Language of document : ECLI:EU:C:2000:505

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 26 de septiembre de 2000 (1)

«Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión

de empresa - Transmisión a un municipio de una actividad previamente ejercida, en interés de éste, por una persona jurídica de Derecho privado»

En el asunto C-175/99,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el conseil de prud'hommes de Metz (Francia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Didier Mayeur

y

Association Promotion de l'information messine (APIM),

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad (DO L 61, p. 26; EE 05/02, p. 122),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho de Almeida (Ponente), D.A.O. Edward, L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala; P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet y V. Skouris, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Léger;


Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

-    en nombre del Sr. Mayeur, por Me L. Pate, Abogado de Metz;

-    en nombre de la Association Promotion de l'information messine (APIM), por Me M. Hellenbrand, Abogado de Metz;

-    en nombre del Gobierno francés, por las Sras. K. Rispal-Bellanger, sous-directeur de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y C. Bergeot, chargé de mission de la misma Dirección, en calidad de Agentes;

-    en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. D. Gouloussis, Consejero Jurídico, en calidad de Agente;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales del Sr. Mayeur, representado por Me L. Pate; de la Association Promotion de l'information messine (APIM), representada por Me M. Hellenbrand; del Gobierno francés, representado por la Sra. C. Bergeot, y de la Comisión, representada por el Sr. J. Sack, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, expuestas en la vista de 8 de febrero de 2000;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de junio de 2000;

dicta la siguiente

Sentencia

1.
    Mediante resolución de 14 de abril de 1999, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de mayo siguiente, el conseil de prud'hommes de Metz planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad (DO L 61, p. 26; EE 05/02, p. 122).

2.
    Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Sr. Mayeur y la Association Promotion de l'information messine (en lo sucesivo, «APIM»), en relación con el despido de aquél.

El Derecho comunitario

3.
    El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187 prevé:

«La presente Directiva se aplicará a los traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad a otro empresario, como consecuencia de una cesión contractual o de una fusión.»

4.
    El artículo 2 de la mencionada Directiva dispone:

«En el sentido de la presente Directiva, se entenderá por:

[...]

b)    cesionario, cualquier persona física o jurídica que, a causa de un traspaso en el sentido del apartado 1 del artículo 1, adquiera la calidad de empresario con respecto a la empresa, el centro de actividad o la parte del centro de actividad;

[...]»

5.
    El artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 77/187 prevé que los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha del traspaso serán transferidos al cesionario como consecuencia de tal traspaso.

6.
    A tenor del artículo 4 de la misma Directiva:

«1.    El traspaso de una empresa, de un centro de actividad o de una parte de centro de actividad, no constituye en sí mismo un motivo de despido para el cedente o para el cesionario. [...]

[...]

2.    Si el contrato de trabajo o la relación laboral se rescinde como consecuencia de que el traspaso, tal como se define en el apartado 1 del artículo 1, ocasiona una modificación substancial de las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador, la rescisión del contrato de trabajo o de la relación laboral se considerará imputable al empresario.»

7.
    La Directiva 98/50/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, por la que se modifica la Directiva 77/187 (DO L 201, p. 88), y que contempla un plazo de adaptación del Derecho interno que expira el 17 de julio de 2001, sustituyó el artículo 1, apartado 1, de esta última Directiva por el siguiente texto:

«a)    La presente Directiva se aplicará a los traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad a otro empresario como resultado de una cesión contractual o de una fusión.

b)    Sin perjuicio de lo estipulado en la anterior letra a) y de las siguientes disposiciones del presente artículo, se considerará traspaso en el sentido de la presente Directiva el de una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria.

c)    La presente Directiva será aplicable a empresas tanto públicas como privadas que ejerzan una actividad económica, con o sin ánimo de lucro. La reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas y el traspaso de funciones administrativas entre autoridades públicas administrativas no constituirán un traspaso en el sentido de la presente Directiva.»

La normativa nacional

8.
    El artículo L. 122-12 del Código de trabajo francés dispone:

«Salvo en caso de fuerza mayor, el cese de la actividad no eximirá al empresario de cumplir el plazo de preaviso, y de pagar, si procede, la indemnización prevista en el artículo L. 122-9.

Si se produce una modificación en la situación jurídica del empresario, en particular mediante sucesión, venta, fusión, transformación de negocio o conversión en sociedad, subsistirán todos los contratos entre el nuevo empresario y el personal de la empresa que estén en vigor el día de la modificación.»

9.
    La indemnización prevista en el artículo L. 122-9 del Código de trabajo es la indemnización por despido.

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales

10.
    El Sr. Mayeur fue contratado por APIM como trabajador por cuenta ajena, a partir del 1 de septiembre de 1989, en virtud de un contrato de duración indeterminada.

11.
    La asociación sin ánimo de lucro APIM tiene por objeto, conforme al artículo 3 de sus Estatutos, fomentar, difundir y dar a conocer, por todos los medios y en todos los ámbitos, las posibilidades que ofrece la ciudad de Metz y su zona de influencia, con el fin de promover y facilitar el establecimiento, la explotación y el desarrollo de actividades diversas. Para ello, APIM se encarga de editar o de gestionar la edición y difusión de impresos, revistas y folletos. En este contexto, APIM edita la revista Vivre à Metz.

12.
    El Sr. Mayeur tenía a su cargo la actividad publicitaria de APIM y su función consistía en gestionar las relaciones con los comerciantes de la ciudad y los anunciantes, recaudar fondos por la publicación de anuncios en la revista Vivre à Metz, celebrar contratos y emitir facturas, y redactar un informe mensual de los compromisos suscritos.

13.
    A raíz de la disolución de APIM, la ciudad de Metz se hizo cargo de sus actividades y el 16 de septiembre de 1997 informó al Sr. Mayeur de su despido por el motivo económico siguiente: cese de la actividad de APIM.

14.
    El 10 de febrero de 1998, el Sr. Mayeur demandó a APIM ante el conseil de prud'hommes de Metz con objeto de que se condenara a ésta a abonarle una cantidad de 177.262 FRF en concepto de indemnización por despido abusivo, más los intereses al tipo legal del dinero a partir de la fecha de presentación de la demanda.

15.
    En apoyo de su demanda, el Sr. Mayeur alegaba que era el único empleado que había perdido su empleo como consecuencia de la disolución de APIM y de la asunción de sus actividades por la ciudad de Metz.

16.
    El Sr. Mayeur alude a la jurisprudencia de la Cour de cassation (Francia), según la cual, aunque las disposiciones del artículo L. 122-12 del Código de trabajo no se aplican cuando la actividad ejercida por una persona jurídica de Derecho privado se transmite a un «organismo público administrativo», persona jurídica de Derecho público sometida a las normas del Derecho público, en cambio, tales normas sí son aplicables cuando dicha actividad ejercida por una persona jurídica de Derecho privado se transmite a una persona jurídica de Derecho público, sometida a las normas del Derecho privado y considerada como un «organismo público industrial y comercial» en el sentido del Derecho francés.

17.
    El Sr. Mayeur sostiene que esta jurisprudencia contraviene tanto la letra como la finalidad de la Directiva 77/187 y solicita que se le apliquen las disposiciones de esta Directiva.

18.
    El órgano jurisdiccional de remisión destaca que el artículo L. 122-12 del Código de trabajo regula los diferentes supuestos de transmisión de un contrato de trabajo de una entidad privada a otra, pero que dicha disposición no menciona el caso de transmisión de una entidad privada a un organismo público.

19.
    El conseil de prud'hommes observa que, con arreglo a la jurisprudencia de la Cour de cassation, las disposiciones de la Directiva 77/187 sólo amparan a los trabajadores de empresas cedidas a organismos públicos industriales y comerciales. Dicho órgano se pregunta si semejante interpretación no tendría como consecuencia restringir el ámbito de aplicación del artículo 1 de la citada Directiva, pues ésta tiene alcance general y no contempla ninguna excepción en este sentido. A este respecto, recuerda que el Tribunal de Justicia interpreta la Directiva 77/187 de forma amplia, imponiendo el mantenimiento de los contratos de trabajo en circunstancias en que la transmisión no resulta ni de una fusión ni de una cesión contractual. En efecto, los trabajadores gozan de la protección del Derecho comunitario aunque no exista ningún vínculo jurídico entre los empresarios sucesivos.

20.
    Según el mencionado órgano jurisdiccional, la actividad ejercida por el Sr. Mayeur es una actividad comercial y lucrativa, que sirvió directamente para financiar la revista Vivre à Metz. Asimismo, no se discute que la actividad de APIM ha sido enteramente asumida y continuada por la ciudad de Metz, que sigue editando y difundiendo, de la misma manera, la citada revista.

21.
    Por estimar necesario, para zanjar el litigio de que conoce, que se aclare el concepto de «transmisión de empresa» en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187, el conseil de prud'hommes de Metz decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las dos cuestiones prejudiciales siguientes:

«1)    La Directiva 77/187/CEE, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, ¿es aplicable en el supuesto de la transmisión de una actividad de una persona jurídica de Derecho privado a una persona jurídica de Derecho público?

2)    ¿Debe excluirse la aplicación de la Directiva 77/187/CEE, de 14 de febrero de 1977, en el caso de una transmisión a un servicio público administrativo?»

22.
    Es preciso destacar que el concepto de «servicio público administrativo» es un concepto de Derecho administrativo francés que el Tribunal de Justicia no es competente para interpretar en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 234 CE. El Tribunal de Justicia sólo puede proporcionar al órgano jurisdiccional nacional elementos de interpretación del Derecho comunitario útiles para la resolución del litigio principal.

23.
    En tales circunstancias, es preciso considerar que, mediante las cuestiones planteadas, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional de remisión pregunta, en esencia, si la Directiva 77/187 es aplicable, y en qué condiciones, a un municipio, persona jurídica de Derecho público que actúa conforme a normas específicas de Derecho administrativo, que se hace cargo de las actividades de publicidad e información de los servicios que ofrece al público, hasta entonces ejercidas, en interés de ese municipio, por una asociación sin ánimo de lucro, persona jurídica de Derecho privado.

24.
    Con carácter preliminar, el Gobierno francés alega que aunque APIM era una asociación sometida al Derecho privado, constituía en realidad un servicio público encargado de una misión de interés general, de modo que la asunción de su actividad por la ciudad de Metz debería considerarse como una reorganización de estructuras de la Administración pública que no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 77/187, tal como el Tribunal de Justicia estimó en el apartado 14 de la sentencia de 15 de octubre de 1996, Henke (C-298/94, Rec. p. I-4989).

25.
    En apoyo de esta tesis, dicho Gobierno invoca varios argumentos.

26.
    Por una parte, entre APIM y la ciudad de Metz existía un vínculo intenso e indiscutible, ya que tal asociación se creó a iniciativa del Alcalde de dicha ciudad, fue dirigida por cargos electos o funcionarios de ésta y el grueso de sus recursos estaba constituido por subvenciones municipales y no por ingresos percibidos en contraprestación por los servicios prestados.

27.
    Por otra parte, APIM ejerció su actividad esencial, a saber, la promoción de la ciudad de Metz y el fomento de las actividades económicas en su término municipal, por cuenta de ésta y con arreglo a criterios de interés público.

28.
    Es preciso recordar que, en el apartado 14 de la sentencia Henke, antes citada, el Tribunal de Justicia estimó que no constituye una «transmisión de empresa», en el sentido de la Directiva 77/187, la reorganización de estructuras de la Administración pública o la cesión de competencias administrativas entre Administraciones públicas. De ello este Tribunal deducía, en los apartados 17 y 18 de la sentencia mencionada, que el concepto de «transmisión de empresa, de centro de actividad o de parte de un centro de actividad», en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la citada Directiva, no se aplica a una cesión, a una agrupaciónde municipios, de competencias administrativas de un municipio propias del ejercicio del poder público.

29.
    Por el contrario, la transmisión de una actividad económica de una persona jurídica de Derecho privado a una persona jurídica de Derecho público entra, en principio, en el ámbito de aplicación de la Directiva 77/187.

30.
    En efecto, por una parte, ésta se aplica, según su artículo 1, apartado 1, a las transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad a otro empresario, como consecuencia de una cesión contractual o de una fusión.

31.
    Por otra parte, en su artículo 2, la Directiva 77/187 define al cesionario como «cualquier persona física o jurídica que, a causa de un traspaso en el sentido del apartado 1 del artículo 1, adquiera la calidad de empresario con respecto a la empresa, el centro de actividad o la parte del centro de actividad».

32.
    Pues bien, según reiterada jurisprudencia, el concepto de empresa en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187 incluye a cualquier entidad económica organizada de forma estable, es decir, un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio (véase, recientemente, la sentencia de 2 de diciembre de 1999, Allen y otros, C-234/98, Rec. p. I-8643, apartado 24). Tal concepto es independiente del estatuto jurídico de dicha entidad y de su sistema de financiación.

33.
    Por consiguiente, los artículos 1, apartado 1, y 2, letra b), de la Directiva 77/187 no permiten excluir del ámbito de aplicación de ésta la transmisión de una actividad económica de una persona jurídica de Derecho privado a una persona jurídica de Derecho público, por el mero hecho de que el cesionario de la actividad es un organismo de Derecho público. Conforme a la sentencia Henke, antes citada, sólo cabe excluir la reorganización de estructuras de la Administración pública o la cesión de competencias administrativas entre Administraciones públicas.

34.
    Semejante interpretación, que se adecua a la finalidad de la citada Directiva, que es garantizar la continuidad de las relaciones laborales existentes en el marco de una entidad económica, con independencia del cambio de propietario de ésta, se ve asimismo corroborada por el artículo 1, apartado 1, letra c), de la Directiva 77/187, en su versión resultante de la Directiva 98/50, que no es aplicable al litigio principal. En efecto, esta disposición prevé que la Directiva 77/187 se aplica a empresas públicas que ejerzan una actividad económica, pero que una reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas o el traspaso de funciones administrativas entre autoridades públicas administrativas no constituyen una transmisión en el sentido de dicha Directiva.

35.
    Es preciso recordar que, en el asunto principal, a diferencia de lo que alega el Gobierno francés, la transmisión de actividades de que se trata no constituye una reorganización de estructuras de la Administración pública o una cesión de competencias administrativas entre Administraciones públicas, en el sentido de la sentencia Henke, antes citada.

36.
    En efecto, de la resolución de remisión se desprende que la situación controvertida en el procedimiento principal constituye una transmisión de una actividad económica entre dos entidades distintas.

37.
    En primer lugar, de la resolución de remisión se infiere que APIM era una asociación privada sin ánimo de lucro dotada de personalidad jurídica distinta de la de la ciudad de Metz. La circunstancia de que APIM fuera creada a iniciativa del Alcalde de dicha ciudad, que sus dirigentes fueran cargos electos de ésta y que el grueso de sus recursos estuviera constituido por subvenciones municipales no permite cuestionar el hecho de que APIM era una entidad distinta de la que se hizo cargo de sus actividades (véase, en este sentido, la sentencia Allen y otros, antes citada, apartado 17).

38.
    En segundo lugar, de la resolución de remisión se deduce igualmente que APIM ejercía sus actividades de publicidad y de información por cuenta de la ciudad de Metz en lo que respecta a los servicios que ésta ofrece al público.

39.
    Tal actividad de servicios reviste un carácter económico y no puede considerarse una actividad propia del ejercicio del poder público.

40.
    Es preciso destacar que la transmisión de una actividad económica como la ejercida por APIM no puede excluirse del ámbito de aplicación de la Directiva 77/187 por el mero hecho de que tal actividad se ejerce sin ánimo de lucro o por razones de interés público. En efecto, el Tribunal de Justicia ya estimó que dicha Directiva era aplicable a la transmisión de una actividad de ayuda a toxicómanos ejercida por una fundación, persona jurídica de Derecho privado sin ánimo de lucro (sentencia de 19 de mayo de 1992, Redmond Stichting, C-29/91, Rec. p. I-3189), y a la transmisión de una actividad de ayuda a domicilio de personas desfavorecidas, atribuida por un organismo de Derecho público a una persona jurídica de Derecho privado (sentencia de 10 de diciembre de 1998, Hidalgo y otros, asuntos acumulados C-173/96 y C-247/96, Rec. p. I-8237).

41.
    A este respecto, procede recordar que el artículo 1, apartado 1, letra c), primera frase, de la Directiva 77/187, en su versión resultante de la Directiva 98/50, confirma expresamente que dicha Directiva se aplica a empresas que ejerzan una actividad económica, con o sin ánimo de lucro.

42.
    En tercer lugar, de la resolución de remisión se desprende que la ciudad de Metz asumió y continuó íntegramente la actividad de APIM.

43.
    Sin embargo, el órgano jurisdiccional nacional no aporta ningún detalle sobre el acto en cuya virtud la ciudad de Metz se hizo cargo de la actividad de APIM.

44.
    A este respecto, hay que recordar que la Directiva 77/187 tiene por objeto garantizar la continuidad de las relaciones laborales existentes en el marco de una entidad económica, con independencia del cambio de propietario. El criterio decisivo para determinar la existencia de una transmisión a los efectos de la Directiva 77/187 es si la entidad de que se trata mantiene su identidad, lo que resulta, en particular, de que continúe efectivamente su explotación o de que ésta se reanude (sentencias de 18 de marzo de 1986, Spijkers, 24/85, Rec. p. 1119, apartado 11, y, más recientemente, Allen y otros, antes citada, apartado 23).

45.
    La inexistencia de vínculo contractual entre el cedente y el cesionario no puede revestir una importancia decisiva a este respecto, a pesar de que puede constituir un indicio de que no se ha producido ninguna transmisión en el sentido de la Directiva 77/187 (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de marzo de 1997, Süzen, C-13/95, Rec. p. I-1259, apartado 11, e Hidalgo y otros, antes citada, apartado 22).

46.
    En efecto, la Directiva 77/187 es aplicable a todos los supuestos de cambio, en el marco de relaciones contractuales, de la persona física o jurídica responsable de la explotación de la empresa y que, en virtud de este hecho, asume las obligaciones de empresario frente a los empleados de la empresa (sentencias de 10 de febrero de 1988, Tellerup, denominada «Daddy's Dance Hall», 324/86, Rec. p. 739, apartado 9, y Süzen, antes citada, apartado 12).

47.
    Pues bien, en el asunto principal, la ciudad de Metz se hizo cargo íntegramente de la actividad de APIM y continuó su explotación. Por lo tanto, dicha colectividad aparece como la nueva persona jurídica responsable de la explotación de la empresa.

48.
    En tales circunstancias, es preciso comprobar si, tal como se ha destacado en el apartado 44 de la presente sentencia, se cumple el criterio decisivo para determinar la existencia de una transmisión a los efectos de la Directiva 77/187, toda vez que la entidad de que se trata mantiene su identidad después de la operación de transmisión.

49.
    A este respecto, es necesario recordar que la mera circunstancia, no discutida en el asunto principal, de que la actividad ejercida por el antiguo y el nuevo empresario sea similar no es suficiente para afirmar que existe transmisión de una entidad económica. En efecto, una entidad no puede reducirse a la actividad de que se ocupa. Su identidad resulta también de otros elementos, como el personal que la integra, su marco de actuación, la organización de su trabajo, sus métodos de explotación o, en su caso, los medios de explotación de que dispone (véanse las sentencias antes citadas, Süzen, apartado 15, e Hidalgo y otros, apartado 30).

50.
    El Gobierno francés y APIM alegan que el hecho de que la ciudad de Metz se hiciera cargo de la actividad de aquélla, en forma de servicio público administrativo, provocó modificaciones sustanciales en el modo de gestión y de explotación y en las condiciones de funcionamiento de la entidad cedida. En efecto, el Derecho público francés impone a las personas jurídicas de Derecho público que se hacen cargo, en forma de servicio público administrativo, de una actividad hasta entonces gestionada por una persona jurídica de Derecho privado la obligación de respetar normas de gestión, de explotación y de funcionamiento específicas. Asimismo, una entidad pública que se hace cargo de una actividad previamente ejercida por una persona jurídica de Derecho privado no puede mantener los contratos de trabajo concluidos por ésta, ya que los agentes de los servicios públicos administrativos son agentes incorporados a la Administración con arreglo a normas particulares del Derecho público y cuyo estatuto está regulado por el Derecho administrativo.

51.
    A este respecto, el Gobierno francés y APIM invocan la jurisprudencia de la Cour de cassation según la cual las disposiciones de adaptación del Derecho nacional a la Directiva 77/187 no son aplicables cuando, como sucede en el asunto principal, la persona jurídica de Derecho público explota la actividad de que se ha hecho cargo como un servicio público administrativo y, por tanto, según las normas del Derecho público. Con arreglo a esta jurisprudencia, la asunción de la actividad en tal concepto implicaría el cese de la empresa.

52.
    Es importante recordar que para determinar si se reúnen los requisitos necesarios para la transmisión de una entidad, y en particular, si la entidad controvertida en el procedimiento principal ha conservado su identidad después de que la ciudad de Metz se hiciera cargo de ella, el Juez nacional debe tomar en consideración todas las circunstancias de hecho características de la operación de que se trata, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios y los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Sin embargo, estos elementos son únicamente aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente (véanse, en particular, las sentencias antes citadas Spijkers, apartado 13; Süzen, apartado 14; Hidalgo y otros, apartado 29, y Allen y otros, apartado 26).

53.
    Según destaca el Abogado General en el punto 102 de sus conclusiones, no cabe excluir que, en determinadas circunstancias, elementos tales como la organización, el funcionamiento, la financiación, la gestión y las normas jurídicas aplicables caractericen una entidad económica de tal forma que una modificación de estoselementos, debido a la transmisión de dicha entidad, implique un cambio en su identidad.

54.
    No obstante, no parece que sea así en el asunto objeto del procedimiento principal. En efecto, por una parte, de la resolución de remisión se deduce que la ciudad de Metz asumió y continuó íntegramente la actividad de APIM y siguió realizando y difundiendo, de idéntica manera, la revista Vivre à Metz y, por otra parte, según el Gobierno francés, APIM ya funcionaba, en realidad, como un servicio público encargado de una misión de interés general.

55.
    A la luz de las precedentes consideraciones, corresponde al órgano jurisdiccional de remisión determinar si en el asunto principal ha tenido lugar una transmisión.

56.
    En cuanto a la posible obligación, impuesta por el Derecho nacional, de resolver los contratos de trabajo de Derecho privado en caso de transmisión de una actividad a una persona jurídica de Derecho público, es preciso observar que semejante obligación constituye, con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 77/187, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador derivada directamente de la transmisión, de modo que, en tal caso, la resolución de dichos contratos de trabajo debe considerarse imputable al empresario.

57.
    Procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187 debe interpretarse en el sentido de que ésta es aplicable a un municipio, persona jurídica de Derecho público que actúa conforme a normas específicas de Derecho administrativo, que se hace cargo de las actividades de publicidad e información de los servicios que ofrece al público, hasta entonces ejercidas, en interés de dicho municipio, por una asociación sin ánimo de lucro, persona jurídica de Derecho privado, siempre que la entidad cedida conserve su identidad.

Costas

58.
    Los gastos efectuados por el Gobierno francés y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el conseil de prud'hommes de Metz mediante resolución de 14 de abril de 1999, declara:

El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que ésta es aplicable a un municipio, persona jurídica de Derecho público que actúa conforme a normas específicas de Derecho administrativo, que se hace cargo de las actividades de publicidad e información de los servicios que ofrece al público, hasta entonces ejercidas, en interés de dicho municipio, por una asociación sin ánimo de lucro, persona jurídica de Derecho privado, siempre que la entidad cedida conserve su identidad.

Rodríguez Iglesias
Moitinho de Almeida
Edward

Sevón                Schintgen                Kapteyn

Gulmann

La Pergola

Puissochet
Jann

Ragnemalm

Wathelet
Skouris

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de septiembre de 2000.

El Secretario

El Presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias


1: Lengua de procedimiento: francés.