Asunto T‑335/09

Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção, ACE

contra

Comisión Europea

«Recurso de anulación — Programa MEDA I — Acuerdo específico de financiación — Mandato otorgado a la Unión Europea para cobrar los créditos del Reino de Marruecos frente a un tercero — Nota de adeudo — Reclamación de pago — Actos indisociables del contrato — Acto no recurrible — Inadmisibilidad»

Sumario del auto

Recurso de anulación — Recurso cuyo objeto es en realidad un litigio de naturaleza contractual — Derechos contractuales ejercidos por una institución, en nombre y por cuenta de una de las partes del contrato — Incompetencia del juez comunitario — Inadmisibilidad

(Arts. 230 CE y 249 CE)

En virtud del artículo 230 CE, los órganos jurisdiccionales comunitarios controlan la legalidad de los actos adoptados por las instituciones destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros, modificando de forma caracterizada su situación jurídica. Esta competencia sólo abarca los actos incluidos en el artículo 249 CE que las instituciones deban adoptar cumpliendo los requisitos previstos por el Tratado.

En cambio, los adoptados por las instituciones que se incluyen en un marco puramente contractual del que son indisociables no figuran, por su propia naturaleza, entre los actos comprendidos en el artículo 249 CE, cuya anulación puede ser solicitada con arreglo al artículo 230 CE.

Sin embargo, debe considerarse que el acto adoptado por una institución en un contexto contractual es separable de éste cuando, por una parte, dicha institución lo haya adoptado en ejercicio de sus competencias propias y, por otra parte, produzca por sí mismo efectos jurídicos vinculantes que puedan afectar a los intereses de su destinatario y, por consiguiente, pueda ser objeto de un recurso de anulación. En esas circunstancias, debe considerarse admisible un recurso de anulación interpuesto por el destinatario del acto. En este contexto, por «competencias propias de una institución» deben entenderse aquéllas derivadas de los Tratados o del Derecho derivado, que participan de sus prerrogativas de poder público y le permiten de ese modo crear o modificar unilateralmente derechos y obligaciones frente a terceros. En cambio, el ejercicio de derechos contractuales por una institución, en caso de que la Unión haya recibido un mandato para actuar en nombre y por cuenta de una de las partes del contrato, no constituye un ejercicio de sus competencias propias.

(véanse los apartados 24 a 26, 32 y 33)