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Recurso interpuesto el 13 de mayo de 2016 — Yanukovych/Consejo

(Asunto T-244/16)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ucrania) (representante: T. Beazley, QC)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

Anule la Decisión (PESC) 2016/318 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2016, L 60, p. 76), en la medida en que resulta aplicable al demandante.

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/311 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 208/2014, relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2016, L 60, p. 1), sobre el fundamento de que no revoca el Reglamento (UE) n.º 208/2014, en la medida en que resulta aplicable al demandante.

Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca siete motivos.

Mediante su primer motivo, el demandante alega que el Consejo de la Unión Europea (el Consejo) no tenía base jurídica válida para adoptar las medidas impugnadas. En primer lugar, dichas medidas no cumplen los requisitos para que el Consejo pueda invocar el artículo 29 TUE. Las razones son varias: (i) los objetivos expresamente invocados por el Consejo (consolidar el Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos en Ucrania) no son más que afirmaciones vagas que no pueden razonablemente constituir un fundamento válido para la adopción de tales medidas; (ii) el fundamento jurídico en que el Consejo quiere basarse no guarda relación suficiente con el nivel adecuado de control jurisdiccional que las circunstancias del presente asunto requieren; y (iii) el hecho de imponer medidas restrictivas al demandante constituye, de hecho, un apoyo al, y la legitimación de, la política adoptada por el nuevo régimen de Ucrania, que él mismo vulnera la seguridad jurídica y el Estado de Derecho y que vulnera, y está dispuesto a vulnerar sistemáticamente, los derechos humanos. En segundo lugar, no se cumplen los requisitos para invocar el artículo 215 TFUE, puesto que no existe una decisión válida con arreglo al capítulo 2 del título V del TFUE. En tercer lugar, no existe un vínculo suficiente para poder invocar el artículo 215 TFUE contra el demandante.

Mediante su segundo motivo, el demandante alega que el Consejo cometió un abuso de poder. El verdadero objetivo perseguido por el Consejo mediante la implementación de las medidas impugnadas no consiste en conseguir los objetivos o motivos enunciados en ellas, sino que consiste en atraer la buena disposición del régimen actual de Ucrania (para que Ucrania pueda creas lazos más sólidos con la Unión Europea).

El tercer motivo está basado en una falta de motivación por parte del Consejo. La motivación expuesta en las medidas impugnadas para incluir al demandante (además de ser errónea) sigue una formulación estándar, es inadecuada y no correctamente adaptada al caso concreto.

Mediante su cuarto motivo, el demandante alega que no cumple los criterios para ser incluido en la lista en el momento de que se trata.

En su quinto motivo, el demandante sostiene que el Consejo cometió un error manifiesto de apreciación al incluirlo en las medidas impugnadas. Al volver a incluir el nombre del demandante, a pesar de que claramente no había relación entre la motivación y los criterios pertinentes de designación, el Consejo cometió un error manifiesto.

Mediante su sexto motivo, el demandante afirma que sus derechos de defensa fueron violados y que fue privado de una tutela judicial efectiva. Entre otras cosas, el Consejo no consultó al demandante antes de designarle de nuevo y el demandante tampoco tuvo una oportunidad correcta y justa para corregir errores o aportar información sobre su situación personal.

Mediante su séptimo motivo, el demandante alega la violación de su derecho a la propiedad, consagrado en el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, dado que, entre otras cosas, las medidas restrictivas constituyen una restricción injustificada y desproporcionada de tal derecho, entre otros, por los siguientes motivos: (i) nada deja suponer que se considere que los fondos de los que el demandante se apropió supuestamente de manera indebida hayan sido transferidos fuera de Ucrania; y (ii) no es necesario ni adecuado que se congelen todos los bienes del demandante, puesto que, en estos momentos, las autoridades ucranianas han cuantificado el importe de las pérdidas supuestamente reclamadas en el marco de litigios penales que se hallan pendientes contra el demandante.

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