Estadísticas judiciales del Tribunal de Justicia - 2023
Ver las estadísticas detalladas del Tribunal de Justicia
Breve resumen de las principales tendencias estadísticas del año transcurrido
Por Marc-André Gaudissart, Secretario adjunto del Tribunal de Justicia
Antaño incluida en el propio cuerpo del Informe anual de la institución, la presente exposición tiene por objeto, como cada año, ofrecer un breve resumen de las principales tendencias que se desprenden del examen de las estadísticas judiciales del año transcurrido. Analiza el objeto, el origen y la naturaleza de los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia en 2023 y ofrece algunas claves para interpretar los datos relativos a los asuntos concluidos por dicho órgano jurisdiccional a lo largo de ese mismo año.
Asuntos planteados
En detalle, el número de asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia en 2023 se sitúa exactamente en la media de los tres últimos años, ya que, con 821 asuntos, el número de asuntos planteados en 2023 es superior en 15 unidades al de asuntos planteados en 2022 (806 asuntos) e inferior en 17 unidades al de asuntos planteados en 2021 (838 asuntos). El desglose de los litigios según la naturaleza de asunto es también muy similar al de los años anteriores —las peticiones de decisión prejudicial y los recursos de casación siguen representando por sí solos más del 90 % del total de los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia (con 518 nuevas peticiones de decisión prejudicial y 231 recursos de casación, recursos de casación en procedimientos sobre medidas provisionales o recursos de casación en procedimientos sobre demandas de intervención, respectivamente)—, pero lo que llamará especialmente la atención del lector es el aumento del número de recursos directos interpuestos ante el Tribunal de Justicia en 2023.
Mientras que esta cifra había alcanzado un mínimo histórico en 2021, con solo 29 nuevos asuntos, asciende a 60 asuntos en 2023, es decir, más del doble. Este aumento se explica tanto por el incremento del número de recursos de anulación [8 recursos interpuestos en 2023, frente a solo 2 en 2022, ya que un Estado miembro (Polonia) interpuso él solo el año pasado 7 recursos contra actos adoptados por el legislador de la Unión en los ámbitos de la protección del medio ambiente y de la eficiencia energética] como por el aumento del número de recursos por incumplimiento, tras la decisión de la Comisión, en 2023, de incoar varios procedimientos de infracción paralelos en relación con la no transposición o no comunicación de las medidas adoptadas por determinados Estados miembros para cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de los Tratados. Una parte no insignificante de estos asuntos se refiere también al medio ambiente (conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, establecimiento de un sistema de vigilancia de las especies exóticas invasoras, fomento del uso de energía producida a partir de fuentes renovables, tratamiento de las aguas residuales urbanas y tratamiento de residuos...), pero varios de ellos atañen igualmente a los ámbitos más clásicos de la libre circulación de personas y de mercancías, de los transportes, de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el mercado único digital o también a las medidas que deben adoptarse para proteger de forma efectiva a los denunciantes. [1]
En materia prejudicial, como era de esperar, en vista del contexto geopolítico general y de los numerosos focos de conflictos armados a las puertas de la Unión, el mayor número de cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia en 2023 lo ha sido en el ámbito del espacio de libertad, seguridad y justicia (82 peticiones de decisión prejudicial), muchas de ellas relativas a la interpretación de las normas sobre el derecho de asilo y el régimen de protección internacional de los nacionales de terceros países. Al igual que en 2022, muchas de las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia el año pasado pertenecen a los ámbitos de la fiscalidad, de la protección de los consumidores y de los transportes (con 53, 52 y 40 peticiones de decisión prejudicial, respectivamente), mientras que los recursos de casación interpuestos en 2023 contra resoluciones del Tribunal General se refieren fundamentalmente a los ámbitos de la propiedad intelectual, de la competencia, de las ayudas de Estado y de la función pública. A pesar de la aparición de nuevos focos de litigios, los citados ámbitos siguen suponiendo una parte considerable de la actividad del Tribunal General.
En cuanto a la procedencia geográfica de las peticiones de decisión prejudicial recibidas en el Tribunal de Justicia en 2023, hay que señalar que los órganos jurisdiccionales de todos los Estados miembros, sin excepción, se han dirigido al Tribunal de Justicia a lo largo del año pasado, lo que da fe de la vitalidad del diálogo «de juez a juez» establecido por los Tratados. Como en años anteriores, los órganos jurisdiccionales alemanes siguen encabezando la «clasificación geográfica» de las remisiones (con 94 peticiones de decisión prejudicial planteadas ante el Tribunal de Justicia en 2023), pero esta vez no los siguen los órganos jurisdiccionales italianos, sino los búlgaros y polacos, que se han dirigido al Tribunal de Justicia en 51 y 48 ocasiones, respectivamente, durante el último año. En el caso de Polonia, el número de remisiones prejudiciales en 2023 es el más elevado desde la adhesión de este Estado a la Unión Europea hace 20 años, mientras que el número de remisiones efectuadas por los órganos jurisdiccionales búlgaros en 2023 se aproxima, por su parte, a la cifra récord de remisiones procedentes de dichos órganos jurisdiccionales en 2021 (58 peticiones).
Una apreciación similar puede hacerse con respecto a las peticiones de decisión prejudicial con origen en Rumanía. Con no menos de 40 peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia en 2023, los órganos jurisdiccionales rumanos han efectuado ciertamente un elevado número de remisiones, que recuerda también el máximo alcanzado en 2019, cuando se presentaron ante el Tribunal de Justicia 49 peticiones de decisión prejudicial. Las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales rumanos en 2023 versan sobre materias tan diversas como la clasificación arancelaria de cables de fibra óptica, la seguridad alimentaria, la protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas en los contratos de crédito denominados en divisa extranjera, el derecho a deducción del impuesto sobre el valor añadido, la asunción de gastos médicos efectuados en un Estado miembro distinto del Estado de afiliación o la delicada relación entre los estándares nacionales de protección de los derechos fundamentales y el respeto de los principios de primacía, de unidad y de efectividad del Derecho de la Unión.
En lo que respecta a los procedimientos urgentes, ha de señalarse que, al igual que en 2022, el número de solicitudes de aplicación del procedimiento acelerado o del procedimiento de urgencia ha sido notablemente inferior al de 2021. Mientras que en ese año se presentaron nada menos que 90 solicitudes, entre uno y otro tipo de asuntos, en 2023 se han presentado 41 solicitudes para acelerar el procedimiento. El Tribunal de Justicia no ha sometido ningún asunto al procedimiento acelerado, mientras que el procedimiento prejudicial de urgencia se ha iniciado en dos ocasiones en 2023, en asuntos relativos, respectivamente, a la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO 2003, L 251, p. 12), en relación con los artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, [2] y a la interpretación del artículo 325 TFUE, apartado 1, del artículo 2, apartado 1, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995, y del principio de primacía del Derecho de la Unión. [3]
En cambio, en materia de recursos de casación se observa el fenómeno inverso. Mientras que en 2021 el Tribunal de Justicia conoció de 9 recursos de casación en procedimientos sobre medidas provisionales o demandas de intervención, en 2023 se han interpuesto ante el Tribunal de Justicia 18 recursos de casación de este tipo, es decir, el doble.
Asuntos concluidos
Al igual que en el caso de los asuntos planteados, el número de asuntos concluidos por el Tribunal de Justicia en 2023 se sitúa en la media de los tres últimos años. A lo largo del año, el Tribunal de Justicia concluyó 783 asuntos en 2023, frente a 771 en 2021 y 808 en 2022. Fiel reflejo del volumen que representan en los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia, no es sorprendente que las remisiones prejudiciales y los recursos de casación supongan la mayor parte de los asuntos concluidos por este órgano jurisdiccional en 2023.
Si se examina más detenidamente el modo de terminación de los asuntos durante el año pasado, ha de señalarse que es también muy similar al modo en que se cerraron los asuntos en 2022. Mientras que en ese año el Tribunal de Justicia dictó 466 sentencias y 265 autos, de todo tipo, el número de sentencias y de autos ha sido de 469 y 253, respectivamente, en 2023, es decir, una cifra prácticamente idéntica a la del año precedente. Así ocurre también con los autos de carácter jurisdiccional que ponen fin a la instancia distintos de los autos de archivo, de sobreseimiento o de devolución del asunto al Tribunal General. Su número ascendió a 167 en 2022 y a 163 en 2023, respectivamente, pero el desglose de estos autos por tipo de asunto es ligeramente diferente.
Mientras que en 2022 el 12,7 % de los asuntos prejudiciales concluyeron mediante un auto adoptado, bien sobre la base del artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, bien sobre la base del artículo 99 de dicho Reglamento, bien sobre la base combinada de estas dos disposiciones, este porcentaje aumentó el año pasado al 14,6 %. En cambio, por lo que se refiere a los recursos de casación, el porcentaje de asuntos concluidos mediante auto en virtud de los artículos 181 o 182 del Reglamento de Procedimiento está disminuyendo y ha pasado del 56,8 % en 2022 al 45,9 % en 2023. Esta variación se explica por la conclusión, en 2023, de un mayor número de recursos de casación mediante sentencia, al haber requerido varios asuntos complejos la celebración de una vista o la presentación de conclusiones por parte del Abogado General.
Aunque el año pasado los recursos de casación dieron lugar a un número mayor de sentencias que en 2022, esto no significa que esté aumentando el número de anulaciones de resoluciones del Tribunal General. En efecto, en los últimos años se observa una gran estabilidad en el sentido en que se concluyen los recursos de casación, con independencia del modo de terminación utilizado. De los 201 recursos de casación concluidos en 2023, 37 dieron lugar a la anulación de la resolución del Tribunal General y solo 10 de ellos conllevaron la devolución del asunto a dicho órgano jurisdiccional. También en este caso, las cifras son prácticamente comparables a las del año anterior, ya que se anularon resoluciones del Tribunal General en 39 ocasiones en 2022 (de un total de 196 recursos de casación concluidos) y el Tribunal de Justicia solo devolvió el asunto al Tribunal General en 9 casos.
Al igual que en 2022, los asuntos concluidos por las Salas de tres Jueces —incluida la Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación— han supuesto más de la mitad de los asuntos concluidos por el Tribunal de Justicia en 2023 (al margen de los autos de archivo, de sobreseimiento o de devolución del asunto al Tribunal General). Cabe señalar, no obstante, que la proporción de asuntos concluidos por las Salas de cinco Jueces ha aumentado durante el último año —estas formaciones jurisdiccionales concluyeron 298 asuntos en 2023, frente a 270 el año anterior—, mientras que la proporción de asuntos concluidos por la Gran Sala se ha reducido a la mitad y ha pasado de 80 asuntos concluidos por esta formación jurisdiccional en 2022 a solo 36 asuntos en 2023. Esta evolución es consecuencia de un enfoque más selectivo por parte del Tribunal de Justicia respecto a los asuntos que requieren la intervención de la Gran Sala debido, en particular, al número y a la complejidad de los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia, pero también se explica por la existencia de una jurisprudencia consolidada en determinadas materias, lo que facilita más que en el pasado la remisión de asuntos a una formación más reducida, integrada por cinco Jueces.
En cuanto a la duración de los procedimientos, ha de señalarse que la duración media global de la tramitación de los asuntos, en asuntos de uno y otro tipo, es ligeramente inferior a la del año anterior y se sitúa en 16,1 meses en 2023, frente a 16,4 meses en 2022. Esta disminución se debe principalmente a la reducción de la duración media de tramitación de los recursos directos (que ha pasado de 23,5 meses en 2022 a 20,8 meses en 2023) y, en menor medida, de las remisiones prejudiciales (que ha pasado de 17,3 a 16,8 meses). No obstante, la duración media de tramitación de los asuntos sigue dependiendo de la complejidad de los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia y de su modo de terminación, lo que explica la importancia que el Tribunal de Justicia concede a la petición que presentó al legislador de la Unión el 30 de noviembre de 2022 para transferir al Tribunal General una parte de la competencia que ejerce en materia prejudicial y ampliar el ámbito de aplicación material del mecanismo de previa admisión a trámite de los recursos de casación.
Asuntos pendientes
A 31 de diciembre de 2023, había 1 149 asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia, es decir, unos cuarenta más que el año anterior. Dado que la mayor parte de estos asuntos son peticiones de decisión prejudicial (760 asuntos) y recursos de casación (289 asuntos), la puesta en marcha de la reforma antes mencionada incidirá inevitablemente en estas estadísticas, ya que, cuando entre en vigor, dará lugar a que se transfieran al Tribunal General nuevas peticiones de decisión prejudicial en determinadas materias.
[1] En 2023, la Comisión ha interpuesto una serie de recursos contra seis Estados miembros por no haber adoptado o no haber comunicado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO 2019, L 305, p. 17). Véanse los asuntos C‑147/23, C‑149/23, C‑150/23, C‑152/23, C‑154/23 y C‑155/23 (recursos interpuestos contra la República de Polonia, la República Federal de Alemania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República Checa, la República de Estonia y Hungría, respectivamente).
[2] Véase la sentencia de 18 de abril de 2023 en el asunto C‑1/23 PPU, Afrin (EU:C:2023:296).
[3] Véase la sentencia de 24 de julio de 2023 en el asunto C‑107/23 PPU, Lin (EU:C:2023:606).
Véase también
Asimismo, las estadísticas judiciales de varios años anteriores pueden consultarse en el sitio Curia, en la parte «Historial».
