AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Tercera)

de 13 de diciembre de 2013

Asuntos acumulados F‑137/12, F‑138/12, F‑139/12 y F‑141/12

Fabrice Van Oost y otros

contra

Comisión Europea

«Función pública — Funcionarios — Promoción — Procedimiento de certificación 2010‑2011 — Exclusión de la lista de funcionarios certificados — Solución amistosa a iniciativa del Tribunal de la Función Pública — Plazo para presentar la reclamación — Reclamación extemporánea — Concepto de error excusable — Diligencia exigida a un funcionario normalmente prudente — Información obtenida por teléfono — Prueba — Inadmisibilidad»

Objeto:      Recursos interpuestos con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, por los que, el 14 de noviembre de 2012, el Sr. Van Oost, la Sra. Ibarra de Diego y el Sr. Theodoridis, respectivamente, y, el 16 de noviembre de 2012, la Sra. Hotz solicitaron en esencia, por un lado, la anulación de las decisiones del comité de deliberación para el procedimiento de certificación 2010-2011 de no incluirlos en la lista de candidatos aprobados en la totalidad de las pruebas efectuadas a raíz del programa de formación «certificación» organizado en 2010-2011 y, por otro lado, la indemnización del perjuicio supuestamente sufrido.

Resultado:      Se archivan los asuntos F‑137/12, F‑138/12 y F‑139/12, haciéndolo constar en el registro del Tribunal de la Función Pública. Las partes en los asuntos F‑137/12, F‑138/12 y F‑139/12 cargarán con las costas conforme al acuerdo que han alcanzado. Se declara la inadmisibilidad del recurso interpuesto en el asunto F‑141/12. La Sra. Hotz cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Comisión Europea en el asunto F‑141/12.

Sumario

Recursos de funcionarios — Reclamación administrativa previa — Plazos — Preclusión — Error excusable — Concepto — Indicaciones erróneas de la administración eventualmente proporcionadas por teléfono — Irrelevancia

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90, ap. 2, y 91, ap. 2; Decisión 2002/620/CE del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social Europeo, del Comité de las Regiones y del Defensor del Pueblo Europeo, art. 4)

El concepto de error excusable debe interpretarse de manera restrictiva y únicamente puede aplicarse a circunstancias excepcionales en las que, en particular, las instituciones hayan adoptado un comportamiento que haya podido conducir por sí solo o contribuir decisivamente a una confusión comprensible en un funcionario o agente de buena fe que actúe con la diligencia exigida. Este concepto es aplicable, por analogía con el artículo 91, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, a los plazos imperativos previstos para la presentación de un escrito o documento ante la propia administración, incluida una reclamación conforme al artículo 90, apartado 2, de dicho Estatuto.

Un funcionario no puede invocar, para demostrar la existencia de un error excusable, una conversación telefónica mantenida con la administración en la que ésta le haya podido dar indicaciones erróneas sobre la autoridad facultada para proceder a los nombramientos ante la que haya presentado una reclamación contra una resolución de la Oficina Europea de Selección de Personal. En efecto, puesto que la interpretación de las disposiciones aplicables de la Decisión 2002/620, por la que se crea la EPSO, no plantea dificultades particulares, incumbía al interesado actuar con la diligencia exigida a un funcionario normalmente prudente y, en consecuencia, informarse correctamente sobre la identidad de la autoridad competente para examinar las reclamaciones.

(véanse los apartados 25 a 28 y 30)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 11 de noviembre de 2008, Speiser/Parlamento, T‑390/07, apartado 33; 16 de septiembre de 2009, Boudova y otros/Comisión, T‑271/08 P, apartado 72, y la jurisprudencia citada

Tribunal General: 1 de abril de 2011, Doherty/Comisión, T‑468/10, apartado 29

Tribunal de la Función Pública: 10 de mayo de 2011, Barthel y otros/Tribunal de Justicia, F‑59/10, apartado 28