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Recurso interpuesto el 12 de abril de 2022 — BNP Paribas/BCE

(Asunto T-186/22)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: BNP Paribas (París, Francia) (representantes: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi y M. Dalon, abogados)

Demandada: Banco Central Europeo

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

Anule las secciones 1.10 y 3.10.1 a 3.10.8 de la Decisión del BCE n.º ECB-SSM-2022-FRBNP-7 (adoptada conjuntamente con sus anexos), de 2 de febrero de 2022, por cuanto impone la adopción de medidas sobre los compromisos de pago irrevocables relativos a los sistemas de garantía de depósitos o los fondos de resolución.

Condene a la demandada a cargar con la totalidad de las costas.

Adopte, con arreglo a los artículos 88 y 89 del Reglamento de Procedimiento, una diligencia de ordenación para que el BCE comunique las decisiones relativas a los compromisos de pago irrevocables adoptadas en relación con otras entidades bancarias en 2021, en particular, las que se refieren al resto de entidades bancarias francesas.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

Primer motivo, basado en un error de Derecho y la infracción del artículo 266 TFUE. La parte demandante alega a este respecto que al imponer, en la Decisión recurrida, una medida de principio general y basada en un razonamiento que no tiene en cuenta su situación prudencial individual, el BCE ha rebasado las competencias que le atribuye el Reglamento n.º 1024/2013, 1 tal como han sido precisadas por la jurisprudencia del Tribunal General.

Segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación y la vulneración del principio de buena administración. La parte demandante considera que, al no haber tenido en cuenta el conjunto de elementos pertinentes que caracterizan su situación específica, el BCE ha llegado a conclusiones erróneas en cuanto a los riesgos prudenciales que implicaría el recurso a compromisos de pago irrevocables (en lo sucesivo, «CPI») sobre su situación individual.

Tercer motivo, basado en un error de Derecho a causa de la privación del efecto útil de las disposiciones del Derecho de la Unión que regulan el recurso a CPI. Según la parte demandante, puesto que el BCE ha basado su análisis en consideraciones de principio que solo pueden llevar a una exigencia de deducción integral de los CPI del capital ordinario de nivel 1, esto aboca a que se vean privados de su efecto útil los textos de Derecho de la Unión que autorizan a las entidades de crédito a recurrir a CPI para hacer frente a una parte de sus obligaciones con respecto a los fondos de resolución y a los sistemas de garantía de depósitos.

Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad, por el hecho de que el BCE haya impuesto una medida de deducción injustificada y desproporcionada a la luz de su situación prudencial.

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1 Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63).