Language of document : ECLI:EU:T:1998:177

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

(Sala Tercera ampliada)

de 16 de julio de 1998 (1)

«Intérpretes de conferencias independientes - Licitud de su sujeción

al impuesto comunitario»

En los asuntos acumulados T-202/96 y T-204/96,

Andrea von Löwis y Marta Alvarez-Cotera, intérpretes de conferencias, condomicilio en Ginebra (Suiza), representadas por el Sr. Gerard van der Wal,Abogado ante el Hoge Raad der Nederlanden y de Bruselas, que designan comodomicilio en Luxemburgo el despacho de Me Aloyse May, 31, Grand-Rue,

partes demandantes,

apoyada la segunda de ellas por

República Federal de Alemania, representada por el Sr. Ernst Röder, Ministerialratdel Bundesministerium für Wirstschaft, Bonn (Alemania), en calidad de Agente,

parte coadyuvante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Peter Oliver,miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio

en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro delServicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto la devolución del impuesto comunitario retenido sobre laretribución de las demandantes desde el 1 de enero de 1989,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera ampliada),

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y por los Sres. C.P. Briët, K. Lenaerts,A. Potocki y J.D. Cooke, Jueces;

Secretario: Sr. A. Mair, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y después de celebrada la vistael 5 de mayo de 1998;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico de los litigios

1.
    A tenor del artículo 13 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de lasComunidades Europeas, de 8 de abril de 1965 (en lo sucesivo, «Protocolo»):

«Los funcionarios y otros agentes de la Comunidades estarán sujetos, en beneficiode estas últimas, a un impuesto sobre los sueldos, salarios y emolumentos abonadospor ellas en las condiciones y según el procedimiento que establezca el Consejo,a propuesta de la Comisión.

Los funcionarios y otros agentes de las Comunidades estarán exentos de losimpuestos nacionales sobre los sueldos, salarios y emolumentos abonados por lasComunidades.»

2.
    Desde 1970, la Comisión celebra con la Asociación Internacional de Intérpretes deConferencias (en lo sucesivo, «AIIC»), convenios marco quinquenales (en losucesivo, «convenios marco») en los que se fijan las condiciones de trabajo y elrégimen retributivo de los intérpretes de conferencias independientes contratadospara las necesidades de las Instituciones comunitarias.

3.
    En virtud del párrafo primero de su artículo 1, los convenios marco «se aplicarán,cualquiera que sea su lugar de destino, a los intérpretes de conferenciasindependientes contratados por la Comisión en las condiciones establecidas en lareglamentación relativa a los intérpretes de conferencias aplicable por la Instituciónen la que éstos presten sus servicios».

4.
    En el preámbulo del convenio marco celebrado el 9 de diciembre de 1988 (en losucesivo, «convenio marco de 1988»), las partes contratantes señalaron que elParlamento Europeo, en virtud del artículo 78 del Régimen aplicable a los otrosagentes de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «RAA»), sometía alimpuesto comunitario a los intérpretes independientes contratados por su cuenta.En consecuencia, los signatarios del convenio marco de 1988 considerarondeseable, «en relación únicamente con las disposiciones fiscales derivadas de laaplicación del artículo 78 del RAA, velar por la igualdad de trato, en el ámbitofiscal, entre todos los intérpretes independientes».

5.
    Así pues, en el artículo 8 del convenio marco de 1988, que entró en vigor el 1 deenero de 1989, se estipulaba lo siguiente:

«Los intérpretes independientes contratados por la Comisión por cuenta de todaslas Instituciones de la Comunidad estarán sujetos al impuesto establecido en favorde las Comunidades, previsto por el artículo 13 del [Protocolo].

Lo previsto en el párrafo anterior no será aplicable a quienes no sean nacionalesde alguno de los Estados miembros de la Comunidad, a no ser que la Institucióndisponga lo contrario.»

6.
    Con el fin de tener en cuenta el caso especial de los intérpretes independientesdomiciliados en un Estado tercero, se insertó en el artículo 8 del convenio marcocelebrado el 15 de septiembre de 1994, para el período comprendido entre el 1 deenero de 1994 y el 31 de diciembre de 1998 (en lo sucesivo, «convenio marcode 1994»), un tercer párrafo del siguiente tenor:

«En el caso de que, en un país tercero, la retribución pagada por la Comisiónestuviere sujeta a tributación, y no obstante lo dispuesto en el párrafo primero, elimporte del impuesto comunitario percibido será devuelto al intérpreteindependiente previa presentación de los justificantes oportunos y dentro del límitedel importe correspondiente del impuesto nacional.»

7.
    Para dirimir las controversias individuales, el artículo 23 de dichos convenios marco,dispone que, cuando el litigio no haya podido solucionarse en el marco delprocedimiento administrativo previo previsto en el artículo 22, el intérpreteindependiente podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia, el cual, en virtud delos artículos 42 del Tratado CECA, 181 del Tratado CE y 153 del Tratado CEEA,es competente en materia de contratos de prestación.

8.
    El párrafo segundo de dicho artículo 23 precisa que a las relaciones contractualesentre el intérprete independiente y las Instituciones, se aplicará el Derecho belgasin perjuicio de lo dispuesto en el convenio marco y en sus anexos, así como en loscontratos de trabajo individuales.

9.
    En la práctica, los intérpretes de conferencias independientes son contratados acorto plazo por teléfono o fax, normalmente por un período de sólo algunos días.El contrato se formaliza luego mediante una confirmación escrita firmada porambas partes.

10.
    Dicha confirmación especifica que la contratación se regirá, por un lado, por lareglamentación relativa a los intérpretes de conferencias independientes adoptadapor la Institución para la que el interesado preste sus servicios y, por otro lado, porel convenio marco vigente. La confirmación se remite también a la cláusula deatribución de competencia que figura en el artículo 23 de dicho convenio marco.

Hechos que originaron los litigios

11.
    La Sra. von Löwis es alemana y la Sra. Alvarez-Cotera es española y suiza. Residenen Suiza, respectivamente desde 1964 y 1970. Ambas ejercen la actividad deintérprete independiente para las Instituciones de la Comunidad, la Sra. von Löwisdesde 1973, entre 125 y 135 días al año, y la Sra. Alvarez-Cotera desde marzo de1986, alrededor de 40 a 50 días al año.

12.
    Dado que la Comisión retiene el impuesto comunitario sobre las retribuciones delos intérpretes independientes desde el 1 de enero de 1989, las demandantesquedan potencialmente sujetas a una doble imposición sobre dicha retribución,debido a la posibilidad de estar sujetas al impuesto sobre la renta suizo.

13.
    Con arreglo al artículo 22 del convenio marco de 1994, las Sras. Alvarez-Cotera yvon Löwis solicitaron a la Comisión, el 23 de abril y el 8 de julio de 1996respectivamente, la devolución del impuesto comunitario que habían venidopagando desde 1989.

14.
    Tras haber sido denegadas sus solicitudes por el Director de la Dirección«Conferencias» del Servicio Común «Interpretación-Conferencias», lasdemandantes formularon ante los Directores Generales competentes solicitudesidénticas.

15.
    Estas fueron igualmente desestimadas, mediante decisiones de 25 de septiembrey 21 de octubre de 1996, sobre la base de que, antes de 1994, las demandanteshabían prestado sus servicios de intérprete con pleno conocimiento de losconvenios marco celebrados con la AIIC y de que el párrafo tercero del artículo8 del convenio marco de 1994 sólo podía surtir efecto sobre los servicios prestadosa partir de 1994. A efectos de la devolución del impuesto comunitario en virtud de

esta última disposición, la Comisión exigía la presentación de un justificante de lospagos efectuados a la Administración fiscal helvética.

Procedimiento

16.
    Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instanciael 9 de diciembre de 1996, las demandantes entablaron los presentes recursosreclamando la devolución del impuesto comunitario.

17.
    El 22 de mayo de 1997, la República Federal de Alemania solicitó intervenir en elasunto T-204/96 en apoyo de las pretensiones de la parte demandante. Dichasolicitud fue estimada mediante auto de 11 de julio de 1997.

18.
    Mediante auto de 18 de noviembre de 1997, los asuntos T-202/96 y T-204/96 fueronacumulados a efectos de la fase oral y de la sentencia, con arreglo al artículo 50 delReglamento de Procedimiento.

19.
    Mediante decisión del Tribunal de Primera Instancia de 4 de febrero de 1998,adoptada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 51 del Reglamentode Procedimiento, los asuntos, inicialmente atribuidos a la Sala Tercera, fueronremitidos a la Sala Tercera ampliada.

20.
    Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Terceraampliada) decidió iniciar la fase oral. En el marco de las diligencias de ordenacióndel procedimiento, pidió a la Comisión que le informara sobre determinadosaspectos.

21.
    En la vista de 5 de mayo de 1998 se oyeron los informes de las partes y susrespuestas a las preguntas orales del Tribunal de Primera Instancia.

Pretensiones de las partes

22.
    Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

-    Acuerde la admisión de los recursos.

-    Anule las decisiones de 25 de septiembre y de 21 de octubre de 1996,respectivamente.

-    Declare ilegal la aplicación del impuesto comunitario a las demandantes y/oanule el artículo 8 del convenio marco.

-    Ordene la devolución del impuesto comunitario retenido por la Comisióny/o pagado por las demandantes desde el 1 de enero de 1989 hasta la fechade la sentencia que ha de recaer, más un interés del 8 % o el interés legal.

-    Condene en costas a la Comisión.

23.
    La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

-    Desestime los recursos.

-    Condene en costas a las demandantes.

24.
    La parte coadyuvante en el asunto T-204/96 solicita al Tribunal de PrimeraInstancia que estime la pretensión de devolución del impuesto comunitario.

Sobre la naturaleza jurídica de la relación de prestación de servicios de lasdemandantes

25.
    Consta y es pacífico entre las partes que, en su condición de intérpretes, queprestan una colaboración complementaria, en virtud de contratos de corta duracióny frecuentemente renovados de año en año, las demandantes no deben serconsideradas funcionarias o agentes de las Comunidades en el sentido del RAA(sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1985, Maag/Comisión, 43/84,Rec. p. 2581, apartado 23, y Cantisani, 111/84, Rec. p. 2671, apartado 13), sinococontratantes vinculadas a la Comisión por estipulaciones de Derecho privado alas que se aplica el Derecho belga, en virtud del artículo 23 de los conveniosmarco, en lo que respecta a todas las cuestiones no reguladas por los contratos deprestación de servicios individuales y los convenios marco.

26.
    De ello se desprende que los presentes recursos tienen una base contractual.

Sobre la admisibilidad

Sobre la excepción de incompetencia del Tribunal de Primera Instancia

Alegaciones de las partes

27.
    La Comisión mantiene que el Tribunal de Primera Instancia no es competente parapronunciarse sobre estos dos recursos, en la medida en que se refieren a contratoscelebrados antes del 1 de agosto de 1993, los cuales deberían haber sido objeto deun recurso distinto ante el Tribunal de Justicia. Según ella, la Decisión93/350/Euratom, CECA, CEE del Consejo, de 8 de junio de 1993, por la que semodifica la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom, por la que se crea el Tribunalde Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DO L 144, p. 21; en losucesivo, «Decisión del Consejo»), limitó, en el párrafo segundo de su artículo 3,la atribución al Tribunal de Primera Instancia de la competencia para conocer delas acciones entabladas, como en el presente asunto, por personas físicas en virtudde una cláusula de atribución de competencia, a los litigios relativos a la ejecuciónde los contratos celebrados después de su entrada en vigor, que tuvo lugar el 1 deagosto de 1993.

28.
    Las demandantes, apoyadas fundamentalmente por la parte coadyuvante, objetanque el Tribunal de Primera Instancia es competente para conocer de sus recursos,dado que fueron entablados después de la entrada en vigor del convenio marco de1994 y que se refieren a una relación jurídica continuada con la Comisión,compuesta por una multiplicidad de contratos de corta duración que no procederíaconsiderar por separado.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

29.
    Los presentes recursos cuestionan la legalidad de la percepción del impuestocomunitario, efectuada en virtud de disposiciones idénticas de los dos conveniosmarco aplicables, respectivamente, de 1989 a 1994 y de 1994 a 1998, sobre lasretribuciones pagadas por la Comisión a las demandantes, con arreglo a unasucesión de contratos individuales esencialmente idénticos y celebrados después del1 de enero de 1989.

30.
    En tales circunstancias, es conforme con una buena administración de la justicia ycon la protección jurisdiccional de las demandantes que el Tribunal conozca de latotalidad de los litigios, con independencia de que las contrataciones individualesse hayan celebrado antes o después de la entrada en vigor de la Decisión delConsejo (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de julio de 1982,Porta/Comisión, 109/81, Rec. p. 2469, apartado 10).

31.
    Así pues, procede desestimar la excepción de incompetencia propuesta por laComisión.

Sobre la excepción de inadmisibilidad basada en la confusión de los medios deimpugnación

32.
    La Comisión reprocha fundamentalmente a las demandantes haber tratado deborrar la distinción básica entre una acción de naturaleza contractual y el recursode anulación. En particular, las demandantes no pueden calificar de decisiones losactos de la Comisión por los que se concluye el procedimiento administrativoprevio contractualmente prescrito, ni solicitar su anulación.

33.
    Las demandantes objetan que su litigio no puede limitarse a un litigio denaturaleza privada, dado que, al percibir ilegalmente el impuesto comunitario, laComisión actuó, no como un cocontratante, sino en calidad de autoridad pública.

34.
    El Tribunal de Primera Instancia puede circunscribirse a señalar que, como sedesprende de las pretensiones de las demandantes, éstas le solicitan, deconformidad con la naturaleza contractual de los presentes litigios, que condene ala Comisión a devolverles el impuesto comunitario, alegando la falta de base legalde las estipulaciones de los convenios marco, con referencia a las cuales seefectuaron las retenciones de impuestos.

35.
    Por consiguiente, la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión nopuede ser acogida.

Sobre las excepciones de inadmisibilidad basadas en la vulneración de las normas deprocedimiento

36.
    La Comisión indica, en primer lugar, que las demandantes, en contra de lo previstoen el apartado 5 bis del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento, noadjuntaron a su demanda un ejemplar de todos sus contratos de prestación deservicios que contenían la cláusula de atribución de competencia.

37.
    Las demandantes objetan que presentaron debidamente, junto con su demanda,tanto los convenios marco aplicables como un ejemplar de sus contratos deprestación de servicios, de conformidad con la disposición citada.

38.
    El Tribunal de Primera Instancia señala que las demandantes adjuntarondebidamente a su recurso una copia del contrato de prestación de servicios quecontenía la cláusula compromisoria, en el sentido del apartado 5 bis del artículo 44del Reglamento de Procedimiento, y que, al ser las estipulaciones materialmenteidénticas, las demandantes no tenían ninguna obligación de presentar todos lossucesivos contratos celebrados.

39.
    En segundo lugar, la Comisión reprocha a las demandantes no haber dado unacifra precisa del importe del impuesto comunitario que, según ellas, fue retenidosobre su retribución.

40.
    Las demandantes aducen que rechazan el principio mismo de la aplicación delimpuesto comunitario a su retribución y que el hecho de no indicar un importepreciso no puede dar lugar a la inadmisibilidad de sus recursos.

41.
    El Tribunal de Primera Instancia estima que se ha recurrido válidamente a él paraque se pronuncie tanto sobre el principio mismo de la licitud de las retenciones delimpuesto comunitario efectuadas por la Comisión como sobre las solicitudes dedevolución. En efecto, consta que estas últimas se refieren a cantidades que retuvola propia Comisión y cuyo importe está necesariamente en condiciones dedeterminar.

42.
    En tercer lugar, la Comisión alega que las demandantes ni siquiera han indicadola norma jurídica que les permite impugnar el artículo 8 de los dos conveniosmarco pertinentes, lo que constituye un patente incumplimiento de la obligaciónde aportar una «exposición sumaria de los motivos invocados», en el sentido de laletra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento.

43.
    Las demandantes estiman, por el contrario, haber expuesto correctamente lasrazones por las que consideran que la Comisión aplicó indebidamente, en lo quea ellas se refiere, el artículo 8 de los convenios marco.

44.
    El Tribunal de Primera Instancia señala que las demandantes expusieronclaramente, al invocar las disposiciones de Derecho comunitario pertinentes, quela Comisión no tenía competencia para efectuar las retenciones de impuestoscontrovertidas.

45.
    En tales circunstancias, las excepciones de inadmisibilidad basadas en lavulneración de las normas de procedimiento deben desestimarse.

Sobre la excepción de inadmisibilidad basada en la aceptación por parte de lasdemandantes de la retención del impuesto comunitario

46.
    La Comisión señala que las demandantes aceptaron su sujeción al impuestocomunitario desde 1989 y que ahora pretenden obtener la devolución de dichoimpuesto después de haber esperado varios años para ejercitar su acción.

47.
    El Tribunal de Primera Instancia considera que esta excepción debe examinarsejunto con el fondo del litigio, del que forma parte integrante.

Sobre el fondo

Alegaciones de las partes

48.
    Las demandantes, apoyadas fundamentalmente por la parte coadyuvante en elasunto T-204/96, señalan que, sobre la base del artículo 13 del Protocolo, elConsejo definió, en su Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, de 29 defebrero de 1968, por el que se fijan las condiciones y el procedimiento deaplicación del impuesto establecido en beneficio de las Comunidades Europeas(DO L 56, p. 8; EE 01/01, p. 136), las condiciones y las modalidades de aplicacióndel impuesto comunitario sobre las retribuciones pagadas por las Comunidades asus funcionarios y otros agentes.

49.
    Según las demandantes, como los intérpretes independientes no son ni funcionariosni otros agentes de las Comunidades en el sentido del RAA, la Comisión incurrióen un error de Derecho manifiesto al deducir de su retribución el impuestocomunitario, amparándose en el artículo 8 de los convenios marco, siendo así queéstos fueron celebrados con una asociación internacional de Derecho privado yentran dentro del ámbito del Derecho civil.

50.
    La Comisión objeta que el fundamento de la sujeción al impuesto comunitario delos intérpretes independientes es contractual, por lo que, según el principio pactasunt servanda, las demandantes no pueden impugnar la licitud de sus contratos sino existe dolo, error, coacción u otras circunstancias similares. La Comisiónconsidera, además, que el artículo 8 de los convenios marco no puede disociarsede sus otras disposiciones.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

51.
    El párrafo primero del artículo 13 del Protocolo establece, en beneficio de lasComunidades, un impuesto sobre las retribuciones que éstas abonen a susfuncionarios y a sus otros agentes.

52.
    Sobre la base de esta disposición, el artículo 2 del mencionado Reglamenton. 260/68 prevé que están sujetas a dicho impuesto comunitario las personassometidas al Estatuto o al RAA, a excepción de los agentes locales.

53.
    Dado que, en su condición de intérpretes independientes, las demandantes nopueden ser consideradas ni funcionarias ni agentes en el sentido del RAA, laComisión no podía legalmente cobrar el impuesto comunitario sobre lasretribuciones que ha pagado a las interesadas desde el 1 de enero de 1989.

54.
    Además, del sistema del artículo 13 del Protocolo resulta que la sujeción, en virtudde su párrafo primero, de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades alimpuesto comunitario, en lo que respecta a las retribuciones que les sean abonadaspor las Comunidades, tiene necesariamente como corolario, de conformidad conel párrafo segundo de dicha disposición, la exención de los interesados de losimpuestos nacionales en lo que respecta a esa mismas retribuciones.

55.
    Este principio es especificado por la letra a) del artículo 2 del Reglamento(Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consejo, de 25 de marzo de 1969, quedetermina las categorías de los funcionarios y agentes de las ComunidadesEuropeas a las que se aplicarán determinadas disposiciones del Protocolo (DOL 74, p. 1; EE 01/01, p. 145), tal como ha sido modificado posteriormente, segúnel cual sólo serán beneficiarios de las disposiciones del párrafo segundo del artículo13 del Protocolo las personas sometidas al Estatuto o al RAA, a excepción de losagentes locales.

56.
    De ello se deduce que las retribuciones pagadas por la Comisión a lasdemandantes entran dentro del ámbito de la soberanía fiscal de los Estadosmiembros.

57.
    En esta medida, al efectuar las retenciones del impuesto comunitariocontrovertidas, la Comisión ignoró también la competencia fiscal que conservan losEstados miembros.

58.
    Así pues, deben estimarse las pretensiones de devolución formuladas por lasdemandantes, sin que proceda acoger las objeciones deducidas por la Comisión delsupuesto consentimiento de las demandantes a la retención del impuestocomunitario y del carácter indivisible de las estipulaciones de los convenios marco(véase el apartado 50 supra). En efecto, ni la voluntad de las partes de un convenioni el equilibrio de éste pueden alegarse válidamente para hacer que se cumplan oque se mantengan obligaciones ilícitas.

59.
    De todo lo expuesto resulta que procede condenar a la Comisión a devolver a lasdemandantes las cantidades calificadas de impuesto comunitario que retuvoilegalmente sobre las retribuciones pagadas desde el 1 de enero de 1989, más losintereses de demora, al tipo legal belga, a partir de la fecha de la primera solicitudde devolución presentada respectivamente por cada una de las demandantes (véaseel apartado 13 supra), hasta el pago efectivo.

Costas

60.
    En virtud del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parteque pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otraparte. Dado que han sido desestimadas las pretensiones de la Comisión, procedecondenarla en costas, de conformidad con las pretensiones en este sentido de lasdemandantes.

61.
    Con arreglo al párrafo primero del apartado 4 del artículo 87 del Reglamento deProcedimiento, la República Federal de Alemania, parte coadyuvante en el asuntoT-204/96, cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera ampliada)

decide:

1.
    Condenar a la Comisión a devolver a las demandantes las cantidadescalificadas de impuesto comunitario que retuvo ilegalmente sobre lasretribuciones pagadas desde el 1 de enero de 1989, más los intereses dedemora, al tipo legal belga, a partir de la fecha de la primera solicitud dedevolución presentada respectivamente por cada una de las demandantes,hasta el pago efectivo.

2.
    Desestimar las pretensiones de las demandantes en todo lo demás.

3.
    Condenar en costas a la Comisión.

4.
    La República Federal de Alemania cargará con sus propias costas.

Tiili
Briët
Lenaerts

Potocki

Cooke

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de julio de 1998.

El Secretario

La Presidenta

H. Jung

V. Tiili


1: Lengua de procedimiento: inglés.