Language of document : ECLI:EU:C:2022:1002

Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. GIOVANNI PITRUZZELLA

presentadas el 15 de diciembre de 2022(1)

Asunto C570/21

I.S.,

K.S.

contra

YYY. S.A.

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunal de Distrito de Varsovia‑Woli, con sede en Varsovia, Polonia)]

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Concepto de consumidor — Contrato con doble finalidad celebrado por una persona que ejerce una actividad profesional o comercial y por otra que no ejerce ninguna actividad profesional — Carácter marginal o no predominante de la finalidad profesional o comercial en el contexto general del contrato celebrado»






1.        ¿Puede considerarse consumidor, a efectos de la protección que ofrece el Derecho de la Unión contra las cláusulas abusivas, a una persona que ejerce una actividad comercial o profesional y que ha celebrado un contrato de préstamo, junto con otro prestatario que no ejerce tal actividad, si ha actuado en parte en el marco de su actividad y en parte fuera de ella, cuando en el contexto general del contrato el carácter comercial o profesional no es predominante?

I.      Marco jurídico

A.      Derecho de la Unión

 1.      Directiva 93/13/CEE

2.        Con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE: (2)

«El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»

3.        El artículo 2 de dicha Directiva establece:

«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

[…]

b)      “consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional;

c)      “profesional”: toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada.»

 2.      Directiva 2011/83/UE

4.        El considerando 17 de la Directiva 2011/83/UE (3) establece:

«La definición de consumidor debe incluir a las personas físicas que actúan fuera de su actividad comercial, empresa, oficio o profesión. No obstante, en el caso de los contratos con doble finalidad, si el contrato se celebra con un objeto en parte relacionado y en parte no relacionado con la actividad comercial de la persona y el objeto comercial es tan limitado que no predomina en el contexto general del contrato, dicha persona deberá ser considerada como consumidor.»

5.        El artículo 2 de dicha Directiva, con el epígrafe «Definiciones», dispone:

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1)      “consumidor”: toda persona física que, en contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión;

2)      “comerciante”: toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, incluso a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresa, oficio o profesión en relación con contratos regulados por la presente Directiva […]».

 3.      Directiva 2013/11/UE

6.        A tenor del considerando 18 de la Directiva 2013/11/UE: (4)

«La definición de “consumidor” debe incluir a las personas físicas que actúan con fines ajenos a sus actividades comerciales o empresariales, a su oficio o a su profesión. No obstante, si el contrato se celebra con un propósito en parte relacionado y en parte no relacionado con la actividad comercial de la persona (contratos de doble finalidad) y el propósito comercial es tan limitado que no predomina en el contexto general del suministro, dicha persona debe ser considerada un consumidor.»

7.        El artículo 4, letras a) y b), de la citada Directiva, titulado «Definiciones» establece:

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a)      “consumidor”: toda persona física que actúe con fines ajenos a sus actividades comerciales o empresariales, a su oficio o a su profesión;

b)      “comerciante”: toda persona física, o toda persona jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, incluso a través de otra persona que actúe en su nombre o a su cargo, con fines relacionados con sus actividades comerciales o empresariales, su oficio o su profesión;

[…]».

 4.      Reglamento (UE) n.º 524/2013

8.        El considerando 13 del Reglamento n.º 524/2013 (5) dispone:

«La definición de “consumidor” debe incluir a las personas físicas que actúen con fines ajenos a sus actividades comerciales o empresariales, a su oficio o a su profesión. No obstante, si el contrato se celebra con un propósito en parte relacionado y en parte no relacionado con la actividad comercial de la persona (contratos de doble finalidad) y el propósito comercial es tan limitado que no predomina en el contexto general del suministro, dicha persona también debe considerarse un consumidor.»

9.        El artículo 4, letras a) y b), del mismo Reglamento, titulado «Definiciones», establece lo siguiente:

«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a)      “consumidor”: un consumidor con arreglo a la definición del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2013/11/UE;

b)      “comerciante”: un comerciante con arreglo a la definición del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2013/11/UE;

[…]».

B.      Derecho polaco

10.      El artículo 221 del Kodeks cywilny (Código Civil), en su versión aplicable a los hechos controvertidos en el litigio principal, define al «consumidor» como «toda persona física que concluya un acto jurídico con un comerciante que no esté directamente relacionado con su actividad comercial o profesional.»

11.      Con arreglo al artículo 3851 del Código Civil:

«(1)      Las cláusulas de un contrato celebrado con un consumidor que no hayan sido negociadas individualmente no serán vinculantes para el consumidor cuando establezcan los derechos y obligaciones de este de forma contraria a las buenas costumbres y atenten manifiestamente contra sus intereses (cláusulas ilícitas). Esta disposición no afectará a las cláusulas que determinen las obligaciones principales de las partes, en particular lo relativo al precio o a la remuneración, cuando hayan sido formuladas de forma inequívoca.

(2)      En caso de que una cláusula contractual no vincule al consumidor con arreglo al apartado 1, las demás disposiciones del contrato seguirán siendo obligatorias para las partes.

(3)      Se considerarán cláusulas de un contrato celebrado con consumidores no negociadas individualmente aquellas sobre cuyo contenido el consumidor no haya podido tener una influencia concreta. Se trata en particular de las cláusulas contractuales retomadas de un modelo de contrato propuesto al consumidor por el contratante.

(4)      La carga de la prueba de que una cláusula ha sido negociada individualmente recaerá en quien invoque este extremo».

II.    Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

12.      El 28 de febrero de 2006, I. S. y K. S. solicitaron al representante legal de la demandada en el procedimiento principal la celebración de un contrato de préstamo hipotecario (en francos suizos) para hacer frente, en parte, al reembolso de determinadas deudas de la actividad comercial de uno de los cónyuges y, en parte, a la compra de un inmueble.

13.      El importe total solicitado ascendía a 206 120,00 eslotis polacos (PLN), de los que 96 120,00 PLN estaban destinados a la financiación de determinadas deudas de uno de los demandantes en el litigio principal y 110 000,00 PLN a satisfacer necesidades privadas de consumo.

14.      En cuanto a la situación profesional de los demandantes en el procedimiento principal, I. S. ejercía una actividad profesional en calidad de socio de una sociedad civil. En cambio, K. S. trabajaba por cuenta ajena en una empresa como herrero.

15.      El 21 de marzo de 2006, I. S. y K. S., por una parte, y la entidad de crédito demandada en el procedimiento principal, por otra, celebraron finalmente el contrato de préstamo por un importe total de 198 996,73 PLN referenciado al tipo de cambio en francos suizos, en las condiciones establecidas en el contrato principal y conforme a las condiciones generales del contrato de préstamo hipotecario.

16.      Dicho importe debía pagarse en 300 cuotas iguales. En particular, la primera de ellas debía destinarse al reembolso de una cantidad de 70 000,00 PLN, desembolsada por la entidad de crédito a favor de los demandantes en una cuenta específicamente a nombre de la sociedad de I. S., que fue cancelada inmediatamente después del reembolso.

17.      Según la declaración de I. S. en la vista del 11 de enero de 2021, la concesión íntegra de la cantidad antes mencionada fue supeditada por la demandada en el procedimiento principal a que se destinara una parte de la cantidad prestada a la extinción de otra obligación vinculada a la actividad profesional con otra entidad de crédito.

18.      Una parte de la primera cuota se destinó al pago de determinadas primas de seguro.

19.      Por último, la segunda cuota comprendía un importe de 9 720,00 PLN para el reembolso de un crédito contraído por la sociedad el 18 de abril de 2005; una cantidad de 7 400,00 PLN para el reembolso del préstamo renovable de la sociedad a favor del prestatario; una cantidad de 9 000,00 PLN para el reembolso de otras deudas financieras de la cuenta del prestatario y por último, una cantidad de 93 880,00 PLN para gastos de consumo.

20.      Posteriormente, los prestatarios presentaron una demanda ante el órgano jurisdiccional nacional contra la parte demandada en el procedimiento principal con el fin de que se declarasen abusivas determinadas cláusulas del contrato y obtener el pago de las cantidades indebidamente cobradas.

21.      En el marco del procedimiento principal, la entidad de crédito negó que los demandantes pudieran ser calificados como «consumidores» a efectos del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, ya que una parte de las cantidades estaba destinada a la satisfacción de necesidades relacionadas con la actividad comercial de uno de los dos demandantes del procedimiento principal.

22.      En este contexto, el Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunal de Distrito de Varsovia‑Wola, con sede en Varsovia, Polonia) suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Deben interpretarse el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y los considerandos de esta, en el sentido de que no se oponen a que se incluya en la definición de “consumidor” a una persona que ejerce una actividad profesional y que, junto con un prestatario que no ejerce tal actividad, celebra un contrato de préstamo indexado a una moneda extranjera que se destina a un uso parcialmente profesional por parte de uno de los prestatarios y a un uso parcialmente ajeno a la actividad profesional de este, y ello no solo cuando el uso profesional sea marginal hasta el punto de tener un papel insignificante en el contexto global de ese contrato, siendo irrelevante a este respecto el hecho de que predomine el aspecto no profesional?

2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿deben interpretarse el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y los considerandos de esta en el sentido de que el concepto de “consumidor” incluye también a la persona que, en el momento de la firma de un contrato, ejercía una actividad profesional, mientras que el otro prestatario no ejercía en absoluto tal actividad y, posteriormente, estas dos personas celebraron con una entidad bancaria un contrato de préstamo indexado a una moneda extranjera cuyo capital se destinó a un uso parcialmente profesional por parte de uno de los prestatarios y a un uso parcialmente ajeno a la actividad profesional de este, en una situación en que el uso profesional no es marginal y no tiene un papel insignificante en el contexto global del contrato de préstamo, pero el aspecto no profesional es predominante y, de no haberse utilizado el capital del préstamo para un fin profesional, no habría sido posible obtener el préstamo para un fin no profesional?»

III. Análisis jurídico

A.      Observaciones preliminares

23.      Ambas cuestiones prejudiciales están estrechamente vinculadas y se refieren, en esencia, la primera, a la posibilidad de aplicar o no el criterio formulado en la sentencia Gruber (6) a la interpretación del artículo 1 de la Directiva 93/13 y, la segunda, a las formas y condiciones en las que una persona que celebra un contrato con doble finalidad, en parte profesional y en parte personal, puede ser considerada consumidor con arreglo a la Directiva 93/13.

24.      Al emprender el análisis jurídico, me parece útil recapitular algunos hechos esenciales del caso que ayudan a enmarcar mejor el asunto analizado.

25.      Dos cónyuges suscriben un contrato de préstamo para la compra de una vivienda. Uno de ellos ejerce una actividad comercial en relación con la cual ha contraído una deuda con una entidad de crédito. En el momento de solicitar el préstamo para la adquisición del inmueble, la entidad de crédito establece como condición para su concesión que el prestatario que ha contraído la deuda por motivos profesionales la extinga. El importe desembolsado cubre aproximadamente en un tercio la deuda previa del prestatario, que ya era deudor por motivos profesionales, y en dos tercios los gastos correspondientes a la compra de la vivienda y otras necesidades personales de los dos prestatarios. El cónyuge del prestatario que había asumido previamente la deuda por motivos profesionales es ajeno a la actividad profesional del otro cónyuge.

26.      Para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, es necesario calificar, a efectos de la Directiva 93/13, la posición de dos personas físicas que han celebrado un contrato en parte con fines de consumo privado y en parte con fines comprendidos en el ámbito de la actividad comercial o profesional de una de ellas, teniendo en cuenta que la finalidad comercial o profesional del crédito al consumo es relevante en el contexto general del contrato, aunque no predominante. Es decir, hay que preguntarse si pueden ser considerados o no «consumidores» a efectos de la aplicación de la protección contra las cláusulas abusivas.

27.      A este respecto, se proponen dos posibles interpretaciones a la luz del marco normativo y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

28.      Por un lado, la interpretación adoptada por los demandantes en el procedimiento principal, así como por el Gobierno polaco y la Comisión, según la cual la posición de los demandantes debe situarse dentro del ámbito del concepto de consumidores, habida cuenta de la relevancia limitada y no predominante de la finalidad profesional en el contexto general del contrato de préstamo, aplicando un enfoque coherente con el concepto de consumidor contenido en la Directiva 2011/83 y en otros actos posteriores (7) en el ámbito de la protección de los consumidores.

29.      A esta interpretación se opone, por otro lado, la sostenida únicamente por la parte demandada en el litigio principal, según la cual en el presente asunto no se cumplen los requisitos para la aplicación de la protección invocada por los demandantes, ya que la finalidad comercial o profesional no es tan marginal como para desempeñar un papel insignificante en el contexto general del contrato de préstamo, aplicando por analogía el enfoque adoptado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Gruber, (8) en la que la disposición interpretada por el Tribunal de Justicia era el Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (9)

30.      Por esta razón, considero útil realizar un breve análisis del concepto de consumidor en el Derecho de la Unión antes de proponer respuestas a las cuestiones planteadas.

1.      El concepto de consumidor en el Derecho de la Unión

31.      Partiendo de la base de que las diferencias normativas entre los distintos Estados miembros eran un obstáculo para la integración económica, las instituciones europeas aprobaron en los años 90 una serie de directivas destinadas a aproximar las disposiciones, proporcionando así una mayor protección al consumidor en la compra de bienes y servicios. (10)

32.      Hasta el momento no existe una definición única de consumidor en el ordenamiento de la Unión. Ante la falta de una definición específica en el Derecho primario de la Unión, el concepto de consumidor varía más o menos significativamente en las fuentes de rango secundario, según el objetivo de la medida en cuestión.

33.      En el Derecho contractual de la Unión, el concepto de consumidor tiende a caracterizarse de manera uniforme, centrándose en la consideración de la «debilidad» del consumidor frente a la contraparte, el profesional o la empresa. Esto se debe tanto a las asimetrías de información como al poder contractual, circunstancias que requieren una protección jurídica diferente de la que se garantiza al resto de los justiciables.

34.      Las primeras normas sobre la relación entre el profesional y el consumidor fueron de carácter sectorial. En cambio, la Directiva 93/13 es una norma de alcance general, destinada a todos los contratos entre consumidores y profesionales, que por primera vez prevé una protección sustancial en la relación contractual entre consumidores y profesionales. (11) En concreto, de la lectura de los considerandos 2, 5 y 6 resulta evidente el carácter instrumental de la intervención normativa para la realización del mercado interior: las diferencias normativas entre los Estados miembros en materia de cláusulas abusivas representaban, en efecto, un obstáculo a la libre circulación de mercancías en los distintos Estados miembros y, por tanto, a la integración económica.

35.      En cuanto al concepto de consumidor, el artículo 2, letra b), de la referida Directiva define al consumidor como «toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional».

36.      Este concepto debe leerse en contraposición al concepto de profesional que figura en el artículo 2, letra c), de la misma Directiva, que se define como «toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada».

37.      Los conceptos de consumidor y comerciante previstos en las Directivas 2011/83 y 2013/11, (12) y en el Reglamento n.º 524/2013 presentan un contenido análogo.

38.      Por consiguiente, resulta que la distinción entre consumidor y profesional reside en si el objeto del contrato es ajeno a la actividad profesional del contratante, más que en la «condición de los contratantes». (13)

39.      Dado que el concepto de consumidor depende de si el objeto de la transacción está comprendido o no en el marco de la actividad profesional, (14) cabe señalar que el criterio está relacionado con el contrato concreto.

40.      El criterio adoptado por el Tribunal de Justicia es objetivo. Como señaló el Abogado General Mischo en el asunto Di Pinto, las personas físicas comprendidas en el concepto de consumidor no se definen «in abstracto, sino según lo que hacen in concreto». (15)

41.      Por lo tanto, una vez excluido el enfoque subjetivo vinculado a las intenciones de las partes contratantes, ha de aplicarse un enfoque objetivo, pero teniendo en cuenta el efecto útil de las directivas y los supuestos de protección necesarios para reforzar la confianza de los consumidores en el mercado, (16) indispensable para su funcionamiento eficaz.

42.      Por consiguiente, hasta un profesional, incluso un abogado especializado en contratos de servicios jurídicos, (17) o una persona que actúe como comerciante puede beneficiarse de la protección dispensada al consumidor.

43.      Por lo tanto, cabe concluir a este respecto que la evolución de las fuentes del Derecho de la Unión y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia avanza hacia una mayor protección de los consumidores, pero siempre en equilibrio también con las demás libertades y, en definitiva, con el funcionamiento eficaz del mercado único, permitiendo al mismo tiempo un margen de flexibilidad suficiente en el concepto que permita abarcar todas las situaciones en las que objetivamente concurren supuestos de protección.

44.      En efecto, toda la normativa se basa en la premisa de que los nuevos modelos de mercado colocan al consumidor en una condición de inferioridad por la falta de un poder real de negociación y por el reducido nivel de información disponible, de modo que le obligan en la práctica a adherirse de manera acrítica a las condiciones impuestas por el profesional, sin poder influir en ellas.

2.      El concepto de consumidor en los contratos mixtos o de doble finalidad.

45.      Los contratos mixtos o de doble finalidad son aquellos que se celebran con fines en parte enmarcados en la actividad comercial de la persona y en parte para fines de carácter personal.

46.      La calificación de la posición del contratante en los contratos con doble finalidad fue examinada por primera vez por el Tribunal de Justicia en la sentencia Gruber. (18)

47.      En dicho asunto, el demandante invocaba la protección que el Convenio de Bruselas dispensa a los consumidores en virtud de los artículos 13, 14 y 15, es decir, el derecho a interponer una acción ante los tribunales del Estado miembro en el que se ejecutó la obligación en lugar de ante los tribunales del Estado miembro en el que está domiciliado el demandado.

48.      Al tratarse de un contrato con doble finalidad, se solicitó al Tribunal de Justicia que precisara si el criterio decisivo era la finalidad privada o profesional del contrato en cuestión.

49.      El Tribunal de Justicia consideró que la persona física solo podía ser calificada de consumidor en la medida en que «el uso profesional [fuera] marginal hasta el punto de tener un papel insignificante en el contexto global de la operación de que se trate, siendo irrelevante a este respecto el hecho de que predomine el aspecto no profesional». (19)

50.      La sentencia Gruber, por tanto, en el contexto concreto de la cuestión de carácter procesal planteada al Tribunal de Justicia utiliza un criterio que cabría denominar de «marginalidad» para considerar que una persona que celebra con un profesional un contrato de doble finalidad es un consumidor a efectos del Reglamento.

51.      La Directiva 93/13 no regula expresamente el concepto de consumidor en el caso de los contratos con doble finalidad.

52.      Por otra parte, el considerando 17 de la Directiva 2011/83 establece que «[…] en el caso de los contratos con doble finalidad, si el contrato se celebra con un objeto en parte relacionado y en parte no relacionado con la actividad comercial de la persona y el objeto comercial es tan limitado que no predomina en el contexto general del contrato, dicha persona deberá ser considerada como consumidor.»

53.      Se utilizan expresiones análogas en el considerando 18 de la Directiva 2013/11 y en el considerando 13 del Reglamento n.º 524/2013.

54.      La disposición objeto de examen consagra, pues, lo que podríamos denominar el criterio de «no predominio». En consecuencia, incluso una persona que actúe parcialmente en el ámbito de su actividad profesional podría ser calificada como consumidor en la medida en que la finalidad comercial o profesional, aunque no sea insignificante, pueda considerarse no predominante en el contexto general del contrato.

B.      Cuestiones prejudiciales

1.      Primera cuestión prejudicial

55.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en qué condiciones un prestatario que ha celebrado un contrato de préstamo en parte con fines comerciales o profesionales y en parte con fines privados de consumo, junto con otro prestatario que actúa exclusivamente con fines privados de consumo puede estar comprendido en el concepto de consumidor del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 y, en esencia, si es preferible, en el caso de los contratos con doble finalidad, adoptar el enfoque establecido por el Tribunal de Justicia en la sentencia Gruber o el que se deduce de los considerandos de la Directiva 2011/83 y de las medidas legislativas posteriores.(20)

56.      Como se ha recordado antes, del análisis de las fuentes y de la jurisprudencia se deducen dos posibles interpretaciones diferentes que pueden resumirse en el criterio de «marginalidad» y en el criterio de «no predominio» de la finalidad comercial o profesional respecto de la de consumo privado.

57.      Los elementos que han de examinarse para orientar la elección de una u otra interpretación se refieren a: por lo que respecta a la primera cuestión prejudicial, la diferente ratio legis de las fuentes (procesales) a las que se refieren la sentencia Gruber y la Directiva 93/13, así como las medidas legislativas posteriores (21) sobre la protección (material) del consumidor y el alcance de su interpretación; la posición material de las partes que celebran el contrato de consumo y las finalidades reales de su celebración para garantizar el efecto útil de la Directiva que, en particular en materia de cláusulas abusivas, se vería gravemente comprometido por una interpretación excesivamente restrictiva; y la estrecha conexión de las finalidades de la Directiva 93/13 con las medidas posteriores.

58.      En cuanto a la diferente ratio legis de las fuentes interpretadas en la sentencia Gruber y de la Directiva 93/13, esta última pretende esencialmente restablecer el equilibrio en la relación contractual entre el consumidor y el profesional, rediseñando simétricamente sus relaciones. (22)

59.      La idea en la que se basa el sistema de protección establecido por la Directiva es, en efecto, como se ha indicado, que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido estas. (23)

60.      Habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 establece que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Se trata de una disposición imperativa (24) que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y las obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre estas. (25) El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público. (26) Además, debe tenerse en cuenta que dicha calificación, como recuerda la Comisión en sus observaciones, (27) se extiende a todas las disposiciones de la Directiva que sean indispensables para la realización del objetivo pretendido por el artículo 6. (28)

61.      El carácter imperativo de las disposiciones contenidas en la Directiva 93/13 y las exigencias particulares de protección de los consumidores que llevan aparejadas conducen, por lo tanto, a preferir una interpretación amplia del concepto de consumidor para garantizar el efecto útil de la Directiva.

62.      Las disposiciones del artículo 14 del Convenio de Bruselas y, actualmente, las del Reglamento n.º 44/2001, (29) así como el Reglamento n.º 1215/12 (30) tienen por objeto, en cambio, proteger al consumidor desde el punto de vista procesal, estableciendo una excepción a la regla general del foro del demandado, según la cual las personas domiciliadas en un Estado miembro deben ser demandadas ante el tribunal del foro de dicho Estado miembro. No han introducido una protección general de los consumidores, sino que solo han definido los casos de contratos de consumo que están sujetos a una protección especial en virtud de las normas sobre competencia judicial. En efecto, el Tribunal de Justicia subrayó en la sentencia Gruber que «uno de los objetivos fundamentales del Convenio de Bruselas es precisamente evitar una multiplicidad de los tribunales competentes en relación con una misma relación jurídica». (31)

63.      La sentencia Gruber versaba, pues, sobre la interpretación de las normas de competencia judicial en materia de contratos celebrados con consumidores, que introducen una excepción a la regla general de que la competencia judicial corresponde a los tribunales del Estado del domicilio del demandado. Se trata, por lo tanto, de un terreno distinto al de la protección material del consumidor, pues el ámbito en el que se mueve la sentencia Gruber es el del Derecho procesal. Y, como observó correctamente la Comisión, (32) la interpretación restrictiva del concepto de consumidor adoptada en dicha sentencia obedecía al hecho de que esta disposición constituye una excepción de principio a las normas sobre competencia judicial. (33) Dado que se trata de una excepción solo cabe interpretarla de manera estricta. (34)

64.      En efecto, la ratio legis subyacente a las normas de los reglamentos en cuestión incluye consideraciones distintas de la protección de la parte débil para conciliar la protección del consumidor con otras exigencias igualmente dignas de protección: la previsibilidad de las soluciones y la seguridad jurídica, (35) para evitar la discrecionalidad de las partes en la elección del foro en detrimento de la seguridad de los intercambios comerciales internacionales. (36) Y efectivamente en el sistema del Reglamento n.º 1215/12, el desequilibrio del poder contractual en la relación entre el profesional y el consumidor no es suficiente para justificar la excepción a las normas generales sobre competencia judicial, sino que también es necesario que el consumidor haya celebrado un tipo determinado de contrato.

65.      Del carácter imperativo de las disposiciones contenidas en la Directiva 93/13 y de la consiguiente necesidad de una especial protección de los consumidores frente a cláusulas abusivas se desprende la necesidad de analizar atentamente la posición material de las personas que celebran el contrato de consumo y la finalidad real para la que lo firmaron.

66.      Con objeto de no menoscabar el efecto útil de la Directiva es necesario adoptar una interpretación lo más amplia posible del concepto de consumidor en los contratos con doble finalidad, para evitar que el profesional pueda eludir fácilmente la aplicación de las disposiciones imperativas sobre las cláusulas abusivas, imponiéndolas, sobre la base de la mera existencia simultánea de fines comerciales o profesionales en sentido amplio en la solicitud de financiación. (37)

67.      Efectivamente, el caso de autos representa un ejemplo de un riesgo de esa clase: de los autos se desprende que la finalidad predominante (si no exclusiva) de los solicitantes de la financiación consistía en adquirir un inmueble familiar, solo uno de los solicitantes ejercía una actividad profesional, la entidad de crédito condicionó la concesión de la financiación para los fines personales antes mencionados a la extinción de una deuda anterior, de carácter profesional, de uno de los solicitantes; y el importe de la extinción de la deuda profesional era aproximadamente un tercio del importe total de la financiación.

68.      Tal y como afirma fundadamente el Gobierno polaco, «la Directiva 93/13/CEE se adoptó precisamente para proteger a los consumidores de este tipo de conductas, es decir, de la imposición de condiciones sobre las que no tienen ninguna influencia y que, en consecuencia, vulneran sus derechos e intereses. Por lo tanto, un consumidor no puede verse privado de la protección de la Directiva 93/13/CEE por el mero hecho de que un comerciante le haya impuesto, en un contrato celebrado con fines no comerciales, una cláusula que se refiere a su actividad comercial». (38)

69.      Por último, sobre este extremo, como señalan las demandantes en el procedimiento principal, (39) la adhesión a la interpretación del Tribunal de Justicia en la sentencia Gruber implicaría que el supuesto consumidor tendría la carga de probar ante el tribunal los hechos constitutivos de su pretensión, (40) a diferencia del sistema de la Directiva 93/13, en el que corresponde al juez nacional comprobar de oficio que la persona que invoca la protección contra las cláusulas abusivas es un consumidor. (41)

70.      Pasando al análisis de las finalidades de la normativa contenida en la Directiva 93/13, no cabe pasar por alto su estrecha conexión con las de las directivas posteriores, (42) circunstancia que lleva a abogar por una interpretación uniforme y amplia del concepto de consumidor.

71.      En materia de protección en los contratos celebrados con comerciantes, la Directiva 2011/83 persigue en efecto la misma finalidad que la Directiva 93/13 (43) y el concepto de consumidor del artículo 2 de la Directiva 2011/83 es casi idéntico en ambas. Las mismas consideraciones sobre el concepto de consumidor se aplican también a la Directiva 2013/11 y al Reglamento n.º 524/2013.

72.      El vínculo de la citada normativa con la Directiva 93/13 queda aún más patente por el hecho de que la Directiva 2011/83 modificó la Directiva 93/13, insertando el artículo 8 bis. No es casual que normalmente ambas puedan aplicarse de forma simultánea al mismo contrato. (44) El vínculo entre ambas Directivas ha sido reforzado recientemente por el legislador de la Unión mediante la adopción de la Directiva 2019/2161, (45) por la que se modifican la Directiva 93/13 y la Directiva 2011/83, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores.

73.      Comparto, por tanto, la observación de la Comisión de que «una interpretación sistemática del concepto de “consumidor” aboga a favor de una acepción horizontal de ese concepto en el sentido de la Directiva 93/13/CEE y de otros instrumentos de Derecho del consumo de la Unión, en particular la Directiva 2011/83/UE, la [Directiva 2013/11] y el [Reglamento n.º 524/2013]. Las explicaciones contenidas en los considerandos de estos instrumentos deben aplicarse sobre la base de la Directiva 93/13/CEE, ya que estos actos están vinculados funcionalmente a la Directiva y se adoptaron con el objetivo de proteger al consumidor como parte débil del contrato con el vendedor». (46)

74.      Lo observado hasta ahora en cuanto a la relación entre la Directiva 93/13 y la Directiva 2011/83 (y los actos posteriores) permite, a mi juicio, superar las alegaciones de la demandada en contra de una interpretación extensiva del concepto de consumidor, coincidente con la contenida en los considerandos de las Directivas 2011/83 y posteriores. Dichas alegaciones se centran, en particular, en el diferente ámbito de aplicación de las Directivas 93/13 y 2011/83 y en el hecho de que, según la demandada, al ser la Directiva 2011/83 posterior a los hechos del presente asunto, el concepto de consumidor que dicha Directiva prevé en el caso de un contrato con doble finalidad no es aplicable al presente asunto.

75.      Por lo que respecta al diferente ámbito de aplicación de las Directivas, procede señalar únicamente, como complemento a los argumentos anteriores, que la definición de los contratos con doble finalidad no se encuentra en las normas pormenorizadas, sino en los considerandos, cuyo valor consiste evidentemente en ofrecer orientaciones interpretativas, sin fuerza vinculante.

76.      En cuanto a las consideraciones relativas a la ley aplicable ratione temporis, no se trata de aplicar las normas de directivas publicadas con posterioridad a una situación preexistente, sino simplemente de seguir una interpretación orientada teleológicamente, que ya era preferible en el momento en que solo estaba en vigor la Directiva 93/13, y explicitada por el legislador de la Unión en las medidas adoptadas posteriormente.

77.      A este respecto debo señalar, retomando las observaciones formuladas por el Abogado General Villalón, que los trabajos preparatorios (47) de la Directiva 2011/83 ponen de manifiesto que el considerando 17 representó un compromiso en las negociaciones entre las instituciones europeas sobre la conveniencia de interpretar el concepto de consumidor en los contratos con doble finalidad de acuerdo con el umbral del llamado criterio de finalidad preponderante. (48) Los trabajos preparatorios de la Directiva 2011/83 también confirman que no cabe afirmar que el ámbito de aplicación del considerando 17 esté relacionado de modo específico con la Directiva 2011/83 únicamente.

78.      A la luz de las consideraciones expuestas, opino que debe adoptarse una interpretación que tenga en cuenta el efecto útil de la Directiva, el sistema en el que se inscribe el acto normativo, la función que cumple y, en consecuencia, optar por la interpretación más amplia del concepto de consumidor para calificar a una persona que celebra un contrato con doble finalidad, como la que se recoge en los citados considerandos de las Directivas 2011/83 y 2013/11 y el Reglamento n.º 524/2013.

2.      Segunda cuestión prejudicial

79.      Mediante su segunda cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente (49) solicita esencialmente al Tribunal de Justicia, si he entendido bien puesto que la redacción no es muy clara, que precise los criterios que permiten determinar que la finalidad profesional para la que uno de los prestatarios celebró el contrato de crédito no era predominante y solo tenía un carácter limitado. Existe un cierto grado de solapamiento entre ambas cuestiones, ya que algunos de los elementos que conducen a que prevalezca la interpretación propuesta anteriormente del concepto de consumidor en los contratos de doble finalidad desempeñan al mismo tiempo la función de criterios para determinar si la finalidad personal prevalece o no sobre la profesional en la solicitud de financiación.

80.      En cualquier caso, quien debe determinar si el caso concreto está comprendido en el concepto de consumidor antes formulado es el órgano jurisdiccional nacional, que tiene la obligación, «teniendo en cuenta el conjunto de las pruebas y, en particular, los términos de dicho contrato, de comprobar si el prestatario puede tener la condición de “consumidor” en el sentido de dicha Directiva». (50)

81.      En este sentido, el juez nacional está obligado a realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de todos los elementos pertinentes para la resolución del asunto y debe realizar una apreciación global de todas las circunstancias del caso concreto susceptibles de demostrar con qué finalidad se adquiere el bien o el servicio objeto del contrato considerado y, en particular, la naturaleza de dicho bien o de dicho servicio. (51)

82.      Dicho esto, algunas circunstancias particulares que se observan en el presente asunto, tal como sugiere el órgano jurisdiccional nacional, pueden desempeñar el papel de criterios generales en virtud de los cuales determinar si se cumple el requisito del «no predominio» de la finalidad profesional sobre la personal en el caso de un contrato con doble finalidad.

83.      El hecho de que, aun actuando en el marco de un contrato mixto, el prestatario celebrara el contrato de préstamo junto con otra parte que actuaba exclusivamente con fines de consumo privado resulta pertinente y puede servir también como criterio para determinar, en el contexto general del contrato, si la finalidad profesional era o no «predominante».

84.      En efecto, la existencia de una finalidad profesional en parte no puede privar al prestatario, «simple» consumidor, de su condición. Además, por la forma en que se redactó y otorgó el documento, de los autos se desprende que el contrato de préstamo suscrito por los prestatarios era inseparable. La falta de reconocimiento de la condición de consumidor a uno de los dos solicitantes por la existencia de una finalidad profesional en uno de ellos tendría el efecto de privar de protección al prestatario que es simplemente un consumidor. La entidad de crédito bien podría haber propuesto a los prestatarios dos operaciones distintas para no solapar sus finalidades.

85.      También resulta sin duda pertinente (52) la circunstancia de que el banco demandado supeditara la concesión del crédito a la extinción (con parte de la cantidad solicitada) de otra obligación contraída en el marco de su actividad comercial. La existencia de esta circunstancia puede ser un criterio discrecional para la prueba de «no predominio» de la finalidad profesional ya que, en la negociación concreta, la finalidad profesional estaría presente solo en la medida en que es «impuesta» por el profesional. (53)

86.      El aspecto cuantitativo, es decir, la relación entre el importe de la suma pagada para fines profesionales y el de la cantidad destinada a fines de carácter personal, resulta ciertamente relevante. En el presente asunto, la proporción de 1 a 3 me parece que se inclina, junto con los demás elementos, si se acreditan, hacia un «no predominio» de la finalidad profesional.

3.      Sobre la limitación en el tiempo de los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia.

87.      Por último, la parte demandada en el procedimiento principal solicita que se limiten los efectos de la sentencia en caso de que no se acepte la interpretación restrictiva del concepto de «consumidor» que figura en el artículo 2, letra b).

88.      A tal efecto, señalo que «solo con carácter excepcional puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico de la Unión, limitar la posibilidad de que los interesados invoquen una disposición por él interpretada con el fin de cuestionar relaciones jurídicas establecidas de buena fe. Para poder decidir dicha limitación, es necesario que concurran dos criterios esenciales, a saber, la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves». (54)

89.      Sin embargo, la parte demandada en el procedimiento principal no aporta indicaciones precisas y oportunas para demostrar el cumplimiento de los dos requisitos antes mencionados. Se limita a señalar en términos generales circunstancias que no permiten justificar los presupuestos mencionados.

90.      Por este motivo, considero que la demanda debe ser desestimada.

IV.    Conclusión

91.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunal de Distrito de Varsovia‑Wola, con sede en Varsovia, Polonia) del siguiente modo:

«El artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y sus considerandos

han de interpretarse en el sentido de que

no se oponen a que se incluya en la definición de “consumidor” a una persona que ejerce una actividad económica y que, junto con un prestatario que no ejerce tal actividad, ha celebrado un contrato de préstamo referenciado en una moneda extranjera, destinado en parte al uso profesional de uno de los prestatarios y en parte a un uso ajeno a su actividad económica, y no solo cuando el uso profesional sea tan marginal que desempeñe un papel insignificante en el contexto global del contrato en cuestión. Teniendo en cuenta, en efecto, los criterios de interpretación que ofrece el considerando 17 de la Directiva 2011/83/UE, en el caso de los contratos con doble finalidad basta con que la finalidad comercial sea tan limitada que no resulte predominante en el contexto general del contrato.

El artículo 2, letra b) de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y sus considerandos,

han de interpretarse en el sentido de que

la cuestión de si la finalidad comercial o profesional es predominante en el contexto general del contrato ha de ser resuelta por el órgano jurisdiccional nacional, que debe realizar una valoración global de todas las circunstancias del caso concreto. Para ello, el órgano jurisdiccional nacional, en el caso de una solicitud de préstamo a una entidad de crédito, podrá tener en cuenta como criterios de valoración: la relación entre la cantidad concedida para fines profesionales y la concedida para fines personales; la circunstancia de que el préstamo haya sido solicitado conjuntamente por una persona que no ejerce ninguna actividad profesional o comercial y que no tiene relación con la actividad comercial del otro solicitante; el eventual condicionamiento de la concesión del préstamo para fines privados al pago simultáneo de la deuda contraída para fines comerciales o profesionales por uno de los dos solicitantes.»


1      Lengua original: italiano.


2      Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29); en lo sucesivo, «Directiva 93/13/CEE».


3      Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (DO 2011, L 304, p. 64); en lo sucesivo, «Directiva 2011/83».


4      Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (DO 2013, L 165, p. 63); en lo sucesivo, «Directiva 2013/11».


5      Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Reglamento sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo), (DO 2013, L 165, p. 1, y corrección de errores en DO 2018, L 219, p. 4); en lo sucesivo, «Reglamento n.º 524/2013».


6      Véase la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32).


7      En particular, la Directiva 2013/11/UE y el Reglamento n.º 524/2013.


8      Véase la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32).


9      Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1998, C 27, pp. 1 a 33); en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas».


10      G. Cassano, M. Dona, R. Torino, Il diritto dei consumatori, (a cargo de), Giuffré, Milán, 2021, p. 14.


11      Caringella, F., Il lungo viaggio verso la tutela del consumatore quale contraente per definizione debole, en Caringella F., De Marzo G., I contratti dei consumatori, Turín, 2007, pp. 1 a 51.


12      Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (DO 2013, L 165, pp. 63 a 79); en lo sucesivo, «Directiva 2013/11/UE».


13      Véanse las sentencias de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito (C‑488/11, EU:C:2013:341), apartado 30; de 15 de enero de 2015, Šiba (C‑537/13, EU:C:2015:14), apartado 21; y de 3 de septiembre de 2015, Costea (C‑110/14, EU:C:2015:538), apartado 17.


14      Véase la sentencia de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito (C‑488/11, EU:C:2013:341), apartado 30.


15      Conclusiones del Abogado General Mischo en el asunto Di Pinto (C‑361/89, no publicadas, EU:C:1990:462),  punto 19.


16      El Derecho contractual de la UE también se centra en el objetivo de reforzar la confianza de los consumidores en el mercado único, tal como confirma el hecho de que la normativa sectorial en la materia se ha adoptado, en su mayor parte, sobre la base jurídica de la realización del mercado interior (actualmente, el artículo 114 TFUE). En este contexto, se considera al consumidor como un agente económico medianamente racional cuyos intereses se protegen no solo a efectos sino también mediante el buen funcionamiento del mercado, fundamento de la protección del consumidor en el Derecho de la Unión; véase P. MENGOZZI, Il principio personalista nel diritto dell’Unione europea, Padua, 2010, en particular pp. 60 a 98.


17      Véanse las sentencias de 15 de enero de 2015, Šiba (C‑537/13, EU:C:2015:14), apartados 23 y 24, y de 3 de septiembre de 2015, Costea (C‑110/14, EU:C:2015:538), apartado 24.


18      Véase la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32).


19      Véase la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32), apartado 54. Esta misma posición fue adoptada más recientemente por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 25 de enero de 2018, Schrems (C‑498/16, EU:C:2018:37), apartado 32, y de 14 de febrero de 2019, Milivojević (C‑630/17, EU:C:2019:123), apartado 91.


20      En particular, la Directiva 2013/11/UE y el Reglamento n.º 524/2013.


21      En particular, la Directiva 2013/11/UE y el Reglamento n.º 524/2013.


22      Véanse las sentencias de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito (C‑488/11, EU:C:2013:341), apartado 31; de 15 de enero de 2015, Šiba (C‑537/13, EU:C:2015:14), apartado 22; y de 3 de septiembre de 2015, Costea (C‑110/14, EU:C:2015:538), apartado 19.


23      Véanse las sentencias de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito (C‑488/11, EU:C:2013:341), apartado 31; de 15 de enero de 2015, Šiba (C‑537/13, EU:C:2015:14), apartado 22; y de 3 de septiembre de 2015, Costea (C‑110/14, EU:C:2015:538), apartado 19.


24      Véanse las sentencias de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675), apartado 36; de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615), apartado 30; de 9 de noviembre de 2010, VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:659), apartado 47; de 15 de marzo de 2012, Pereničová y Perenič (C‑453/10, EU:C:2012:144), apartado 28; de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), apartado 40; de 17 de julio de 2014, Sánchez Morcillo y Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), apartado 23; y de 3 de septiembre de 2015, Costea (C‑110/14, EU:C:2015:538), apartado 19.


25      Sentencia de 3 de septiembre de 2015, Costea (C‑110/14, EU:C:2015:538), apartado 19.


26      Véanse la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615), apartado 52; el auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovost (C‑76/10, EU:C:2010:685), apartado 50; y la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), apartado 54.


27      Observaciones de la Comisión Europea, apartado 29.


28      Sentencia de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito (C‑488/11, EU:C:2013:341), apartado 44.


29      Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, pp. 1 a 23); en lo sucesivo, «Reglamento n.º 44/2001».


30      Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, pp. 1 a 32); en lo sucesivo, «Reglamento n.º 1215/12».


31      Sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32), apartados 43 y 44.


32      Observaciones de la Comisión, apartado 23.


33      Sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32), apartado 43.


34      Véanse las sentencias de 21 de junio de 1978, Bertrand (150/77, EU:C:1978:137), apartados 17 y 18; de 19 de enero de 1993, Shearson Lehman Hutton (C‑89/91, EU:C:1993:15), apartados 14 a 16; de 3 de julio de 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337), apartado 13; de 19 de febrero de 2002, Besix (C‑256/00, EU:C:2002:99), apartados 26 y 27 y jurisprudencia citada; de 20 de enero de 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32), apartados 43 y 44; de 25 de enero de 2018, Schrems (C‑498/16, EU:C:2018:37), apartado 37; de 14 de febrero de 2019, Milivojević (C‑630/17, EU:C:2019:123), apartado 21; y de 28 de enero de 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), apartado 23.


35      «La interpretación que niega la calidad de consumidor, en el sentido del artículo 13, párrafo primero, del Convenio de Bruselas, cuando el uso del bien o servicio persigue un objetivo que tiene una relación significativa con la actividad profesional de la persona afectada es, asimismo, la que mejor se ajusta a las exigencias de seguridad jurídica y previsibilidad de los tribunales competentes por lo que se refiere al futuro demandado, que constituyen el fundamento de dicho Convenio». Véase la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32), apartado 45.


36      En este sentido véanse también las Observaciones del Gobierno polaco, apartado 27, p. 9.


37      Véanse, en este sentido, las Observaciones del Gobierno polaco, apartado 30.


38      Observaciones del Gobierno polaco, apartado 30.


39      Observaciones de los demandantes, p. 7.


40      Véase la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32), apartado 46.


41      Véase el fallo de la sentencia de 4 de junio de 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357).


42      Véanse las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón en el asunto Costea (C‑110/14, EU:C:2015:271), punto 44.


43      Véase el auto de 15 de abril de 2021, MiGame (C‑594/20, EU:C:2021:309), apartado 28.


44      A condición de que se trate de un contrato comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/83.


45      Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión (DO 2019, L 328, p. 7).


46      Observaciones de la Comisión, apartado 22.


47      Documento del Consejo 10481/11, de 20 de mayo de 2011, p. 3 y Documento del Consejo 11218/11, de 8 de junio de 2011, p. 5.


48      El Parlamento Europeo había planteado una enmienda que proponía expresamente la modificación de la definición de consumidor en el sentido de ampliarla a «toda persona física que, en contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito principalmente ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión». Durante las negociaciones subsiguientes, el Parlamento Europeo accedió al mantenimiento de la definición de consumidor, eliminando el adverbio «principalmente», con la condición de que en el considerando destinado a clarificar dicha definición, basado originariamente en la sentencia Gruber, se sustituyese la palabra «marginal» por la palabra «preponderante». Véanse las conclusiones presentadas por Abogado General Cruz Villalón en el asunto Costea (C‑110/14, EU:C:2015:271), punto 42.


49      En el mismo sentido, véanse las observaciones de la Comisión, apartado 32.


50      Véase la sentencia 3 de septiembre de 2015, Costea (C‑110/14, EU:C:2015:538), apartado 22.


51      Véase la sentencia de 3 de septiembre de 2015, Costea (C‑110/14, EU:C:2015:538), apartado 23.


52      Véanse también las Observaciones del Gobierno polaco, apartado 29.


53      Véanse las Observaciones de la Comisión, apartado 35, según las cuales «la relevancia de la intención de una persona concreta en el contexto de una transacción concreta a efectos de determinar si tal persona puede ser considerada un consumidor también deriva del razonamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia [de 4 de octubre de 2018, Kamenova (C‑105/17, EU:C:2018:808), apartado 38]».


54      Véase la sentencia de 11 de noviembre de 2020, DenizBank (C‑287/19, EU:C:2020:897), apartado 108 y jurisprudencia citada.