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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 28 de octubre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Alemania) — BY, CZ / República Federal de Alemania

(Asunto C-321/19) 1

(Procedimiento prejudicial — Directiva 1999/62/CE — Directiva 2006/38/CE — Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras — Artículo 7, apartado 9 — Artículo 7 bis, apartados 1 y 2 — Peajes — Principio de recuperación de los costes de infraestructura — Costes de infraestructura — Costes de explotación — Costes de la policía de tráfico — Rebasamiento de los costes — Efecto directo — Justificación a posteriori de un importe de peaje excesivo — Limitación en el tiempo de los efectos de la sentencia)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: BY, CZ

Demandada: República Federal de Alemania

Fallo

El artículo 7, apartado 9, de la Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras, en su versión modificada por la Directiva 2006/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, debe interpretarse en el sentido de que los costes de la policía de tráfico no están comprendidos en el concepto de «costes de explotación», a efectos de dicha disposición.

El artículo 7, apartado 9, de la Directiva 1999/62, en su versión modificada por la Directiva 2006/38, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que los peajes medios ponderados superen los costes de infraestructura de la red de infraestructura de que se trata en un 3,8 % o en un 6 % debido a errores de cálculo no desdeñables o a la toma en consideración de costes que no están comprendidos en el concepto de «costes de infraestructura», a efectos de dicha disposición.

Un particular puede invocar directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales la obligación de tener en cuenta únicamente los costes de infraestructura previstos en el artículo 7, apartado 9, de la Directiva 1999/62, en su versión modificada por la Directiva 2006/38, impuesta por esa disposición y por el artículo 7 bis, apartados 1 y 2, de dicha Directiva, frente a un Estado miembro cuando este no haya respetado esa obligación o la haya adaptado de manera incorrecta.

La Directiva 1999/62, en su versión modificada por la Directiva 2006/38, leída a la luz del apartado 138 de la sentencia de 26 de septiembre de 2000, Comisión/Austria (C-205/98, EU:C:2000:493), debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un importe de peaje excesivo se justifique a posteriori mediante un nuevo cálculo de los costes de infraestructura presentado en un procedimiento judicial.

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1 DO C 220 de 1.7.2019.