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Recurso interpuesto el 21 de marzo de 2014 — Comisión Europea / República Federal de Alemania

(Asunto C-137/14)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: C. Hermes y G. Wilms, agentes)

Demandadas: República Federal de Alemania

Pretensiones de la parte demandante

La demandante solicita que el Tribunal de Justicia declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 11 de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 1 y al artículo 25 de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) 2

—    al considerar que, por principio, la Directiva sobre evaluación no confiere derechos subjetivos y, consiguientemente, impide que los particulares puedan invocarla ante los tribunales (artículo 133, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento administrativo);

—    al limitar la anulación de decisiones a causa de vicios procesales a los supuestos de inexistencia completa de una evaluación de las repercusiones medioambientales (ERA) o de inexistencia del preceptivo examen previo (artículo 4, apartado 1, de la Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz; Ley de recursos en materia de medio ambiente, en lo sucesivo, «UmwRG») y a los supuestos en los que el demandante acredite que el vicio procesal es la causa de la decisión finalmente adoptada (artículo 46 de la Verwaltungsverfahrengesetz; Ley de Procedimiento Administrativo; en lo sucesivo, «VwVfG») y han resultado lesionados sus intereses;

al limitar la legitimación activa y el alcance del examen jurisdiccional a observaciones que ya se hayan formulado dentro del plazo de presentación de observaciones en el procedimiento administrativo que haya dado lugar a la adopción de la decisión (artículo 2, apartado 3, de la UmwRG y artículo 73, apartado 6, de la VwVfG) y

—    al limitar la legitimación activa de asociaciones de protección del medio ambiente, en los procedimientos incoados con posterioridad al 25 de junio de 2005 y que concluyeron antes del 12 de mayo de 2011, a aquellas disposiciones que confieren derechos a los particulares (artículo 2, apartado 1 en relación con el artículo 5,apartado 1, de la UmwRG);

al limitar el alcance del examen jurisdiccional de los recursos interpuestos por asociaciones de protección del medio ambiente, en los procedimientos incoados con posterioridad al 25 de junio de 2005 y que concluyeron antes del 12 de mayo de 2011, a aquellas disposiciones que confieren derechos a los particulares ( artículo 2, apartado 1, de la UmwRG en su versión antigua, en relación con el artículo 5, apartado 1, de la UmwRG);

al excluir en general los procedimientos administrativos incoados antes dl 25 de junio de 2005, del ámbito de aplicación dela UmwRG (artículo 5, apartado 1, de la UmwRG).

Motivos y principales alegaciones

Los principales motivos de recurso son los siguientes:

La demandada ha incumplido su deber de colaboración leal tanto desde el punto de vista temporal como objetivo. Así, necesitó más de 18 meses para empezar a intentar extraer las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 2011 en el asunto C-115/09. 3 Desde el punto de vista material, las disposiciones adoptadas por la demanda no son suficientes y contradicen tanto la jurisprudencia citada anteriormente como la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Altrip. 4

En lo que atañe a la titula judicial de los particulares, La República Federal sigue limitando el control jurisdiccional a la observancia de disposiciones que confieren derechos subjetivos en el sentido de la llama teoría de las normas de tutela. También mantiene otras restricciones respecto a la tutela judicial tanto de particulares como de asociaciones. Así, la UmwRG únicamente permite anular decisiones de autorización en el caso de que no se haya llevado a cabo en absoluto la evaluación del impacto medioambiental, pero no en el supuesto de que se haya tramitado de forma defectuosa.

A ello hay que añadir que, en el caso de impugnaciones realizadas por particulares, Alemania únicamente contempla la posibilidad de anular una decisión de evaluación del impacto medioambiental que adolezca de vicios procesales si el demandante consigue acreditar en concreto que dicha decisión habría tenido otro contenido sin la concurrencia del vicio procesal y éste vulnera un derecho material del demandante.

Las objeciones formuladas por asociaciones en procedimiento judiciales no se admiten a trámite si no se formularon previamente en el procedimiento administrativo. Por último, la nueva versión de la UmwRG y la jurisprudencia alemana en la materia no cumplen los requisitos de la Directiva relativa a la evaluación del impacto medioambiental, tal como las ha precisado el Tribunal de Justicia en las sentencias Trianel y Altrip.

Además, la UmwRG excluye de su ámbito de aplicación temporal procedimientos que se incoaron antes de la entrada en vigor de la Directiva.

Restricciones tan considerables contradicen el objetivo de la Directiva de evaluación del impacto medioambiental de proporcionar una amplia tutela judicial en consonancia con el artículo 9, apartados 2 y 3, del Convenio de Aarhus.

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1 DO L 26, p. 1.

2 DO L 334, p. 17.

3 Sentencia BUND, C-115/09, EU:C:2011:289

4 Sentencia Altrip, C-72/12, EU:C:2013:712