Language of document : ECLI:EU:T:2022:281

Asunto T151/20

República Checa

contra

Comisión Europea

 Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 11 de mayo de 2022

«Recursos propios de la Unión — Responsabilidad financiera de los Estados miembros — Derechos de importación — Pago a la Comisión de los importes correspondientes a recursos propios no percibidos — Recurso basado en un enriquecimiento sin causa de la Unión — Obligaciones de los Estados miembros en materia de recursos propios — Obligación de garantía — Exención de la puesta a disposición de los importes correspondientes a los derechos constatados declarados irrecuperables»

1.      Derecho de la Unión Europea — Principios — Principio de prohibición del enriquecimiento sin causa de la Unión — Vía de recurso — Recurso de indemnización — Requisito — Enriquecimiento sin base legal de la Unión y empobrecimiento correlativo del demandante

(Arts. 268 TFUE y 340 TFUE, párr. 2; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)

(véanse los apartados 40 y 41)

2.      Recursos propios de la Unión Europea — Constatación y puesta a disposición por los Estados miembros — Puesta a disposición sujeta a reservas — Recurso basado en el enriquecimiento sin causa de la Unión — Recurso interpuesto contra un escrito de la Comisión por el que se insta a un Estado miembro a poner recursos propios a disposición del presupuesto de la Unión — Objeto del recurso — Carga de la prueba

[Arts. 268 TFUE y 340 TFUE, párr. 2; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41; Reglamento (CE, Euratom) n.º 1150/2000 del Consejo]

(véanse los apartados 42 a 48, 87 y 88)

3.      Recursos propios de la Unión Europea — Constatación y puesta a disposición por los Estados miembros — Exención — Requisitos — Razones de fuerza mayor u otras razones no imputables a un Estado miembro — Regularidad de la anotación de los derechos constatados en la contabilidad separada

[Reglamento (CE, Euratom) n.º 1150/2000 del Consejo, arts. 6, ap. 3, letra b), y 17, ap. 2]

(véanse los apartados 82 a 84)

4.      Recursos propios de la Unión Europea — Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 515/97 — Asistencia mutua entre los Estados miembros y colaboración entre estos y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria — Misiones comunitarias de cooperación y de investigación administrativas en terceros países — Información obtenida por los agentes de los Estados miembros utilizada como prueba en el marco de acciones administrativas o judiciales entabladas por incumplimiento de la reglamentación aduanera — Procedencia

[Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, arts. 1, 20, ap. 2, 21, ap. 2, y 45, aps. 1, 2 y 3]

(véanse los apartados 113 a 118)

5.      Unión aduanera — Declaraciones en aduana — Procedimiento y control — Nacimiento de la deuda aduanera — Exigencia de constitución de una garantía — Margen de apreciación de las autoridades aduaneras — Límites — Principio de efectividad — Alcance

[Art. 325 TFUE, ap. 1; Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, art. 74, ap. 1; Reglamento (CEE) n.º 2454/93 de la Comisión, art. 248, ap. 1]

(véanse los apartados 151 a 153)

6.      Unión aduanera — Declaraciones en aduana — Procedimiento y control — Nacimiento de la deuda aduanera — Indicios que pueden dar lugar a que se determine un importe de derechos superior al resultante de la declaración en aduana — Existencia de una sospecha razonable de elusión de la legislación aduanera — Obligación de las autoridades aduaneras de constituir una garantía

[Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, art. 74, ap. 1; Reglamento (CEE) n.º 2454/93 de la Comisión, art. 248, ap. 1]

(véanse los apartados 181 a 187)

Resumen

El Tribunal General estima parcialmente el recurso de la República Checa basado en un enriquecimiento sin causa de la Comisión en la medida en que tiene por objeto la restitución de un importe de unos 726 000 euros que dicho Estado miembro tuvo que abonar a la citada institución en el contexto del cobro de derechos antidumping. En efecto, el cese de actividad del importador pudo, en las circunstancias del presente asunto, constituir una razón no imputable a la República Checa que podía eximirla legalmente de poner ese importe a disposición de la Unión

En noviembre de 2007, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) llevó a cabo una misión de inspección en Laos en la que participó una representante de las autoridades aduaneras checas. El objeto de la investigación consistía en comprobar, en diferentes países de la Unión Europea, importaciones de encendedores de bolsillo procedentes de Laos realizadas entre los años 2004 y 2007. Según el informe final de la misión, Baide lighter Industry (LAO) Co., Ltd (en lo sucesivo, «sociedad BAIDE») importó encendedores de bolsillo originarios de China, pero presentados en aduana como procedentes de Laos, eludiendo así el derecho antidumping aplicable a los encendedores de bolsillo de origen chino.

Sobre la base de las conclusiones de dicho informe, que se refería, en particular, a veintiocho casos de importación de encendedores de bolsillo en la República Checa que, entre los años 2005 y 2007, la sociedad BAIDE había realizado y despachado a libre práctica, las oficinas de aduanas checas competentes adoptaron medidas para proceder a la liquidación complementaria y a la recaudación fiscal en estos casos. Mediante escrito de 20 de enero de 2015, la Comisión Europea informó a la República Checa, en respuesta a su solicitud de que se le eximiera de la obligación de poner a disposición los importes correspondientes a los derechos constatados que eran irrecuperables, de que en ninguno de los casos en cuestión se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento n.º 1150/2000. (1) La Comisión instó a las autoridades checas a adoptar, en un plazo determinado, las medidas necesarias para que se consignara en el haber de su cuenta el importe de 53 976 340 coronas checas (CZK).

Tras abonar el 75 % de dicho importe en la cuenta de la Comisión (en lo sucesivo, «cantidad controvertida»), la República Checa interpuso un recurso ante el Tribunal General solicitando que se condenara a la Comisión a devolverle la cantidad controvertida por enriquecimiento sin causa de la Unión.

El Tribunal General estimó el recurso en la medida en que tenía por objeto que la Comisión restituyera la cantidad de 17 828 399,66 CZK abonada en concepto de recursos propios de la Unión Europea. En este contexto, el Tribunal se centra, en particular, en los requisitos de una acción basada en un enriquecimiento sin causa, en la colaboración entre los Estados miembros y la Comisión en el marco de una misión de investigación en un país tercero, así como en la obligación de constituir una garantía para el cobro de recursos propios.

Apreciaciones del Tribunal General

El Tribunal considera, en primer lugar, que la República Checa no podía acreditar el fundamento de sus pretensiones, en el marco de una acción basada en un enriquecimiento sin causa de la Comisión, limitándose a refutar las alegaciones contenidas en el escrito de 20 de enero de 2015. En cambio, debía demostrar, por una parte, que las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión en materia de recursos propios no justifican el enriquecimiento de la Comisión derivado de la puesta a disposición de la cantidad controvertida, y, por otra parte, que su empobrecimiento está relacionado con ese enriquecimiento. Las obligaciones de la República Checa en materia de recursos propios no se derivan del escrito de 20 de enero de 2015, sino que vienen impuestas directamente en virtud de la normativa aplicable en esta materia. Así, dicho escrito no puede constituir el marco del litigio en la medida en que limita las alegaciones de la Comisión dirigidas a negar la existencia de un enriquecimiento sin causa a las contenidas en tal escrito.

A continuación, el Tribunal considera que no puede exigirse a la República Checa, en el marco de su acción basada en un enriquecimiento sin causa, que demuestre que el conjunto del procedimiento aduanero, del proceso de cobro del crédito y de las operaciones relativas a los recursos propios se ha ejecutado de conformidad con todas las normas aplicables, correctamente, en el momento oportuno y respetando la protección de los intereses financieros de la Unión, sino únicamente que demuestre, además de su empobrecimiento y el correlativo enriquecimiento, que este carecía de toda justificación.

Además, tras señalar que la colaboración de los Estados miembros con la Comisión es un requisito esencial para el cumplimiento de la legislación aduanera en el seno de la Unión, el Tribunal observa que, a tal fin, se llevan a cabo misiones comunitarias de cooperación y de investigación administrativas en terceros países, en las que participan agentes designados por los Estados miembros. (2) La información obtenida en el marco de estas misiones podrá utilizarse para permitir la persecución de operaciones contrarias a la reglamentación aduanera, así como en el marco de acciones judiciales o de diligencias emprendidas posteriormente. En particular, las autoridades competentes de los Estados miembros pueden invocarla como prueba. (3)

En estas circunstancias, la representante de la Administración aduanera checa en la misión de inspección estaba plenamente facultada para solicitar a la OLAF los elementos de prueba anejos al acta y comunicarlos a las autoridades competentes de la República Checa a fin de que los utilizaran como pruebas contra la sociedad BAIDE en el marco del procedimiento de recaudación de la deuda aduanera de esta sociedad. Pues bien, en el presente asunto, la OLAF, que se había comprometido a comunicar a la República Checa las pruebas recabadas en la misión de inspección desde principios del año 2008, se retrasó en la entrega de su informe, al que se adjuntaban tales pruebas. En este contexto, no se puede reprochar a la República Checa no haber estado en posesión de las pruebas necesarias para constatar los derechos antidumping adeudados por la sociedad BAIDE sobre los veintiocho casos de importación controvertidos tan pronto como regresó la misión de inspección y haber esperado a que la OLAF presentara su informe para constatar los derechos adeudados por dicha sociedad.

Por otra parte, por lo que respecta a la obligación de constituir una garantía de cobro de los recursos propios, el Tribunal señala que, si las autoridades aduaneras de los Estados miembros consideran que la comprobación de la declaración en aduana puede dar lugar a un importe exigible de derechos de importación más elevado que el resultante de los datos incluidos en la referida declaración, se autorizará el levante de las mercancías tras la constitución de una garantía suficiente para cubrir la diferencia entre esos importes. (4) Su margen de apreciación, cuando deciden que es necesario exigir tal garantía, está limitado por el principio de efectividad, (5) en virtud del cual debe garantizarse una protección efectiva de los intereses financieros de la Unión contra cualquier fraude o actividad ilegal que pueda perjudicar estos intereses. El alcance del principio de efectividad, en la medida en que este se aplica a la obligación específica que incumbe a los Estados miembros de garantizar el cobro efectivo e íntegro de los recursos propios de la Unión que constituyen los derechos aduaneros, no puede determinarse de manera abstracta y estática, ya que depende de las características de dicho fraude o de esa otra actividad ilegal, que pueden evolucionar con el tiempo.

A este respecto, el Tribunal considera que la República Checa estaba obligada a constituir una garantía de cobro de los derechos antidumping que pudiera adeudar la sociedad BAIDE a partir de la adopción del perfil de riesgo, del que resultaba, en particular, que existía una «sospecha razonable» de elusión de la normativa aduanera, es decir, a partir del 22 de marzo de 2006. En efecto, contrariamente a lo que sostiene la República Checa, la constitución de una garantía de cobro de la cantidad controvertida no exigía tener, en el momento del levante de las mercancías de que se trata, la certeza de que su origen era diferente del declarado, sino únicamente disponer de indicios que pudieran llevar, al proceder al control de dichas mercancías, a que se determinara un importe de derechos superior al resultante de los datos de la declaración en aduana. Además, la mera circunstancia de que las autoridades laosianas confirmaran la autenticidad de los certificados de origen que la sociedad BAIDE adjuntó en dos de los veintiocho casos de importación controvertidos no podía bastar, en ningún caso, para disipar las dudas que la propia República Checa albergaba sobre la base de la información que la OLAF le había comunicado en relación con todas las importaciones de la sociedad BAIDE realizadas desde Laos.

Por último, el Tribunal estima que el cese de actividad de la sociedad BAIDE, anterior a la presentación del informe de la OLAF, que permitía efectivamente constatar los derechos de aduana adeudados por la sociedad BAIDE, pudo constituir una razón no imputable a la República Checa (6) que podía eximirla legalmente de poner la cantidad controvertida a disposición de la Unión. No obstante, en la medida en que la República Checa estaba obligada a constituir una garantía sobre las cantidades que debían recuperarse en concepto de derechos antidumping adeudados por la sociedad BAIDE a partir del 22 de marzo de 2006, el Tribunal concluye que ha habido un enriquecimiento sin causa de la Unión equivalente a la cantidad controvertida correspondiente a los derechos antidumping adeudados por la sociedad BAIDE sobre las doce primeras importaciones de encendedores de bolsillo, realizadas antes de esa fecha.


1      El artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 2007/436/CE, Euratom sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (DO 2000, L 130, p. 1), dispone: «Se exime a los Estados miembros de poner a disposición de la Comisión los importes correspondientes a los derechos constatados cuyo cobro resulte imposible: a) bien por razones de fuerza mayor, b) bien por otras razones que no les sean imputables. […]».


2      Con arreglo al artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (DO 1997, L 82, p. 1).


3      De conformidad con el artículo 21, apartado 2, del Reglamento n.º 515/97.


4      Véase el artículo 74, apartado 1, primera frase, del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (DO 1992, L 302, p. 1), en relación con el artículo 248 del Reglamento (CEE) n.º 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.º 2913/92 (DO 1993, L 253, p. 1).


5      El principio de efectividad se establece en el artículo 325 TFUE, apartado 1.


6      Con arreglo al artículo 17, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 1150/2000.