Recurso interpuesto el 20 de abril de 2011 - Rautenbach /Consejo y Comisión

(Asunto T-222/11)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Muller Conrad Rautenbach (Harare, Zimbabwe) (representantes: S. Smith QC y M. Lester, Barristers, y W. Osmond, Solicitor)

Demandadas: Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

Anule la Decisión 2011/101/PESC del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a medidas restrictivas contra Zimbabwe (DO L 42, p. 6), y el Reglamento (UE) nº 174/2011 de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 314/2004 del Consejo, relativo a determinadas medidas restrictivas respecto de Zimbabwe (DO L 49, p. 23), en la medida en que se refieren al demandante.

Se condene en costas a las demandadas.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

Primer motivo, basado en que ni el Reglamento (UE) nº 174/2011 de la Comisión, ni la Decisión 2011/101/PESC del Consejo tienen una base jurídica válida puesto que las instituciones de que se trata actuaron fuera de su ámbito de competencia.

Segundo motivo, basado en que las demandadas no tienen la facultad de imponer tales medidas restrictivas al demandante; subsidiariamente, en que su inclusión se basa en un error manifiesto de apreciación, puesto que las demandadas incurrieron en error al considerar que las medidas restrictivas se hallaban justificadas en lo que respecta al demandante.

Tercer motivo, basado en que las medidas controvertidas vulneran el derecho de defensa del demandante y su derecho a una tutela judicial efectiva.

Cuarto motivo, basado en que las demandadas incumplieron la obligación de motivación en la medida en que la exposición de motivos aportada no cumple con la obligación de motivación que pesa sobre las instituciones de la UE.

Quinto motivo, basado en que las medidas controvertidas limitan de manera injusta y desproporcionada los derechos fundamentales del demandante, en particular, su derecho de propiedad, su libertad de empresa y el derecho al respecto de su reputación y de su vida familiar.

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