, que la Directiva 2006/115 se debe interpretar, en la medida de lo posible, de tal manera que sea coherente con el WPPT y que no entre en conflicto con las obligaciones que este o la Convención de Roma imponen a la Unión y a los Estados miembros. Cuando el texto de la Directiva utiliza conceptos derivados de la Convención de Roma, en la interpretación de los pasajes correspondientes de la Directiva deben tenerse en cuenta la Convención o el WPPT, según proceda. Por lo tanto, no puede entenderse por vía interpretativa el artículo 8, apartado 2, de la Directiva en el sentido de que incorpora la exigencia de trato nacional del artículo 4 del WPPT, pues la Directiva no pretende adoptar medida alguna para cumplir dicha exigencia del WPPT.

45.      Irlanda reconoce, al interpretar la Convención de Roma y del WPPT, que el artículo 3, apartado 2, de este último introduce en el WPPT el concepto de «trato nacional» establecido en los artículos 4 y 5 de la Convención de Roma, conforme al cual los Estados contratantes deben otorgar trato nacional siempre que una actuación se incorpore en un fonograma que haya sido publicado por primera vez (o en los treinta días anteriores) en otro Estado contratante. Estas reglas se derivan del «criterio de la publicación» y del concepto de «publicación simultánea» establecidos en la Convención de Roma.

46.      Sin embargo, lo que es importante para un país con una concepción dualista del Derecho internacional, a Irlanda le preocupa velar por que solo el Derecho irlandés o el Derecho de la Unión debidamente promulgados originen derechos y obligaciones en los ordenamientos jurídicos irlandés y de la Unión.

47.      Irlanda alega, en lo esencial, que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 no debe interpretarse a la luz del concepto de «trato nacional» establecido en el WPPT y en la Convención de Roma. La citada Directiva no trata de la situación de los intérpretes cuyas actuaciones estén incorporadas en un fonograma publicado por primera vez en un tercer país.

48.      La Comisión argumenta, básicamente, que del tenor literal, la estructura y la finalidad del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115, así como de la obligación de interpretar dicha Directiva conforme a los convenios internacionales celebrados por la Unión, se deduce que entre los intérpretes afectados figuran, en principio, los de todas las Partes contratantes del WPPT, residan o no en el EEE.

2.      Apreciación

49.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente desea saber cómo se ha de interpretar la Directiva 2006/115 cuando determinados conceptos que están expresamente mencionados en los convenios internacionales en materia de derechos de autor y derechos afines, como la obligación de conferir trato nacional conforme al artículo 4 del WPPT, no aparecen en la Directiva.

50.      Ante todo, por un lado, la importancia de la obligación de trato nacional queda patente por el hecho de que siempre ha estado en el centro de todo acuerdo multilateral sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual y es una de las principales ventajas que las Partes contratantes obtienen de su adhesión. (6) Por otro lado, se ha de tener en cuenta que el derecho a una remuneración (en virtud del artículo 8 de la Directiva 2006/115 o del artículo 15 del WPPT) está, desde el punto de vista económico, entre los derechos más importantes de los intérpretes y productores de fonogramas.

51.      RAAP y la Comisión alegan que entre los intérpretes beneficiarios del derecho a una remuneración equitativa que reconoce el Derecho de la Unión, en principio, figuran los intérpretes de terceros países cuya música sea objeto de radiodifusión en la Unión. En su opinión, así se deduce del carácter general de los términos utilizados por el legislador de la Unión («los artistas intérpretes o ejecutantes») y de los objetivos de la Directiva 2006/115 (un elevado nivel de protección), pero, sobre todo, se deduce de la obligación de interpretar el Derecho derivado de la Unión de conformidad con los convenios internacionales celebrados por la Unión, como el WPPT, cuyo artículo 4, apartado 1, en relación con el artículo 15, apartado 1, obliga a las Partes contratantes (la Unión y los Estados miembros) a conceder «trato nacional» en relación con la remuneración equitativa adeudada a los intérpretes.

52.      He llegado a la conclusión de que esta argumentación es correcta.

53.      Si se analiza el texto de la Directiva 2006/115, se aprecia claramente que los nacionales de terceros países no están excluidos de su ámbito de aplicación y, lo que es más importante, esto es plenamente coherente con las obligaciones que incumben a la Unión en el ámbito del WPPT y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Cabe argumentar que, desde el prisma de los derechos fundamentales, tanto los Estados miembros como la Unión deben velar por que en la Unión Europea todo intérprete y todo productor reciban una remuneración equitativa por la comunicación de su actuación al público, con independencia de la existencia de una reserva de un tercer país en virtud de la cual los intérpretes y productores del EEE no reciban tal remuneración en el territorio de ese tercer país. Los derechos fundamentales son de carácter universal, y aquí se trata del derecho de propiedad).

54.      PPI y el Gobierno irlandés argumentan que, dado que no todas las normas pertinentes se pueden encontrar en el acervo de la Unión, los Estados miembros gozan de plena libertad.

55.      Baste decir que el Tribunal de Justicia ya ha rechazado este argumento en un asunto relativo a derechos de autor: la sentencia de 4 de septiembre de 2014, Comisión/Consejo (C‑114/12, EU:C:2014:2151), especialmente en el apartado 70, y en el dictamen 3/15 (Tratado de Marrakech sobre el acceso a las obras publicadas), de 14 de febrero de 2017 (EU:C:2017:114).

56.      En primer lugar, es necesario aclarar si el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 se debe interpretar a la luz de la exigencia de trato nacional de los intérpretes de terceros países que impone el artículo 4, apartado 1, del WPPT. A tal fin, es preciso determinar si dicha exigencia se debe considerar como una obligación de los Estados miembros, en su condición de Partes contratantes de dicho acuerdo mixto, o si se trata de una obligación que ha de asumir la Unión también en calidad de Parte contratante de dicho acuerdo.

57.      El Tribunal de Justicia ya ha analizado el artículo 8 de la Directiva 2006/115 a la luz de las obligaciones internacionales de la Unión en sus sentencias SCF, (7) Phonographic Performance (Ireland) (8) y Verwertungsgesellschaft Rundfunk. (9)

58.      Dicha jurisprudencia aborda la relación entre la Directiva y los diversos convenios internacionales e interpreta algunos de los conceptos que contiene el tenor del artículo 8 de la Directiva a la luz de las obligaciones internacionales que para la Unión se derivan de dichos convenios.

59.      En la sentencia de 15 de marzo de 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), apartados 37 a 56, el Tribunal de Justicia estudió la relación entre el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), el WPPT y la Convención de Roma.

60.      El Tribunal de Justicia señaló que, de conformidad con el artículo 216 TFUE, apartado 2, «los acuerdos celebrados por la Unión vincularán a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros». Esto es lo que sucede con el WPPT, al cual, por cierto, está adherida la Unión como Parte contratante, y dicho Tratado forma parte del ordenamiento jurídico de esta. Por consiguiente, dicho acuerdo vincula a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros. Por lo que se refiere a la Convención de Roma, sus disposiciones no forman parte del Derecho de la Unión, pues la Unión no se ha adherido a ella como Parte contratante y no puede considerarse que haya sustituido a sus Estados miembros en el ámbito de aplicación de esta Convención, aun cuando solo sea porque no todos ellos son Partes de dicha Convención, como ocurre en el caso de Malta.

61.      Respecto al WPPT, el Tribunal de Justicia también señaló en la sentencia de 15 de marzo de 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), apartado 47, que el artículo 23, apartado 1, del WPPT establece que las Partes contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación de dicho Tratado. De ello se desprende que la aplicación de lo dispuesto en el WPPT se supedita, en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de actos ulteriores. Por lo tanto, tales disposiciones carecen de efecto directo en el Derecho de la Unión y no pueden crear a favor de los particulares derechos que estos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud de ese Derecho.

62.      No obstante, el Tribunal de Justicia también declaró en esa sentencia que, atendiendo al considerando 10 de la Directiva 92/100, puesto que la finalidad de esta consiste en armonizar determinados aspectos en el ámbito de la propiedad intelectual respetando los convenios internacionales pertinentes en materia de derechos de autor y derechos afines, como, por ejemplo, la Convención de Roma, el Acuerdo sobre los ADPIC y el WPPT se supone que dicha Directiva establece un conjunto de reglas compatibles con las contenidas en dichos convenios.

63.      En efecto, la postura por la que abogo en las presentes conclusiones es la única coherente con el artículo 216 TFUE, apartado 2, y con reiterada jurisprudencia según la cual el Derecho derivado de la Unión debe interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz de las obligaciones que se derivan del Derecho internacional, en particular cuando sus disposiciones tengan por objeto precisamente la aplicación de un acuerdo internacional celebrado por la Unión. (10)

64.      El pleno alcance de la obligación de hacer una interpretación conforme en los casos en que la Unión se ha adherido al acuerdo internacional de que se trate queda patente en la sentencia Hermès, (11) donde el Tribunal de Justicia declaró que no solo los actos de la Unión dirigidos a cumplir sus obligaciones internacionales deben interpretarse a la luz de estas, sino que las disposiciones nacionales que apliquen dichos actos de la Unión también deben ser conformes, a su vez, con las exigencias de los acuerdos internacionales de los que sea parte la Unión.

65.      Además, tanto el WPPT como la Directiva se refieren al derecho a recibir una remuneración equitativa en el ámbito correspondiente.

66.      Quisiera recordar que la Directiva 92/100 precedió a la Directiva 2006/115. La finalidad y objetivo de la primera era sentar las bases de un mercado interior de los derechos de autor y derechos afines. El propósito del legislador de la Unión, confirmado por la propuesta modificada de directiva, (12) era seguir, en gran medida, las disposiciones de la Convención de Roma, a fin de lograr una protección mínima uniforme en la Unión. Sin embargo, se aseguró de hacerlo de conformidad con los convenios internacionales de los cuales eran Partes los Estados miembros. En aquel momento, la CE no era parte de ningún convenio sobre derechos de propiedad intelectual.

67.      El considerando 10 de la Directiva 92/100 (que se corresponde con el considerando 7 de la Directiva 2006/115) expone: «[…] deben aproximarse las legislaciones de los Estados miembros de conformidad con los convenios internacionales vigentes sobre los que se basan las normas sobre derechos de autor y derechos afines de muchos Estados miembros».

68.      Diversos elementos iban más allá de la Convención de Roma. Respecto a los intérpretes, se introdujo un derecho exclusivo para ellos (de autorizar o prohibir) la fijación de sus actuaciones (artículo 7), y un derecho exclusivo a la radiodifusión por medios inalámbricos y a la comunicación al público de sus actuaciones, salvo que se hiciese a partir de una fijación.

69.      El artículo 8 de la Directiva 92/100 fue introducido por el Parlamento Europeo, y la Comisión lo aceptó en su Propuesta modificada, como complemento a la introducción del derecho exclusivo de los artistas intérpretes o ejecutantes a autorizar o prohibir la reproducción o las fijaciones de sus actuaciones en fonogramas en otro punto de la Directiva (el artículo 7). Con ello se quería permitir a los intérpretes compartir con los productores cualquier utilización futura de los fonogramas por terceros, lo que en ocasiones se designa como «uso secundario».

70.      Tras la adopción del WPPT, la Directiva 2001/29/CE (13) fue el instrumento para el cumplimiento de las nuevas obligaciones que se derivaban de aquel y del TDA (véase el considerando 15 de dicha Directiva).

71.      Tal como acertadamente ha señalado la Comisión, queda claro que el legislador de la Unión no adoptó ninguna medida específica para incorporar el artículo 15, apartados 1 y 2, del WPPT.

72.      En cualquier caso, no creo que fuera necesario, dado que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100, que precedió a la adopción del WPPT, se corresponde exactamente con el artículo 15 del WPPT y lo transpone.

73.      En efecto, el legislador de la Unión claramente consideró que mediante el artículo 8 de la Directiva 92/100 cumplía con la obligación derivada del artículo 23, apartado 1, del WPPT de introducir un derecho a una remuneración equitativa conforme al artículo 15, apartados 1 y 2, del WPPT.

74.      De las anteriores consideraciones se desprende que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 (y el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115) deben interpretarse de conformidad con el WPPT.

75.      Es importante señalar que, con ocasión de su ratificación, la Unión no hizo reserva alguna al WPPT y sigue sujeta a la obligación de proporcionar un trato nacional y de aplicar la Directiva 2006/115 sin restricciones.

76.      Según la jurisprudencia, procede interpretar los conceptos de la Directiva 2006/115, en la medida de lo posible, a la luz de los conceptos del WPPT (14) y de manera que sea compatible con estos convenios, teniendo en cuenta asimismo el contexto en el que se inscriben tales conceptos y la finalidad perseguida por las disposiciones de dichos convenios. La interpretación de la Directiva debe tener en cuenta el artículo 4 del WPPT, lo que significa que la Directiva ha de ser transpuesta por los Estados miembros de manera que sea conforme con el trato nacional dispuesto por el WPPT.

77.      La Comisión alega, con acierto, que la Directiva 2006/115 se aplica a los hechos que se produzcan en el territorio de la Unión y, como casi todos los instrumentos adoptados en el acervo en materia de derechos de autor, define su ámbito de aplicación ratione materiae, y no ratione personae. (15)

78.      Volveré sobre el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 más adelante, al responder a las cuestiones segunda, tercera y cuarta.

79.      Se protege a los titulares de derechos cuyas obras u otros objetos de derechos, como actuaciones, fonogramas o radiodifusiones, cumplan los requisitos de la protección ratione materiae con arreglo a la Directiva 2006/115. Cuando esos derechos y otros objetos de derechos son explotados por un usuario a efectos del artículo 8, apartado 2, se activa la protección que ofrece la Directiva.

80.      Las disposiciones de que se trata simplemente requieren que el usuario haya desencadenado el derecho a una remuneración al reproducir la grabación de sonido en la Unión. En este sentido, la actuación se lleva a cabo en la Unión o en el EEE con independencia de la nacionalidad o el lugar de residencia del intérprete y del productor de la grabación, así como del lugar donde se realice la primera fijación.

81.      Estoy de acuerdo con la Comisión en que el tenor de la Directiva 2006/115 no admite ambigüedad, y que la aplicación ilimitada del artículo 8, apartado 2, a los beneficiarios de las demás Partes contratantes no solo es coherente con la obligación de trato nacional, sino también con la finalidad y objetivos de la Directiva, consistentes en un nivel de protección (16) uniforme y elevado y en el buen funcionamiento del mercado interior.

82.      Por lo tanto, ni Irlanda ni ningún Estado miembro en general gozan (ni lo han hecho nunca) de margen de apreciación alguno para aplicar sus propios criterios a fin de determinar a qué intérpretes se aplica el artículo 8 de la Directiva 2006/115, única norma que regula esta materia del Derecho de la Unión en virtud de las obligaciones que impone a la Unión el WPPT.

83.      En consecuencia, la Comisión acierta al alegar que la Directiva 2006/115 es coherente con la obligación que se deriva para la Unión de los instrumentos de Derecho internacional, consistente en dispensar un trato nacional dentro de su ámbito de aplicación material y en todas las situaciones producidas en la Unión. Esto no exige una referencia expresa al concepto de trato nacional para que la Directiva sea compatible con el artículo 4 del WPPT. Por lo tanto, la obligación de interpretar el artículo 8, apartado 2, de la Directiva también a la luz del artículo 4 del WPPT no se ve afectada por el hecho de que el trato nacional no sea mencionado expresamente en la Directiva. En el asunto SENA (C‑245/00, EU:C:2002:543), el Abogado General Tizzano llegó a la conclusión de que las normas de la Convención de Roma sobre el trato nacional son parte integrante del Derecho de la Unión; nótese que dichas conclusiones son anteriores a la ratificación formal del WPPT por la Unión. (17) En efecto, el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 se corresponde con el artículo 15 del WPPT.

84.      Es preciso señalar que, para cumplir con las obligaciones que le impone el WPPT (véase la declaración de la Comunidad Europea a la que se refiere el artículo 26 del WPPT), la Unión debe ser capaz de asegurarse de que sus Estados miembros cumplan con la exigencia de trato nacional. Esta es una de las formas de garantizar dicho cumplimiento.

85.      A este respecto, estoy de acuerdo también con el argumento formulado en la resolución de remisión (apartado 37) en el sentido de que cabe hacer referencia al artículo 23, apartado 1, del WPPT, conforme al cual las Partes contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación de dicho Tratado. Por lo tanto, la Unión Europea, como Parte contratante, está sujeta a esta obligación, y una de las formas de cumplimiento de la obligación por la Unión es mediante el artículo 8, apartado 2, de la Directiva.

86.      De las anteriores consideraciones se deduce que no se sostiene el argumento de PPI según el cual, a falta de una disposición expresa en la Directiva, el trato nacional se ha de dejar al criterio de los Estados miembros.

87.      En consecuencia, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 debe interpretarse a la luz de las exigencias del WPPT, del cual es Parte la Unión, y que es coherente con la obligación que incumbe a la Unión de dispensar un trato nacional conforme al artículo 4 del WPPT, sin necesidad de una disposición específica a tal efecto.

B.      Sobre la segunda cuestión prejudicial

1.      Resumen de las alegaciones de las partes

88.      RAAP alega que los Estados miembros carecen de margen de apreciación para establecer los criterios por los que se determine a qué intérpretes se les aplica el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115, en la medida en que dichos criterios entren en conflicto con las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud de la Convención de Roma o del WPPT.

89.      PPI argumenta, en lo esencial, que, dado que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 no adopta disposición alguna a fin de aplicar la exigencia de trato nacional que contiene el artículo 4 del WPPT, en circunstancias en que la actuación controvertida no tuviese lugar en el EEE y no fuese realizada por un nacional o residente del EEE, los Estados miembros mantienen la competencia para elegir, a su libre discreción, los criterios para determinar los beneficiarios del derecho reconocido en el artículo 8, apartado 2, obviamente siempre en cumplimiento de las propias obligaciones internacionales de cada Estado miembro. En consecuencia, no es contrario a la obligación que incumbe a los Estados miembros en virtud del artículo 8, apartado 2, de la Directiva limitar el derecho a participar de la remuneración equitativa a los casos en que la grabación utilizada para la radiodifusión inalámbrica o comunicación al público en el Estado miembro sea i) de una actuación que tuviese lugar en un país del EEE, o ii) protagonizada por un intérprete que sea nacional o residente de un país del EEE.

90.      Irlanda señala que, para transponer la Directiva 2006/115, esta concede a los Estados miembros, como Irlanda, el margen de apreciación legislativa habitual en cuanto a la forma y los métodos, siempre que los objetivos de la Directiva se incorporen al Derecho nacional.

91.      En cualquier caso, Irlanda alega, en lo esencial, que no existe ninguna obligación de que el Estado irlandés proporcione una remuneración equitativa cada vez que se genere un derecho de remuneración para un productor de grabaciones conforme a la norma de la primera publicación y a la regla de los treinta días que se establecen en la Convención de Roma y que recogió el WPPT en su artículo 4. En su opinión, ninguno de los dos instrumentos tiene efecto directo, y la Directiva no los incorpora en su tenor, de manera que carecen de fundamento en ella.

92.      La Comisión aduce, en lo esencial, que procede responder a la segunda cuestión que los Estados miembros no gozan de discrecionalidad para decidir conforme a qué criterios se ha de determinar a qué intérpretes ampara el artículo 8 de la Directiva.

2.      Apreciación

93.      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta al Tribunal de Justicia si los Estados miembros disponen de un margen de apreciación para aplicar sus propios criterios al decidir a qué intérpretes se refiere el artículo 8 de la Directiva, teniendo en cuenta los convenios internacionales en materia de derechos de autor y derechos afines que hayan suscrito, como la Convención de Roma y el WPPT, en particular cuando la actuación haya tenido lugar en el EEE.

94.      En mi opinión, la respuesta a esta cuestión se deduce de la respuesta a la primera.

95.      Dado que en esta cuestión prejudicial no se hace referencia expresa a ninguna obligación internacional, entiendo que se ha de responder atendiendo únicamente a la Directiva 2006/115, a la luz de las propias obligaciones internacionales de la Unión. La cuestión de la existencia de discrecionalidad con arreglo a los convenios internacionales se tratará en la tercera cuestión y, como ya veremos, los Estados miembros no gozan de tal discrecionalidad.

96.      La protección del artículo 8, apartado 2, de la Directiva se concede tanto a los intérpretes como a los productores, siempre que concurran dos requisitos: a) que la actuación se haya fijado en un fonograma que sea «publicado con fines comerciales» y b) que dicho fonograma sea explotado por un usuario mediante uno de los dos actos relevantes de comunicación al público o de radiodifusión inalámbrica.

97.      En defecto de definición y de toda referencia al Derecho de los Estados miembros, el concepto de fonograma «publicado con fines comerciales» del artículo 8, apartado 2, debe entenderse como concepto autónomo del Derecho de la Unión, cuyo contenido puede determinarse atendiendo a la finalidad y objetivo de la disposición. Dado que el artículo 8, apartado 2, va dirigido a aplicar el artículo 15 del WPPT, en primer lugar, se debe recurrir a la definición de «publicación» que contiene el artículo 2, letra e), de dicho convenio: «publicación» de una interpretación o ejecución fijada o de un fonograma es la oferta al público de la interpretación o ejecución fijada o del fonograma con el consentimiento del titular del derecho y siempre que los ejemplares se ofrezcan al público en [cantidad] suficiente.

98.      El WPPT establece que las actuaciones que hayan sido fijadas en un fonograma deben disfrutar de trato nacional en todos los casos en que el fonograma satisfaga los criterios de protección. Aunque las entidades contratantes de la Convención de Roma y del WPPT gozan de cierta discrecionalidad en cuanto a ciertos aspectos de sus obligaciones de trato nacional, esta constituye una clara obligación sin posibilidad de excepción alguna. RAAP alega que los criterios para disfrutar del derecho no deben desvirtuar la garantía de remuneración para ambos grupos de titulares de derechos ni el derecho efectivo y sustancial que a unos y otros les pretende otorgar el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115.

99.      Tal como acertadamente señaló la Comisión, el concepto de «publicación» del artículo 2, letra e), del WPPT no hace referencia al lugar de la publicación, ni a la primera publicación (el subrayado es mío). Únicamente habla del acto de oferta al público con consentimiento. Este acto de ofrecer un fonograma que incluya una actuación fijada debe tener lugar en el territorio de la Unión. Asimismo, ha de hacerse «con fines comerciales», concepto que, a falta de definición, debe entenderse en el sentido de que dicho fonograma se haya puesto a disposición general del mercado para su uso, previo consentimiento.

100. Sin embargo, el artículo 8, apartado 2, no contiene ningún elemento que, en relación con el artículo 15 del WPPT, permita deducir que la actuación concreta fijada en el fonograma deba haber sido realizada o fijada por primera vez (el subrayado es mío) en el territorio de la Unión, para poder disfrutar del derecho a una remuneración equitativa.

101. En particular, los Estados miembros no pueden restringir el derecho a participar de la remuneración equitativa a situaciones en las que la actuación se produzca en el EEE, con independencia de si los intérpretes tienen su domicilio o residencia en un país del EEE. En efecto, la Directiva 2006/115 no contiene ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros a este respecto.

102. Como se explica en el punto 97 de las presentes conclusiones, el concepto de fonograma «publicado con fines comerciales» del artículo 8, apartado 2, debe entenderse como concepto autónomo del Derecho de la Unión. Las disposiciones de que se trata simplemente requieren que el usuario haya hecho nacer el derecho a una remuneración al reproducir la grabación de sonido en la Unión. En este sentido, la actuación se lleva a cabo en la Unión o en el EEE con independencia de la nacionalidad o el lugar de residencia del intérprete o del productor de la grabación, así como del lugar donde se realice la primera fijación.

103. El artículo 8, apartado 2, es aplicable al uso secundario de un fonograma, ya sea directo, ya sea indirecto, que se produzca en el territorio de la Unión o del EEE. Considerado a la luz del artículo 2, letra g), que se refiere a los «artistas, intérpretes o ejecutantes» con carácter general, y del artículo 15 del WPPT, el artículo 8, apartado 2, entra en juego cuando un usuario realiza un acto de comunicación al público con el que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en el fonograma resultan audibles al público, es decir, cuando reproduce el fonograma o lo emite por medios inalámbricos, esto es, por medios analógicos tradicionales.

104. Por lo tanto, el intérprete al que se refiere el artículo 8, apartado 2, es la persona cuya representación o ejecución se hace audible cuando el fonograma en el que ha sido fijada se reproduce en el territorio de la Unión.

105. Tal como ha señalado la Comisión, en este sentido el artículo 8, apartado 2, difiere de los artículos 4 y 5 de la Convención de Roma, que permiten a los Estados contratantes aplicar un criterio o bien de nacionalidad, o bien de fijación o publicación, tanto para productores como para actuaciones fijadas en fonogramas. No obstante, ese no es el caso del artículo 8, apartado 2.

106. Hasta la fecha, el Tribunal de Justicia ha interpretado también el concepto de «comunicación al público» [sentencias SCF, Phonographic Performance (Ireland) y Verwertungsgesellschaft Rundfunk (18)] y de «lugares accesibles al público a cambio del pago de una cantidad en concepto de entrada» (sentencia de 16 de febrero de 2017, Verwertungsgesellschaft Rundfunk, C‑641/15, EU:C:2017:131) haciendo referencia al WPPT y también a la Convención de Roma. Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha considerado que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 requiere una interpretación individual de la identidad del «usuario» y de la cuestión de la utilización del fonograma de que se trate (sentencia de 15 de marzo de 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140).

107. Asimismo, considero (al igual que la Comisión) que esta interpretación de la Directiva es la única coherente con un elevado nivel de protección (considerando 5), una protección uniforme y el buen funcionamiento del mercado interior (considerando 17). (19)

108. Tal como señaló el Tribunal de Justicia en las sentencias 15 de marzo de 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), y Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141), el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 confiere a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas un derecho de carácter compensatorio que se ejerce cuando un usuario utiliza un fonograma u otro objeto de protección. Este derecho, de naturaleza esencialmente económica, no puede ejercerse antes de que un usuario utilice un fonograma publicado con fines comerciales, o una reproducción de dicho fonograma, para una comunicación al público.

109. De igual manera, la Directiva 2006/115 no hace alusión expresa a la legislación de los Estados miembros a efectos de determinar el significado y alcance de ninguno de los conceptos utilizados en el artículo 8, apartado 2. Por lo tanto, habida cuenta de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad, dichos conceptos normalmente deben ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión Europea. (20)

110. De las consideraciones precedentes se deduce que los Estados miembros no disponen de margen de apreciación para establecer los criterios por los cuales se determine qué «artistas intérpretes y ejecutantes» tienen derecho a una remuneración con arreglo al artículo 8 de la Directiva. En particular, los Estados miembros no pueden restringir el derecho a participar de la remuneración equitativa a situaciones en las que la actuación se produzca en el EEE, con independencia de si los intérpretes tienen o no su domicilio o residencia en un país del EEE.

C.      Sobre la tercera cuestión prejudicial

1.      Resumen de las alegaciones de las partes

111. RAAP alega que la discrecionalidad de que gozan los Estados miembros para dar una respuesta recíproca a una reserva formulada por otra Parte contratante en virtud del artículo 15, apartado 3, del WPPT está limitada por el hecho de que dicha respuesta debe hacerse en los mismos términos que la reserva. No se exige a las Partes contratantes que supriman las disposiciones de la Convención de Roma relativas a la regla de los treinta días para evitar criterios asimétricos de reconocimiento de derechos entre los productores de grabaciones y los intérpretes. Lo que se exige es que se cumpla con las disposiciones del WPPT sobre los requisitos para que una actuación reciba trato nacional en virtud de su fijación en un fonograma protegido (incorporando los criterios de la Convención de Roma). Las Partes contratantes del WPPT tienen libertad para conceder derechos a los nacionales de otras Partes contratantes que hayan formulado reservas con arreglo al artículo 15, apartado 3, con mayor generosidad que la mostrada por la Parte contratante que ha formulado la reserva en su Derecho nacional; sin embargo, al hacerlo deben cumplir con las exigencias del WPPT y, si procede, de la Convención de Roma, y deben respetar también las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión.

112. PPI considera que, en principio, los Estados miembros disponen de discrecionalidad en virtud del WPPT para responder a las reservas hechas con arreglo al artículo 15, apartado 3: no están obligados a reproducir exactamente el efecto de las reservas y a evitar toda situación en que los nacionales del país que ha formulado la reserva queden en posición más ventajosa que sus propios nacionales en aquel país. La propia Convención de Roma previó la posibilidad de que los nacionales de países no contratantes obtuviesen una ventaja no recíproca merced a la regla de los treinta días del artículo 5, apartado 2, pero no obligó a los Estados contratantes a evitar tal posibilidad. En su opinión, Irlanda está obligada por la Convención de Roma a cumplir con sus obligaciones derivadas de la regla de los treinta días frente a los productores estadounidenses.

113. La posición ventajosa de los productores de los Estados Unidos (y de otras Partes contratantes que han formulado reservas) se deriva solamente de la aplicación de la regla de la primera publicación/de los treinta días que contiene la Convención de Roma. Irlanda podría haber hecho una reserva con arreglo al artículo 16, apartado 1, letra a), inciso iii), de la Convención de Roma para excluir la posibilidad de pagos a los nacionales de países no contratantes más allá de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, pero optó por no hacerlo y no estaba obligada a ello. Así pues, no puede estar obligada ahora a formular tal reserva para garantizar la igualdad de trato de los productores e intérpretes nacionales de países que han formulado reservas.

114. Una reserva formulada por una Parte contratante del WPPT que excluya la aplicación del artículo 15, apartado 1, tiene como consecuencia que, respecto a dicha Parte contratante, se mantiene la situación anterior respecto al pago de una remuneración equitativa a los productores e intérpretes: en particular, la reserva significa que Irlanda no puede estar obligada a disponer el pago a los intérpretes nacionales del país que ha formulado la reserva.

115. Irlanda considera que, con independencia de su alcance, la reserva faculta a las demás Partes contratantes para no conceder trato nacional alguno. En su opinión, la «correspondencia exacta» que propone RAAP carece de fundamento desde el punto de vista del tenor literal, de la finalidad y del contexto del WPPT. Entiende que, en el caso de una reserva como la pertinente para esta cuestión, las Partes contratantes tienen derecho a tratar de manera diferente a los productores de fonogramas cuando un fonograma se haya publicado por primera vez en un país contratante. Por una cuestión de principios básicos, y al margen de las obligaciones que impone el Tratado, a no ser que exista una prohibición derivada del Derecho internacional, la parte que responde tiene libertad para disponer un régimen más generoso que el dispuesto por la parte que ha hecho uso de la reserva. Esto puede deberse a consideraciones diferentes que no estén directamente relacionadas con el asunto o a motivos de política nacional.

116. La Comisión alega, en lo esencial, que los Estados miembros no gozan de discrecionalidad en un ámbito que es competencia exclusiva de la Unión, y que no están facultados para responder a las reservas formuladas por otras Partes contratantes ni para aplicar criterios distintos de los establecidos en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva.

2.      Apreciación

117. Mediante su tercera cuestión prejudicial, el tribunal remitente desea saber si los Estados miembros pueden responder a las reservas formuladas por otras Partes contratantes del WPPT o aplicar las normas particulares de la Convención de Roma sobre los criterios para conceder la protección.

118. Por cuanto se refiere a la relación entre el concepto de «remuneración equitativa» del artículo 15 del WPPT, el artículo 12, letra d), de la Convención de Roma (en que se basa aquel) y el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 (actualmente, Directiva 2006/115), considero que solo es relevante el WPPT. Al no formar parte la Convención de Roma del ordenamiento jurídico de la Unión a este respecto, los requisitos que establece su artículo 5 para la protección de los fonogramas no vinculan a la Unión, ni tampoco las normas del Convenio de Roma sobre el trato nacional que permiten elegir entre la fijación, la publicación y la nacionalidad como criterios para conceder el trato nacional.

119. Tal como señaló la Comisión, ninguna de estas normas de la Convención de Roma tiene reflejo en el texto del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115, que, asimismo cuando fue adoptada como Directiva 92/100, ni siquiera permitía formular reservas o restricciones a su aplicación.

120. Por lo tanto, en este caso solo cabe analizar el artículo 4, apartado 2, del WPPT.

121. El artículo 4, apartado 2, del WPPT, acuerdo del que es parte la Unión, prevé una excepción a la exigencia de trato nacional en el caso de las reservas permitidas por el artículo 15, apartado 3, del WPPT.

122. La Comisión alega que la Directiva 2006/115 regula «una materia que ahora es competencia exclusiva de la Unión», y hace referencia, en general, a las «normas comunes de la Unión relativas a los diversos derechos de propiedad intelectual reconocidos por el Derecho de la Unión».

123. Según la Comisión, es cierto que en el momento de la firma y ratificación por la Unión del WPPT y de su tratado gemelo, el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (TDA), esta materia se consideraba competencia compartida, por lo que los Estados miembros los ratificaron paralelamente a la Unión; sin embargo, ya no es así. Ahora se ha de considerar que la Unión ha ocupado el lugar de los Estados miembros en relación con el WPPT. A este respecto, la Comisión propone al Tribunal de Justicia trasladar (al caso del WPPT) el razonamiento seguido por el Tribunal de Justicia en la sentencia DR y TV2 Danmark, (21) que versaba sobre el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. (22)

124. El apartado 31 de dicha sentencia es del siguiente tenor: «Se considera que, al adoptar la Directiva 2001/29 [relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información] el legislador de la Unión ejerció las competencias que anteriormente correspondían a los Estados miembros en materia de propiedad intelectual. Debe entenderse que, en el ámbito de aplicación de la referida Directiva, la Unión ha sustituido a los Estados miembros, que ya no son competentes para aplicar las estipulaciones pertinentes del Convenio de Berna».

125. La Comisión alega que, dado que el ámbito regulado por la Directiva es ahora competencia exclusiva de la Unión, los Estados miembros no pueden responder a las reservas formuladas por otras Partes contratantes en virtud del artículo 15, apartado 3, del WPPT, ni pueden aplicar por su cuenta el artículo 4, apartado 2. Por lo tanto, corresponde a la Unión determinar, de manera uniforme para todo su territorio, cuál ha de ser la consecuencia, para los artistas estadounidenses cuya música se emita en la Unión, de la reserva formulada por dicha Parte contratante con arreglo al artículo 15, apartado 3, del WPPT.

126. Comparto dicho razonamiento. En primer lugar, en mi opinión, es necesario rechazar la argumentación de PPI e Irlanda, con la que, partiendo del hecho de que el WPPT no tiene efecto directo, se pretende demostrar que el trato nacional a los nacionales de terceros países que contiene dicho tratado es ajeno a la Directiva 2006/115.

127. Baste recordar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual el hecho de que el WPPT y la Convención de Roma carezcan de efecto directo no obsta en modo alguno a la obligación de interpretar la Directiva a la luz de dichos instrumentos. (23)

128. También es evidente que solo porque el Derecho derivado de la Unión, al tratar de garantizar una remuneración equitativa para los artistas cuya obra creativa sea comunicada al público en la UE, no mencione expresamente la obligación internacional de la Unión de tratar por igual a sus propios artistas y a los de terceros países, no basta para negar la necesidad de interpretar el Derecho derivado de conformidad con dicha obligación.

129. Además, entiendo que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 debe considerarse efectivamente como la aplicación del artículo 15 del WPPT por parte de la Unión, en particular, a la vista de su apartado 2. (24)

130. Sin embargo, es preciso recordar que la obligación de proporcionar una interpretación del Derecho derivado de la Unión que sea conforme con un acuerdo mixto no se extiende a las obligaciones que imponga dicho acuerdo y que recaigan en ámbitos donde la Unión aún no haya ejercido sus poderes y haya legislado con la importancia suficiente. (25)

131. Por lo tanto, antes de todo debe determinarse si existen normas de la Unión en el «ámbito de que se trata». (26)

132. Tal como señaló la Abogada General Sharpston en el asunto Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, EU:C:2010:436), punto 66, no está todo lo claro que sería deseable qué grado de ejercicio de las potestades de la Unión es «suficientemente importante» para concluir que la Unión ha legislado en un determinado «ámbito».

133. ¿Cómo debe definirse un «ámbito» concreto? ¿Podría ser excesivamente amplio el concepto de «legislación en materia de propiedad intelectual»? Es cierto que en la sentencia «Laguna de Berre» (27) el Tribunal de Justicia consideró que la existencia de una legislación en materia de medio ambiente bastaba para apreciar la competencia del Tribunal de Justicia. En cualquier caso, de la jurisprudencia estudiada en las presentes conclusiones se deduce que esto se ha de determinar caso por caso.

134. En el presente asunto, la Comisión ha alegado en sus observaciones escritas que el ámbito de que se trata debería definirse, en términos ciertamente amplios, como el de la propiedad intelectual. La Comisión ya había tratado de hacer valer este argumento en los asuntos Dior y otros (28) y Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos. (29)

135. Precisamente porque el Tribunal de Justicia rechazó este argumento, por excesivamente amplio, en las dos sentencias citadas (y a pesar del tenor del apartado 31 de la sentencia de 26 de abril de 2012, DR y TV2 Danmark, C‑510/10, EU:C:2012:244, y aunque entiendo que debería aplicarse por analogía al presente asunto), considero que el Tribunal de Justicia debe declarar que el ámbito de que se trata no puede definirse, de forma tan genérica, como el área de la propiedad intelectual.

136. En efecto, si esta área se calificase en su totalidad como el ámbito de que se trata, sería demasiado sencillo afirmar que la Unión ha adoptado abundante legislación en el área de la propiedad intelectual y llegar a la conclusión de que todos sus aspectos contenidos en un acuerdo mixto corresponden a la competencia de la Unión y no a la de los Estados miembros, y ello a pesar de que gran cantidad de aspectos de dicha área no hayan sido sino superficialmente armonizados hasta la fecha.

137. Si bien es necesario que el ámbito de que se trate quede delimitado con la suficiente precisión, debemos preguntarnos si, habida cuenta, en particular, de la tercera cuestión prejudicial (dado que esta se refiere a las opciones que asisten a la Parte contratante cuando otra Parte contratante ha hecho uso de una reserva, la cuestión se plantea en el área de las relaciones exteriores), resulta adecuado atender también a la jurisprudencia sobre el artículo 3 TFUE, apartado 2.

138. Esta última disposición se ocupa de los compromisos internacionales asumidos por la Unión y, para apreciar la competencia exclusiva de la Unión, requiere que el ámbito de que se trata sea un «ámbito ya cubierto en gran medida por las normas de la Unión» (30) (véase también el punto 147 de las presentes conclusiones).

139. Por lo tanto, ¿cuál es dicha área, si no puede consistir, en general, en todo el ámbito de la propiedad intelectual?

140. Tal como argumentó la Comisión entonces en la vista, el área relevante sobre la que la Unión puede invocar competencia exclusiva es la de los derechos sobre las grabaciones de sonido: esto es, los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los derechos de los productores de la grabación sobre el objeto de protección que es el fonograma (o la grabación), reproducidos en bares, restaurantes, etc., es decir, el objeto que es utilizado por los usuarios en la Unión Europea como acto de explotación para fines de comunicación al público o radiodifusión (lo que incluye también los derechos del autor de la obra original ejecutada, si bien en ocasiones se dan coincidencias, al haber cantantes que componen sus propias canciones).

141. En cuanto al trato de los nacionales de terceros países como tales en el acervo aquí pertinente, en contra de lo que sugieren PPI e Irlanda, baste decir que, al no disponer la Directiva nada al respecto, esta se aplica a todos los nacionales.

142. Tal como señaló la Comisión, cuando el acervo no dispone nada al respecto, se aplica a todos los nacionales, a diferencia de otras áreas del Derecho, como el Derecho de sociedades o el Derecho contable, donde el concepto de establecimiento o de residencia es relevante y el legislador de la Unión aprueba disposiciones específicas al respecto. No sucede lo mismo con el acervo de los derechos de autor, por regla general. Esta legislación es neutral en cuanto a la cuestión de a quién se aplica. De este modo, la Unión cumple con sus obligaciones derivadas de los convenios internacionales que establecen el trato nacional.

143. Si se hubiese querido excluir los derechos de los nacionales de terceros países, se tendría que haber hecho de manera expresa, mediante la correspondiente técnica legislativa. El silencio de la Directiva 2006/115 está corroborado por su tenor, que no excluye a nadie de sus disposiciones. De hecho, para comparar dicha Directiva con una legislación donde se haya hecho así, cabe referirse a la Directiva 2001/84 (relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original). El legislador de la Unión incluyó una disposición expresa en esta Directiva para garantizar que únicamente las otras Partes contratantes del Convenio de Berna que tengan en su legislación un precepto sustantivo equivalente para los artistas con derecho de participación en la reventa de sus obras de arte podrán beneficiarse del derecho de participación del artista.

144. Allí el legislador de la Unión dispuso expresamente, bajo el epígrafe «Beneficiarios de terceros países», que «los Estados miembros dispondrán que los autores que sean nacionales de terceros países y, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8, sus derechohabientes se beneficien del derecho de participación de conformidad con la presente Directiva y con el ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate únicamente si la legislación del país del que el autor o su derechohabiente sea nacional permite la protección del derecho de participación en dicho país para los autores de los Estados miembros y para sus derechohabientes».

145. Nos ofrece otro ejemplo la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, (31) donde el legislador introdujo un derecho sui generis que no tenía equivalente en otros convenios. Se introdujo una disposición cuyo efecto era que el derecho a prohibir la extracción o reutilización de una base de datos debería aplicarse a bases de datos cuyos fabricantes fueran nacionales de un Estado miembro o residentes habituales de terceros países, o a aquellas bases de datos fabricadas por personas jurídicas no establecidas en un Estado miembro, en el sentido del Tratado, únicamente si tales terceros países ofrecían una protección comparable a las bases de datos producidas por los nacionales de un Estado miembro o por personas cuya residencia habitual se encontrase en el territorio de la Comunidad.

146. En la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas, (32) que era un norma de excepción respecto al derecho de autor y a otros titulares de derechos afines, el legislador de la Unión, consciente de sus obligaciones con arreglo a los acuerdos internacionales y por motivos de cortesía internacional, decidió no aplicar sus normas a los nacionales de terceros países a no ser que fuera razonable suponer, a la vista del conjunto del caso, que serían conscientes del uso que se estaba haciendo de su trabajo. Por consiguiente, los nacionales de terceros países fueron excluidos de los posibles efectos perjudiciales de la Directiva sobre obras huérfanas.

147. Por otro lado, se plantea la cuestión de si en el presente asunto es posible recurrir también a la jurisprudencia relativa al artículo 3 TFUE, apartado 2; en particular, a la sentencia de 4 de septiembre de 2014, Comisión/Consejo (C‑114/12, EU:C:2014:2151), y el dictamen 3/15 (Tratado de Marrakech sobre el acceso a las obras publicadas), de 14 de febrero de 2017 (EU:C:2017:114).

148. A mi entender, mientras que ambas situaciones trataban de un acuerdo internacional pendiente de negociación y de un acuerdo internacional que ya había sido negociado, en el caso que nos ocupa está justificado que la Unión no solo reclame competencia exclusiva sobre la incidencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el ámbito de la interpretación del acervo sobre derecho de autor y derechos afines, sino la profundización de la armonización a través de un importante grupo de normas. La Directiva 2014/26/UE (33) contiene tres definiciones relevantes para resolver el presente asunto: una definición neutral de los titulares de los derechos y de las ganancias obtenidas con ellos, y una definición neutral de la gestión. De este modo, por toda explotación de los derechos de autor o derechos afines de una persona en la Unión, dicha persona genera una ganancia y cualquier titular de derechos puede hacer reivindicaciones sobre esa ganancia.

149. Además, cabe señalar, tal como argumentó el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en el asunto Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos (C‑431/05, EU:C:2007:48), que los convenios rubricados por la Unión y los Estados miembros conjuntamente revelan el designio común que persiguen y que les obliga frente a los países terceros que son parte en esos convenios; el principio de lealtad del artículo 4 TUE, apartado 3, compele a los Estados miembros a cooperar no solo en las fases de negociación y firma de tales acuerdos, sino también en la de su ejecución [dictamen 1/94 (Acuerdos anexos al Acuerdo OMC), de 15 de noviembre de 1994, EU:C:1994:384, apartado 108], lo que ha de leerse de consuno con el deber de lograr el efecto útil del derecho de la Unión no solo en el ámbito legislativo, sino también en el ejecutivo y en el judicial. (34)

150. Quisiera señalar que también es posible que exista otra competencia exclusiva de la Unión que podría ser aquí relevante: la de la política comercial común [artículo 3 TFUE, apartado 1, letra e)]. En la sentencia de 18 de julio de 2013, Daiichi Sankyo y Sanofi-Aventis Deutschland (C‑414/11, EU:C:2013:520), apartados 52 y 53, el Tribunal de Justicia declaró que las normas del Acuerdo ADPIC quedaban comprendidas en dicha competencia. En efecto, algunas de ellas se referían precisamente a los derechos de los intérpretes y productores. (35) Por lo tanto, aun cuando, técnicamente, no haya solapamiento entre el Acuerdo ADPIC y el WPPT, no se puede negar la existencia de cierta conexión.

151. Es cierto que el derecho concreto de que aquí se trata no figura entre los derechos mencionados en el Acuerdo ADPIC (se requiere respetar los preceptos de dicho Acuerdo sobre la nación más favorecida y el trato nacional). En cualquier caso, esto no impide a la Unión reconocer un derecho como ese, pues solo significa que no se encuentra en el ámbito del Acuerdo APDIC.

152. Por lo tanto, de las anteriores consideraciones se deduce que, si el legislador de la Unión desea modificar la Directiva 2006/115 y excluir a los nacionales de terceros países, es la Unión la que debe hacerlo y no los 27 Estados miembros, por cualquiera de las muchas vías a su alcance. Desde luego, dejar esta competencia a los Estados miembros modificaría el ámbito de las normas comunes aprobadas por la Unión.

153. Con carácter adicional se plantea la siguiente cuestión: si se ha de considerar que la Unión ha ocupado el lugar de los Estados miembros por lo que respecta al WPPT en su totalidad, ¿qué consecuencias jurídicas tendrían las reservas formuladas por los Estados miembros con arreglo a dicho tratado (véanse las declaraciones del Reino de Dinamarca, la República de Finlandia, la República Francesa, la República Federal de Alemania y el Reino de Suecia en la notificación n.º 78 al Tratado, así como la declaración de la República de Finlandia en la notificación n.º 88 anexa al Tratado)?

154. En mi opinión, de las consideraciones que se hacen en las presentes conclusiones se deduce que tales reservas no pueden mantenerse y han quedado invalidadas, ya que constituyen un obstáculo a la aplicación del Derecho de la Unión.

155. En consecuencia, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que los Estados miembros no disponen de margen de apreciación en un ámbito que es competencia exclusiva de la Unión, y que no están facultados para responder a las reservas formuladas por otras Partes contratantes ni para aplicar criterios distintos de los establecidos en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115.

D.      Sobre la cuarta cuestión prejudicial

1.      Resumen de las alegaciones de las partes

156. RAAP y la Comisión consideran, en lo esencial, que bajo ningún concepto es admisible limitar el derecho a una remuneración equitativa reconocido por el artículo 8, apartado 2, de la Directiva a los productores de una grabación de sonido, negándoselo a los intérpretes cuyas actuaciones han sido fijadas en dicha grabación sonora, cuando a los productores sí se les reconoce el derecho.

157. PPI alega que, mediante la cuarta cuestión prejudicial, el tribunal remitente desea saber, en lo esencial, si el WPPT permite tratar de forma diferente a productores e intérpretes, en particular al reconocer el derecho de los primeros a una remuneración equitativa y negárselo a los segundos. En su opinión, se puede dar a dicha cuestión una respuesta afirmativa.

158. Irlanda alega que está facultada para transponer la Directiva y, teniendo en cuenta la reserva formulada por los Estados Unidos, tiene derecho, si es preciso, a conceder trato nacional a los intérpretes que o bien actúen, o bien tengan su residencia o domicilio en un país del EEE, junto con la opción de ampliar las categorías de intérpretes mediante decreto. Esta facultad discrecional la deduce del tenor literal de la Directiva, de sus antecedentes históricos y de su considerando destinado a los operadores económicos de la Unión. Irlanda afirma que, habida cuenta, sobre todo, de la ausencia de derechos análogos concedidos por la legislación nacional de los Estados Unidos, y también porque el WPPT no tiene efecto directo, está facultada para desvincular el derecho a una remuneración a favor de los productores de los derechos que asisten a los intérpretes, en los casos en que las actuaciones hayan sido fijadas en un fonograma de otro modo en virtud de la legislación nacional sobre la primera publicación en otro país contratante.

2.      Apreciación

159. Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el tribunal remitente desea aclarar si es lícito limitar el derecho a una remuneración equitativa de manera que los intérpretes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en una grabación de sonido no reciban remuneración alguna y esta beneficie únicamente al productor de la grabación.

160. Tal como ha observado RAAP, el artículo 8, apartado 2, es muy explícito al obligar a los Estados miembros a reconocer el derecho a una remuneración tanto a intérpretes como a productores. Esto constituyó un abandono deliberado de la postura internacional plasmada en la Convención de Roma en el tiempo en que se adoptó la Directiva 2006/115. (36) Cuando la Unión se adhirió al WPPT, la postura internacional y la plasmada en la Directiva ya coincidían.

161. Confirman esta observación el contexto y la finalidad de la Directiva 2006/115. Tal como se deduce de los considerandos 5, 7 y 10, en particular, entre los objetivos de la Directiva están la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, la armonización de algunos de sus derechos en toda la Unión y garantizar que los Estados miembros hagan efectivos esos derechos de conformidad con sus obligaciones derivadas del Derecho internacional.

162. Baste señalar que el tenor del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 exige a los Estados miembros garantizar el reparto de la remuneración. Dado que este derecho es irrenunciable, un reparto que signifique no recibir efectivamente remuneración alguna constituiría una expropiación de hecho, aunque hubiese un acuerdo al respecto entre los productores de grabaciones y los intérpretes (véanse los considerandos 12 y 13 de la Directiva sobre este extremo).

163. Tal como reconoce el tribunal remitente, de la sentencia SENA (37) se desprende que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 (actualmente, artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115) debe interpretarse de una manera uniforme en todos los Estados miembros y aplicarse en cada uno de ellos. El Tribunal de Justicia declaró que dicha remuneración, que representa la contraprestación por la utilización de un fonograma comercial, en particular para su radiodifusión, implica que su carácter equitativo sea analizado con referencia, entre otros criterios, al valor de dicha utilización en los intercambios económicos.

164. La propia Comisión admite que los Estados miembros disponen de facultades de apreciación para determinar, en sus respectivos territorios, los criterios más adecuados para asegurar, dentro de los límites impuestos por el Derecho de la Unión y la Directiva 2006/115, en particular, la adhesión a dicho principio de la Unión según el cual el carácter equitativo de la remuneración, que representa la contraprestación por la utilización de un fonograma comercial, debe analizarse con referencia, entre otros criterios, al valor de dicha utilización en los intercambios económicos.

165. Sin embargo, considero que la alusión a los «criterios adecuados para asegurar la adhesión» no se extiende a la determinación ratione personae de los beneficiarios del derecho reconocido en el artículo 8, apartado 2. Antes bien, la discrecionalidad de los Estados miembros se limita, en principio, a valorar qué remuneración es equitativa.

166. De lo contrario, si los Estados miembros pudiesen determinar en virtud de dicha disposición quiénes son los beneficiarios, se frustraría la finalidad de la Directiva 2006/115, consistente en establecer una protección jurídica armonizada en el ámbito de la propiedad intelectual. Esto sería palmariamente contrario al considerando 17. (38)

167. Por último, cabe señalar que la legislación sobre derechos de autor de la mayoría de los Estados miembros (al menos, de dieciocho de ellos (39)) establece expresamente que, en defecto de acuerdo, la remuneración equitativa y única (deducidos los costes de gestión legítimos) se reparta por igual (al 50 %) entre intérpretes y productores.

168. En consecuencia, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que es incompatible con el artículo 8, apartado 2, limitar el derecho a una remuneración equitativa de manera que los intérpretes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en una grabación de sonido no reciban remuneración alguna y esta beneficie únicamente al productor de la grabación.

IV.    Conclusión

169. En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por la High Court (Tribunal Superior, Irlanda) del siguiente modo:

«1)      El artículo 8, aparado 2, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, debe interpretarse a la luz de las exigencias del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), del cual es Parte la Unión, y que es coherente con la obligación que incumbe a la Unión dispensar un trato nacional conforme al artículo 4 del WPPT, sin necesidad de una disposición específica a tal efecto.

2)      Los Estados miembros no disponen de margen de apreciación para establecer los criterios por los cuales se determine qué “artistas intérpretes y ejecutantes” tienen derecho a remuneración con arreglo al artículo 8 de la citada Directiva. En particular, los Estados miembros no pueden restringir el derecho a participar de la remuneración equitativa a situaciones en las que la actuación se produzca en el EEE, con independencia de si los artistas intérpretes o ejecutantes tienen su domicilio o residencia en un país del EEE.

3)      Los Estados miembros no disponen de margen de apreciación en un ámbito que es competencia exclusiva de la Unión, y no están facultados para responder a las reservas formuladas por otras Partes contratantes ni para aplicar criterios distintos de los establecidos en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115.

4)      Es incompatible con el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 limitar el derecho a una remuneración equitativa de manera que los artistas intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en una grabación de sonido no reciban remuneración alguna y esta beneficie únicamente al productor de la grabación.»


1      Lengua original: inglés.


2      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO 2006, L 376, p. 28).


3      Decisión de 16 de marzo de 2000 (DO 2000, L 89, p. 6).


4      Directiva del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO 1992, L 346, p. 61).


5      De los autos se deduce que el litigio comprende dos procedimientos. El otro procedimiento se refiere a las funciones legales de las organizaciones que representan a los productores e intérpretes, respectivamente. En particular, trata de a qué organización corresponde calcular los derechos de licencia adeudados a cada intérprete. RAAP considera que le corresponde esta función, como organización de gestión colectiva que representa a los intérpretes. De ser así, PPI tendría que pagar una suma a tanto alzado a RAAP, que esta después distribuiría (deduciendo los costes administrativos) entre los distintos intérpretes. Otra cuestión que se plantea es si RAAP tiene derecho a recaudar por cuenta de todos los intérpretes de una determinada clase, o solo de los que le han cedido efectivamente el derecho a hacerlo. Este otro procedimiento no es objeto de la petición de decisión prejudicial.


6      Reinbothe, J., y Von Lewinski, S., The WIPO Treaties on Copyright: A Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 296, que contiene también un buen análisis de los antecedentes históricos del WPPT y un comentario de este.


7      Sentencia de 15 de marzo de 2012 (C‑135/10, EU:C:2012:140). Véase a este respecto Malenovsky, J., «La contribution de la Cour de justice à l’harmonisation du droit d’auteur dans l’Union européenne», ERA Forum (2012), 13, p. 411.


8      Sentencia de 15 de marzo de 2012 (C‑162/10, EU:C:2012:141).


9      Sentencia de 16 de febrero de 2017 (C‑641/15, EU:C:2017:131).


10      Véanse, en particular, las sentencias de 14 de julio de 1998, Bettati (C‑341/95, EU:C:1998:353), apartado 20, y de 7 de diciembre de 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764), apartado 35.


11      Sentencia de 16 de junio de 1998 (C‑53/96, EU:C:1998:292), apartado 28.


12      Propuesta de 30 de abril de 1992 [COM(92) 159 final, p. 12].


13      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10).


14      Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de marzo de 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), apartados 52 y siguientes. Véase una crítica a esta jurisprudencia en Simon, D., Effets des accords internationaux dans l’ordre juridique de l’Union, Europe, número 5, mayo de 2012.


15      Véase un punto de vista diferente en la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (DO 2001, L 272, p. 32).


16      El objetivo de la armonización conforme a los artículos 114 TFUE, 56 TFUE y 62 TFUE.


17      En este sentido, véase también Sterling on World Copyright Law, 4.ª ed., Sweet & Maxwell Thomson Reuters, § 28B.07.


18      Respectivamente, sentencias de 15 de marzo de 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), y Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141), y de 16 de febrero de 2017, Verwertungsgesellschaft Rundfunk (C‑641/15, EU:C:2017:131). Véase, en general, Ben Dahmen, K., Interactions du droit international et du droit de l’Union européenne: Un pluralisme juridique rénové en matière de propriété industrielle, L’Harmattan, 2013.


19      Véase, por analogía, la sentencia de 20 de enero de 2009, Sony Music Entertainment (C‑240/07, EU:C:2009:19), apartados 20 a 25, 27 y 35. Así queda de relieve en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Véase la sentencia de 31 de mayo de 2016, Reha Training (C‑117/15, EU:C:2016:379), apartado 28.


20      Véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de julio de 2009, Infopaq International (C‑5/08, EU:C:2009:465), apartados 27 y 28, y de 3 de septiembre de 2014, Deckmyn y Vrijheidsfonds (C‑201/13, EU:C:2014:2132), apartados 14 y 15.


21      Sentencia de 26 de abril de 2012 (C‑510/10, EU:C:2012:244), apartado 31. Véase una crítica de esta jurisprudencia en Treppoz, E., «Le juge européen et les normes internationales en matière de droit d’auteur», Chronique Droit européen de la propriété intellectuelle, RTD Eur., 2012, p. 964. Véase también Bergé, J.-S., «Les mots de l’interaction: compétence, applicabilité et invocabilité», JDI, 2012, chron. 5.


22      Acta de París de 24 de julio de 1971, en su versión resultante de la modificación de 28 de septiembre de 1979 (en lo sucesivo, «Convenio de Berna»). Véase, a este respecto, en relación con el «trato nacional», Ricketson, S., y Ginsburg, J. C., International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond, vol. 1, Oxford, 2006, p. 295.


23      Sentencia de 15 de marzo de 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), apartados 47 a 50, 52 y 53 y jurisprudencia citada. Véase, no obstante, Moura Vicente, D., La propriété intellectuelle en droit international privé, ADI Poche, 2009, p. 120 y la nota 274, que explica que algunos artículos del Acuerdo ADPIC pueden tener efecto directo, tal como ya se había decidido en Alemania.


24      Apartado que dispone: «Las Partes Contratantes pueden establecer en su legislación nacional que la remuneración equitativa y única deba ser reclamada al usuario por el artista intérprete o ejecutante o por el productor de un fonograma o por ambos. Las Partes Contratantes pueden establecer legislación nacional que en ausencia de un acuerdo entre el artista intérprete o ejecutante y el productor del fonograma, fije los términos en los que la remuneración equitativa y única será compartida entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas».


25      Sentencia de 11 de septiembre de 2007, Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos (C‑431/05, EU:C:2007:496), apartados 34, 35 y 46.


26      Compárense la sentencia de 11 de septiembre de 2007, Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos (C‑431/05, EU:C:2007:496), apartado 35, y la sentencia de 8 de marzo de 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, EU:C:2011:125), apartados 31 y 32.


27      Sentencia de 7 de octubre de 2004, Comisión/Francia (C‑239/03, EU:C:2004:598), apartado 28. Véase un análisis de la jurisprudencia, por ejemplo, en Tanghe, Y., «The EU’s external competence in IP matters: the contribution of the Daiichi Sankyo case to cloudy constitutional concepts, blurred borders, and corresponding court jurisdiction», Columbia Journal of European Law, vol. 22.1, 2015, pp. 139 y ss.


28      Sentencia de 14 de diciembre de 2000 (C‑300/98 y C‑392/98, EU:C:2000:688).


29      Sentencia de 11 de septiembre de 2007 (C‑431/05, EU:C:2007:496). Véase, por ejemplo, Holdgaard, R., Case C431/05, Merck Genéricos, CMLR 45, 2008, p. 1233.


30      Sentencia de 4 de septiembre de 2014, Comisión/Consejo (C‑114/12, EU:C:2014:2151), apartados 65 y ss., y dictamen 3/15 (Tratado de Marrakech sobre el acceso a las obras publicadas), de 14 de febrero de 2017 (EU:C:2017:114), apartado 107.


31      (Versión consolidada) DO 1996, L 9, p. 1.


32      (Texto pertinente a efectos del EEE) DO 2012, L 299, p. 5.


33      Por ejemplo, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (DO 2014, L 84, p. 72).


34      Las conclusiones en el asunto Merck se remiten a Kahl, W. «Artikel 10», en Callies, Ch. y Ruffert, M., Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag, edit. Luchterhand, 2.ª ed. revisada y ampliada, Neuwied y Kriftel, 2002, pp. 451 y ss. Argumentos defendidos también por Etienne, J., «Arrêt “Merck Genéricos”: la compétence d’interprétation d’un accord international conclu par la Communauté et les Etats membres», Journal de droit européen, 2008, p. 46.


35      Véase el artículo 14 del Acuerdo ADPIC.


36      Véase, por ejemplo, Walter/von Lewinski, European Copyright Law: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2010, apartado 6.8.13.


37      Sentencia de 6 de febrero de 2003 (C‑245/00, EU:C:2003:68). Esta sentencia estudia en qué medida cabe recurrir a los convenios internacionales como guía de interpretación de la Directiva.


38      «Los derechos de alquiler y préstamo armonizados y la protección armonizada de los derechos afines a los derechos de autor no deben ejercitarse de tal modo que supongan una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros […]».


39      Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Lituania, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia.