Language of document : ECLI:EU:C:2003:385

AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 26 de junio de 2003 (1)

«Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución de una decisión - Ayuda de Estado - Régimen de ayudas existente - Régimen fiscal de los centros de coordinación establecidos en Bélgica - Medidas transitorias»

En los asuntos acumulados C-182/03 R y C-217/03 R,

Reino de Bélgica, representado por la Sra. A. Snoecx, en calidad de agente, asistida por los Sres. P. Kelley, B. van de Walle de Ghelcke y J. Wouters, avocats,

parte demandante en el asunto C-182/03 R,

y

Forum 187 ASBL, con domicilio social en Bruselas, Bélgica, representada por los Sres. J. Killick y A. Sutton, Barristers,

parte demandante en el asunto C-217/03 R,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. V. Di Bucci, R. Lyal et G. Rozet, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto sendas demandas de suspensión de la ejecución de la Decisión C(2003) 564 final de la Comisión, de 17 de febrero de 2003, relativa al régimen de ayudas ejecutado por Bélgica en favor de los centros de coordinación establecidos en Bélgica, o de medidas provisionales,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

dicta el siguiente

Auto

Procedimiento en el asunto C-182/03 R

1.
    Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el día 25 de abril de 2003, el Reino de Bélgica solicitó, con arreglo al artículo 230 CE, la anulación parcial de la Decisión C(2003) 564 final de la Comisión, de 17 de febrero de 2003, relativa al régimen de ayudas ejecutado por Bélgica en favor de los centros de coordinación establecidos en Bélgica (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

2.
    Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia ese mismo día, dicho Estado miembro solicitó, con arreglo al artículo 242 CE, que, hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al procedimiento sobre el fondo, se suspenda la ejecución del artículo 2, párrafo segundo, de la Decisión impugnada en la medida en que en él se dispone que «ni prorrogarse mediante la renovación de autorizaciones vigentes», así como del párrafo tercero, última frase, de dicho artículo.

3.
    A raíz de la adopción por parte de la Comisión de una rectificación de la Decisión impugnada, el Reino de Bélgica formuló, mediante sendos escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia el día 9 de mayo de 2003, en aplicación del artículo 42, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, un motivo nuevo en apoyo, por una parte, de su recurso de anulación y, por otra, de su demanda de suspensión de la ejecución.

4.
    Habida cuenta de la presentación de este nuevo motivo, el Reino de Bélgica solicitó asimismo, en el marco de la demanda de suspensión de ejecución y en aplicación del artículo 84, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento, que se suspendiera de manera inmediata la ejecución de la Decisión impugnada antes incluso de que la Comisión presentara sus observaciones.

5.
    La Comisión presentó sus observaciones escritas sobre la demanda de suspensión de la ejecución el 22 de mayo de 2003.

6.
    Se oyeron los informes orales de las partes el 3 de junio de 2003, en una vista de medidas provisionales común con la celebrada en el asunto C-217/03 R.

Procedimiento en el asunto C-217/03 R

7.
    Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de abril de 2003, registrado con el número T-140/03, Forum 187 ASBL (en lo sucesivo, «Forum 187») solicitó, con arreglo al artículo 230 CE, la anulación de la Decisión impugnada.

8.
    Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia ese mismo día, Forum 187 solicitó la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al procedimiento sobre el fondo y la adopción de cualquier otra medida provisional que se considere necesaria en el presente asunto. Mediante ese mismo escrito, solicitó asimismo, en aplicación del artículo 105, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, que se suspendiera de manera inmediata la ejecución de dicha Decisión antes incluso de que la Comisión presentara sus observaciones.

9.
    La Comisión presentó sus observaciones escritas sobre la demanda de suspensión de la ejecución el día 15 de mayo de 2003.

10.
    Habida cuenta de la relación existente con el asunto C-182/03, y tras haber oído a las partes, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada), mediante auto de 16 de mayo de 2003, declinó de su competencia en el asunto T-140/03 en favor del Tribunal de Justicia.

11.
    A raíz de la declinación de competencia del Tribunal de Primera Instancia, el recurso de anulación y la demanda de suspensión de la ejecución fueron inscritos en la Secretaría del Tribunal de Justicia, respectivamente, con los números C-217/03 y C-217/03 R.

12.
    Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de mayo de 2003, posteriormente trasladado a la Secretaría del Tribunal de Justicia, Forum 187 formuló pretensiones complementarias tras la adopción por parte de la Comisión de una rectificación de la Decisión impugnada.

13.
    Se oyeron los informes orales de las partes el 3 de junio de 2003, en una vista de medidas provisionales común con la celebrada en el asunto C-182/03 R.

Acumulación

14.
    Habida cuenta de la relación existente entre las demandas de suspensión de la ejecución, procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Procedimiento, acumularlas a efectos del presente auto.

15.
    En la vista, las partes del asunto C-217/03 R manifestaron su acuerdo para que el francés sea utilizado como lengua de procedimiento única a los únicos efectos del auto por el que se resuelva la demanda de suspensión de la ejecución.

Marco jurídico y hechos

El control de los regímenes de ayudas existentes con arreglo al Derecho comunitario

16.
    En el artículo 88 CE, apartados 1 y 2, párrafo primero, se dispone lo siguiente:

«1.    La Comisión examinará permanentemente, junto con los Estados miembros, los regímenes de ayudas existentes en dichos Estados. Propondrá a éstos las medidas apropiadas que exija el desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado común.

2.    Si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la Comisión comprobare que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, o que dicha ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine.»

17.
    A tenor del artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE) n. 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88 CE] (DO L 83, p. 1):

«Cuando la Comisión considere que un régimen de ayudas no es o ha dejado de ser compatible con el mercado común, informará al Estado miembro interesado acerca de esta conclusión preliminar y le ofrecerá la oportunidad de presentar sus observaciones en el plazo de un mes. En casos debidamente justificados, la Comisión podrá prorrogar dicho plazo.»

El régimen fiscal belga de los centros de coordinación

18.
    El régimen fiscal belga de los centros de coordinación, que establece una excepción al régimen común, está regulado por el Real Decreto n. 187, de 30 de diciembre de 1982, relativo a la creación de centros de coordinación (Moniteur belge de 13 de enero de 1983), tal como ha sido completado y modificado en varias ocasiones posteriormente.

19.
    La posibilidad de beneficiarse de dicho régimen está supeditada a la autorización previa e individual del centro mediante Real Decreto. Para obtener dicha autorización, el centro debe formar parte de un grupo multinacional que disponga de fondos propios -capital y reservas- por un importe igual o superior a 1.000 millones de BEF y que tenga un volumen de negocios anual consolidado de 10.000 millones de BEF como mínimo. Sólo se autorizan determinadas actividades de carácter auxiliar o preparatorio o de centralización, y las empresas del sector financiero están excluidas del beneficio de este régimen. Los centros deben emplear en Bélgica, como mínimo, el equivalente de diez personas a jornada completa al término de los dos primeros años de actividad.

20.
    La autorización otorgada al centro es válida por un plazo de diez años y es renovable por un período de igual duración.

21.
    El régimen fiscal de que se benefician los centros de coordinación establece excepciones al régimen fiscal común en relación con varios aspectos.

22.
    En primer lugar, la renta imponible de los centros se determina a tanto alzado con arreglo al método denominado «cost plus». Corresponde a un porcentaje del importe de los gastos generales y de funcionamiento.

23.
    En segundo lugar, los centros están exentos de la retención a cuenta del impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente a los edificios que utilizan para el ejercicio de su actividad.

24.
    En tercer lugar, no adeudan los derechos de registro del 0,5 % ni sobre las aportaciones de capital efectuadas a un centro ni sobre los aumentos de su capital social.

25.
    En cuarto lugar, están exentos de la retención a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario, por un lado, los dividendos, intereses y cánones distribuidos por los centros, con algunas excepciones, y, por otro lado, las rentas que los centros perciben sobre sus depósitos en efectivo.

26.
    En quinto lugar, los centros pagan un canon anual fijado en 400.000 BEF por miembro del personal empleado a jornada completa, pero que no puede ser superior a 4.000.000 de BEF.

Los trabajos del Consejo en materia de competencia fiscal desleal

27.
    En el marco de una reflexión global sobre la competencia fiscal desleal, el Consejo adoptó, el 1 de diciembre de 1997, un Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas (DO 1998, C 2, p. 2). En ese contexto, los Estados miembros se comprometieron a desmantelar de manera progresiva determinados aspectos de sus medidas fiscales que se consideran desleales, mientras que la Comisión expresó su intención de examinar o revisar, a la luz de las normas sobre las ayudas de Estado, los regímenes fiscales vigentes en los Estados miembros.

28.
    La normativa belga relativa al régimen fiscal de los centros de coordinación figuraba entre las medidas fiscales nacionales afectadas por estas iniciativas.

Los hechos anteriores a la Decisión impugnada

29.
    El régimen fiscal de los centros de coordinación fue examinado por la Comisión en el momento de ser establecido. En particular, en las Decisiones comunicadas mediante escritos de 16 de mayo de 1984 y de 9 de marzo de 1987 (en lo sucesivo, «Decisiones de 1984 y de 1987») la Comisión consideró, básicamente, que dicho régimen, basado en un sistema de determinación a tanto alzado de las rentas de los centros de coordinación, no contenía ningún elemento de ayuda.

30.
    Tras haber adoptado, el 11 de noviembre de 1998, una Comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (DO C 384, p. 3), la Comisión emprendió un examen general de la legislación fiscal de los Estados miembros desde el punto de vista de las normas sobre ayudas de Estado.

31.
    En este marco, en febrero de 1999, la Comisión solicitó a las autoridades belgas determinadas informaciones relativas, en particular, al régimen de los centros de coordinación. Las autoridades belgas respondieron en marzo de 1999.

32.
    En julio de 2000, los servicios de la Comisión informaron a dichas autoridades de que dicho régimen parecía constituir una ayuda de Estado. Con el fin de iniciar el procedimiento de cooperación con arreglo al artículo 17, apartado 2, del Reglamento n. 659/1999, los servicios de la Comisión instaron a las autoridades belgas a presentar sus observaciones en el plazo de un mes.

33.
    Mediante escritos enviados en septiembre y en diciembre de 2000 y en septiembre de 2001, las autoridades belgas alegaron que era la Comisión constituida como órgano colegiado, y no los servicios de la misma, la que estaba facultada para pronunciarse al respecto e iniciar el procedimiento de cooperación.

34.
    El 11 de julio de 2001, la Comisión adoptó cuatro propuestas de medidas apropiadas, con base en el artículo 88 CE, apartado 1, en relación, en particular, con el régimen de los centros de coordinación. Proponía a las autoridades belgas que aceptaran la introducción de una serie de modificaciones en dicho régimen, estableciendo sin embargo, con carácter transitorio, que los centros autorizados con anterioridad a la fecha de aceptación de dichas medidas pudieran continuar beneficiándose del régimen anterior hasta el 31 de diciembre de 2005.

35.
    Mediante escrito de 19 de septiembre de 2001, las autoridades belgas formularon una serie de observaciones relativas al procedimiento seguido y al fondo del asunto.

36.
    Al no haber sido aceptadas las medidas apropiadas que había propuesto, la Comisión incoó el procedimiento de investigación formal mediante una decisión notificada mediante escrito de 27 de febrero de 2002 (DO C 147, p. 2), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2, del Reglamento n. 659/1999. En particular, instó al Reino de Bélgica a presentar sus observaciones y a proporcionarle cualquier información útil para la evaluación de la medida de que se trata. Asimismo, instó a dicho Estado miembro y a los terceros interesados a presentar sus observaciones y a proporcionar cualquier elemento útil para determinar si existía, para los beneficiarios del régimen en cuestión, una confianza legítima que obligara a adoptar medidas transitorias.

37.
    Tras una prórroga del plazo inicial de un mes, las autoridades belgas transmitieron su opinión a la Comisión mediante escrito de 12 de abril de 2002.

38.
    Mediante escrito de 16 de mayo de 2002, dichas autoridades notificaron un anteproyecto de ley de modificación del Real Decreto n. 187. Este anteproyecto fue registrado por la Comisión como una ayuda nueva con el número de referencia N351/2002.

39.
    Tras varias reuniones, en julio de 2002, la Comisión dirigió al Reino de Bélgica una solicitud de informaciones complementarias relativas tanto al régimen existente como al proyecto notificado, solicitud a la que las autoridades belgas respondieron mediante escrito de 30 de agosto de 2002. También algunos terceros interesados participaron en el procedimiento formal de examen de la medida de que se trata.

La Decisión impugnada

40.
    El 17 de febrero de 2003, la Comisión adoptó la Decisión impugnada, notificada ese mismo día al Reino de Bélgica. Tras haber comprobado que la formulación del artículo 2 de la parte dispositiva de dicha Decisión podía parecer contradictoria con las conclusiones a las que se llegaba en los puntos 122 y 123 de su exposición de motivos, el 23 de abril de 2003, la Comisión decidió modificar el artículo 2 mediante una rectificación. Esta rectificación fue notificada a dicho Estado miembro el 25 de abril de 2003.

41.
    En la Decisión impugnada, la Comisión justificaba, con carácter preliminar, la calificación de ayuda existente que había atribuido al régimen de los centros de coordinación, así como la base jurídica en la que se fundaba el procedimiento que había seguido. En la Decisión se indica que el artículo 1, letra b), del Reglamento n. 659/1999 podía servir como base jurídica en el presente caso y que, de no ser así, se imponían los artículos 87 CE y 88 CE como la verdadera base jurídica en la que se fundaba la acción de la Comisión.

42.
    En la Decisión impugnada, esta última indicaba asimismo que, si bien dicha Decisión debía considerarse como una revocación o una modificación de las Decisiones de 1984 y de 1987, la Decisión impugnada cumple los requisitos a los que está supeditado el derecho de la Comisión a revocar o modificar cualquier acto favorable viciado de ilegalidad.

43.
    A continuación, la Comisión considera, en la Decisión impugnada, que las diferentes medidas que constituyen el régimen fiscal de los centros de coordinación cumplen los requisitos establecidos en el artículo 87 CE, apartado 1, sin que puedan beneficiarse de ninguna de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 de ese mismo artículo.

44.
    Por lo que respecta a la confianza legítima invocada por los centros de coordinación, en la exposición de motivos de la Decisión impugnada se precisa lo siguiente:

«117)    La Comisión reconoce la existencia de una confianza legítima de los beneficiarios de la ayuda. Esta confianza legítima justifica el que la Comisión permita a los centros que dispongan de una autorización vigente a 31 de diciembre de 2000 disfrutar de las ventajas de dicho régimen hasta la expiración de su período de autorización vigente en el momento de adoptarse la presente Decisión, si bien como máximo hasta el 31 de diciembre de 2010. Esta postura se basa en las consideraciones que a continuación se exponen.

118)    [...] Las autorizaciones [concedidas por la administración tributaria] se refieren únicamente a los hechos y en modo alguno describen el régimen que será aplicado. En consecuencia, no pueden ofrecer garantías jurídicas de que se mantendrá dicho régimen, tal como está definido en la fecha de la autorización, durante los diez próximos años. [...]

119)    [...] Aun cuando la autorización no constituye una garantía de la perennidad del régimen ni de las ventajas que ofrece, la Comisión reconoce que la creación del centro, las inversiones realizadas y los compromisos contraídos se decidieron con la perspectiva razonable y legítima de una cierta continuidad en las condiciones económicas, incluido el régimen fiscal. Por esta razón, la Comisión ha decidido otorgar un período transitorio que permitirá la supresión gradual del régimen de cost plus para sus actuales beneficiarios.

120)    Habida cuenta de que las autorizaciones no confieren ningún derecho a la perennidad del régimen ni a las ventajas que se derivan de sus disposiciones, ni siquiera durante el período de autorización, la Comisión estima que en ningún caso pueden dar derecho a la renovación del beneficio del régimen más allá de la fecha de expiración de la autorización vigente. La limitación expresa de las autorizaciones a diez años impide incluso que se haya podido generar una confianza legítima en dicha renovación automática, que en la práctica equivaldría a una autorización perpetua.»

45.
    De acuerdo con las conclusiones que figuran en los puntos 121 a 123 de la exposición de motivos de la Decisión impugnada:

«121)    La Comisión observa que el régimen fiscal aplicable a los centros de coordinación en Bélgica es incompatible con el mercado común y que debe ponerse fin a la incompatibilidad de sus diferentes elementos, ya sea mediante su derogación, ya mediante su modificación. A partir de la fecha de la notificación de la presente Decisión, ya no podrá reconocerse el beneficio de dicho régimen ni de ninguno de los elementos que lo componen a nuevos beneficiarios ni prorrogarse mediante la renovación de autorizaciones vigentes. La Comisión observa que los centros autorizados en 2001 ya no se benefician del régimen desde el 31 de diciembre de 2002.

122)    Por lo que respecta a los centros que actualmente se benefician de dicho régimen, la Comisión reconoce que la Decisión de 1984 por la que se autorizaba el Real Decreto n. 187, así como la respuesta a una pregunta parlamentaria que dio el Comisario de la competencia, crearon en ellos una confianza legítima en que dicho régimen no infringía las normas del Tratado relativas a las ayudas de Estado.

123)    Por otro lado, en razón de las importantes inversiones que pueden haberse realizado sobre esa base, el respeto de la confianza legítima y de la seguridad jurídica de los beneficiarios justifica la concesión de un plazo razonable para la extinción de los efectos del régimen para los centros ya autorizados. La Comisión considera que este plazo razonable termina el 31 de diciembre de 2010. Los centros cuya autorización expire antes de dicha fecha ya no podrán beneficiarse de dicho régimen a partir de la fecha de expiración. A partir de la fecha de expiración de la autorización, y en todo caso a partir del 31 de diciembre de 2010, la concesión o el mantenimiento de las ventajas fiscales de que se trata sería ilegal.»

46.
    Según los dos primeros artículos de la parte dispositiva de la Decisión impugnada, tal como fue rectificada:

«Artículo 1

El régimen fiscal actualmente vigente en Bélgica en favor de los centros de coordinación autorizados con base en el Real Decreto n. 187 es un régimen de ayudas de Estado incompatible con el mercado común.

Artículo 2

Bélgica deberá suprimir el régimen de ayudas contemplado en el artículo 1 o modificarlo para hacerlo compatible con el mercado común.

A partir de la notificación de la presente Decisión, ya no podrá reconocerse el beneficio de dicho régimen ni de ninguno de los elementos que lo componen a nuevos beneficiarios ni prorrogarse mediante la renovación de autorizaciones vigentes.

Por lo que respecta a los centros ya autorizados con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, los efectos del régimen podrán mantenerse hasta que expire la autorización individual vigente en la fecha de la notificación de la presente Decisión, si bien como máximo hasta el 31 de diciembre de 2010. De conformidad con el párrafo segundo, en el caso de que la autorización se hubiera renovado con anterioridad a dicha fecha, ya no podrá concederse el beneficio del régimen objeto de la presente Decisión ni siquiera con carácter temporal.»

Los hechos posteriores a la Decisión impugnada

47.
    Las modificaciones del Real Decreto n. 187 que habían sido notificadas el 16 de mayo de 2002 por las autoridades belgas a la Comisión fueron adoptadas por el Parlamento belga el 24 de diciembre de 2002 y publicadas en el Moniteur belge el 31 de diciembre siguiente. Su entrada en vigor debe decidirse mediante Real Decreto.

48.
    El 23 de abril de 2003, la Comisión adoptó una primera decisión con respecto a las modificaciones del régimen de los centros de coordinación notificadas por las autoridades belgas (en lo sucesivo, «Decisión de 23 de abril de 2003»). La Comisión aprobó parcialmente el régimen resultante de dichas modificaciones, pero inició un procedimiento de investigación formal por lo que respecta al mantenimiento de determinadas exenciones fiscales.

49.
    Más concretamente, de dicha Decisión se desprende que la Comisión se declaró en principio conforme con la utilización del método a tanto alzado denominado «cost plus» y con la forma en que se aplicará en el futuro dicho método. En cambio, se inició el procedimiento de investigación por lo que respecta a la exención tributaria de que parecen beneficiarse las ventajas «anormales» o «gratuitas» otorgadas a los centros de coordinación, así como las exenciones de la retención a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario y de los derechos sobre las aportaciones de capital.

50.
    Por lo demás, de un telefax enviado por la Comisión a la Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de mayo de 2003 se desprende que, mediante escrito de 26 de mayo de 2003, el Reino de Bélgica notificó a la Comisión, con arreglo al artículo 88 CE, apartado 3, el hecho de que se proponía otorgar hasta el 31 de diciembre de 2005 el beneficio de determinadas medidas fiscales a las empresas que estaban sujetas al régimen de los centros de coordinación a 31 de diciembre de 2000 y cuya autorización expiraba entre el 17 de febrero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005.

51.
    El Reino de Bélgica también solicitó al Consejo, mediante escrito de ese mismo día, que dichas medidas fueran declaradas compatibles con el mercado común con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88 CE, apartado 2, párrafo tercero.

52.
    En su reunión de 3 de junio de 2003, el Consejo ECOFIN manifestó su acuerdo de principio sobre dicha solicitud y encargó al Comité de Representantes Permanentes que adoptara todas las medidas necesarias para permitir al Consejo adoptar la decisión solicitada lo antes posible, y en todo caso antes del fin del mes de junio de 2003.

Alegaciones de las partes

Sobre la admisibilidad del recurso en el asunto C-217/03 R

53.
    Forum 187 considera que debe declararse la admisibilidad de su recurso principal. Por un lado, sostiene que puede actuar en su propio nombre en la medida en que participó activamente en el procedimiento administrativo previo y en que la Decisión impugnada pone en peligro su propia razón de ser. Por otro lado, sostiene que está legitimada para actuar en nombre de sus miembros, que, a su vez, están directa e individualmente afectados por dicha Decisión.

54.
    En sus observaciones escritas, la Comisión alega, en cambio, que el recurso principal es manifiestamente inadmisible, lo que a su juicio conlleva la inadmisibilidad de la demanda de suspensión de la ejecución. En efecto, según la Comisión Forum 187 no está directa e individualmente afectada por la Decisión impugnada.

55.
    Según la Comisión, una asociación que tiene por objeto promover los intereses colectivos de una categoría de personas no está individualmente afectada por una medida que afecta a los intereses generales de dicha categoría. Por lo demás, el simple hecho de haber participado en el procedimiento administrativo previo no basta para adquirir la legitimación activa. Según la Comisión, Forum 187 no posee ningún estatuto concreto frente a las autoridades belgas, y tampoco su razón de ser corre peligro como consecuencia de la Decisión impugnada. Por lo que respecta a sus miembros, no poseen legitimación activa para impugnar una decisión relativa a un régimen general de ayudas, de forma que Forum 187 no puede actuar en su nombre.

Sobre el fumus boni iuris

56.
    El objeto de los recursos principales interpuestos por el Reino de Bélgica y por Forum 187 no coincide por completo. Mientras que Forum 187 solicita la anulación de la totalidad de la Decisión impugnada, el recurso de dicho Estado miembro tan sólo pretende la anulación de esta última en la medida en que no le autoriza a conceder, ni siquiera con carácter temporal, la renovación de la autorización a los centros de coordinación que se beneficiaban del régimen de que se trata a 31 de diciembre de 2000.

57.
    Por consiguiente, los motivos formulados por el Reino de Bélgica y por Forum 187 para acreditar el fumus boni iuris de sus respectivos recursos son diferentes, de modo que procede presentarlos por separado.

Sobre el fumus boni iuris en el asunto C-182/03 R

58.
    Con objeto de acreditar el fumus boni iuris, el Reino de Bélgica formula cuatro motivos, completados por un motivo nuevo formulado mediante escrito separado.

59.
    Mediante su primer motivo, sostiene que la Comisión, al no haber otorgado un plazo razonable ni a él mismo ni a los centros de coordinación cuya autorización individual expira en los meses siguientes a la notificación de la Decisión impugnada, infringió el artículo 88 CE, apartado 2, y los principios de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima y de proporcionalidad. La inexistencia de un plazo razonable no le permite, según el Reino de Bélgica, concluir el procedimiento legislativo necesario; no tiene en cuenta en modo alguno el procedimiento relativo a las modificaciones del régimen que notificó; es contrario al artículo 88 CE, apartado 2, el cual, tal como se desprende de la sentencia de 2 de julio de 1974, Italia/Comisión (173/73, Rec. p. 709), apartado 12, en principio otorga un plazo al Estado miembro para atenerse a la modificación de un régimen de ayudas existente, y le causa diversos perjuicios. Por lo que respecta a los centros de coordinación cuya autorización está próxima a expirar, la extinción anticipada del régimen de que se trata implica concretamente, según el Reino de Bélgica, el cese inmediato de sus actividades, con una consecuencias económicas muy considerables, desde el momento en que para preparar un cambio como ese se necesita un plazo mínimo de dieciocho meses.

60.
    Mediante su segundo motivo, el Reino de Bélgica alega que los centros de coordinación adquirieron una confianza legítima sobre la posibilidad de que se les renovara la autorización. Esta confianza legítima se deriva, por un lado, de los trabajos del Consejo relativos a las medidas fiscales desleales, de los que se desprende que los centros cuya autorización expire con anterioridad a 2005 podrían seguir beneficiándose del régimen actual hasta dicha fecha, ya sea mediante la renovación de su autorización o no. Por otro lado, de la legislación belga y de los trabajos preparatorios de la misma se desprende que el régimen de los centros de coordinación tiene un carácter permanente, lo que entraña el derecho a la renovación de la autorización siempre y cuando el centro cumpla las condiciones objetivas establecidas mediante el Real Decreto n. 187.

61.
    El tercer motivo se basa en una violación del principio de igualdad. Los centros cuya autorización expire en los meses siguientes a la adopción de la Decisión impugnada serán los únicos en no disponer de un plazo razonable, sin que exista ninguna justificación para dicha diferencia de trato.

62.
    Mediante su cuarto motivo, el Reino de Bélgica reprocha a la Decisión impugnada no estar suficientemente motivada desde un punto de vista jurídico por lo que respecta a las razones que llevaron a la Comisión, tras haber reconocido la necesidad de otorgar un período transitorio razonable, a prohibir indistintamente cualquier renovación de las autorizaciones a partir de la fecha de la notificación de dicha Decisión.

63.
    Según el motivo nuevo, la rectificación introducida en la Decisión impugnada hizo extremadamente incierta la interpretación que debe darse a dicha Decisión.

64.
    En sus observaciones escritas, la Comisión se declara dispuesta a considerar, en primer lugar, que el recurso principal no carece manifiestamente de fundamento, pero por lo demás formula observaciones relativas a los cinco motivos presentados por el Reino de Bélgica.

65.
    Sobre el primer motivo, la Comisión alega que dicho Estado miembro podría poner en vigor de manera inmediata el nuevo régimen cuyos elementos esenciales fueron autorizados mediante la Decisión de 23 de abril de 2003, de modo que no era necesario otorgar ningún plazo específico. Asimismo, sostiene que las autoridades belgas no están obligadas, con arreglo al Derecho nacional, a conceder la renovación de una autorización. Por lo que respecta al período transitorio que debería haberse otorgado a los centros de coordinación, la Comisión afirma que se inició en 1997, ya que, a partir de dicha fecha, dichos centros recibieron numerosas «señales» que anunciaban una revisión del régimen vigente.

66.
    Por lo que respecta a la confianza legítima que supuestamente se deriva de los trabajos del Consejo, la Comisión recuerda el carácter provisional que tienen estos últimos. Además, sostiene que los documentos del Consejo invocados por las autoridades belgas se prestan a otras lecturas diferentes de la realizada por estas últimas. Asimismo, niega el pretendido carácter permanente del régimen de los centros de coordinación.

67.
    La Comisión también niega la existencia de una discriminación, alegada mediante el tercer motivo. En particular, sostiene que todos los centros de coordinación cuya autorización se encontraba vigente en la fecha de adopción de la Decisión impugnada hubieran podido beneficiarse de una autorización con una duración mínima de diez años, incluidos los centros cuya autorización expira en los meses siguientes a la fecha de adopción de dicha Decisión. Por lo demás, recuerda su obligación de salvaguardar una competencia no falseada en el mercado común.

68.
    En respuesta al cuarto motivo, basado en una insuficiencia de motivación, la Comisión alega que, al igual que está obligada a dotar de una motivación específica una orden conminatoria por la que se imponga la devolución de una ayuda incompatible, tampoco tiene la obligación de proporcionar una motivación específica para justificar el ejercicio del deber de control permanente de los regímenes de ayudas existentes que le impone el artículo 88 CE, apartado 1.

69.
    En respuesta al motivo nuevo formulado por el Reino de Bélgica, la Comisión sostiene que la Decisión impugnada, tal como fue rectificada, permite a los centros de coordinación cuya autorización fuera renovada entre el 1 de enero de 2001 y el 17 de febrero de 2003 conservar el beneficio de los efectos del régimen de que se trata. Según la Comisión, no existe ninguna incertidumbre sobre el alcance de dicha Decisión y, en todo caso, las autoridades belgas fueron debidamente informadas con suficiente antelación de las intenciones de la Comisión. Ésta se pregunta, por tanto, por la admisibilidad de este nuevo motivo, y sostiene que, por lo demás, carece manifiestamente de fundamento.

Sobre el fumus boni iuris en el asunto C-217/03 R

70.
    Forum 187 formula cuatro motivos en apoyo del fumus boni iuris de su demanda.

71.
    Mediante el primer motivo, sostiene que la Decisión impugnada carece de base jurídica y viola el principio de seguridad jurídica. Habida cuenta de las posiciones adoptadas por la Comisión quince años antes, dicha Decisión no puede fundarse en el artículo 1, letra b), inciso v), del Reglamento n. 659/1999, desde el momento en que no hace referencia a ninguna evolución del mercado común, ni en los artículos 87 CE y 88 CE. Tampoco puede invocar el derecho de la Comisión a rectificar sus errores, habida cuenta del tiempo transcurrido. En estas circunstancias, Forum 187 afirma que se violó el principio de seguridad jurídica, basado en el respeto de la intangibilidad de las decisiones anteriores.

72.
    Mediante su segundo motivo, Forum 187 alega que el análisis que figura en la Decisión impugnada según el cual el régimen fiscal de los centros de coordinación está comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1, adolece de varios errores. Según afirma, la argumentación es demasiado esquemática, debido al carácter global del análisis realizado. Dicha Decisión no distingue correctamente la competencia entre regímenes fiscales nacionales de la competencia entre empresas. Vulnera la soberanía de los Estados miembros en materia de fiscalidad. En la práctica, un gran número de centros no obtienen ninguna ventaja económica del régimen de que se trata. Este régimen no implica ninguna pérdida de ingresos para el Estado belga, ya que, si no existiera, la mayor parte de los centros no se hubieran establecido en Bélgica. Tampoco supone una restricción de la competencia, ya que pueden acceder a él todas las multinacionales, que son las únicas que necesitan contar con un centro dedicado a la prestación de servicios transfronterizos en el seno de un grupo, y tampoco afecta al comercio entre Estados miembros. Además, afirma que la Comisión invirtió indebidamente la carga de la prueba en detrimento de las autoridades belgas.

73.
    El tercer motivo está basado en una vulneración de la confianza legítima que la Comisión generó en los centros de coordinación. Por una parte, según Forum 187 no existe la certeza de que los centros autorizados con anterioridad al 31 de diciembre de 2000 pero cuya autorización fuera renovada o modificada entre dicha fecha y la fecha de adopción de la Decisión impugnada se beneficien de un período transitorio. Por otra parte, no se prevé ningún período transitorio para los centros cuya autorización expira con posterioridad a la fecha de adopción de dicha Decisión. Habida cuenta del hecho de que el cierre y el traslado de un centro pueden llegar a prolongarse durante dos años, la Comisión incurrió en un error al centrarse exclusivamente en la duración legal de la autorización, sin tener en cuenta las dificultades prácticas y funcionales que se derivan de su Decisión.

74.
    Mediante el cuarto y último motivo se reprocha a la Decisión impugnada una insuficiencia de motivación, en particular por lo que respecta a las razones que llevaron a la Comisión a revisar las Decisiones de 1984 y de 1987, así como a la justificación del período transitorio concedido.

75.
    En respuesta al primer motivo, la Comisión sostiene que la Decisión impugnada se basa en el artículo 88 CE. En la medida en que se considere necesario hacer una referencia al Reglamento n. 659/1999, la Comisión invoca el artículo 1, letra b), inciso ii), de dicho Reglamento, que incluye en la definición de «ayuda existente» cualquier ayuda previamente autorizada por la Comisión o por el Consejo. En el presente caso, según la Comisión las Decisiones de 1984 y de 1987 no constituyen un obstáculo a una acción de la Comisión, siempre y cuando el régimen fiscal de que se trata deba considerarse efectivamente como una ayuda y no se vulnere la confianza legítima de los interesados.

76.
    La Comisión también refuta todos los argumentos invocados por Forum 187 en el marco de su segundo motivo. Según afirma, un régimen de ayudas puede evaluarse con base en sus características generales. La Comisión sostiene que obró acertadamente al tener en cuenta todos los efectos sobre la competencia del régimen de que se trata. La Decisión impugnada no constituye una armonización encubierta ni un cuestionamiento de la soberanía de los Estados miembros, sino una simple aplicación de las normas del Tratado. Según la Comisión, la situación particular de determinadas empresas carece de pertinencia para la apreciación global del régimen de que se trata. El hecho de que, en razón de sus efectos, éste pueda proporcionar ingresos fiscales al Estado belga no permite excluir en modo alguno la existencia de una ayuda. El carácter selectivo de dicho régimen se debe precisamente al hecho de que su aplicación está reservada a las multinacionales que prestan servicios en el seno de un grupo. Además, la Comisión afirma que no invirtió la carga de la prueba.

77.
    Por lo que respecta al tercer motivo, basado en una vulneración de la confianza legítima de los beneficiarios del régimen de que se trata, la Comisión considera que la Decisión impugnada contiene las disposiciones transitorias adecuadas.

78.
    En respuesta al cuarto motivo, la Comisión sostiene que dicha Decisión está suficientemente motivada.

Sobre la urgencia y la ponderación de los intereses

79.
    El Reino de Bélgica y Forum 187 aducen, en particular, el perjuicio que se deriva de la imposibilidad de renovar el estatuto de los centros de coordinación cuya autorización expire con posterioridad a la fecha de la notificación de la Decisión impugnada, pero antes de que se resuelva el litigio sobre el fondo. En efecto, según afirman, la aplicación de dicha Decisión tiene como consecuencia el cese inmediato de las actividades de tales centros en Bélgica.

80.
    Según el Reino de Bélgica, la percepción de la retención a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario sobre todos los flujos financieros de los centros de coordinación se traduciría en un anticipo de tesorería desproporcionado, ya que el importe total de la retención a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario superaría ampliamente el importe total del impuesto sobre sociedades, lo que por lo demás daría lugar a una doble imposición. En consecuencia, los centros se verían obligados a suspender sus actividades y trasladarse al extranjero, de donde ya no regresarían posteriormente, habida cuenta de las inversiones a largo plazo realizadas. Esta situación afecta, según el Reino de Bélgica, a una decena de centros.

81.
    Según el Reino de Bélgica, este perjuicio se materializará antes de que concluya el procedimiento principal y antes incluso de que el Reino de Bélgica esté en condiciones de adaptar su legislación e implantar, con el acuerdo de la Comisión, un nuevo régimen que pueda ofrecer a los centros un marco de actuación que les permita proseguir con sus actividades en Bélgica y, por consiguiente, evitar unas consecuencias tan perjudiciales. Según el Reino de Bélgica, la aprobación parcial del nuevo régimen notificado por las autoridades belgas no resolvería en modo alguno algunos aspectos fundamentales relativos, en particular, a la retención a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario.

82.
    Según el Reino de Bélgica, los perjuicios que sufrirá como consecuencia de este fenómeno de deslocalización son de tres tipos. En primer lugar, supondrá la pérdida de hasta cerca de cuatrocientos cincuenta puestos de trabajo, que debido a la crisis económica actual y a las competencias muy específicas del personal afectado no podrán compensarse. En segundo lugar, se debilitaría el sector de centros de coordinación, cuya importancia en Bélgica es bien conocida, y su reputación se vería afectada negativamente. En efecto, la inexistencia de un período transitorio satisfactorio cuestiona la estrategia de implantación a largo plazo de los centros. En tercer lugar, esta evolución privará al Estado belga de una importante fuente de ingresos fiscales y de cotizaciones a la seguridad social, tanto directa como indirectamente.

83.
    Forum 187 alega las dificultades comerciales que sufrirán los centros cuya autorización expire antes de que se resuelva el litigio principal. Sus actividades, al igual que las de sus respectivos grupos, se verán gravemente perturbadas si se ven obligados a cerrar sin poder disfrutar de un período transitorio suficiente como para reorganizar sus actividades. La supresión repentina de un centro de coordinación obligará a la multinacional a modificar radicalmente su forma de funcionar, lo que generará importantes gastos y será sumamente perjudicial para su actividad económica. Asimismo, dificultará la trasferencia de los contratos vigentes a otras unidades del propio grupo. Por lo demás, estas consecuencias serán irreversibles. Según afirma, hay ya ocho solicitudes de renovación de autorizaciones pendientes de resolución y otras veintiocho solicitudes de este tipo pendientes aún de ser presentadas.

84.
    Forum 187 se refiere asimismo a la situación en la que se encuentran los centros cuya autorización fue renovada o modificada entre el 1 de enero de 2001 y el 17 de febrero de 2003. Si la Decisión impugnada pudiera implicar para ellos el fin inmediato del régimen de que se trata, ello supondría una incertidumbre jurídica que, en sí misma, constituye un perjuicio grave e irreparable, además de causar considerables perjuicios comerciales. No obstante, Forum 187 desistió de esta alegación a raíz de la adopción por parte de la Comisión de una rectificación a dicha Decisión.

85.
    El Reino de Bélgica y Forum 187 sostienen que la ponderación de los intereses se inclina a favor de la concesión de una suspensión de la ejecución. Tanto uno como otra insisten sobre el hecho de que la Comisión ha admitido el régimen de los centros de coordinación durante veinte años y ha otorgado un período transitorio hasta el 2010, de modo que, en su opinión, el interés comunitario en oponerse a la suspensión es escaso. El Reino de Bélgica señala, en particular, que la concesión de un período transitorio suficiente y adecuado es conforme con el interés comunitario, y que el interés perseguido por la Comisión mediante la prohibición inmediata de una medida que ella misma había autorizado durante veinte años no puede primar sobre el interés de dicho Estado miembro y de los centros en evitar un perjuicio grave e irreparable. Forum 187 subraya el perjuicio concreto que se derivaría para sus miembros de semejante prohibición, y lo compara con el débil efecto de distorsión de la competencia que, según afirma, produce el régimen de que se trata.

86.
    Por su parte, la Comisión considera que el requisito de la urgencia no se cumple ni por lo que respecta a los centros de coordinación ni por lo que respecta al Reino de Bélgica.

87.
    Por lo que respecta al perjuicio alegado por dicho Estado miembro, la Comisión expone, con carácter preliminar, que éste no puede invocar los perjuicios sufridos por los centros de coordinación, ya que éstos no constituyen un sector entero de la economía belga y, en el presente caso, tan sólo se ven afectados una decena de centros.

88.
    La Comisión sostiene, asimismo, que el perjuicio invocado no se deriva de la ejecución inmediata de la Decisión impugnada, en la medida en que ésta no prohíbe en absoluto el mantenimiento de los centros en Bélgica. Los eventuales ceses de actividades o traslados de los centros al extranjero serán el resultado de la decisión individual de los centros afectados, que tomarán en cuenta, a este respecto, numerosos parámetros, y no sólo los de carácter fiscal.

89.
    Por lo demás, los elementos esenciales del nuevo régimen fiscal de los centros de coordinación fueron autorizados el 23 de abril de 2003, y su entrada en vigor podría decidirse sin necesidad de ningún plazo adicional. Dicho régimen no exige ninguna adaptación significativa del sistema contable de los centros. Según la Comisión, el hecho de que haya incoado el procedimiento de investigación por lo que respecta a determinados aspectos del régimen y, en concreto, a la exención de la retención a cuenta sobre el rendimiento del capital mobiliario, no supone realmente ningún obstáculo para los centros. A este respecto, recuerda, por un lado, que la retención a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario no se adeuda sobre la totalidad de los flujos financieros generados entre el centro de coordinación y las sociedades del grupo, sino únicamente sobre el pago periódico de intereses por parte del centro a dichas sociedades, y, por otro lado, que el pago de dicha retención a cuenta está sujeto a numerosas excepciones con arreglo al Derecho tributario general.

90.
    Por lo que se refiere a la magnitud del perjuicio alegado, la Comisión cuestiona, en primer lugar, que el perjuicio supuestamente causado por la aplicación inmediata de la Decisión impugnada para la decena de centros de coordinación afectados pueda demostrarse válidamente sin realizar ni la más mínima referencia a la situación individual de cada uno de ellos. A continuación, considera que este eventual perjuicio es de índole meramente financiera, y no pone en modo alguno en peligro la propia existencia de los centros. Además, los centros forman parte de grupos internacionales importantes, y disponen de los recursos financieros necesarios para afrontar incrementos de los costes. Por lo que respecta a los supuestos compromisos contractuales y a las inversiones a largo plazo, la Comisión señala que la demanda del Reino de Bélgica no contiene ninguna indicación precisa. Por último, afirma que los centros han recibido numerosas señales desde 1997, de modo que hubieran podido anticipar la decisión finalmente adoptada.

91.
    De la inexistencia de un perjuicio grave e irreparable para los centros afectados, la Comisión deduce incluso la inexistencia de un perjuicio para el Reino de Bélgica. Además, aun cuando llegara a producirse el cese de las actividades o el traslado al extranjero de una decena de centros, ello no tendría un impacto significativo sobre la economía belga. Según la Comisión, en todo caso las autoridades belgas están en condiciones de prevenir cualquier posible perjuicio aplicando sin demora el nuevo régimen de los centros de coordinación.

92.
    Por lo que respecta al perjuicio invocado por Forum 187, la Comisión recuerda que los centros cuya autorización fue renovada o modificada entre el 1 de enero de 2001 y el 17 de febrero de 2003 pueden continuar beneficiándose de su autorización.

93.
    En relación con los demás centros, la Comisión formula observaciones sustancialmente idénticas a las expuestas en los puntos 88 a 89 del presente auto.

94.
    En relación con la ponderación de los intereses, la Comisión menciona su interés en que sus actos sean ejecutados, aun cuando sean objeto de un recurso contencioso, y en que no se vea obstaculizada su acción de mantenimiento de una competencia no falseada. También invoca los intereses de terceros competidores que sufren la situación existente. El hecho de que el régimen belga fuera considerado como una medida fiscal desleal en el marco de los trabajos del Consejo pone de manifiesto, según la Comisión, que existe un interés comunitario en su supresión o modificación. Además, recuerda que la Decisión impugnada no contempla medidas de recuperación de las ayudas, de modo que, a su juicio, no cabe duda de que el interés comunitario debería primar sobre el de los centros de coordinación afectados.

Apreciación

95.
    De conformidad con los artículos 242 CE y 243 CE, el Tribunal de Justicia puede ordenar, si estima que las circunstancias así lo exigen, la suspensión de la ejecución del acto impugnado u ordenar las medidas provisionales necesarias en los asuntos de que esté conociendo.

96.
    En el artículo 83, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento se exige que las demandas de este tipo de medidas especifiquen el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada.

97.
    Según una reiterada jurisprudencia, el juez de medidas provisionales puede ordenar la suspensión de la ejecución y las medidas provisionales si se demuestra que su concesión está justificada a primera vista de hecho y de Derecho (fumus boni iuris) y que son urgentes, en el sentido de que para evitar que los intereses de la parte demandante sufran un perjuicio grave e irreparable es necesario que tales medidas sean acordadas y surtan efectos desde antes de que se resuelva sobre el procedimiento principal (auto de 21 de marzo de 1997, Países Bajos/Consejo, C-110/97 R, Rec. p. I-1795, apartado 24). El juez de medidas provisionales debe proceder asimismo, en su caso, a la ponderación de los intereses en conflicto.

Sobre la admisibilidad del recurso en el asunto C-217/03 R

98.
    Según una jurisprudencia consolidada, el problema de la admisibilidad del recurso principal no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento de medidas provisionales so pena de prejuzgar el fondo del asunto. Sin embargo, si lo que se plantea es la inadmisibilidad manifiesta del recurso, corresponde al juez de medidas provisionales comprobar que, a primera vista, el recurso presenta elementos que permiten deducir, con una cierta probabilidad, su admisibilidad (auto de 24 de septiembre de 1996, Reino Unido/Comisión, asuntos acumulados C-239/96 R y C-240/96 R, Rec. p. I-4475, apartado 37).

99.
    Dicho examen de la admisibilidad del recurso es necesariamente sumario, habida cuenta del carácter urgente del procedimiento de medidas provisionales. La conclusión a la que llega el juez de medidas provisionales no prejuzga, por lo demás, la decisión que deberá tomar el Tribunal de Justicia tras el examen del recurso principal.

100.
    La Comisión alega que el recurso principal en el asunto C-217/03 es manifiestamente inadmisible. Según afirma, Forum 187 no está individualmente afectada por la Decisión impugnada, ni en razón de sus intereses propios ni en la medida en que defiende los intereses colectivos de empresas que, a su vez, resulten individualmente afectadas por dicha Decisión.

101.
    Por lo que respecta a la referencia a la defensa de los intereses propios de Forum 187, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, si bien la defensa de intereses generales y colectivos de una categoría de justiciables no basta para sustentar la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una asociación, una asociación encargada de defender los intereses colectivos de empresas está legitimada, sin embargo, para interponer un recurso contra una decisión final de la Comisión en materia de ayudas de Estado si puede invocar un interés propio en el ejercicio de la acción, concretamente debido a que su posición negociadora se ha visto afectada por el acto cuya anulación se solicita (sentencias de 2 de febrero de 1988, Van der Kooy y otros/Comisión, asuntos acumulados 67/85, 68/85 y 70/85, Rec. p. 219, apartados 20 a 24, y de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros/Comisión, C-313/90, Rec. p. I-1125, apartados 29 y 30).

102.
    En el presente caso, para acreditar su interés propio en el ejercicio de la acción, Forum 187 alega, además de la circunstancia de que participó activamente en el procedimiento de examen de la medida de que se trata, el hecho de que representa a la totalidad de los centros de coordinación y de que su propia razón de ser se ve afectada por la Decisión impugnada.

103.
    Aun cuando la Comisión respondió a estos argumentos alegando que la Decisión impugnada no implica la eliminación ni la expulsión de Bélgica de los miembros de Forum 187, no es menos cierto que las circunstancias particulares invocadas por dicha asociación, por un lado, exigen apreciar el verdadero alcance de dicha Decisión y sus consecuencias probables para la suerte de la asociación y, por otro, pueden plantear la cuestión de si una asociación cuya razón de ser se ve afectada por una decisión puede, por ello, invocar un interés propio en solicitar su anulación.

104.
    Por lo que respecta a la referencia de Forum 187 a la defensa de los intereses de sus miembros, que según afirma resultan individualmente afectados por la Decisión impugnada, procede señalar que, en el presente caso, si bien es cierto que dicha Decisión se refiere a un régimen general de ayudas, lo que apunta en el sentido de la inadmisibilidad del eventual recurso de una empresa beneficiaria de dicho régimen, también contiene disposiciones transitorias que afectan directamente a la suerte de categorías cerradas de operadores, a saber, los centros de coordinación que ya dispusieran de una autorización en la fecha de la notificación de la Decisión impugnada y cuya autorización ya no pueda renovarse o caduque de manera anticipada el 31 de diciembre de 2010.

105.
    La admisibilidad de un recurso interpuesto por dichos operadores y, como consecuencia ello, del de la asociación que los representa, no puede decidirse en la fase del procedimiento de medidas provisionales.

106.
    En efecto, hay que reconocer que, en el caso de una empresa que había percibido una ayuda ilegal cuya recuperación había sido ordenada por la Comisión, el Tribunal de Justicia declaró la admisibilidad del recurso de anulación interpuesto por dicha empresa contra la decisión negativa de la Comisión, y ello pese a que dicha decisión se refería a un régimen de ayudas (sentencia de 19 de octubre de 2000, Italia y Sardegna Lines/Comisión, asuntos acumulados C-15/98 y C-105/99, Rec. p. I-8855, apartados 31 a 35).

107.
    Por consiguiente, aun cuando las circunstancias del presente caso parezcan diferentes, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre estas cuestiones de admisibilidad no parece suficientemente consolidada como para concluir, en el marco del presente procedimiento, que debe declararse la inadmisibilidad manifiesta del recurso de Forum 187 en la medida en que, mediante el mismo, pretende defender los intereses de sus miembros.

108.
    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, no puede desestimarse por manifiestamente inadmisible la demanda de suspensión de la ejecución presentada por Forum 187.

Sobre el objeto de la demanda de suspensión de la ejecución

109.
    Interrogada sobre este particular en la vista, la demandante en el asunto C-217/03 R confirmó que, habida cuenta de la rectificación de que había sido objeto la Decisión impugnada, su demanda de suspensión de la ejecución, pese a estar formulada en unos términos más generales, coincidía, desde un punto de vista material, con la demanda presentada en el asunto C-182/03 R.

Sobre el alcance del régimen transitorio establecido mediante la Decisión impugnada

110.
    Con carácter preliminar, y teniendo en cuenta la adopción de una rectificación a la Decisión impugnada y las opiniones divergentes formuladas a este respecto por las partes en el marco de la fase escrita del procedimiento, procede precisar el alcance exacto del régimen transitorio establecido mediante dicha Decisión.

111.
    A este respecto, interrogadas en la vista, las partes aceptaron, a efectos del presente procedimiento, referirse a la Decisión impugnada tal como fue rectificada y tal como la interpretó la Comisión en sus observaciones escritas (véase el punto 69 del presente auto).

112.
    En estas circunstancias, procede, a efectos del presente procedimiento, interpretar la Decisión impugnada en el sentido de que todos los centros de coordinación que poseían una autorización en la fecha de la notificación de dicha Decisión pueden continuar beneficiándose de ella hasta que expire su autorización individual, si bien como máximo hasta el 31 de diciembre de 2010.

113.
    Habida cuenta de lo anterior, no procede, en particular, tomar en consideración ni el motivo nuevo formulado por el Reino de Bélgica, expuesto en el punto 63 del presente auto, ni los argumentos formulados por Forum 187 en relación con los centros cuya autorización fue renovada o modificada durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y la fecha de la notificación de la Decisión impugnada que se resumen en el apartado 84 del presente auto.

Sobre el fumus boni iuris

114.
    A efectos de la apreciación de las demandas de suspensión de la ejecución, resulta apropiado examinar, en particular, en un primer momento, los motivos relativos a la inexistencia de medidas transitorias apropiadas en la Decisión impugnada, lo que debería permitir, en un segundo momento, arrojar más luz sobre el perjuicio alegado por el Reino de Bélgica y por Forum 187. En efecto, la cuestión del carácter apropiado de las medidas transitorias establecidas mediante dicha Decisión se encuentra en el centro del presente procedimiento, Por un lado, las propias demandas de suspensión de la ejecución tienen por objeto obtener un régimen transitorio más favorable. Por otro, la urgencia alegada se basa en las consecuencias que se derivan del carácter supuestamente inapropiado de las medidas transitorias contenidas en dicha Decisión.

115.
    Las críticas formuladas por el Reino de Bélgica y Forum 187 con respecto a las disposiciones transitorias de la Decisión impugnada se refieren al artículo 88 CE, apartado 2, así como a los principios de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima generada tanto en dicho Estado miembro como en los centros de coordinación, de proporcionalidad y de igualdad.

116.
    En el marco de la apreciación del fumus boni iuris, no compete al juez de medidas provisionales pronunciarse con carácter definitivo sobre estos diferentes motivos. Con esta salvedad, procede señalar, sin embargo, que a primera vista parecen sólidos.

117.
    Para apreciar su alcance, procede recordar de inmediato el contexto en el que se inscribe la Decisión impugnada. En efecto, la concesión de la suspensión de la ejecución de un acto no puede hacer abstracción del marco jurídico en el que éste se inscribe.

118.
    Ninguna de las partes discutió que, en la medida en que la Comisión había considerado anteriormente que el régimen fiscal de los centros de coordinación no contenía ningún elemento de ayuda incluido dentro del ámbito de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1, dicho régimen podía seguir aplicándose en tanto la Comisión no declarara su incompatibilidad con el mercado común (véanse, por analogía, en relación con un régimen de ayudas existente, las sentencias de 15 de marzo de 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, Rec. p. I-877, apartado 20, y de 9 de octubre de 2001, Italia/Comisión, C-400/99, Rec. p. I-7303, apartado 61).

119.
    Asimismo, a primera vista parece que ni la propuesta de medidas apropiadas dirigida al Reino de Bélgica por la Comisión ni la posterior incoación, mediante la decisión de 27 de febrero de 2002, del procedimiento de investigación formal, produjeron efectos jurídicos autónomos con respecto a dicho Estado miembro o a los centros de coordinación. En particular, la calificación como ayuda existente y las dudas relativas a la compatibilidad de dicha ayuda con el mercado común, tal como fueron expresadas en dicha Decisión, tenían un carácter provisional y no implicaban que la Comisión hubiera decidido revocar las Decisiones de 1984 y de 1987. En efecto, no podía excluirse que, a la luz de las informaciones presentadas por los interesados en el marco del procedimiento de investigación formal, la Comisión llegue a una conclusión diferente y considere, en definitiva, que el régimen de los centros de coordinación no constituye una ayuda o contiene únicamente elementos de ayuda compatibles con el Tratado. Procede señalar, a este respecto, que estos son los motivos por los cuales, mediante el auto de 2 de junio de 2003, Forum 187/Comisión (T-276/02, Rec. p II-0000), el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del recurso de anulación interpuesto por Forum 187 contra dicha Decisión de 27 de febrero de 2002.

120.
    En consecuencia, el Reino de Bélgica y Forum 187 no debían esperar necesariamente que la Comisión adoptara una decisión cuyo contenido fuera el que tiene la Decisión impugnada.

121.
    Del mismo modo, tampoco podían conocer de antemano la fecha en la que se pronunciaría la Comisión.

122.
    Es con base en estos elementos como debe examinarse de manera sumaria, a la luz de los motivos invocados por el Reino de Bélgica y por Forum 187, el carácter apropiado de las disposiciones transitorias contenidas en la Decisión impugnada.

123.
    En el caso de dicho Estado miembro, a primera vista parece que las obligaciones de acción o de omisión que se derivan de la parte dispositiva de la Decisión impugnada se le imponen a partir del mismo día de la notificación de dicha Decisión, sin otorgarle un plazo concreto para prepararse. Por lo demás, al Reino de Bélgica tan sólo se le autoriza a otorgar un período transitorio en el caso de las autorizaciones vigentes, y ya no puede otorgar ninguna nueva renovación de autorización.

124.
    En la fase actual, no puede excluirse que la inexistencia de dicho plazo vicie de ilegalidad la Decisión impugnada, desde el momento en que ésta se inscribía en el marco de la revisión, en aplicación del artículo 88 CE, apartados 1 y 2, de una normativa que hasta entonces había sido aprobada por la Comisión.

125.
    Ciertamente, la Comisión alega que, habida cuenta de la actitud parcialmente positiva que adoptó en la Decisión de 23 de abril de 2003, el Reino de Bélgica estaba en condiciones de poner en vigor de manera inmediata un nuevo régimen fiscal para los centros de coordinación.

126.
    No obstante, este argumento, aunque puede tener una cierta importancia en el marco de la apreciación de la urgencia, resulta menos convincente, en cambio, a primera vista, en el fase de apreciación del fumus boni iuris, pues en ella la validez de la Decisión impugnada debe apreciarse situándose de nuevo en la fecha en la que fue adoptada.

127.
    Por lo que respecta a los centros de coordinación, tampoco puede excluirse sin más que pudiera existir, en su caso, una cierta confianza legítima en la adopción, en caso de decisión negativa de la Comisión, de medidas transitorias que ampararan durante un período razonable a la totalidad de los centros, cualquiera que fuera la fecha de expiración de su autorización.

128.
    En conclusión, del conjunto de los elementos anteriores se desprende que no pueden desestimarse en esta fase, sin perjuicio de las apreciaciones que deberán efectuarse en el marco del examen del recurso principal, las afirmaciones del Reino de Bélgica y de Forum 187 según las cuales la Comisión hubiera debido otorgar un plazo a dicho Estado miembro para permitirle atenerse a la Decisión impugnada, y a los centros de coordinación cuya autorización expiraba poco después para permitirles reorganizarse.

129.
    En consecuencia, procede proseguir con el examen de los requisitos a los que está supeditada la concesión de la suspensión de la ejecución solicitada.

Sobre la urgencia y la ponderación de los intereses

130.
    Para apreciar la urgencia de la suspensión solicitada, procede examinar si esta última es necesaria para evitar un perjuicio grave que no podría repararse aun cuando se estimara el recurso principal.

131.
    A este respecto, parece que la suspensión casi inmediata del régimen fiscal de los centros de coordinación para una categoría de estos últimos, a saber, aquellos cuya autorización expira a corto plazo, puede tener consecuencias de una cierta gravedad y en buena parte irreversibles.

132.
    Este perjuicio no se reducirá a la suma de las eventuales consecuencias pecuniarias negativas que producirá la Decisión impugnada para los centros de coordinación cuya autorización expire en los meses siguientes a la notificación de dicha Decisión.

133.
    En efecto, con objeto de poner fin a la aplicación de un régimen aplicable desde hace muchos años sin esperar a una apreciación global y definitiva sobre el régimen destinado a sucederlo, la Decisión impugnada crea una situación de incertidumbre jurídica perjudicial tanto para el Reino de Bélgica como para los grupos a los que pertenecen los centros de coordinación afectados.

134.
    Ahora bien, dicho Estado miembro tiene un interés cierto, concretamente por los motivos expuestos en el apartado 82 del presente auto, en que se le permita ofrecer a los operadores económicos un entorno legal y fiscal carente de incertidumbre en la medida de lo posible.

135.
    Igualmente, para algunos centros de coordinación la existencia de un vacío jurídico con respecto a su régimen fiscal específico que se produciría entre la expiración del régimen actual y la entrada en vigor del nuevo régimen parece que puede crear importantes dificultades.

136.
    Con todo, la Comisión sostiene que el Reino de Bélgica está en condiciones de evitar el perjuicio alegado si pone en vigor un nuevo régimen conforme a la Decisión impugnada y a la Decisión de 23 de abril de 2003.

137.
    No obstante, no parece posible, en la fase del procedimiento de medidas provisionales, apreciar hasta qué punto el Reino de Bélgica está efectivamente en condiciones de implantar de manera urgente un régimen nuevo que no infrinja ninguna de estas dos Decisiones.

138.
    Mediante la Decisión impugnada, la Comisión impuso a dicho Estado miembro la obligación de suprimir el régimen de los centros de coordinación o «modificarlo para hacerlo compatible con el mercado común», sin proporcionar, sin embargo, ninguna indicación precisa sobre la naturaleza exacta de las modificaciones necesarias para ello. Esta falta de indicaciones parece confirmar la dificultad de la tarea del Estado miembro interesado.

139.
    Las modalidades de este hipotético régimen fiscal que podría entrar en vigor de manera inmediata, sin esperar a que finalice el procedimiento de investigación formal, tampoco se desprenden de manera evidente de la Decisión de 23 de abril de 2003. Así, si bien la Comisión aceptó el principio de un método de determinación a tanto alzado de las rentas imponibles de los centros de coordinación, se opuso, de manera provisional, a que las ventajas anormales o gratuitas otorgadas a los centros por los miembros del grupo al que pertenecen no se sumen a la base imponible obtenida aplicando dicho método.

140.
    Además, en la vista el Reino de Bélgica afirmó, en respuesta a las observaciones de la Comisión, que la entrada en vigor parcial del nuevo régimen fiscal no podía instrumentarse por la vía rápida de la adopción de un Real Decreto, sino que requeriría modificaciones de carácter legislativo.

141.
    El riesgo de causar un perjuicio difícilmente reparable como consecuencia de la aplicación inmediata de la Decisión impugnada debe considerarse, por tanto, suficientemente acreditado.

142.
    En estas circunstancias, el juez de medidas provisionales debe ponderar los riesgos asociados a cada una de las soluciones posibles. En concreto, esto implica examinar si el interés del Reino de Bélgica y de Forum 187 en obtener la suspensión parcial de la ejecución de la Decisión impugnada debe prevalecer o no sobre el interés que reviste la aplicación inmediata de ésta. En el marco de dicho examen, debe determinarse si la anulación, en su caso, de la Decisión controvertida por el juez que conoce del fondo permitiría invertir la situación provocada por su ejecución inmediata y, al contrario, si la suspensión de la ejecución de dicha Decisión podría entorpecer la plena eficacia de ésta en el supuesto de que se desestimara el recurso principal [autos de 19 de julio de 1995, Comisión/Atlantic Container Line y otros, C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, apartado 50, y de 12 de julio de 1996, Reino Unido/Comisión, C-180/96 R, Rec. p. I-3903, apartado 89].

143.
    A este respecto, no queda más remedio que señalar que, al margen del interés general que se atribuye a la aplicación de los actos de las instituciones comunitarias, la Comisión no ha explicado en modo alguno el alcance del perjuicio para el mercado interior que se derivaría si la extinción progresiva hasta el 31 de diciembre de 2010 del actual régimen fiscal de los centros de coordinación no contemplara la aplicación inmediata de una prohibición de renovación de las autorizaciones controvertidas.

144.
    Por el contrario, al insistir sobre el escaso número de centros de coordinación afectados, la Comisión ha dejado ver más bien que la suspensión de la ejecución solicitada no tendría unos efectos económicos significativos. Además, en la vista admitió que no había recibido ninguna denuncia de competidores que permitiera acreditar, mediante una comparación de las respectivas evoluciones de las empresas afectadas, los efectos concretos de distorsión de la competencia que provocaría la concesión de la suspensión de la ejecución.

145.
    En cambio, tal como se desprende de las anteriores consideraciones las consecuencias para el Reino de Bélgica y para Forum 187 derivadas de la no suspensión de la ejecución no parecen ni hipotéticas ni carentes de una cierta gravedad.

146.
    Por lo demás, en el presente caso resulta determinante el hecho de que, de no concederse la suspensión solicitada, una eventual decisión en el procedimiento principal a favor de dichas partes carecería en buena medida de eficacia, al menos por lo que respecta al régimen transitorio de la Decisión impugnada, ya que la eventuales medidas financieras que puedan adoptarse no parecen adecuadas para restablecer de manera retroactiva la estabilidad del marco normativo de los centros de coordinación.

147.
    Además, hay que tener en cuenta el hecho de que el Reino de Bélgica actuó con diligencia para evitar que se produjera el perjuicio alegado. En efecto, dicho Estado miembro notificó a la Comisión, en mayo de 2002, una serie de modificaciones al régimen existente con el fin de responder a las preocupaciones expresadas por la Comisión en su propuesta de medidas apropiadas.

148.
    En consecuencia, procede ordenar la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada en la medida en que ésta prohíbe al Reino de Bélgica renovar las autorizaciones de los centros de coordinación vigentes en la fecha de la notificación de dicha Decisión. Procede precisar que los efectos de las eventuales renovaciones que se concedan con base en el presente auto no podrán ir más allá del día en que se dicte sentencia en el procedimiento principal.

En virtud de todo lo expuesto,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

resuelve:

1)    Suspender la ejecución de la Decisión C(2003) 564 final de la Comisión, de 17 de febrero de 2003, relativa al régimen de ayudas ejecutado por Bélgica en favor de los centros de coordinación establecidos en Bélgica, en la medida en que prohíbe al Reino de Bélgica renovar las autorizaciones de los centros de coordinación vigentes en la fecha de la notificación de dicha Decisión.

2)     Los efectos de las eventuales renovaciones que se concedan con base en el presente auto no podrán ir más allá del día en que se dicte sentencia en el procedimiento principal.

3)    Reservar la decisión sobre las costas.

Dictado en Luxemburgo, a 26 de junio de 2003.

El Secretario

El Presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias


1: Lengua de procedimiento: francés.