Language of document : ECLI:EU:C:2008:189

Asunto C‑346/06

Dirk Rüffert, en calidad de administrador judicial de Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG,

contra

Land Niedersachsen

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Celle)

«Artículo 49 CE — Libre prestación de servicios — Restricciones — Directiva 96/71/CE — Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras — Protección social de los trabajadores»

Sumario de la sentencia

1.        Libre prestación de servicios — Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios — Directiva 96/71/CE

(Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, aps. 1 y 8)

2.        Libre prestación de servicios — Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios — Directiva 96/71/CE

(Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3)

3.        Libre prestación de servicios — Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios — Directiva 96/71/CE

(Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

4.        Libre prestación de servicios — Restricciones — Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios

(Art. 49 CE; Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 1)

1.        Una normativa que obligue a la entidad adjudicadora a designar como adjudicatarios de contratos públicos de obras únicamente a las empresas que al licitar se comprometan por escrito a pagar a sus trabajadores, como contraprestación por la ejecución de los servicios de que se trate, como mínimo, la retribución prevista en el convenio colectivo aplicable en el lugar en que debe llevarse a cabo la ejecución de tales servicios, sin que dicho convenio pueda considerarse de aplicación general, no establece una cuantía de salario según uno de los mecanismos previstos en el artículo 3, apartados 1, párrafo primero, guiones primero y segundo, y 8, párrafo segundo, de la Directiva 96/71, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. Por consiguiente, no puede considerarse que tal cuantía de salario constituya una cuantía de salario mínimo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, letra c), de esta misma Directiva, que los Estados miembros pueden imponer, en virtud de ésta, a las empresas establecidas en otros Estados miembros, en relación con una prestación de servicios transnacional.

(véanse los apartados 26, 30 y 31)

2.        El artículo 3, apartado 7, de la Directiva 96/71, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, no puede interpretarse en el sentido de que permite al Estado miembro de acogida supeditar la realización de una prestación de servicios en su territorio al cumplimiento de condiciones de trabajo y empleo que vayan más allá de las disposiciones imperativas de protección mínima.

En efecto, en relación con las materias a que se refiere su artículo 3, apartado 1, párrafo primero, letras a) a g), la Directiva 96/71 prevé expresamente el grado de protección cuyo respeto puede exigir el Estado miembro de acogida a las empresas establecidas en otros Estados miembros en favor de sus trabajadores desplazados al territorio de dicho Estado miembro de acogida. En consecuencia, sin perjuicio de la facultad de las empresas establecidas en otros Estados miembros de adherirse voluntariamente en el Estado miembro de acogida, en particular, en el marco de un compromiso asumido hacia su propio personal desplazado, a un convenio colectivo de trabajo eventualmente más favorable, el grado de protección que debe garantizarse a los trabajadores desplazados al territorio del Estado miembro de acogida se limita, en principio, al previsto en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, letras a) a g), de la Directiva 96/71, salvo que dichos trabajadores ya disfrutaran, en virtud de la legislación o de convenios colectivos en el Estado miembro de origen, de condiciones de trabajo y empleo más favorables en relación con las materias previstas en dicha disposición.

(véanse los apartados 33 y 34)

3.        Un Estado miembro no puede exigir, en virtud de la Directiva 96/71, a las empresas establecidas en otros Estados miembros una cuantía de salario prevista en un convenio colectivo aplicable al lugar de ejecución de los servicios de que se trate y que no son de aplicación general, obligando a la entidad adjudicadora, mediante una medida de naturaleza legislativa, a designar como adjudicatarios de contratos públicos de obras únicamente a las empresas que al licitar se comprometan por escrito a pagar a sus trabajadores, como contraprestación por la ejecución de los servicios de que se trate, como mínimo, la retribución prevista en dicho convenio colectivo.

(véase el apartado 35)

4.        La Directiva 96/71, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, interpretada a la luz del artículo 49 CE, se opone a una normativa que obligue a la entidad adjudicadora a designar como adjudicatarios de contratos públicos de obras únicamente a las empresas que al licitar se comprometan por escrito a pagar a sus trabajadores, como contraprestación por la ejecución de los servicios de que se trate, como mínimo, la retribución prevista en el convenio colectivo aplicable en el lugar en que debe llevarse a cabo su ejecución, dado que dicha retribución no se determinó con arreglo a ninguno de los instrumentos establecidos en el artículo 3, apartados 1 y 8, de la Directiva.

Al obligar a los adjudicatarios de contratos públicos de obras y, de manera indirecta, a sus subcontratistas a aplicar la retribución mínima prevista en tal convenio colectivo, una norma de esas características puede imponer a los prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro, en el que los salarios mínimos sean inferiores, una carga económica adicional que puede impedir, obstaculizar o hacer menos interesante la ejecución de sus prestaciones en el Estado miembro de acogida. Por lo tanto, tal medida puede constituir una restricción en el sentido del artículo 49 CE.

No puede considerarse que tal medida pueda estar justificada por el objetivo de la protección de los trabajadores, en la medida en que la cuantía de salario fijada por tal convenio colectivo, por los efectos de la normativa controvertida, sólo se impone a una parte del sector de la construcción, dado que, por un lado, dicha normativa se aplica únicamente a los contratos públicos, con exclusión de los contratos privados, y que, por otro, dicho convenio colectivo no ha sido declarado de aplicación general, y en la medida en que ningún indicio permite llegar a la conclusión de que la protección que resulta de tal cuantía de salario sólo resulta necesaria a un trabajador que desarrolla su actividad en el sector de la construcción cuando éste se haya empleado en el marco de un contrato público de obras y no cuando trabaja en méritos de un contrato privado.

Por los mismos motivos, tampoco puede considerarse que dicha restricción pueda estar justificada por el objetivo de garantizar la protección de la organización autónoma de la vida profesional mediante sindicatos.

(véanse los apartados 36 a 43 y el fallo)