Language of document : ECLI:EU:T:1999:307

AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 6 de diciembre de 1999 (1)

«Transparencia - Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom, sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión - Comité consultivo del Impuesto sobre el Valor Añadido - Decisión por la que se deniega el acceso a documentos - Revocación del acto impugnado - Sobreseimiento»

En el asunto T-178/99,

Sonia Marion Elder y Robert Dale Elder, con domicilio en Dundee, Escocia (Reino Unido), representados por el Sr. Scott Crosby, Solicitor, 9, rond-point Schuman, Bruselas,

partes demandantes,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Ulrich Wölker y Xavier Lewis, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tienen por objeto una demanda de anulación de la decisión de la Comisión, de 8 de junio de 1999 por la que se deniega a los demandantes el acceso a las actas del comité consultivo del Impuesto sobre el Valor Añadido,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por los Sres.: B. Vesterdorf, Presidente, C.W. Bellamy y M. Vilaras, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

dicta el siguiente

Auto

Marco jurídico

1.
    El 6 de diciembre de 1993, la Comisión y el Consejo aprobaron un código de conducta común relativo al acceso del público a los documentos de la Comisión y del Consejo (DO L 340, p. 41, en lo sucesivo «código de conducta»).

2.
    La Comisión adoptó este código de conducta mediante la Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom, de 8 de febrero de 1994, sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión (DO L 46, p. 58, en lo sucesivo, «Decisión 94/90»).

3.
    El artículo 2 de la Decisión 94/90 dispone:

«[...]

2)    El Director General, el Jefe del Servicio, o el Director que designe a estos efectos la Secretaría General, o el funcionario en que se delegue, en nombre de éstos, informará por escrito al solicitante, en el plazo de un mes, sobre la aprobación de su solicitud o la intención de darle una respuesta negativa. En este último caso, también se informará al solicitante de que tiene un mes para solicitar al Secretario General de la Comisión la revisiónde la decisión de denegación de acceso, a falta de lo cual se entenderá que retira la solicitud inicial.

[...]

4)    La falta de respuesta en el plazo de un mes de uno de los funcionarios mencionados en el punto 2 a una petición de acceso a un documento constituirá una negativa a la misma.

    La falta de respuesta en el mes siguiente a la presentación de una petición de revisión constituirá una negativa a la misma.

[...]»

4.
    El código de conducta, en su versión adoptada por la Comisión, dispone bajo el epígrafe «Tramitación de las solicitudes iniciales», párrafo tercero:

«Cuando el autor del documento que posea la Institución sea una persona física o jurídica, un Estado miembro, otra Institución u órgano comunitario, o cualquier otro organismo nacional o internacional, la solicitud deberá dirigirse directamente al mismo.»

Hechos y procedimiento

5.
    Mediante escrito de 30 de noviembre de 1998, los demandantes solicitaron a la Comisión, con arreglo a la Decisión 94/90, el acceso a las actas del comité consultivo del Impuesto sobre el Valor Añadido (en lo sucesivo, «comité» o «comité IVA») en lo relativo a las eventuales consultas formuladas a éste por el Reino Unido, en aplicación de los artículos 4 y 29 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54, en lo sucesivo, «Sexta Directiva»). En apoyo de su petición los demandantes exponían que algunas disposiciones de la legislación británica en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido afectaban directamente a su situación jurídica y que deseaban verificar si, conforme al artículo 4, apartado 4 de la Sexta Directiva, que había servido de base a estas disposiciones, el Reino Unido había consultado previamente al comité IVA.

6.
    Al no haber recibido respuesta a su solicitud, los demandantes dirigieron al Secretario General de la Comisión, mediante escrito de 6 de enero de 1999, una solicitud confirmativa a los efectos del artículo 2, apartado 2, de la Decisión 94/90.

7.
    Al mismo tiempo, el Director General de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión (DG XXI) informó a los demandantes, mediante escrito de 11 de enero de 1999 dirigido a su representante, que según el reglamento interno del comité, las deliberaciones de éste son confidenciales, a menos que los Estados miembros que participan en él no decidan lo contrario por unanimidad. Por consiguiente y con el fin de preservar el secreto de las deliberaciones y de no vulnerar los intereses financieros de la Comunidad, estimaba no hallarse en condiciones de facilitar el acceso a las actas del comité.

8.
    Mediante escrito de 9 de febrero de 1999, la Secretaría General de la Comisión respondió a los demandantes que su petición sería estudiada tan pronto como fuera posible, pero que probablemente no recibían respuesta antes de un mes.

9.
    El 3 de marzo de 1999, los demandantes recibieron un escrito del Secretario General de la Comisión en la que les indicaba que las actas del comité IVA, aunque redactadas por los servicios de la Comisión, que desempeñaba las funciones de secretaría, eran formalmente adoptadas por el comité. Dado que, conforme al código de conducta, éste era el autor de los documentos, de ello se deduce que la petición formulada por los demandantes debería haberse presentado directamente ante el comité. No obstante el Secretario General precisaba, por una parte, que con ánimo de ayudarles, su petición había sido trasladada al comité IVA para que éste decidiera acerca del trámite que debía dársele y, por otra parte, que el Reino Unido había consultado al comité en varias ocasiones entre 1979 y 1996, acerca de la aplicación del artículo 4, apartado 4, de la Sexta Directiva.

10.
    Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 1 de abril de 1999, los demandantes interpusieron un recurso de anulación, registrado con el número T-78/99, contra la decisión de la Comisión por la que se les denegaba el acceso a los documentos de que se trata.

11.
    Mediante escrito de 8 de junio de 1999, el Presidente del comité IVA informó a los demandantes que los representantes de los Estados miembros, reunidos en el seno del comité, habían decidido por unanimidad denegarles el acceso a las actas.

12.
    Por estimar que este escrito debía considerarse como una decisión definitiva de denegación de su solicitud por parte de la Comisión, los demandantes interpusieron el presente recurso mediante escrito presentado el 6 de agosto de 1999 en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia en el que solicitan la anulación de esta decisión de 8 de junio de 1999 (en lo sucesivo, «acto impugnado»).

13.
    Por consiguiente, los demandantes desistieron del recurso de anulación interpuesto en el asunto T-78/99 que, a continuación, fue archivado mediante auto del Tribunal de Primera Instancia de 13 de octubre de 1999.

14.
    Mediante escrito de 3 de agosto de 1999, la Comisión informó a los demandantes de que había pedido a los servicios de la DG XXI que reexaminasen su solicitudde acceso a las actas del comité IVA, puesto que de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de julio de 1999, Rothmans/Comisión (T-188/97, Rec. p. II-2463) se deducía que corresponde a la Comisión resolver acerca de las peticiones de acceso a las actas de los comités consultivos como el comité IVA.

15.
    Mediante escrito presentado en la Secretaría el 30 de septiembre de 1999, la Comisión solicitó al Tribunal de Primera Instancia que sobreseyera el recurso, puesto que la petición de acceso de los demandantes a las actas del comité IVA iba a ser reexaminada por los servicios de la DG XXI y la decisión que éste adoptara daría lugar a la revocación del acto impugnado.

16.
    Mediante escrito recibido en la Secretaría el 20 de octubre de 1999, la Comisión comunicó al Tribunal de Primera Instancia el escrito del Director General de la DG XXI, dirigido a los demandantes el 30 de septiembre de 1999, en el cual éste, tras haber reexaminado su petición a raíz de la sentencia Rothmans/Comisión, antes citada, les denegaba, una vez más, el acceso a las actas del comité invocando, esta vez, el código de conducta y, en particular, la excepción basada en la protección de la confidencialidad. La Comisión deduce de ello que el acto impugnado ha sido revocado y que procede sobreseer el recurso.

17.
    En sus observaciones sobre la petición de sobreseimiento, presentadas en la Secretaría el 8 de noviembre de 1999, los demandantes indican que no se oponen a la clausura del presente procedimiento. A este respecto precisan que han presentado al Secretario General de la Comisión una solicitud confirmativa de acceso a los documentos y deducen de ello que su decisión, tanto en un sentido como en otro, sustituirá definitivamente al escrito de 8 de junio de 1999. Estiman, no obstante, que este escrito constituía un acto definitivo, que estaban legitimados para impugnarlo y que, habida cuenta de la actitud de la Comisión, procede condenarla en costas.

Sobre la petición de sobreseimiento

18.
    Con su demanda de sobreseimiento, la Comisión suscita un incidente que ha de ser resuelto sin iniciar la fase oral, con arreglo al artículo 114, apartado 3 del Reglamento de Procedimiento.

19.
    En el caso presente hay que señalar que, al adoptar la decisión de 30 de septiembre de 1999, la Comisión revocó implícitamente el acto impugnado por estimar que, conforme a las exigencias de la normativa comunitaria en materia de acceso a los documentos, tal como se especificaban en la sentencia Rothmans/Comisión, antes citada, le correspondía pronunciarse sobre las solicitudes de acceso a los documentos del comité IVA.

20.
    En estas circunstancias debe considerarse que la revocación del acto impugnado produce efectos equivalentes a los de una sentencia de anulación, sin perjuicio delderecho de los demandantes a impugnar, en su caso, mediante un recurso diferente, la legalidad de la decisión del Secretario General de la Comisión que resuelva con carácter definitivo su petición. Una sentencia que anulase el acto impugnado, ahora revocado, no implicaría ninguna consecuencia jurídica distinta de las que se derivan de la revocación que ya ha tenido lugar.

21.
    Los demandantes carecen, pues, de interés en obtener la anulación del acto impugnado. De ello se deduce que el presente recurso ha quedado sin objeto (véase el auto del Tribunal de Primera Instancia de 28 de mayo de 1997, Proderec/Comisión, T-145/95, Rec. p. II-823, apartado 27, y la jurisprudencia que allí se cita).

22.
    De lo anterior se desprende que procede sobreseer el asunto.

Costas

23.
    En caso de sobreseimiento, el artículo 87, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento prevé que Tribunal de Primera Instancia resolverá libremente sobre las costas.

24.
    En el presente caso, la Comisión ha revocado el acto impugnado después de la interposición del recurso por un motivo que los demandantes invocaban en éste. Por ello procede condenar a la Comisión al pago de la totalidad de las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

resuelve:

1)    Sobreseer el presente recurso.

2)    Condenar a la Comisión al pago de la totalidad de las costas.

Dictado en Luxemburgo, a 6 de diciembre de 1999.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lengua de procedimiento: inglés.