SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 17 de diciembre de 1998 (1)
«Recurso de casación - Admisibilidad - Duración del procedimiento -
Diligencias de prueba - Acceso al expediente - Competencia -
Prácticas colusorias - Multas»
En el asunto C-185/95 P,
Baustahlgewebe GmbH, sociedad alemana, con domicilio social en Gelsenkirchen
(Alemania), representada por los Sres. Jochim Sedemund y Frank Montag,
Abogados de Colonia, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
Me Aloyse May, 31, Grand-rue,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada
por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Primera)
el 6 de abril de 1995, en el asunto Baustahlgewebe/Comisión (T-145/89,
Rec. p. II-987), por el que se solicita que se anule dicha sentencia
y en el que la otra parte en el procedimiento es:
Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por el Sr.
Bernd Langeheine, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, y
posteriormente por el Sr. Paul Nemitz, miembro del Servicio Jurídico, en calidad
de Agente, asistido por Me Alexander Böhlke, Abogado de Bruselas, que designa
como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
miembro del mismo Servicio, Centre Wagner, Kirchberg,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; J.-P. Puissochet y G.
Hirsch, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O.
Edward, H. Ragnemalm (Ponente), L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen y K.M.
Ioannou, Jueces;
Abogado General: Sr. P. Léger;
Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 4 de noviembre
de 1997;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el
3 de febrero de 1998;
dicta la siguiente
Sentencia
- 1.
- Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 14 de junio
de 1995, Baustahlgewebe GmbH interpuso, con arreglo al artículo 49 del Estatuto
CE del Tribunal de Justicia, un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal
de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Baustahlgewebe/Comisión (T-145/89,
Rec. p. II-987; en lo sucesivo, «sentencia impugnada»), por la que éste anuló
parcialmente el artículo 1 de la Decisión 89/515/CEE de la Comisión, de 2 de
agosto de 1989, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (asunto IV/31.553 - Mallas electrosoldadas) (DO L 260, p. 1; en lo
sucesivo, «Decisión»), fijó el importe de la multa que le había sido impuesta por
la Comisión en 3 millones de ECU, desestimó el recurso en todo lo demás y la
condenó a cargar con sus propias costas y con un tercio de las costas de la
Comisión.
Hechos que originaron el recurso y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
- 2.
- De la sentencia impugnada resulta, que a partir de 1980, empezaron a gestarse en
el sector de las mallas electrosoldadas, en los mercados alemán, francés y del
Benelux, una serie de acuerdos y prácticas concertadas. Se trata de productos
prefabricados de reforzamiento compuestos de alambres de acero laminados en
frío, pulimentados o estriados, soldados perpendicularmente formando una malla
y que se utilizan en casi todas las modalidades de construcción con cemento
armado.
- 3.
- Existen diferentes tipos de mallas electrosoldadas, entre ellos las mallas estándar,
las mallas fabricadas a medida tipo «Lettermatten» o semiestándar, las mallas
fabricadas a medida tipo «Listenmatten» y las mallas según diseño.
- 4.
- En el mercado alemán, el Bundeskartellamt autorizó, el 31 de mayo de 1983, la
creación de un cártel de crisis estructural de los productores alemanes de mallas
electrosoldadas que, tras haber sido prorrogado una vez, finalizó en 1988. El objeto
del cártel era reducir capacidades, al tiempo que se establecían cuotas de
suministro y se regulaban los precios, si bien estos últimos sólo se aprobaron para
los dos primeros años de su aplicación. En 1983, el Bundeskartellamt informó a los
servicios de la Comisión de la creación de dicho cártel de crisis estructural.
- 5.
- Los días 6 y 7 de noviembre de 1985, de conformidad con el apartado 3 del
artículo 14 del Reglamento n. 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer
Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13,
p. 204; EE 08/01, p. 22), funcionarios de la Comisión inspeccionaron,
simultáneamente y sin previo aviso, las oficinas de siete empresas y de dos
asociaciones: Tréfilunion SA, Sotralentz SA, Tréfilarbed Luxembourg-Saarbrücken
SARL, Ferriere Nord SpA (Pittini), Baustahlgewebe GmbH, Thibo Draad- en
Bouwstaalprodukten BV (Thibodraad), NV Bekaert, Syndicat national du tréfilage
d'acier (STA) y Fachverband Betonstahlmatten eV; los días 4 y 5 de diciembre de
1985, inspeccionaron las oficinas de las empresas ILRO SpA, G.B. Martinelli, NV
Usines Gustave Boël (afdeling Trébos), Tréfileries de Fontaine-l'Evêque (TFE),
Frère-Bourgeois Commerciale SA (FBC), Van Merksteijn Staalbouw BV y ZND
Bouwstaal BV.
- 6.
- Las averiguaciones realizadas en el curso de estas inspecciones y las informaciones
obtenidas con arreglo al artículo 11 del Reglamento n. 17 permitieron a la
Comisión concluir que, entre 1980 y 1985, los productores de que se trata
infringieron el artículo 85 del Tratado mediante una serie de acuerdos o de
prácticas concertadas en materia de cuotas de suministro y de precios de las mallas
electrosoldadas. La Comisión inició el procedimiento previsto en el apartado 1 del
artículo 3 del Reglamento n. 17 y, el 12 de marzo de 1987, se envió un pliego de
cargos a las empresas afectadas, al cual éstas respondieron. Los días 23 y 24 de
noviembre de 1987 tuvo lugar una audiencia de sus representantes.
- 7.
- Al término de este procedimiento, la Comisión adoptó su Decisión, mediante la
cual impuso a catorce productores de mallas electrosoldadas una multa por
infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Del punto 22 de la Decisión
resulta que las restricciones de la competencia consistían en una serie de acuerdos
y/o prácticas concertadas cuyo objeto era la fijación de precios y/o cuotas de
suministros, así como el reparto del mercado de mallas electrosoldadas. Estos
acuerdos se referían, según la Decisión, a distintos mercados individuales (el
mercado francés, el alemán y el del Benelux), pero afectaban al comercio entre
Estados miembros, ya que en ellos participaron empresas establecidas en diversos
Estados miembros.
- 8.
- En lo que respecta a los hechos que originaron el recurso ante el Tribunal de
Primera Instancia, de la sentencia impugnada resulta que la Decisión imputa más
concretamente a la recurrente:
En el mercado alemán,
- haber participado en unos acuerdos relativos a la interpenetración recíproca
entre Alemania y Francia, con la empresa francesa Tréfilunion. Dichos
acuerdos se adoptaron en el transcurso de una conversación mantenida el
7 de junio de 1985 entre, por un lado, el Sr. Müller, gerente de la
recurrente, representante legal del cártel de crisis estructural y presidente
de la Fachverband Betonstahlmatten y, por otro lado, el Sr. Marie, director
de Tréfilunion y presidente de l'Association française technique pour le
développement de l'emploi des treillis soudés (ADETS). En el apartado 63
de la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia señaló que la
Decisión (punto 140) reprochaba a la recurrente haber llevado a cabo con
Tréfilunion una concertación general tendente a limitar la penetración
recíproca de sus productos en Alemania y en Francia (véanse los puntos
135 a 143 y 176 de la Decisión y los apartados 59 a 68 de la sentencia
impugnada);
- haber participado en acuerdos en el mercado alemán cuyo objeto era, por
una parte, regular las exportaciones de los productores del Benelux a
Alemania y, por otra, que se respetaran los precios vigentes en el mercado
alemán (véanse los puntos 147, 178 y 182 de la Decisión y los apartados 83
a 94 de la sentencia impugnada;
- haber celebrado, por interés en reducir o regular las importaciones
extranjeras a Alemania, dos contratos de suministro, el 24 de noviembre
de 1976 y el 22 de marzo de 1982, con Bouwstaal Roermond BV
(posteriormente Tréfilarbed Bouwstaal Roermond) y Arbed SA afdeling
Nederland. En estos contratos, la recurrente se hacía cargo de la venta
exclusiva en Alemania, a un precio que debía determinarse con arreglo a
criterios concretos, de cierto volumen anual de mallas electrosoldadas
procedentes de la fábrica de Roermond. Bouwstaal Roermond y Arbed SA
afdeling Nederland se comprometían, durante la vigencia de estos contratos,
a no efectuar suministros a Alemania, ni directa ni indirectamente. La
Decisión afirma que estos contratos de distribución exclusiva no cumplían
los requisitos exigidos por el Reglamento n. 67/67/CEE de la Comisión, de
22 de marzo de 1967, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85
del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de exclusiva (DO 1967,
57, p. 849; EE 08/01, p. 94), al menos a partir de la existencia de acuerdos
sobre los intercambios de interpenetración entre Alemania y el Benelux.
Desde que existen dichos acuerdos, estos contratos debían considerarse
como parte integrante de unos acuerdos globales sobre el reparto de los
mercados (véanse los puntos 148 y 189 de la Decisión y los apartados 95 a
109 de la sentencia impugnada);
- haber participado en un acuerdo con Tréfilarbed, cuyo objeto era el cese
de las reexportaciones de mallas electrosoldadas de la fábrica de St Ingbert
a Alemania, vía Luxemburgo (véanse los puntos 152 y 180 de la Decisión
y los apartados 110 a 122 de la sentencia impugnada).
Sobre el mercado del Benelux,
- haber participado en los acuerdos entre los productores alemanes que
exportan al Benelux y las demás sociedades que venden sus productos en
el Benelux, relativas al respeto de los precios fijados para dicho mercado.
Según la Decisión, estos acuerdos fueron adoptados en las reuniones que
tuvieron lugar en Breda y en Bunnik entre agosto de 1982 y noviembre de
1985. La Decisión también reprocha a la recurrente haber participado en
acuerdos entre los productores alemanes, por un lado, y los productores del
Benelux («círculo de Breda»), por otra, consistentes en la aplicación de
restricciones cuantitativas a las exportaciones alemanas a Bélgica y a los
Países Bajos y en informar al grupo belgo-neerlandés de las cifras de
exportación de algunos productores alemanes [puntos 78, letra b), 163, 168
y 171 de la Decisión y apartados 123 a 138 de la sentencia impugnada].
- 9.
- La parte dispositiva de la Decisión es la siguiente:
«Artículo 1
Las empresas Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG
(TECNOR), Société de treillis et panneaux soudés (STPS), Sotralentz SA,
Tréfilarbed SA o Tréfilarbed Luxembourg-Saarbrücken SARL, Tréfileries de
Fontaine-l'Evêque, Frère-Bourgeois Commerciale SA (actualmente Steelinter SA),
NV Usines Gustave Boël, afdeling Trébos, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten
BV (actualmente Thibo Bouwstaal BV), Van Merksteijn Staalbouw BV, ZND
Bouwstaal BV, Baustahlgewebe GmbH, ILRO SpA, Ferriere Nord SpA (Pittini)
y G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA han infringido lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 85 del Tratado, ya que, en el período comprendido entre
el 27 de mayo de 1980 y el 5 de noviembre de 1985 participaron, en una o varias
ocasiones, en uno o varios acuerdos y/o prácticas concertadas que tenían por objeto
fijar precios de venta, imponer restricciones a las ventas, repartirse el mercado y
adoptar medidas destinadas a aplicar estos acuerdos y a controlar su aplicación.
Artículo 2
Las empresas mencionadas en el artículo 1, en la medida en que sigan operando
en el sector de las mallas electrosoldadas de la Comunidad, deberán poner fin de
inmediato a las infracciones comprobadas (en caso de que no lo hayan hecho ya)
y se abstendrán en el futuro de participar, por lo que se refiere a sus actividades
en el sector de las mallas electrosoldadas, en cualesquiera acuerdos y/o prácticas
concertadas que persigan o produzcan un efecto idéntico o similar.
Artículo 3
Se impondrán las siguientes multas a las empresas que se enumeran a continuación
por las infracciones a que se refiere el artículo 1:
1) Tréfilunion SA (TU): una multa de 1.375.000 ECU;
2) Société métallurgique de Normandie (SMN): una multa de 50.000 ECU;
3) Société de treillis et panneaux soudés (STPS): una multa de 150.000 ECU;
4) Sotralentz SA: una multa de 228.000 ECU;
5) Tréfilarbed Luxembourg-Saarbrücken SARL: una multa de 1.143.000 ECU;
6) Steelinter SA: una multa de 315.000 ECU;
7) NV Usines Gustave Boël, afdeling Trébos: una multa de 550.000 ECU;
8) Thibo Bouwstaal BV: una multa de 420.000 ECU;
9) Van Merksteijn Staalbouw BV: una multa de 375.000 ECU;
10) ZND Bouwstaal BV: una multa de 42.000 ECU;
11) Baustahlgewebe GmbH (BStG): una multa de 4.500.000 ECU;
12) ILRO SpA: una multa de 13.000 ECU;
13) Ferriere Nord SpA (Pittini): una multa de 320.000 ECU;
14) G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA: una multa de 20.000 ECU.
[...]»
- 10.
- En estas circunstancias, la recurrente interpuso, el 20 de octubre de 1989, un
recurso ante el Tribunal de Justicia mediante el cual solicitaba, con carácter
principal, que se anulara la Decisión y, con carácter subsidiario, que se redujese la
multa y que se condenase en costas a la Comisión. Mediante autos de 15 de
noviembre de 1989, el Tribunal de Justicia atribuyó el presente asunto, así como
otros diez recursos interpuestos contra la misma Decisión, al Tribunal de Primera
Instancia, con arreglo al artículo 14 de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom
del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas (DO L 319, p. 1).
- 11.
- Dichos recursos se registraron en el Tribunal de Primera Instancia con los números
T-141/89 a T-145/89 y T-147/89 a T-152/89. Mediante auto de 13 de octubre de
1992, el Tribunal de Primera Instancia acordó la acumulación de los asuntos
mencionados a efectos de la fase oral por razón de su conexión, con arreglo a lo
previsto en el artículo 50 del Reglamento de Procedimiento. En el asunto que es
objeto del presente recurso de casación, la fase escrita ante el Tribunal de Primera
Instancia había finalizado el 5 de julio de 1990. La Sala Primera del Tribunal de
Primera Instancia, en su reunión de 16 de febrero de 1993, decidió, visto el informe
del Juez Ponente, iniciar la fase oral e instar a las partes para que respondiesen
por escrito a determinadas preguntas antes de la vista. El 18 de mayo de 1993, el
informe para la vista fue notificado a las partes, cuyos informes orales y respuestas
a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia se oyeron en la vista que se
celebró del 14 al 18 de junio de 1993. El Tribunal de Primera Instancia dictó
sentencia el 6 de abril de 1995.
- 12.
- Mediante la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia consideró que,
teniendo en cuenta que la recurrente no participó, por un lado, en un acuerdo con
Tréfilunion que tenía por objeto supeditar sus exportaciones futuras a la fijación
de cuotas y, por otro lado, en un acuerdo con Sotralentz sobre la fijación de
contingentes de las exportaciones de ésta al mercado alemán, y habida cuenta de
que debía aplicarse una circunstancia atenuante a los acuerdos entre la
demandante y Tréfilarbed, cuyo objeto era el cese de las reexportaciones de St
Ingbert a Alemania, el artículo 1 de la Decisión debía anularse parcialmente y el
importe de la multa de 4,5 millones de ECU impuesta a la recurrente debía
reducirse y fijarse en 3 millones de ECU. El Tribunal de Primera Instancia
desestimó el recurso en todo lo demás y condenó a la recurrente a cargar con sus
propias costas y con un tercio de las costas de la Comisión.
El recurso de casación
- 13.
- En su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
- anule la sentencia impugnada, en la medida en que le impone una multa de
3 millones de ECU, desestima su recurso y la condena a cargar con sus
propias costas y con un tercio de las costas de la Comisión, y acuerde
concluir el procedimiento.
- Con carácter subsidiario, anule la sentencia impugnada y devuelva los autos
al Tribunal de Primera Instancia para que reanude el procedimiento.
- Anule los artículos 1, 2 y 3 de la Decisión, en la medida en que la afecten
y no hayan sido anulados por la sentencia impugnada.
- Con carácter subsidiario, reduzca el importe de la multa a una cantidad
razonable.
- Condene a la Comisión al pago de las costas causadas en primera instancia
y en el recurso de casación.
- 14.
- La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación
y condene en costas a la recurrente.
- 15.
- En apoyo del recurso de casación, la recurrente alega que, debido a la excesiva
duración del procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia vulneró su derecho
a que su causa fuese vista en un plazo razonable, previsto en el apartado 1 del
artículo 6 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y
de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo,
«CEDH»), y, al dictar su sentencia veintidós meses después de concluida la fase
oral, violó el principio general de inmediatez. Además, el Tribunal de Primera
Instancia aplicó un criterio de análisis erróneo a la hora de apreciar las pruebas,
al no controlar si los hechos señalados por la Comisión podían explicarse de una
manera distinta de la existencia de un acuerdo, y se negó a examinar las pruebas
propuestas por la recurrente. Al actuar de ese modo, el Tribunal de Primera
Instancia no tuvo en cuenta los principios aplicables en materia de pruebas.
Además, el Tribunal de Primera Instancia vulneró los derechos de defensa al
desestimar la solicitud de la recurrente de ordenar a la Comisión que le permitiese
consultar, por un lado, todos los documentos del procedimiento administrativo y,
por otro, ciertos documentos relativos al cártel de crisis estructural alemán.
- 16.
- La recurrente mantiene también que, en lo que respecta a la delimitación del
mercado de que se trata, así como a los supuestos acuerdos
- entre la recurrente y Tréfilunion sobre la interpenetración recíproca entre
Alemania y Francia,
- con los productores del Benelux en cuanto al mercado alemán y
- sobre las cuotas y los precios en el mercado del Benelux,
el Tribunal de Primera Instancia infringió el apartado 1 del artículo 85 del Tratado
por falta de motivación y/o calificación errónea de los hechos. Además, el Tribunal
de Primera Instancia, en lo que se refiere a los contratos de distribución exclusiva
celebrados entre, por una parte, la recurrente y, por otra, Bouwstaal Roermond BV
y Arbed SA afdeling Nederland, no tuvo en cuenta los requisitos de aplicación del
Reglamento n. 67/67.
- 17.
- Por último, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia, en lo que
respecta a la imposición de las multas, haber infringido lo dispuesto en el artículo
15 del Reglamento n. 17.
- 18.
- En cuanto a las supuestas irregularidades del procedimiento, debe recordarse en
primer lugar que a tenor del artículo 168 A del Tratado CE y del párrafo primero
del artículo 51 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, el recurso de casación
debe limitarse a las cuestiones de Derecho. Según esta última disposición, debe
fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal de Primera
Instancia, de irregularidades del procedimiento ante el mismo que lesionen los
intereses de la parte recurrente, así como de la violación del Derecho comunitario
por parte del Tribunal de Primera Instancia.
- 19.
- Así pues, el Tribunal de Justicia es competente para controlar si se han cometido
ante el Tribunal de Primera Instancia irregularidades de procedimiento que
lesionen los intereses de la parte recurrente y debe asegurarse de que se han
observado los principios generales del Derecho comunitario y las normas procesales
aplicables en materia de carga y de valoración de la prueba (véase, especialmente,
el auto de 17 de septiembre de 1996, San Marco/Comisión, C-19/95 P, Rec.
p. I-4435, apartado 40).
- 20.
- A este respecto, procede recordar que el apartado 1 del artículo 6 del CEDH
prevé que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y
públicamente dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e
imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y
obligaciones de carácter civil, o sobre el fundamento de cualquier acusación en
materia penal dirigida contra ella.
- 21.
- El principio general del Derecho comunitario según el cual toda persona tiene
derecho a un juicio justo, principio que se inspira en los referidos derechos
fundamentales (véase, especialmente, el dictamen 2/94, de 28 de marzo de 1996,
Rec. p. I-1759, apartado 33, y la sentencia de 29 de mayo de 1997, Kremzow,
C-299/95, Rec. p. I-2629, apartado 14), y en particular a un juicio en un plazo
razonable, es aplicable en el marco de un recurso jurisdiccional contra una
Decisión de la Comisión por la que se imponen a una empresa multas por
violación del Derecho de la competencia.
- 22.
- Por tanto, corresponde al Tribunal de Justicia, en la fase del recurso de casación,
examinar tales motivos formulados acerca del procedimiento ante el Tribunal de
Primera Instancia.
- 23.
- Asimismo, en lo que respecta al examen supuestamente erróneo de los hechos, del
artículo 168 A del Tratado y del párrafo primero del artículo 51 del Estatuto CE
del Tribunal de Justicia resulta que el Tribunal de Primera Instancia es, por una
parte, el único competente para determinar los hechos, salvo en los casos en que
la inexactitud material de sus comprobaciones se desprendiera de los documentos
que obran en autos, y, por otra parte, es el único competente para apreciar estos
hechos. Cuando el Tribunal de Primera Instancia ha comprobado o apreciado los
hechos, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer, con arreglo al artículo
168 A del Tratado, un control sobre la calificación jurídica de éstos y las
consecuencias en Derecho que de ella ha deducido el Tribunal de Primera
Instancia (véase, especialmente, el auto San Marco/Comisión, antes citado,
apartado 39).
- 24.
- Por lo tanto, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los
hechos ni, en principio, para examinar las pruebas que el Tribunal de Primera
Instancia haya admitido en apoyo de éstos. En efecto, siempre que dichas pruebas
se hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales
del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y de valoración
de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia apreciar
la importancia que ha de atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados
(véase, especialmente, el auto San Marco/Comisión, antes citado, apartado 40). Así
pues, esta apreciación no constituye, sin perjuicio del caso de la desnaturalización
de dichos elementos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del
Tribunal de Justicia (sentencia de 2 de marzo de 1994, Hilti/Comisión, C-53/92 P,
Rec. p. I-667, apartado 42).
- 25.
- No obstante, la cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal de
Primera Instancia es contradictoria o insuficiente constituye una cuestión de
Derecho que, como tal, puede ser invocada en el marco de un recurso de casación
(véanse, especialmente, las sentencias de 1 de octubre de 1991, Vidrányi/Comisión,
C-283/90 P, Rec. p. I-4339, apartado 29; de 20 de noviembre de 1997, Comisión/V,
C-188/96 P, Rec. p. I-6561, apartado 24), y de 7 de mayo de 1998,
Somaco/Comisión, C-401/96 P, Rec. p. I-2587, apartado 53).
Sobre los motivos basados en irregularidades del procedimiento
En cuanto a la violación del principio del plazo razonable del procedimiento
- 26.
- La recurrente mantiene que el plazo en que se pronunció el Tribunal de Primera
Instancia es excesivo, de modo que infringió el apartado 1 del artículo 6 del
CEDH. Según ella, la duración del procedimiento no se debe en absoluto a las
circunstancias del caso de autos, sino que, por el contrario, debe imputarse al
Tribunal de Primera Instancia. Semejante retraso constituye un «Prozeßhindernis»
(una causa de inadmisión) que justifica la anulación de la sentencia impugnada y
de la Decisión, así como la conclusión del procedimiento. Con carácter subsidiario,
la recurrente alega que la duración excesiva del procedimiento administrativo y
luego del judicial constituye, en sí misma, una circunstancia atenuante y un motivo
para disminuir el importe de la multa en virtud del principio de reducción de la
pena, reconocido tanto en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros como
por la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia.
- 27.
- La Comisión niega que la duración del procedimiento fuese excesiva y considera
que, aun cuando la duración del procedimiento ante el Tribunal de Primera
Instancia pueda parecer larga, no puede constituir una causa de inadmisión.
- 28.
- A título preliminar, debe especificarse que el procedimiento cuya duración examina
en el presente asunto el Tribunal de Justicia para determinar si se cometió una
irregularidad de procedimiento que lesionase los intereses de la recurrente,
comenzó el 20 de octubre de 1989, fecha en que se presentó el recurso de
anulación, y finalizó el 6 de abril de 1995, fecha en que se dictó la sentencia
impugnada. Por consiguiente, la duración del procedimiento que es objeto del
examen del Tribunal de Justicia es de aproximadamente cinco años y seis meses.
- 29.
- Procede señalar que, a primera vista, se trata de una duración considerable. No
obstante, el carácter razonable de tal plazo debe apreciarse en función de las
circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la transcendencia del
litigio para el interesado, de la complejidad del asunto, del comportamiento del
demandante y del de las autoridades competentes [véase, por analogía, Tribunal
Europeo D.H., sentencias Erkner y Hofauer de 23 de abril de 1987, serie A n. 117
§ 66; Kemmache de 27 de noviembre de 1991, serie A n. 218, § 60; Phocas/Francia
de 23 de abril de 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 546, § 71, y
Garyfallou AEBE/Grecia de 27 de septiembre de 1997, Recueil des arrêts et
décisions 1997-V, p. 1821, § 39].
- 30.
- En cuanto a la transcendencia del litigio para la recurrente, debe señalarse que
aquél no ponía directamente en peligro la supervivencia económica de ésta, pero
no es menos cierto que, en caso de litigio sobre la existencia de una infracción de
las normas de competencia, la necesidad fundamental de seguridad jurídica de la
que deben disfrutar los operadores económicos, así como el objetivo de velar por
que la competencia no sea falseada en el mercado interior, tienen un interés
considerable, no sólo para el propio demandante y para sus competidores, sino
también para terceros, debido al gran número de personas afectadas y a los
intereses económicos en juego.
- 31.
- En efecto, según el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n. 17, podía
imponerse a la recurrente una multa máxima equivalente al 10 % del volumen de
negocios alcanzado durante el ejercicio económico precedente. En el presente
asunto, a tenor de los artículos 3 y 4 de la Decisión, la Comisión impuso a la
recurrente una multa de 4,5 millones de ECU, pagadera en un plazo de tres meses
a partir de su notificación, que devengaba intereses de demora al tipo del 12,50 %
anual una vez finalizado dicho plazo.
- 32.
- A este respecto, el artículo 192 del Tratado CE prevé, entre otras cosas, que las
decisiones de la Comisión que impongan una obligación pecuniaria a personas
distintas de los Estados serán títulos ejecutivos y que la ejecución forzosa se regirá
por las normas de procedimiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio se
lleve a cabo. En virtud de lo dispuesto en los artículos 185, 186 y 192 del Tratado
CE y en el artículo 4 de la Decisión 88/591, los recursos interpuestos ante el
Tribunal de Primera Instancia no tienen efecto suspensivo; el Tribunal de Primera
Instancia puede, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión
de la ejecución del acto impugnado, ordenar las medidas provisionales necesarias
y, en su caso, suspender la ejecución forzosa.
- 33.
- En el presente asunto, se desprende de los autos que no se aplicó ninguna medida
de recaudación de la multa mientras duró el procedimiento jurisdiccional, puesto
que la recurrente constituyó una garantía bancaria, como exigía la Comisión. No
obstante, una circunstancia de ese tipo no puede privar a la recurrente de su
derecho a un juicio justo en un plazo razonable y, especialmente, a que se decida
sobre el fundamento de las acusaciones de violación del derecho de la competencia
formuladas en su contra por la Comisión y de las multas que se le impusieron a
este respecto.
- 34.
- Habida cuenta de todas estas circunstancias, procede señalar que el procedimiento
ante el Tribunal de Primera Instancia tenía una transcendencia real para la
recurrente.
- 35.
- En lo que respecta a la complejidad del asunto, debe recordarse que, en su
Decisión, la Comisión consideró que catorce productores de mallas electrosoldadas
habían infringido el artículo 85 del Tratado mediante una serie de acuerdos o de
prácticas concertadas sobre las cuotas de suministro y sobre los precios de dicho
producto. El recurso de la recurrente constituía uno de los once recursos,
formulados en tres lenguas de procedimiento diferentes, que fueron formalmente
acumulados a efectos de la fase oral.
- 36.
- A este respecto, de los autos y de la sentencia impugnada resulta que el
procedimiento relativo a la recurrente requería un examen detallado de
documentos relativamente voluminosos y de cuestiones de hecho y de Derecho de
cierta complejidad.
- 37.
- En lo que se refiere a la conducta de la recurrente ante el Tribunal de Primera
Instancia, de los autos se desprende que el plazo previsto para la presentación del
escrito de dúplica fue prorrogado, a petición de ella, aproximadamente en un mes.
- 38.
- A este respecto, no puede acogerse la alegación de la Comisión según la cual el
procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia se retrasó debido a que el
Abogado de la recurrente, en primer lugar, no intervino en el procedimiento
administrativo ante la Comisión y, en segundo lugar, centró, erróneamente, la
mayor parte de su argumentación en la multa que la Comisión había impuesto a
la recurrente por su participación en el cártel de crisis estructural.
- 39.
- En efecto, una empresa que es destinataria de una Decisión de la Comisión en la
que se declaran infracciones del Derecho de la competencia y se le imponen multas
debe poder impugnar por todos los medios que considere útiles el fundamento de
las acusaciones formuladas en su contra.
- 40.
- Así pues, no se ha demostrado que la recurrente haya contribuido, de manera
significativa, a prolongar la duración del procedimiento.
- 41.
- En lo que respecta al comportamiento de las autoridades competentes, procede
recordar que el hecho de añadir al Tribunal de Justicia un Tribunal de Primera
Instancia y de crear dos niveles de jurisdicción tenía la finalidad, por un lado, de
mejorar la protección jurisdiccional de los justiciables, especialmente en lo que se
refiere a los recursos que requieren un examen detallado de hechos complejos, y,
por otro lado, de mantener la calidad y la eficacia del control jurisdiccional en el
ordenamiento jurídico comunitario, permitiendo al Tribunal de Justicia concentrar
su actividad en su función esencial, que es la de garantizar la observancia del
Derecho en la interpretación y aplicación del Derecho comunitario.
- 42.
- Por esta razón, la estructura del sistema jurisdiccional comunitario justifica, en
ciertos aspectos, que el Tribunal de Primera Instancia, encargado de determinar
los hechos y de efectuar un examen material del litigio, pueda disponer
relativamente de más tiempo para instruir los recursos que requieran un examen
detallado de hechos complejos. Sin embargo, esa misión no dispensa al órgano
jurisdiccional comunitario, creado especialmente para este fin, de respetar la
exigencia de un plazo razonable para sustanciar los asuntos de que conozca.
- 43.
- Asimismo, procede tener en cuanta las exigencias inherentes al procedimiento ante
los órganos jurisdiccionales comunitarios, relacionadas especialmente con el
régimen lingüístico del procedimiento, previsto en el artículo 35 del Reglamento
de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, y, con la obligación, prevista
en el apartado 2 del artículo 36 de dicho Reglamento de Procedimiento, de
publicar las sentencias en las lenguas a que se refiere el artículo 1 del Reglamento
n. 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico
de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385).
- 44.
- No obstante, debe señalarse que de las circunstancias del caso de autos no resulta
que la duración del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia pueda
estar justificada por exigencias de ese tipo.
- 45.
- Efectivamente, debe señalarse que, en el procedimiento ante el Tribunal de
Primera Instancia, dos períodos son significativos a la luz del principio del plazo
razonable. Así, transcurrieron aproximadamente treinta y dos meses entre el final
de la fase escrita y la decisión de iniciar la fase oral. Es cierto que se decidió,
mediante auto del 13 de octubre de 1992, acumular los once asuntos a efectos de
la fase oral, pero procede indicar que durante ese período no se llevó a cabo
ninguna otra diligencia de ordenación del procedimiento ni ninguna diligencia de
prueba. A esto se añade el hecho de que pasaron veintidós meses entre la
conclusión de la fase oral y el pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de
Primera Instancia.
- 46.
- Incluso en lo que respecta a las limitaciones inherentes al procedimiento ante los
órganos jurisdiccionales comunitarios, esta duración de la instrucción y de la
deliberación sólo pueden justificarse por circunstancias excepcionales. Dado que
no hubo ninguna suspensión del procedimiento ante el Tribunal de Primera
Instancia, especialmente en virtud de los artículos 77 y 78 de su Reglamento de
Procedimiento, debe llegarse a la conclusión de que tales circunstancias no
concurren en el presente asunto.
- 47.
- A la luz de cuanto precede, es preciso reconocer que, aun teniendo en cuenta la
relativa complejidad del asunto, el procedimiento ante el Tribunal de Primera
Instancia rebasó las exigencias relacionadas con el respeto del plazo razonable.
- 48.
- Por razones de economía procesal y para garantizar una protección inmediata y
efectiva contra dicha irregularidad de procedimiento, debe declararse que el motivo
referente a la duración excesiva del procedimiento es fundado a efectos de la
anulación de la sentencia impugnada, en la medida en que fija el importe de la
multa impuesta a la recurrente en 3 millones de ECU.
- 49.
- En cambio, a falta de cualquier indicio de que la duración del procedimiento haya
tenido alguna incidencia en la solución del litigio, este motivo no puede dar lugar
a la anulación de la totalidad de la sentencia impugnada.
En cuanto a la violación del principio de inmediatez
- 50.
- La recurrente estima que el Tribunal de Primera Instancia violó el principio
general de Derecho comunitario de la inmediatez del procedimiento jurisdiccional
al dictar sentencia veintidós meses después de que finalizara la fase oral, hasta el
punto de que la utilidad de ésta se perdió al borrarse su recuerdo de la mente de
los Jueces. Alega fundamentalmente que el principio de oralidad del procedimiento
jurisdiccional implica el carácter inmediato del procedimiento que, al igual que los
códigos de procedimientos civil y penal de la mayoría de los Estados miembros,
obliga al Tribunal a someter los asuntos a deliberación inmediatamente después de
la vista y a dictar sentencia en un plazo próximo a ésta.
- 51.
- La Comisión considera que el principio de inmediatez del procedimiento, tal como
lo interpreta la recurrente, no existe en Derecho comunitario, por lo que este
motivo debe desestimarse.
- 52.
- A este respecto, procede señalar que, por un lado, en contra de lo que la
recurrente mantuvo en la vista, ni el apartado 1 del artículo 55 del Reglamento de
Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia ni ninguna otra disposición de ese
mismo Reglamento o del Estatuto CE del Tribunal de Justicia prevén que las
sentencias de este último deban dictarse en un plazo determinado después de la
fase oral.
- 53.
- Por otro lado, debe indicarse que la recurrente no ha demostrado que la duración
de la deliberación haya tenido alguna incidencia en la solución del litigio sometido
al Tribunal de Primera Instancia, especialmente en lo que respecta a la pérdida de
fuerza de las pruebas.
- 54.
- En tales circunstancias, este motivo debe desestimarse por infundado.
En cuanto a la violación de los principios aplicables en materia de pruebas
- 55.
- La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia utilizó, en primer lugar,
un criterio de análisis erróneo al apreciar las pruebas, limitándose a controlar si la
Comisión había demostrado la participación de la recurrente en los acuerdos, sin
tener en cuenta lo expuesto por esta última, y, en segundo lugar, no tuvo en cuenta
las normas relativas a la caducidad, al no admitir por extemporáneas las propuestas
de examen de testigos. Al limitarse a examinar la exposición de la Comisión y
negarse a examinar las pruebas propuestas por la recurrente, el Tribunal de
Primera Instancia incumplió el deber de instrucción y vulneró el derecho a un juicio
justo, así como los principios de la libre apreciación de la prueba y del beneficio
de la duda.
- 56.
- En cuanto al primer punto, la recurrente reprocha en lo fundamental al Tribunal
de Primera Instancia el no haber comprobado si los hechos expuestos por la
Comisión podían explicarse de algún otro modo que no fuera la existencia de un
acuerdo, pese a que la recurrente adujo otra justificación plausible y coherente.
- 57.
- La Comisión alega que esta imputación constituye, en realidad, una petición de quevuelvan a examinarse los hechos.
- 58.
- A este respecto, en la medida en que esta imputación no se refiera a la apreciación
de los hechos efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, procede recordar
que, en caso de litigio sobre la existencia de una infracción de las normas sobre la
competencia, incumbe a la Comisión probar las infracciones que constate y aportar
las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia de hechos
constitutivos de una infracción.
- 59.
- Sin embargo, nada autoriza a afirmar que el Tribunal de Primera Instancia haya
dejado de considerar las pruebas aportadas por la recurrente al examinar las
pruebas aportadas por la Comisión. De los apartados 64 a 67 de la sentencia
impugnada se desprende, en primer lugar, que, por lo que se refiere al acuerdo
entre la recurrente y Tréfilunion el Tribunal de Primera Instancia, en virtud de un
análisis de las notas presentadas por la Comisión, llegó a la conclusión de que
dicha Institución había acreditado de modo suficiente en Derecho tan sólo dos de
los tres puntos de la concertación imputada. En segundo lugar, los apartados 90 a
92 de la sentencia impugnada, relativos a los acuerdos sobre cuotas y sobre precios
con los productores del Benelux, los apartados 115 a 118, relativos al acuerdo entre
la recurrente y Tréfilarbed, y los apartados 131 a 136, relativos a los acuerdos sobre
precios y sobre cuotas en el mercado del Benelux, ponen de manifiesto que el
Tribunal de Primera Instancia, al considerar las alegaciones de la recurrente,
examinó los hechos expuestos por la Comisión, para llegar a la conclusión de que
ésta había demostrado de modo suficiente en Derecho que la recurrente había
participado en los acuerdos controvertidos.
- 60.
- En cuanto al segundo punto, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera
Instancia el haber incurrido en interpretación errónea del Reglamento de
Procedimiento al no admitir sus propuestas de prueba por haberse presentado
extemporáneamente. La recurrente no niega que presentó por primera vez sus
propuestas de prueba en el escrito de réplica. Alega, en cambio, que las pruebas
aportadas en la fase de réplica no eran ni nuevas ni extemporáneas, a efectos del
apartado 1 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de
Primera Instancia, ya que había propuesto el examen de testigos y su
comparecencia personal en su réplica para refutar las pruebas aducidas por la
Comisión en el escrito de contestación a la demanda.
- 61.
- La recurrente sostiene también que el deber de instrucción y los principios de
contradicción y de juicio justo obligaban al Tribunal de Primera Instancia a admitir
las propuestas de prueba, salvo en determinados supuestos tasados, cuya existencia
no se ha demostrado en el caso de autos. La recurrente estima que la inadmisión
de sus propuestas de examen de testigos y de comparecencia personal equivale a
efectuar una apreciación anticipada de las pruebas y añade que, aun a falta de
proposición de prueba, el principio inquisitivo impone al Tribunal de Primera
Instancia, especialmente en aquellos procedimientos que pueden dar lugar a la
imposición de multas, el deber de ampliar de oficio las diligencias de prueba a
todos los medios de prueba que se encuentren a su disposición y de esforzarse en
obtener la mejor prueba posible.
- 62.
- La Comisión considera que el Tribunal de Primera Instancia actuó de conformidad
con su jurisprudencia reiterada cuando estimó que las propuestas de pruebas
presentadas por primera vez en la réplica adolecían de un retraso que debía
motivarse.
- 63.
- Con carácter liminar, es preciso recordar que, al objeto de probar sus afirmaciones,
la recurrente solicitó, en su escrito de demanda ante el Tribunal de Primera
Instancia, que se oyera en calidad de testigo a su asesor jurídico, Me Pillmann, y,
en la fase de réplica, solicitó también comparecer ella misma en la persona de su
representante legal, Sr. Müller, y que se tomara declaración, en calidad de testigo,
al Sr. Broekman, antiguo presidente de los productores del Benelux.
- 64.
- Consta en autos que, con ocasión de su reunión de los días 18 y 24 de marzo de
1993, el Tribunal de Primera Instancia decidió formular preguntas a las partes.
Habida cuenta de la petición de la recurrente de ser oída y de los cuatro télex, de
15 de diciembre de 1983, 11 de enero, 4 de marzo y 4 de abril de 1984, se instó a
la recurrente a «indicar cuáles son las razones precisas y fácticas que (la llevaron)
a refutar el contenido aparente de los mencionados documentos, más allá de la
negación global expuesta en sus escritos procesales».
- 65.
- Con ocasión de su reunión de los días 13 y 17 de mayo de 1993, el Tribunal de
Primera Instancia decidió recabar las observaciones de las partes sobre la
posibilidad de oír a los Sres. Müller y Broekman, así como sobre la comparecencia
personal en la vista de las demandantes Boël, Steelinter y Tréfilunion, en la
persona de representantes informados de los contactos que habían tenido lugar en
su momento.
- 66.
- Mediante escrito de 19 de mayo de 1993, la Comisión declaró su oposición al
examen de los citados testigos, alegando que, de todos modos, eran los
representantes de las empresas a las que afectaba la Decisión. El 26 de mayo de
1993, el Tribunal de Primera Instancia acordó reservar su decisión sobre el
eventual examen de los testigos.
- 67.
- En el apartado 68 de la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia
afirmó que no era preciso oír a los testigos ni ordenar que compareciera la
recurrente. En los apartados 94, 120 y 138 de la misma sentencia, el Tribunal de
Primera Instancia, con arreglo al apartado 1 del artículo 48 de su Reglamento de
Procedimiento, rechazó las propuestas de examen de testigos y de comparecencia
de la recurrente, basándose en que dichas propuestas de prueba, formuladas en la
réplica, eran extemporáneas, dado que la recurrente no había alegado ninguna
circunstancia que le impidiera formularlas en la demanda.
- 68.
- Habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, no cabe cuestionar la
apreciación del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la pertinencia de oír a
los Sres. Pillmann y Müller en lo que atañe al acuerdo entre Baustahlgewebe y
Tréfilunion.
- 69.
- En cuanto a la negativa del Tribunal de Primera Instancia a oír a los Sres. Müller
y Broekman por ser extemporáneas estas proposiciones de prueba, es preciso
indicar que el apartado 1 del artículo 68 del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal de Primera Instancia prevé que éste, de oficio o a instancia de parte,
oídas las partes, podrá ordenar el examen de testigos para la comprobación de
determinados hechos. La parte que solicite el examen de un testigo indicará con
precisión los hechos en relación con los cuales procede oírle y las razones que lo
justifican. La letra e) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de
Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia dispone que la demanda
contendrá la proposición de prueba, si procediere.
- 70.
- Así pues, cuando una petición de examen de testigos formulada en el recurso
indique con precisión los hechos en relación con los cuales procede oír al testigo
o testigos y las razones que lo justifican, corresponde al Tribunal de Primera
Instancia apreciar la pertinencia de esta petición en relación con el objeto del
litigio y con la necesidad de proceder al examen de los citados testigos.
- 71.
- A tenor del apartado 1 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal de Primera Instancia, en la réplica y en la dúplica las partes también
podrán proponer prueba en apoyo de sus alegaciones. En tal caso deberán motivar
el retraso producido en proponerla.
- 72.
- Así pues, la norma de caducidad prevista en el apartado 1 del artículo 48 del
Reglamento de Procedimiento no afecta a la prueba en contrario ni a la ampliación
de la proposición de prueba formuladas a raíz de la prueba en contrario aportada
por la parte adversa en su escrito de contestación a la demanda. En efecto, dicha
disposición se refiere a las proposiciones de pruebas nuevas y debe interpretarse
a la luz del apartado 2 del artículo 66, que prevé expresamente que podrán
presentarse pruebas en contrario y ampliarse la proposición de prueba.
- 73.
- No obstante, al tratarse en el caso de autos de la proposición de oír como testigo
al Sr. Broekman y de la comparecencia de la propia recurrente, basta con señalar
que consta en autos que las pruebas propuestas por la Comisión en su escrito de
contestación ya se mencionaban en la Decisión, así como en el pliego de cargos o
en sus anexos, y habían sido recogidas por la propia recurrente en el anexo 3 de
su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia. Del mismo modo, en lo que atañe
a las declaraciones del Sr. Müller en la audiencia de 24 de noviembre de 1987 ante
la Comisión, a la que el Tribunal de Primera Instancia hace referencia en los
apartados 92 y 135 de la sentencia impugnada, consta que tales declaraciones
figuraban en el acta de dicha reunión, acta que la propia recurrente incluyó
también en el anexo 9 de su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.
- 74.
- Por consiguiente, procede señalar que la petición de que el Sr. Broekman fuera
oído y de comparecer ella misma en la persona de su representante legal, Sr.
Müller, no pueden ser consideradas proposiciones de pruebas en contrario y que
la recurrente tuvo la posibilidad de proponer dichas pruebas en su recurso ante el
Tribunal de Primera Instancia.
- 75.
- En tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al
considerar que las proposiciones de prueba formuladas en la réplica eran
extemporáneas y al denegar su admisión basándose en que la recurrente no había
motivado el retraso en proponerlas.
- 76.
- Por otro lado, hay que rechazar la alegación de la recurrente según la cual el
Tribunal de Primera Instancia incumplió el deber de instrucción que le incumbe,
ya que consta en autos que dicho Tribunal adoptó diligencias de ordenación del
procedimiento con el objeto de facilitar la práctica de las pruebas y precisar la
argumentación de las partes, con arreglo al apartado 2 del artículo 64 de su
Reglamento de Procedimiento.
- 77.
- Por último, es preciso subrayar que el Tribunal de Primera Instancia no está
obligado a citar testigos de oficio, puesto que el apartado 1 del artículo 66 de su
Reglamento de Procedimiento precisa que dicho Tribunal determinará mediante
auto las diligencias de prueba que considere convenientes y los hechos que deben
probarse.
- 78.
- Por consiguiente, debe desestimarse el motivo basado en la vulneración por parte
del Tribunal de Primera Instancia de los principios aplicables en materia de
prueba.
En cuanto a la violación del derecho a consultar determinados documentos
- 79.
- La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia vulneró el derecho de
defensa al negarse a acoger su petición de que se aportaran todos los documentos
del procedimiento administrativo, a pesar de que el derecho de acceder al
expediente forma parte de un principio fundamental del Derecho comunitario que
debe respetarse en cualesquiera circunstancias. De este modo, la Comisión tiene
la obligación de facilitar a las empresas implicadas en un procedimiento con arreglo
al apartado 1 del artículo 85 del Tratado el acceso a todos los documentos,
favorables y adversos, que haya recopilado durante la investigación. Estos principios
también se aplican en el marco del procedimiento ante el Tribunal de Primera
Instancia, cuando durante el procedimiento administrativo no se hayan comunicado
al demandante los documentos que, en su caso, sean pertinentes para su defensa.
En cualquier caso, la recurrente estima que el Tribunal de Primera Instancia no
podía rechazar su petición de que se aportaran los documentos basándose en que
la recurrente no había presentado indicios que acreditaran que tales documentos
hubieran sido pertinentes para su defensa. En efecto, una parte y sus Abogados tan
sólo pueden apreciar la importancia de un documento para la defensa si tienen
conocimiento de su existencia y de su contenido.
- 80.
- Por otra parte, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia vulneró
el derecho de defensa al negarse a ordenar que se aportaran los documentos
relativos al cártel de crisis estructural alemán.
- 81.
- La Comisión subraya que, por lo que se refiere a la petición de acceso a todos los
escritos procesales, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que
la recurrente no había presentado indicios que acreditaran que tales documentos
eran pertinentes para su defensa. En cuanto a los documentos relativos al cártel
de crisis estructural, una irregularidad de procedimiento de este tipo no puede ser
objeto de un recurso de casación, habida cuenta de que no lesiona los intereses de
la recurrente y de que constituye una ampliación del objeto del litigio sometido alTribunal de Primera Instancia, resultando pues inadmisible en el marco de un
recurso de casación.
- 82.
- Respecto a la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión, basta con
afirmar, en primer lugar, que la cuestión de si la existencia del cártel de crisis
estructural alemán influyó en la Decisión fue debatida ante el Tribunal de Primera
Instancia y, en segundo lugar, que la recurrente mantiene ante el Tribunal de
Justicia que dicho cártel de crisis influyó al menos en la cuantía de las multas
impuestas. En tales circunstancias, no se trata, en lo que atañe a este extremo, de
una ampliación del objeto del litigio sometido al Tribunal de Primera Instancia. Por
lo tanto, debe declararse la admisibilidad del motivo basado en el derecho a
consultar los documentos relativos al cártel de crisis.
- 83.
- A continuación, en cuanto al acceso a los documentos, ha de recordarse que del
apartado 23 de la sentencia impugnada se desprende que, durante el procedimiento
administrativo, la Comisión comunicó a la recurrente los documentos que la
afectaban directa o indirectamente, con exclusión de los que eran confidenciales,
recordando al mismo tiempo que, para la preparación de sus observaciones, la
recurrente tenía la posibilidad de examinar, previa autorización, otros documentos
en poder de la Comisión.
- 84.
- Del apartado 28 de la sentencia impugnada y de la documentación que el nuevo
Abogado de la recurrente expuso ante la Comisión se desprende que él seguía
teniendo derecho a consultar el expediente aun después de adoptarse la Decisión.
Un intercambio de correspondencia entre las partes pone de relieve que la
Comisión recordó a la recurrente que le había enviado, como anexo al pliego de
cargos, los documentos en los que éste se basaba. Mediante fax de 11 de octubre
de 1989, la Comisión envió una lista de todos los documentos del expediente
relacionados con la recurrente y le ofreció enviarle copias de los mismos. Como
consecuencia de dicha oferta, la recurrente pidió, mediante fax de 16 de octubre
de 1989, que, por una parte, se le enviara el informe y el expediente relativo a la
inspección efectuada los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en sus oficinas, así como
el informe relativo a la efectuada en las mismas fechas en las oficinas de la
Fachverband Betonstahlmatten y, por otra, que se le autorizara a consultar las
actas y otros documentos enviados por el Bundeskartellamt a la Comisión para
informarle de la existencia en Alemania de un cártel de crisis estructural. La
Comisión no respondió a dicha petición hasta la interposición del recurso.
- 85.
- Por consiguiente, la recurrente solicitó en su recurso al Tribunal de Primera
Instancia que ordenara a la Comisión que le permitiera consultar los siguientes
documentos: a) la totalidad de los documentos que obraban en el expediente, en
la medida en que se referían a ella; b) todos los documentos, correspondencia,
notas y actas mediante los cuales el Bundeskartellamt informó a la Comisión sobre
la existencia del cártel de crisis estructural; y c) todos los documentos, escritos,
actas y notas relativos a las negociaciones tripartitas entre la Comisión, el
Bundeskartellamt y los representantes del grupo alemán del cártel de crisis
estructural.
- 86.
- Según se recuerda en el apartado 33 de la sentencia impugnada, el Tribunal de
Primera Instancia estimó que la petición de la recurrente debía considerarse como
una solicitud de una diligencia de ordenación del procedimiento en el sentido de
la letra d) del apartado 3 del artículo 64 del Reglamento de Procedimiento.
- 87.
- En el apartado 34 de la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia
denegó la solicitud de acceso al expediente de la Comisión, debido a que la
recurrente no había negado haber recibido, durante el procedimiento
administrativo ante la Comisión, todos los documentos del expediente que le
afectaban directa o indirectamente y sobre los cuales se había basado el pliego de
cargos, y a que no había aportado indicios que acreditaran que su defensa requería
otros documentos. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia consideró que
la recurrente pudo defender, como consideró oportuno, su punto de vista sobre
todas las imputaciones formuladas en su contra por la Comisión en el pliego de
cargos que le había sido dirigido, así como sobre las pruebas destinadas a
apoyarlas, mencionadas por la Comisión en el citado pliego de cargos o adjuntas
a éste y que, por lo tanto, se respetó el derecho de defensa. De ello dedujo el
Tribunal de Primera Instancia que, tanto durante la preparación del recurso como
durante el procedimiento ante dicho Tribunal, los Abogados de la recurrente
pudieron examinar con todo conocimiento de causa la legalidad de la Decisión y
garantizar plenamente la defensa de la recurrente.
- 88.
- En el apartado 35 de la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia
denegó asimismo la petición de que se aportaran los documentos relativos al cártel
de crisis estructural alemán, basándose en que la recurrente no había acreditado
que, por carecer de dichos documentos, no había podido defenderse de las
imputaciones realizadas en su contra y en que no había aportado ningún indicio
que sirviera para demostrar por qué dichos documentos podían ser de interés para
la solución del litigio. El Tribunal de Primera Instancia añadió que, en cualquier
caso, se trataba de elementos de prueba ajenos al objeto del procedimiento.
- 89.
- A este respecto, es preciso señalar que, en los asuntos de competencia, el acceso
al expediente tiene fundamentalmente por objeto permitir a los destinatarios de un
pliego de cargos tomar conocimiento de las pruebas que figuran en el expediente
de la Comisión, a fin de que, basándose en tales documentos, puedan pronunciarse
adecuadamente sobre las conclusiones a las que la Comisión haya llegado en su
pliego de cargos (sentencias de 9 de noviembre de 1983, Michelin/Comisión, 322/81,
Rec. p. 3461, apartado 7; de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión,
85/76, Rec. p. 461, apartados 9 y 11, y de 6 de abril de 1995, BPB Industries y
British Gypsum/Comisión, C-310/93 P, Rec. p. I-865, apartado 21).
- 90.
- Sin embargo, en contra de lo que alega la recurrente, los principios generales de
Derecho comunitario que regulan el derecho de acceso al expediente de la
Comisión no se aplican, como tales, al procedimiento judicial, ya que éste se rige
por el Estatuto CE del Tribunal de Justicia y por el Reglamento de Procedimiento
del Tribunal de Primera Instancia.
- 91.
- En efecto, a tenor del artículo 21 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, el
Tribunal podrá pedir a las partes que presenten todos los documentos y
suministren todas las informaciones que estime convenientes. El apartado 1 del
artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia
dispone lo siguiente: «Las diligencias de ordenación del procedimiento tendrán por
objeto impulsar el procedimiento, dar curso a los autos y solucionar los litigios de
la forma más adecuada».
- 92.
- Según el artículo 64, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento de Procedimiento
del Tribunal de Primera Instancia, las diligencias de ordenación del procedimiento
tendrán por objeto, en particular, dar el curso correcto a la fase escrita u oral del
procedimiento y facilitar la práctica de las pruebas, así como determinar los
extremos sobre los que las partes deberán completar sus alegaciones o acerca de
los cuales deba practicarse prueba. A tenor del artículo 64, apartado 3, letra d) y
apartado 4, estas diligencias podrán ser propuestas por las partes en cualquier fase
del procedimiento y podrán consistir en requerir la presentación de documentos o
de cualquier escrito relacionado con el asunto.
- 93.
- De lo anterior se deduce que la recurrente podía pedir al Tribunal de Primera
Instancia que ordenara a la parte contraria la presentación de los documentos que
obraban en su poder. No obstante, para permitir al Tribunal de Primera Instancia
determinar si era útil para el curso correcto del procedimiento ordenar la
presentación de determinados documentos, la parte que lo pide debe identificar los
documentos solicitados y facilitar al Tribunal de Primera Instancia, cuando menos,
un mínimo de elementos que acrediten la utilidad de tales documentos para el
proceso.
- 94.
- Es preciso reconocer que de la sentencia impugnada y de los autos del Tribunal de
Primera Instancia se desprende que, aunque la Comisión envió a la recurrente una
lista de cuantos documentos del expediente le afectaban, ésta no indicó con
suficiente precisión en su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia los
documentos del expediente cuya presentación solicitaba. En cuanto a los
documentos relativos al cártel de crisis estructural alemán, aunque la recurrente
reprochó a la Comisión el haber considerado su participación en el cártel como
circunstancia agravante, no especificó, sin embargo, qué utilidad tenían para ella
los documentos solicitados.
- 95.
- Así pues, el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al denegar, en los
apartados 34 y 35 de la sentencia impugnada, la solicitud relativa a la presentación
de documentos. Por consiguiente, este motivo debe desestimarse por infundado.
Sobre los motivos basados en la infracción del apartado 1 del artículo 85 del
Tratado
En cuanto a la delimitación del mercado
- 96.
- La recurrente mantiene que el Tribunal de Primera Instancia no motivó
suficientemente la parte de la sentencia impugnada que trata de la determinación
del mercado de referencia. Alega, en particular, que, contrariamente a lo que el
Tribunal de Primera Instancia indicó en los apartados 38 y 40 de la sentencia
impugnada, nunca afirmó en la vista que podía fabricar mallas estándar en sus
máquinas ni que las mallas fabricadas a medida y las mallas estándar fueran
intercambiables. En tales circunstancias, el mercado no podía definirse de tal modo
que incluyera los dos tipos de mallas.
- 97.
- La Comisión considera que la recurrente pretende, con este motivo, someter al
control del Tribunal de Justicia los hechos declarados probados por el Tribunal de
Primera Instancia.
- 98.
- Es preciso recordar que, en la medida en que este motivo se basa en una
motivación insuficiente de la sentencia impugnada, procede declarar su
admisibilidad en la fase de recurso de casación.
- 99.
- A este respecto, basta con hacer constar que el Tribunal de Primera Instancia, al
delimitar el mercado pertinente, indicó, en el apartado 39 de la sentencia
impugnada, que no existe gran diferencia entre los precios de las mallas estándar
y los de las mallas «Listenmatten». En el apartado 40, declaró asimismo que, en
la vista, se había puesto de manifiesto que el empleo de mallas estándar en obras
en las que normalmente deberían utilizarse mallas fabricadas según diseño
resultaba efectivamente posible cuando el precio de las mallas estándar era tan
bajo que garantizaba al contratista un ahorro significativo, que cubría los costes
adicionales y compensaba los inconvenientes técnicos derivados del cambio de
material utilizado, y que ésta situación se había producido durante una parte del
período en que estuvieron vigentes los acuerdos.
- 100.
- Así pues, el Tribunal de Primera Instancia expuso de modo suficiente en Derecho
las razones por las cuales determinadas circunstancias relativas al nivel de los
precios podían incitar a los agentes económicos a sustituir por mallas estándar las
mallas fabricadas a medida, delimitando así un mercado común para los dos
productos.
- 101.
- Por consiguiente, procede desestimar por infundado el motivo basado en la
motivación defectuosa de la delimitación del mercado.
En cuanto a los acuerdos entre la recurrente y Tréfilunion
- 102.
- La recurrente mantiene que la sentencia impugnada no expresa las razones por las
cuales los acuerdos celebrados con Tréfilunion constituían una infracción de lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado y reprocha al Tribunal de
Primera Instancia no haber calificado los hechos en relación con los requisitos que
impone dicha disposición.
- 103.
- Para fundamentar este motivo, la recurrente alega que el Tribunal de Primera
Instancia no examinó, por un lado, la alegación según la cual el compromiso de
Tréfilunion de no presentar denuncia ante la Comisión contra el cártel de crisis
estructural alemán no constituía una restricción de la competencia, y, por otro lado,
no se pronunció sobre la cuestión de si el compromiso de la recurrente de no
exportar mallas fabricadas a medida a Francia durante un período de dos a tres
meses podía producir tal restricción o incluso afectar de modo significativo al
comercio entre los Estados miembros.
- 104.
- La Comisión estima que el Tribunal de Primera Instancia calificó debidamente los
hechos objeto de litigio al subsumirlos en la norma aplicable.
- 105.
- A este respecto, es preciso recordar que, en el apartado 63 de la sentencia
impugnada, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Decisión reprochaba
a la recurrente haber llevado a cabo con Tréfilunion una «concertación general
tendente a limitar la penetración recíproca de sus productos en Alemania y en
Francia». Esta concertación se concretó en tres puntos: 1) Tréfilunion no
presentaría denuncia ante la Comisión contra el cártel de crisis estructural alemán;
2) la fábrica de la recurrente de Gelsenkirchen no exportaría mallas fabricadas a
medida a Francia durante un período de dos a tres meses; 3) las dos partes se
pusieron de acuerdo en supeditar sus futuras exportaciones a la fijación de cuotas.
- 106.
- A la vista del análisis de las dos notas internas elaboradas por el Sr. Marie el 16
de julio de 1985 y por el Sr. Müller el 27 de agosto de 1985, el Tribunal de Primera
Instancia llegó a la conclusión de que la Comisión había demostrado de modo
suficiente en Derecho el compromiso de Tréfilunion de no presentar denuncia
contra el cártel de crisis estructural alemán, así como la renuncia de la recurrente
a exportar a Francia mallas fabricadas a medida durante un período de dos a tres
meses. En cambio, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la Comisión no
había demostrado de modo suficiente en Derecho la existencia de un acuerdo cuyo
objeto fuera supeditar sus futuras exportaciones a la fijación de cuotas.
- 107.
- Es preciso subrayar que el Tribunal de Primera Instancia estimó, en el apartado
64 de la sentencia impugnada, que el compromiso del Sr. Marie de no presentar
denuncia contra el cártel de crisis estructual alemán debe considerarse como un
comportamiento adoptado frente a un competidor, como contrapartida de
concesiones de este último, en el marco de un acuerdo que infringe el apartado 1
del artículo 85 del Tratado.
- 108.
- Al considerar que este compromiso, así como la renuncia de la recurrente a
exportar a Francia mallas fabricadas a medida durante un período de dos a tres
meses, formaban parte de una concertación general relativa a la penetración
recíproca de sus productos en Alemania y en Francia, el Tribunal de Primera
Instancia actuó correctamente al llegar a la conclusión de que la Comisión no había
incurrido en error al estimar que la recurrente había participado en un acuerdo
contrario al apartado 1 del artículo 85 del Tratado.
- 109.
- Al no existir prueba que demuestre un error manifiesto de apreciación por parte
del Tribunal de Primera Instancia, procede desestimar este motivo por infundado.
En cuanto a los acuerdos sobre las cuotas y los precios en el mercado del Benelux y,
con los productores del Benelux, en el mercado alemán
- 110.
- La recurrente mantiene que el Tribunal de Primera Instancia aplicó erróneamente
el apartado 1 del artículo 85 del Tratado al no haber tenido en cuenta importantes
elementos que había invocado ante él y afirma que el Tribunal de Primera
Instancia pasó por alto el hecho de que sus colaboradores sólo habían participado
en las reuniones entre productores en su condición de representantes de la
comunidad del cártel de crisis estructural o del Fachverband Betonstahlmatten, y
no de la recurrente. Por lo que se refiere al mercado del Benelux, la recurrente
añade que la motivación de la sentencia es contradictoria, puesto que el mero
hecho de participar en una reunión durante la cual otras empresas hayan celebrado
un acuerdo sobre precios no puede constituir una infracción del artículo 85 cuando
la empresa de que se trata no distribuye los productos objeto del acuerdo.
- 111.
- La Comisión estima que las imputaciones que invoca la recurrente tienen por
objeto cuestionar la apreciación por el Tribunal de Primera Instancia de las
pruebas que le fueron aportadas, extremo éste que, salvo en el supuesto de
desnaturalización de tales pruebas, no constituye una cuestión de Derecho sometida
al control del Tribunal de Justicia. La Comisión añade que no se ha demostrado
una desnaturalización de este tipo. Por último, alega que la motivación de la
sentencia del Tribunal de Primera Instancia no es contradictoria.
- 112.
- A este respecto, procede señalar que, según ha indicado el Abogado General en
los apartados 200 y 246 de sus conclusiones, la recurrente se limita esencialmente
a reproducir largos pasajes de las respuestas que dio a las preguntas formuladas
por el Tribunal de Primera Instancia, para deducir de ello, como hizo ante dicho
Tribunal, que los documentos censurados ponen de manifiesto que el Sr. Müller
actuaba en calidad de representante del Fachverband Betonstahlmatten y del
Consejo de vigilancia del cártel de crisis estructural alemán, y no en calidad de
Presidente del órgano de administración de la recurrente.
- 113.
- Ha de recordarse que de los artículos 168 A del Tratado y 51 del Estatuto CE del
Tribunal de Justicia, así como de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del
artículo 112 del Reglamento de Procedimiento, se desprende que un recurso de
casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia
cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de
manera específica esta pretensión. No cumple este requisito el recurso de casación
que se limite a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones ya
formulados ante el Tribunal de Primera Instancia, incluidos los basados en hechos
expresamente desestimados por este órgano jurisdiccional. En efecto, tal recurso
de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del
presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia
del Tribunal de Justicia (auto San Marco/Comisión, antes citado, apartados 36 a
38).
- 114.
- Aun cuando el recurso de casación no contenga tal repetición o reproducción, está
efectivamente destinado a obtener un reexamen de la apreciación de los hechos
efectuada por el Tribunal de Primera Instancia.
- 115.
- De lo anterior resulta que debe declararse la inadmisibilidad de estos motivos.
En cuanto a la no aplicación del Reglamento n. 67/67 a los contratos de distribución
exclusiva
- 116.
- Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no demostró que los
contratos de distribución exclusiva celebrados entre la recurrente, por una parte,
y Bouwstaal Roermond BV y Arbed SA afdeling Nederland, por otra, implicaban
la prohibición de importaciones paralelas, ni se pronunció sobre la tolerancia de
la Comisión con respecto a tales contratos, que le fueron sometidos con motivo de
la reorganización de la industria siderúrgica de Luxemburgo y del Sarre.
- 117.
- La Comisión afirma que la alegación relativa a la inexistencia de prohibición de las
importaciones paralelas corresponde a la apreciación de los hechos por el Tribunal
de Primera Instancia y que la alegación basada en la tolerancia que supuestamente
mostró con respecto a los contratos controvertidos constituye un motivo nuevo.
- 118.
- A este respecto, es preciso declarar la inadmisibilidad de la alegación de la
recurrente según la cual no se demostró que los contratos que ella había celebrado
con Bouwstaal Roermond BV y Arbed SA afdeling Nederland implicaban una
prohibición de las importaciones paralelas, dado que, según ha indicado el
Abogado General en los puntos 210 a 223 de sus conclusiones, dicha alegación
tiene por objeto cuestionar la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal
de Primera Instancia.
- 119.
- En cuanto a la alegación de la recurrente según la cual el Tribunal de Primera
Instancia omitió pronunciarse sobre la tolerancia de la Comisión con respecto a los
contratos de que se trata, es preciso señalar que, tal como ha subrayado el
Abogado General en los puntos 228 a 232 de sus conclusiones, las alegaciones
formuladas ante el Tribunal de Primera Instancia a este respecto eran meras
afirmaciones imprecisas y no se sustentaban en ninguna justificación. Por lo tanto,
no puede reprocharse al Tribunal de Primera Instancia que no se haya pronunciado
sobre tales alegaciones.
- 120.
- Por consiguiente, debe desestimarse este motivo.
Sobre los motivos basados en la infracción del artículo 15 del Reglamento n. 17
- 121.
- En primer lugar, ha de recordarse que la posibilidad de imponer multas en caso
de infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado está expresamente prevista
en el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n. 17, según el cual:
«La Comisión podrá, mediante Decisión, imponer a las empresas y asociaciones
de empresas multas que vayan de un mínimo de mil unidades de cuenta a un
máximo de un millón de unidades de cuenta, pudiéndose elevar este límite máximo
hasta el diez por ciento del volumen de negocios alcanzado durante el ejercicio
económico precedente por cada empresa que hubiere tomado parte en la
infracción cuando, deliberadamente o por negligencia:
a) cometan una infracción a las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 [...]
b) ...
Para establecer la cuantía de la multa, se tomará en consideración, además de la
gravedad de la infracción, la duración de ésta».
- 122.
- En primer lugar, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia el haber
incurrido en errores de Derecho en su apreciación de las circunstancias atenuantes
y agravantes de las infracciones. Según ella, el Tribunal de Primera Instancia
consideró erróneamente que la Comisión había efectuado una apreciación
individual de los criterios de determinación de la gravedad de las infracciones. La
recurrente alega, en particular, que tanto la Comisión como el Tribunal de Primera
Instancia consideraron su participación en el cártel de crisis estructural como una
circunstancia agravante a efectos de la fijación de la multa. Por otro lado, añade
la recurrente, la multa impuesta fue desproporcionada, pues diversas circunstancias
atenuantes no fueron tomadas en consideración.
- 123.
- La Comisión responde que esta imputación no debe admitirse, en la medida en que
equivale a reproducir los argumentos desarrollados por la recurrente ante el
Tribunal de Primera Instancia. En lo que atañe al cártel de crisis estructural
alemán, la Comisión considera que el Tribunal de Primera Instancia justificó la
opción efectuada en la Decisión de no considerar la existencia del mismo como
circunstancia atenuante respecto de la recurrente.
- 124.
- En segundo lugar, la recurrente afirma que no se tuvo en cuenta su ignorancia de
la ilegalidad del cártel de crisis estructural alemán y de las acciones desarrolladas
para garantizar su protección.
- 125.
- Sobre este punto, la Comisión estima que esta imputación no debe admitirse,
puesto que fue invocada por primera vez en la fase de recurso de casación.
- 126.
- Por último, la recurrente solicita, con carácter subsidiario, que se reduzca la multa
a una cuantía razonable.
- 127.
- La Comisión observa que no corresponde al Tribunal de Justicia sustituir, por
razones de equidad, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia por la suya
propia.
- 128.
- Con carácter liminar, es preciso recordar que el Tribunal de Primera Instancia es
el único competente para controlar el modo en que la Comisión aprecia en cada
caso concreto la gravedad de los comportamientos ilícitos. En el marco del recurso
de casación, el control del Tribunal de Justicia tiene por objeto, por un lado,
examinar en qué medida el Tribunal de Primera Instancia ha tomado en
consideración, de manera jurídicamente correcta, todos los factores esenciales para
apreciar la gravedad de un determinado comportamiento a la luz de los artículos
85 del Tratado y 15 del Reglamento n. 17 y, por otro lado, examinar si el Tribunal
de Primera Instancia ha contestado de modo suficiente con arreglo a Derecho a
todas las alegaciones formuladas por la recurrente sobre la supresión o la reducción
de la multa (sobre este último extremo, véase la sentencia de 17 de julio de 1997,
Ferriere Nord/Comisión, C-219/95 P, Rec. p. I-4411, apartado 31).
- 129.
- En lo referente al supuesto carácter desproporcionado de la multa, es necesario
señalar que no corresponde al Tribunal de Justicia, cuando se pronuncia sobre
cuestiones de Derecho en un recurso de casación, sustituir, por razones de equidad,
la apreciación del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia, cuando éste
resuelve, en el ejercicio de su plena jurisdicción, sobre el importe de las multas
impuestas a empresas por haber infringido, éstas, el Derecho comunitario
(sentencias antes citadas BPB Industries y British Gypsum/Comisión, apartado 34,
y Ferriere Nord/Comisión, apartado 31). Procede, pues, declarar la inadmisibilidad
de esta imputación, en la medida en que tiene por objeto un nuevo examen general
de las multas y en que pretende, con carácter subsidiario, que se reduzca la multaa un importe razonable. Lo mismo cabe decir de la imputación, que la recurrente
no formuló ante el Tribunal de Primera Instancia, basada en su supuesta ignorancia
del carácter ilícito de los comportamientos que tenían por objeto la defensa del
cártel de crisis estructural alemán, tal como subrayó el Abogado General en el
apartado 286 de sus conclusiones.
- 130.
- En cuanto al hecho de que no se hayan apreciado las circunstancias atenuantes y
agravantes, basta con hacer constar, en primer lugar, que la sentencia impugnada
resume las infracciones cometidas por la recurrente e individualiza su
comportamiento, así como su papel en la creación o funcionamiento de cada uno
de los acuerdos.
- 131.
- En segundo lugar, en el apartado 146 de la sentencia impugnada el Tribunal de
Primera Instancia estimó que la Decisión, considerada en su conjunto, había
aportado a la recurrente los datos necesarios para conocer las diferentes
infracciones que se le imputaban, así como las circunstancias concretas de su
comportamiento y, en particular, los elementos relativos a la duración de su
participación en las diferentes infracciones. Asimismo, el Tribunal de Primera
Instancia señaló que, en la parte de la Decisión dedicada a la valoración jurídica,
la Comisión había expuesto los diferentes criterios de valoración de la gravedad de
las infracciones imputadas a la recurrente, así como las diversas circunstancias que
habían atenuado las consecuencias económicas de las infracciones.
- 132.
- Por otro lado, en lo que respecta a las circunstancias agravantes consideradas en
contra de la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 149
de la sentencia impugnada, que la recurrente no había aportado ningún elemento
que permitiera refutar las pruebas aportadas por la Comisión para demostrar el
papel activo que había desempeñado en los acuerdos. Tal como subraya el
Abogado General en el apartado 268 de sus conclusiones, el Tribunal de Primera
Instancia se remitió a pasajes concretos de la Decisión, en los que se definen
comportamientos de la recurrente que podían justificar una mayor severidad en la
fijación de la sanción impuesta. En estas consideraciones concretas, la Comisión
puso el énfasis tanto en la función impulsora desempeñada por la recurrente en la
comisión de las infracciones como en la participación del Sr. Müller en su triple
condición de gerente de la recurrente, representante legal del cártel de crisis
estructural alemán y Presidente del Fachverband Betonstahlmatten. En el punto
207 de la Decisión, la Comisión declaró que las multas más elevadas debían
imponerse a las empresas cuyos directivos ocupaban funciones importantes en el
seno de asociaciones de empresas tales como el Fachverband Betonstahlmatten.
- 133.
- En cuanto a la imputación a la recurrente de su participación en el cártel de crisis
estructural, basta con señalar que, al haber sido sancionada la recurrente en razón
de acuerdos que no estaban indisolublemente ligados a la constitución del cártel
y que tenían por objeto proteger el mercado alemán frente a las importaciones no
controladas de otros Estados miembros, el Tribunal de Primera Instancia pudo
estimar, acertadamente, que la existencia de dicho cártel autorizado no podía
considerarse como una circunstancia atenuante general respecto de las
mencionadas actuaciones de la recurrente, que había asumido una responsabilidad
especial al respecto en razón de las funciones de su gerente.
- 134.
- Por último, en lo que atañe, más concretamente, a la existencia de circunstancias
atenuantes, la recurrente mantiene que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo
en cuenta las diferentes circunstancias de esta naturaleza. Reprocha a la Comisión
y al Tribunal de Primera Instancia haber calculado la multa que se le impuso sobre
la base de su volumen de negocios global, en lugar de hacerlo en función del
volumen de negocios procedente de los acuerdos. Invoca asimismo una violación
del principio de igualdad, plasmada en la cuantía anormalmente elevada de la
multa que se le impuso en relación con las demás multas. Además, la recurrente
cuestiona que el Tribunal de Primera Instancia utilice, como criterio para fijar el
importe de la multa, el de su cuota de mercado en el mercado alemán, puesto que
los recursos financieros de una empresa no son necesariamente proporcionales a
su posición en el mercado.
- 135.
- A este respecto, debe recordarse que, en el apartado 158 de la sentencia
impugnada, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Comisión no había
tenido en cuenta el volumen de negocios global realizado por la recurrente, sino
únicamente el volumen de negocios relativo a las mallas electrosoldadas en la
Comunidad de seis, y que no rebasó el límite del 10 %; por consiguiente, dada la
gravedad y la duración de la infracción, el Tribunal de Primera Instancia estimó
que la Comisión no había vulnerado lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento
n. 17.
- 136.
- En el apartado 160 de la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia
estimó, en lo que respecta a la fijación del importe de la multa en un porcentaje
del 3,15 % del volumen de negocios, que a la recurrente, a la que no podía
aplicársele ninguna circunstancia atenuante general, se le aplicó, por el contrario,
una circunstancia agravante -al igual que a Tréfilunion- que responde al número
y a la importancia de las infracciones que se imputaron a la recurrente.
- 137.
- A continuación, procede examinar si el Tribunal de Primera Instancia tomó en
consideración, de un modo jurídicamente correcto, las cuotas de mercado de la
recurrente en el mercado alemán cuando declaró, en el apartado 147 de la
sentencia impugnada, que la Comisión había actuado acertadamente al negarse a
aplicar a la recurrente, como circunstancia atenuante, el hecho de no pertenecer
a una entidad económica pujante, debido a que ésta era, con mucho, la empresa
que poseía la mayor cuota del mercado alemán.
- 138.
- A este respecto, debe subrayarse que, entre los elementos de apreciación de la
gravedad de la infracción, puede figurar el volumen y el valor de las mercancías
que constituyen su objeto, el tamaño y la pujanza económica de la empresa y, por
tanto, la influencia que ésta haya podido ejercer en el mercado (véase la sentencia
de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a
103/80, Rec. p. 1825, apartado 120).
- 139.
- De lo anterior se deduce que, para determinar la multa, es posible tener en cuenta
tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación,
siquiera sea aproximada e imperfecta, de su tamaño y de su pujanza económica,
como el porcentaje de dicho volumen de negocios que proviene de las mercancías
que constituyen el objeto de la infracción y que puede dar, por tanto, una
indicación de la magnitud de ésta (sentencia Musique Diffusion française y
otros/Comisión, antes citada, apartado 121). Pues bien, aunque la cuota de
mercado que posee una empresa no puede ser determinante para concluir que una
empresa pertenece a una entidad económica pujante, sí es pertinente, en cambio,
para determinar la influencia que dicha empresa haya podido ejercer en el
mercado.
- 140.
- En consecuencia, esta imputación debe ser desestimada.
Sobre las consecuencias de la anulación de la sentencia impugnada en la medida
en que fija el importe de la multa
- 141.
- Habida cuenta de todas las circunstancias del caso de autos, este Tribunal de
Justicia considera que la cantidad de 50.000 ECU constituye una compensación
equitativa, en razón de la excesiva duración del procedimiento.
- 142.
- Por consiguiente, al haberse anulado la sentencia impugnada en la medida en que
fija el importe de la multa (véase el apartado 48 de la presente sentencia), este
Tribunal de Justicia, resolviendo definitivamente, con arreglo al artículo 54 de su
Estatuto, fija en 2.950.000 ECU el importe de dicha multa.
- 143.
- Se desestima el recurso de casación en todo lo demás.
Costas
- 144.
- A tenor del artículo 122 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia
decidirá sobre las costas cuando, siendo el recurso de casación fundado, dicho
Tribunal resuelva definitivamente sobre el litigio. A tenor del apartado 2 del
artículo 69, aplicable al procedimiento de recurso de casación en virtud del artículo
118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera
solicitado la otra parte. Sin embargo, según el apartado 3 del mismo artículo,
cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal
podrá repartir las costas. Al haber sido desestimada una de las pretensiones de la
Comisión, al tiempo que se desestimaban las demás pretensiones de la recurrente,
procede decidir que la recurrente cargará con sus propias costas así como con las
tres cuartas partes de las costas de la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
decide:
1) Anular el punto 2 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6
de abril de 1995, en el asunto Baustahlgewebe/Comisión (T-145/89), en
cuanto fija en 3 millones de ECU el importe de la multa impuesta a la
recurrente.
2) Fijar en 2.950.000 ECU el importe de la multa impuesta a la recurrente.
3) Desestimar el recurso en todo lo demás.
4) La parte recurrente cargará con sus propias costas de la instancia, así
como con las tres cuartas partes de las costas de la Comisión.
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Rodríguez IglesiasPuissochet
Hirsch
Mancini Moitinho de Almeida
Edward Ragnemalm
Sevón
Wathelet Schintgen
Ioannou
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Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de diciembre de 1998.
El Secretario
El Presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias