Language of document : ECLI:EU:C:2020:561

Edición provisional

AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 16 de julio de 2020 (*)

«Recurso de casación — Intervención — Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Artículo 40 — Interés en la solución del litigio»

En el asunto C‑883/19 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 3 de diciembre de 2019,

HSBC Holdings plc, con domicilio social en Londres (Reino Unido),

HSBC Bank plc, con domicilio social en Londres,

HSBC France, con domicilio social en París (Francia),

representados por la Sra. K. Bacon, QC, el Sr. D. Bailey, Barrister, el Sr. M. Simpson, Solicitor, y las Sras. C. Angeli y M. Giner, abogadas,

partes demandantes,

en el que la otra parte en el procedimiento es:

Comisión Europea, representada por los Sres. P. Berghe y M. Farley y la Sra. F. van Schaik, en calidad de agentes,

parte demandada en primera instancia,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

vista la propuesta de la Sra. K. Jürimäe, Juez Ponente;

oído el Abogado General, Sr. M. Bobek;

dicta el siguiente

Auto

1        Mediante su recurso de casación, HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc y HSBC France (en lo sucesivo, conjuntamente, «sociedades HSBC») solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de 24 de septiembre de 2019, HSBC Holdings y otros/Comisión (T‑105/17, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2019:675), por la que dicho Tribunal anuló el artículo 2, letra b), de la Decisión C(2016) 8530 final de la Comisión, de 7 de diciembre de 2016, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39914 — Derivados sobre tipos de interés en euros) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), y desestimó su recurso en todo lo demás.

2        Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de marzo de 2020, JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association, y J. P. Morgan Services LLP (en lo sucesivo, conjuntamente, «sociedades JPMC») solicitaron, sobre la base del artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, intervenir en apoyo de las pretensiones de las sociedades HSBC.

3        Mediante escritos entregados en la Secretaría los días 22 y 30 de abril de 2020, respectivamente, la Comisión Europea y las sociedades HSBC presentaron sus observaciones escritas sobre la demanda de intervención. Mediante escrito entregado en la Secretaría el 18 de mayo de 2020, antes de que concluyese el plazo para la presentación de sus observaciones, HSBC completó sus observaciones iniciales a la luz del auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 2020, Comisión/HSBC Holdings y otros (C‑806/19 P, no publicado, EU:C:2020:364), y, a la vista de tales circunstancias, se unió a los autos el mencionado escrito.

 Sobre la demanda de intervención

4        En apoyo de su demanda, las sociedades JPMC manifiestan, en esencia, que interpusieron recurso —registrado en la Secretaría del Tribunal General con la referencia T‑106/17— contra la Decisión controvertida, de la que también eran destinatarias, y que es objeto de dicho recurso el mismo problema que se discute en el presente recurso de casación. Señalan que el Tribunal General decidió, sobre la base del artículo 69, apartado 1, letra b), de su Reglamento de Procedimiento, suspender ese procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia dictase sentencia en este recurso de casación. Sostienen que de esta última decisión se desprende claramente que el asunto T‑106/17 fue suspendido por la existencia de motivos comunes con los formulados en el asunto T‑105/17 y, en consecuencia, en el presente asunto. Por otra parte, la sentencia recurrida confirma la existencia de motivos comunes. De ello deducen que la sentencia que se dicte en el presente asunto en casación tendrá un impacto directo en el resultado de su propio recurso de anulación. En estas circunstancias, las sociedades JPMC subrayan que sería injusto que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre cuestiones determinantes para la resolución de su recurso sin oírlas sobre tales cuestiones.

5        Por tanto, las sociedades JPMC consideran que tienen interés directo en la solución del litigio, en el sentido del artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

6        A este respecto, de esta última disposición se desprende que las personas físicas o jurídicas tienen derecho a intervenir en litigios sometidos a los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea, distintos de los litigios entre los Estados miembros, entre instituciones de la Unión, o entre Estados miembros, por una parte, e instituciones de la Unión, por otra, si esas personas pueden demostrar interés en la solución de dichos litigios.

7        Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «interés en la solución del litigio», en el sentido de dicha disposición, debe definirse en relación con el propio objeto del litigio y entenderse como un interés directo y actual en que se estimen las pretensiones en sí mismas, y no como un interés respecto a los motivos y alegaciones invocados. En efecto, los términos «solución del litigio» se refieren a la decisión final que se solicita, tal como quedaría consagrada en el fallo de la decisión que ponga fin al proceso. Así pues, se trata, más concretamente, de un interés directo y actual en que se acojan las pretensiones de la parte a la que quien solicita intervenir se propone apoyar (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 2020, Comisión/HSBC Holdings y otros, C‑806/19 P, no publicado, EU:C:2020:364, apartado 7 y jurisprudencia citada).

8        A este respecto procede verificar, en particular, que quien solicita intervenir resulte afectado directamente por el acto impugnado y que su interés en el resultado del litigio sea indudable. En principio, el interés en la solución del litigio solo puede considerarse suficientemente directo si tal solución puede modificar la posición jurídica de quien ha solicitado intervenir en el procedimiento (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 2020, Comisión/HSBC Holdings y otros, C‑806/19 P, no publicado, EU:C:2020:364, apartado 8 y jurisprudencia citada).

9        Procede recordar también que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una parte cuya intervención en un litigio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se admita con arreglo al artículo 40 de su Estatuto no puede modificar el objeto del litigio tal como quede delimitado por las pretensiones y los motivos de las partes principales. Por lo tanto, únicamente son admisibles las alegaciones de un coadyuvante que se inscriban en el marco definido por dichas pretensiones y motivos. Así pues, el interés en la solución de un litigio en casación de quien haya solicitado intervenir debe apreciarse teniendo en cuenta, en particular, el objeto de dicho litigio, en los términos resultantes de las pretensiones de las partes principales y de los motivos formulados en apoyo de esas pretensiones (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 2020, Comisión/HSBC Holdings y otros, C‑806/19 P, no publicado, EU:C:2020:364, apartado 9 y jurisprudencia citada).

10      En el caso de autos, del apartado 42 de la sentencia recurrida se desprende que, en el recurso que interpusieron ante el Tribunal General y que dio lugar a la sentencia recurrida, las sociedades HSBC formularon, por una parte, pretensiones de anulación de los artículos 1 y 2, letra b), de la Decisión controvertida y, por otra parte, pretensiones de modificación del importe de la multa que se les había impuesto en dicho artículo 2, letra b).

11      En el artículo 1 de la Decisión controvertida, la Comisión declaró que las sociedades que en él se mencionaban, entre las que figuraban las sociedades JPMC y las sociedades HSBC, habían infringido el artículo 101 TFUE al participar en una infracción «única y continua» que había consistido «en acuerdos y/o prácticas concertadas que tenían por objeto falsear la evolución normal de los componentes de los precios en el sector de los derivados sobre tipos de interés en euros». En el artículo 2, letra b), de dicha Decisión, la Comisión condenó solidariamente a las sociedades HSBC a una multa de 33 606 000 euros por la infracción contemplada en dicho artículo 1.

12      En la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó los motivos formulados por las sociedades HSBC al objeto de obtener, con carácter principal, la anulación del artículo 1 de la Decisión controvertida. En cambio, estimó la tercera imputación de la primera parte del motivo, que tenía por objeto la anulación del artículo 2, letra b), de dicha Decisión, y anuló esta disposición.

13      En este contexto, mediante su recurso de casación, las sociedades HSBC solicitan, por una parte, la anulación del punto 2 del fallo de la sentencia recurrida, por el que el Tribunal General desestimó su recurso en la medida en que tenía por objeto la anulación del artículo 1 de la Decisión controvertida, y, por otra parte, la anulación del artículo 1, letra b), de dicha Decisión.

14      Procede determinar si, en estas circunstancias, las sociedades JPMC demuestran, en el presente recurso de casación, un interés directo y actual en que se estimen las pretensiones de las sociedades HSBC, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 7 del presente auto.

15      A este respecto, procede señalar que es objeto del presente recurso de casación, en particular, la conformidad a Derecho de las apreciaciones del Tribunal General relativas a los fundamentos en los que se basa la parte dispositiva de la Decisión controvertida, mediante la cual la Comisión declaró la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1. Las sociedades HSBC alegan, en este contexto, que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al desestimar los motivos de anulación en los que imputaba a la Comisión haber calificado erróneamente esa infracción de infracción por el objeto, en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, y de infracción única y continua. Además, estiman que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al desestimar el motivo de anulación basado en la vulneración de los principios de presunción de inocencia y de buena administración y del derecho de defensa, por haberse adoptado la Decisión controvertida con posterioridad a una decisión de transacción en la que la Comisión ya se había pronunciado sobre la participación de las sociedades HSBC en la infracción de que se trata.

16      Es cierto que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una decisión como la controvertida, aunque esté redactada y publicada como una sola decisión, debe considerarse como un haz de decisiones individuales que, en relación con cada una de las empresas destinatarias, aprecian la existencia de la infracción o infracciones que se les imputan y les imponen, en su caso, una multa (sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, EU:C:2002:582, apartado 100 y jurisprudencia citada). De este modo, si se estimaran las pretensiones de las sociedades HSBC en el presente recurso de casación, el Tribunal de Justicia anularía la sentencia recurrida y, en caso de que resolviese él mismo definitivamente el litigio, de conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el supuesto de que estimase fundado el recurso en primera instancia, anularía el artículo 1, letra b), de la Decisión controvertida, que únicamente se aplica a esas sociedades.

17      No obstante, procede observar, por una parte, que, en el caso de autos, las sociedades JPMC, como codestinatarias de la Decisión controvertida, forman parte de las sociedades designadas como participantes —junto con las sociedades HSBC— en la infracción contemplada en el artículo 1 de dicha Decisión. Por otra parte, si bien el artículo 1, letra c), de la Decisión controvertida, cuya anulación solicitan las sociedades JPMC en el asunto T‑106/17, se aplica, en efecto, únicamente a estas últimas sociedades, los motivos de anulación que proponen, relativos a la naturaleza y a la existencia de la infracción declarada en esa Decisión, son análogos a los formulados por las sociedades HSBC. Así pues, a pesar de la jurisprudencia recordada en el apartado anterior, las decisiones que declaran las respectivas participaciones de las sociedades HSBC y JPMC en los mismos «acuerdos y/o […] prácticas concertadas», en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, aunque distintas, están íntimamente interrelacionadas y son incluso interdependientes.

18      En estas circunstancias, habida cuenta de que, con su recurso de casación, las sociedades HSBC impugnan la existencia y la naturaleza misma de la infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, la sentencia que haya de dictarse en el presente asunto —que el Tribunal de Justicia estime las pretensiones de las sociedades HSBC y anule la sentencia recurrida o que desestime los motivos de casación alegados por esas sociedades— repercutirá necesariamente de forma directa en la apreciación, por parte del Tribunal General, del recurso interpuesto por las sociedades JPMC en la medida en que tiene por objeto la anulación del artículo 1, letra c), de la Decisión controvertida.

19      Así pues, sin perjuicio de la apreciación de los motivos propuestos en apoyo del presente recurso de casación, procede señalar que, mediante la sentencia que haya de dictarse en el presente asunto, el Tribunal de Justicia se pronunciará con carácter definitivo sobre la fundamentación jurídica de los motivos de casación alegados por las sociedades HSBC, relativos a la apreciación por parte de la Comisión de la existencia y naturaleza de la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión controvertida, motivos cuyo contenido jurídico coincide, en parte, con el de los motivos alegados en primera instancia por las sociedades JPMC en el asunto T‑106/17.

20      Por tanto, si no se autorizase a las sociedades JPMC a intervenir en el presente asunto en apoyo de las pretensiones de las sociedades HSBC, se las privaría de la posibilidad de ser oídas sobre la fundamentación jurídica de sus motivos, a pesar de que la sentencia que haya de dictarse en el presente asunto proporcionará una respuesta que puede ser decisiva para la apreciación por el Tribunal General de la procedencia de esos motivos.

21      En estas circunstancias, hay que interpretar el concepto de «interés en la solución del litigio», al que se refiere el artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que permite la admisión de una demanda de intervención como la presentada por las sociedades JPMC.

22      Procede recordar al efecto que el principio de igualdad de armas, que forma parte integrante del principio de la tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, toda vez que es el corolario del concepto mismo de proceso equitativo, al igual que el principio de contradicción, implica la obligación del juez de ofrecer a cada una de las partes una oportunidad razonable de formular sus pretensiones en condiciones que no coloquen a una de ellas en una situación de manifiesta desventaja en relación con la parte contraria (véanse, en este sentido, las sentencias de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, C‑89/08 P, EU:C:2009:742, apartado 54, y de 16 de octubre de 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, apartado 61).

23      De ello resulta que debe distinguirse en función de si los destinatarios de una decisión, como la Decisión controvertida, que hayan interpuesto un recurso en primera instancia —que ha sido objeto de suspensión— solicitan intervenir en un litigio relativo a la propia existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, de la que han sido designados coautores, o si solicitan intervenir en un litigio referido únicamente a la conformidad a Derecho de la multa impuesta a otro de esos coautores por dicha infracción o a su importe.

24      En efecto, en el primer supuesto, el hecho de que quienes hayan solicitado intervenir sean empresas designadas como participantes en una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, les permite demostrar un interés directo en que se estimen las pretensiones formuladas por otro participante en dicha infracción en un litigio cuyo objeto es impugnar la realidad de tal infracción, siempre que ellos mismos hayan interpuesto un recurso de anulación contra la decisión relativa a su propia participación en esa infracción basándose en motivos de anulación sustancialmente idénticos o análogos a los alegados en dicho litigio. En cambio, en el segundo supuesto, quienes solicitan intervenir únicamente demuestran, habida cuenta del carácter individualizado de las multas impuestas con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 1, un interés indirecto en la solución del litigio en el que desean intervenir (véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia, de 30 de abril de 2020, Comisión/HSBC Holdings y otros, C‑806/19 P, no publicado, EU:C:2020:364, apartado 13 y jurisprudencia citada).

25      En el caso de autos, a diferencia de la demanda de intervención formulada por las sociedades JPMC en el asunto C‑806/19 P, Comisión/HSBC Holdings y otros, la presente demanda de intervención está incluida en el primero de esos dos supuestos.

26      Por consiguiente, las sociedades JPMC demuestran un interés en la solución del litigio, en el sentido del artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

27      No obstante, procede recordar que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en el apartado 9 del presente auto, una parte cuya intervención se admita no puede modificar el objeto del litigio tal como quede delimitado por las pretensiones y los motivos de las partes principales. Por lo tanto, únicamente son admisibles las alegaciones del coadyuvante que se inscriben en el marco definido por dichas pretensiones y motivos.

28      Por lo que respecta a los derechos procesales de las sociedades JPMC, es preciso indicar que la demanda de intervención fue presentada en el plazo de un mes establecido en el artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, de modo que dichas sociedades tienen, en principio, derecho a que se les dé traslado de todos los escritos procesales notificados a las partes, con arreglo al artículo 131, apartado 4, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento en casación en virtud del artículo 190, apartado 1, del mismo Reglamento.

29      En estas circunstancias, procede fijar un plazo breve a las sociedades HSBC y a la Comisión para que formulen, en su caso, una petición de tratamiento confidencial de los documentos que obran en los autos del presente procedimiento.

30      De todas las consideraciones anteriores resulta que debe admitirse la intervención en el litigio de las sociedades JPMC en apoyo de las pretensiones de las sociedades HSBC.

 Costas

31      A tenor del artículo 137, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento en casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este mismo Reglamento, se decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso.

32      En el caso de autos, al estimarse la demanda de intervención de las sociedades JPMC, procede reservar la decisión sobre las costas de su intervención.

En virtud de todo lo expuesto, el Presidente del Tribunal de Justicia resuelve:

1)      Admitir a JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association y J. P. Morgan Services LLP a intervenir en el asunto C883/19 P en apoyo de las pretensiones de HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc y HSBC France.

2)      Sin perjuicio del punto 3, el Secretario dará traslado de una copia de todos los escritos procesales a JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association, y J. P. Morgan Services LLP.

3)      Fijar un plazo a HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc y HSBC France, así como a la Comisión Europea, para que formulen, en su caso, una petición de tratamiento confidencial de los documentos que obran en los autos del presente asunto con respecto a JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association, y J. P. Morgan Services LLP.

4)      Fijar un plazo a JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association, y J. P. Morgan Services LLP para que expongan por escrito los motivos alegados en apoyo de sus pretensiones.

5)      Reservar la decisión sobre las costas.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: inglés.